En la evidente “guerra sucia” por el control político absoluto del PAN –que reside en la obtención de la mayoría del Consejo Nacional–, Ricardo Anaya dejó muy atrás a sus dos rivales: el gobernador poblano Rafael Moreno Valle y la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. De esta manera el presidente de Acción Nacional construye la autopista que lo podría llevar a la candidatura presidencial de 2018.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, obtuvo una victoria estratégica en su afán de conquistar la candidatura presidencial para 2018: venció a Margarita Zavala y a Rafael Moreno Valle en la elección del Consejo Nacional, cuyas dos terceras partes ganó, y consolidó su dominio estructural en todo el país.
Moreno Valle aplastó a toda la oposición en Puebla pero sólo pudo expandir su presencia al Estado de México, Guanajuato y Oaxaca; Zavala no logró ganar en ningún estado y nada más tendrá entre 10% y 15% de los 270 miembros del Consejo Nacional, el máximo órgano de dirección del PAN.
La ratificación de la hegemonía de Anaya en el Consejo Nacional, que según sus cómputos alcanzó poco menos de 200 miembros, es clave hacia 2018: ese órgano define el método de elección del candidato presidencial y su Comisión Permanente designa a los candidatos a gobernadores, diputados federales y senadores.
Pero la elección de consejeros nacionales del PAN, a quienes la Asamblea Nacional ratificará el próximo domingo 22 de enero, no sólo mostró el poder de Anaya, la “tiranía” de Moreno Valle y el derrumbe de Zavala –quien aún encabeza encuestas de preferencia electoral–, sino que exhibió las arraigadas prácticas de acarreo, compra de votos, exclusión de opositores y hasta violencia, como el incendio de la sede partidista en Oaxaca y la rijosidad de los alcaldes Enrique Vargas y Édgar Olvera en el Estado de México.
La elección de los consejeros nacionales y estatales, los pasados 4 y 11 de diciembre, se hizo con el padrón electoral de militantes “engordado” con afiliaciones corporativas de los grupos internos –hasta Anaya reconoce que no es confiable–, por lo que en varios estados proliferaron señalamientos de que se trató de un proceso viciado con resultados ilegítimos.
“Seguimos padeciendo los viejos vicios corporativistas que hemos importado del PRI, como el acarreo de simpatizantes o supuestos militantes que no lo son en el fondo, que simplemente están al mejor postor, y eso se confirmó en varias partes”, acusa Juan Miguel Alcántara, miembro del grupo de 18 panistas que emplazan a Anaya a optar por presidir el PAN o ser presidenciable.
Subprocurador general de la República en el gobierno de Calderón, primer procurador de Justicia de Guanajuato y confeso promotor de la candidatura presidencial de la exprimera dama Margarita Zavala, Alcántara Soria advierte que, además del “acarreo o simulación de militancia”, en el PAN se impuso “la línea marcada” desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para imponer a los consejeros cercanos a Anaya.
“Y eso a nosotros nos hace descalificar el proceso por falta de padrón confiable y, naturalmente, considerar que son ilegítimos los consejeros estatales y nacionales que no fueron elegidos con base en un padrón confiable”, puntualiza el panista, quien dice tener conocimiento de que, en algunos estados, Anaya y Moreno Valle se aliaron contra Zavala.
“Así fue. Sus coincidencias, su ADN, sus orígenes políticos semejantes son constatables y, lógicamente, en lo que se puedan apoyar uno al otro lo van a hacer”, alerta Alcántara, quien admite los malos resultados de Zavala.
–¿Se pueden unir para evitar que Zavala sea candidata presidencial?
–Naturalmente. Lo estamos constatando no sólo en Puebla. Hemos visto el mismo fenómeno en el Estado de México, Sonora, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí.
Estas prácticas de los grupos de Anaya y Moreno Valle, advierte, están poniendo en riesgo la posibilidad de que el PAN recupere la Presidencia de la República en 2018.
En Puebla, afirma, el gobernador actúa como déspota: “Moreno Valle tiene un ADN priista y las actuales reglas del juego panista y el padrón no confiable son herramienta muy útil para quienes, como él, no tienen escrúpulos y están viendo la oportunidad de reforzar sus propios proyectos”.
Margarita, arrasada
Los simpatizantes de Zavala Gómez del Campo padecieron en varios estados los embates de Anaya y Moreno Valle, semejantes a los de Calderón contra sus opositores cuando estaba en la Presidencia de la República y controlaba el PAN con Germán Martínez y César Nava.
En San Luis Potosí, por ejemplo, el dirigente estatal panista Xavier Azuara, afín a Anaya, fue acusado por un grupo de seguidores de Zavala de numerosas prácticas fraudulentas en los recientes procesos internos, “que llegaron al punto del cinismo” en la Asamblea Estatal para elegir a consejeros estatales y nacionales.
