Los legisladores priistas y sus aliados incurrieron en violaciones constitucionales para aprobar los aumentos a los precios de las gasolinas, lo que da opciones a los consumidores para que los impugnen legalmente. Esta es la opinión del exfiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, quien afirma que el impacto de las alzas será mucho mayor que el previsto por el gobierno federal.
El 20 de octubre pasado, diputados de PRI y sus aliados (PVEM, Panal y PES) aprobaron en la Cámara de Diputados cambios a la Ley de Hidrocarburos para adelantar un año la liberación de los precios de las gasolinas; sin embargo, en su apuro por complacer al Ejecutivo cometieron pifias que abren la puerta a posibles amparos individuales o acciones colectivas de la ciudadanía que pueden frenar el alza.
Según analistas de Citibanamex, la medida podría provocar un aumento en los combustibles de hasta 22.5% a lo largo de 2017; pero nunca consideraron que el gobierno federal anunciaría –como lo hizo el 27 de diciembre– incrementos de tal magnitud que causarán más inflación e incremento de tarifas del transporte y de precios de los principales bienes de consumo.
En entrevista con Proceso, el abogado fiscalista Gabriel Reyes Orona indica que la ciudadanía puede aprovechar una rendija legal para echar atrás, mediante un amparo, los incrementos de precios, que califica de anticonstitucionales.
Explica que al derogar la fracción primera del artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos se violó el párrafo 2 y 3 del artículo 28 constitucional, pues sólo puede haber precios máximos respecto de bienes que se consideren básicos o de consumo generalizado “cuando la ley establezca bases”. Pero las bases fueron eliminadas por los diputados al anular la fracción 1 del artículo 14 transitorio.
De no pararse el absurdo legislativo cometido por el PRI y sus aliados, sostiene Reyes Orona, la gasolina rebasará los 20 pesos y la inflación los dos dígitos, contra la propia expectativa del gobierno federal, que prevé una inflación de aproximadamente 4% para este 2017.
Con la maniobra legislativa y las primeras tarifas difundidas por Hacienda, según la Ley de Ingresos 2017 avalada por el Congreso, el gobierno pretende obtener 75 mil 46 millones 200 mil pesos más que en 2016. Dinero que saldrá de