Todo el proceso fue viciado al modo de Azuara, acusaron los inconformes: Se les negó el voto a las delegaciones de varios municipios, “alterando drásticamente los resultados”; a los militantes que fueron insaculados en las delegaciones se les negó el registro en la Asamblea Estatal; el equipo del comité estatal otorgaba cuadernillos marcados con los nombres de los afines candidatos al consejo; otros aspirantes fueron borrados de la lista; y los escrutadores fueron cambiados sin explicación alguna, a pesar de ya haber sido elegidos.
Pero además se negó el registro a delegados de San Luis Potosí “y con ello se tumbó la delegación de la capital, la más numerosa, con 25% de los delegados”; delegados de la capital fueron retenidos para no votar, en un desayuno organizado por Azuara, quien sólo ofreció transporte y alimentos a los municipios afines, y se “rasuró” de la lista a los adversarios.
El grupo de 34 panistas que firmó el pronunciamiento –encabezado por la senadora Sonia Mendoza Díaz, excandidata a gobernadora, y el exdiputado federal Felipe Almaguer Torres– impugnó la elección porque “con estas irregularidades se atenta contra los principios democráticos”.
Pero donde los seguidores de Zavala más padecieron en la elección de consejeros, como ha sido ya recurrente desde que llegó Moreno Valle a la gubernatura, fue en Puebla. El gobernador, expriista, discípulo de Elba Esther Gordillo, se hizo elegir junto con su esposa, Martha Érika Alonso, a la cabeza de los 16 consejeros nacionales y 80 estatales, todos para su grupo.
No sólo eso: Moreno Valle emprendió una “persecución política” contra el exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, promotor de la candidatura de Zavala y quien se perfila para buscar la candidatura al gobierno estatal en 2018, posición que también ambiciona Martha Érika Alonso, secretaria general del PAN y que, en los hechos, lo preside.
“Puebla fue, por mucho, el estado más conflictivo en términos de quejas”, confirma Damián Zepeda Vidales, secretario general del CEN panista, instancia que tuvo que intervenir a petición de Margarita Zavala para censurar la “persecución política” de Moreno Valle.
“Pido la intervención de Ricardo Anaya ante el atropello contra Eduardo Rivera por parte de Rafael Moreno Valle. La venganza no debe tener lugar en el PAN”, escribió Zavala en su cuenta de Twitter, y el presidente del PAN respondió por la misma vía: “Eduardo Rivera fue un buen alcalde y es un hombre íntegro. Cuenta con el respaldo del PAN”.
Y es que el 15 de diciembre, cuatro días después de la elección de consejeros, el Congreso dominado por Moreno Valle inició un procedimiento contra Rivera Pérez por presuntas anomalías –por 400 millones de pesos– en la cuenta pública de 2013, lo que éste interpretó como una venganza política del gobernador, a quien responsabilizó de cualquier atentado contra su persona, su familia y sus colaboradores.
“Se trata de desprestigiar y bloquear a mi persona. El gobernador busca por todas las vías atentar contra mis libertades políticas y de expresión, sólo porque represento un riesgo para su proyecto personal y el de sus cercanos. Esto se llama represión. Nada ni nadie va a detener mi participación política. A mí no me van a doblar, ustedes conocen mi trayectoria y siempre he estado en favor de la transparencia”, dijo ante simpatizantes.
Antes de la petición de Zavala, el CEN ya había intervenido en Puebla: Humberto Aguilar Coronado –principal consejero de Anaya y quien fue subsecretario de Gobernación con Creel– se hizo cargo de la defensa de los al menos 10 panistas excluidos por Moreno Valle.
El litigio contra la elección de consejeros lo seguirá llevando Aguilar Coronado, jefe de la oficina de Marko Cortés, coordinador de los diputados federales del PAN y allegado también a Creel, y principal operador de Anaya para edificar su candidatura presidencial.
Anaya reactivó su alianza con Gustavo Madero, quien había impugnado su proyecto presidencial sumándose al grupo de los 18; rompió abruptamente con ellos. “Prevaleció en él una perspectiva convenenciera pura y dura”, lamenta Alcántara.
–¿Se rajó?
–Es una mexicana manera de decirlo.
Moreno Valle y los “moches”
Y es que, pese a que las encuestas lo colocan en un remoto tercer lugar, Moreno Valle inquieta a Anaya y sobre todo a Zavala, quien ha optado por hacer campaña fuera del PAN y articula una estructura nacional con base en el movimiento Yo Con México, financiado mediante la Fundación Dignificación de la Política A.C. (ver recuadro).
Y así como Anaya logró ganar la mayoría de los consejeros nacionales en 30 estados, según información extraoficial del CEN del PAN, Moreno Valle logró avanzar en estados relevantes, como el de México, Guanajuato y Oaxaca, mediante liderazgos asociados a la corrupción.
En Guanajuato, Luis Alberto Villarreal, quien como coordinador de los diputados federales fue identificado como artífice de los “moches”, pactó con el secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal y supuesto “delfín” del gobernador Miguel Márquez para la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, para vencer al grupo de Fernando Torres, protegido del exgobernador Juan Manuel Oliva, próximo a Zavala.
Tras la elección de Villarreal como consejero nacional, luego de haber sido destituido como coordinador por Gustavo Madero por el escándalo de una fiesta en Puerto Vallarta –no por los “moches”–, Carlos Arce Macías, procurador del Consumidor con Calderón, afirmó que ese nombramiento es un aval a la corrupción:
“Mantenerlo en el blanquiazul y darle la posibilidad de ser consejero nacional, a través de un pacto con el supuesto delfín del gobernador, es una de las más significativas pifias del PAN. La ferviente apuesta por el combate a la corrupción de la dirigencia panista ha quedado desmentida en los hechos, ante la nominación de Luis Alberto al órgano que se define como la conciencia del panismo en su más pura acepción”.
En Oaxaca, donde el PAN cayó a quinta fuerza electoral, el operador de Moreno Valle es el exgobernador priista Diódoro Carrasco, secretario de Gobierno de Puebla, quien logró que ganara el primer lugar como consejera nacional Alejandra García Morlan, quien luego fue candidata a secretaria general del PAN con José Manuel Vázquez y quedó en tercer lugar.
Justo en el curso del cómputo de la elección de presidente estatal, en la que contendieron además la diputada local Natividad Díaz, afín a Anaya, y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, apoyado por Zavala, se produjo el incendio, el 21 de diciembre, de la sede estatal del PAN.
El presidente del comité estatal saliente, Luis Zárate Aragón, incondicional de Anaya, responsabilizó a Martínez Ramírez, próximo a Margarita, por la quema de la sede estatal, la destrucción de las boletas electorales y daños al centro de comunicación.
Moreno Valle también reclutó para su causa a Ulises Ramírez Núñez, actual diputado federal del PAN, exsenador y quien como coordinador de la campaña de Calderón en 2006 fue artífice del pacto que éste hizo con Enrique Peña Nieto para obtener votos priistas en la elección presidencial, como él mismo lo reveló y quedó asentado en el libro El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas, de este reportero.
En el Estado de México hubo un pacto entre los grupos para repartirse los consejeros nacionales y, por ejemplo, Ramírez, quien aspira a la candidatura a gobernador, unió fuerzas con el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, del grupo de Anaya, a quien también es afín el presidente municipal de Naucalpan, Édgar Olvera, aliado al presidente estatal, Víctor Hugo Sondón.
Pero pasada la elección, el 20 de diciembre, Olvera y Vargas protagonizaron un escándalo luego de que el primero clausuró por supuestas irregularidades el restaurante Hooters, en Naucalpan, y el segundo lo acusó de abuso de poder y de extorsión por medio del responsable de protección civil.
“Me pidieron 1 millón de pesos para resolver el asunto”, aseguró Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, a la que pertenece también Olvera, quien enfrenta una incesante espiral de violencia en las zonas residenciales y populares de Naucalpan.
Anaya no cumple
En este contexto de disputa por el poder en el PAN, específicamente por la candidatura presidencial, la promesa de Anaya de depurar el padrón avanza de manera lenta; el senador Ernesto Ruffo es el encargado de esa tarea.
Tras las exitosas elecciones estatales de este año, en las cuales el PAN ganó siete gubernaturas cuyos candidatos surgieron por designación, Ruffo aseguró al reportero que el padrón de militantes estaría totalmente depurado para el proceso interno de 2018.
–¿Usted garantiza que haya condiciones de equidad, sobre todo en cuanto al padrón?
–El PAN tiene que reinstalar la democracia interna e ir alejándose de las designaciones; el trabajo del padrón, que es mi responsabilidad, deberá estar listo en toda su amplitud para los primeros días del año 2018.
Luego de que se consideró exitosa la prueba “piloto” de depuración del padrón del PAN en Guanajuato, el CEN aprobó la aplicación de un programa semejante en cinco entidades más –San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Morelos y la Ciudad de México– a partir del próximo martes 17; el proceso concluirá en abril.
Al respecto, Alcántara Soria insiste en que Anaya no ha cumplido con su promesa de depurar el padrón impugnado en la elección, y asegura que el grupo de los 18 insistirá en que lo haga.
“Las señales de Anaya son las de ganar tiempo. Por eso insistimos en que a partir de 2017 ya tengamos un padrón definitivo. Pueden crearse desde ahora los mecanismos de consenso para que resolvamos este viejo problema de una militancia simulada, a quien está dispuesto a comprarla y llevarla a votar.”
Reitera: “Seguimos esperando la respuesta del CEN y de la Comisión Permanente para que resolvamos los problemas más estructurales, más graves del partido: La falta de un padrón confiable y la prevención y combate a la corrupción de funcionarios y dirigentes del partido”.
La exigencia es mayor, dice, porque Anaya insiste en encubrir su proyecto presidencial:
“Nadie podemos pecar de ingenuos, cándidos o naif. Él tiene aspiraciones, para nosotros evidentes, de su ambición presidencial y sigue exhibiendo que por encima de la conducción prudente del partido privilegia su proyecto personal.”
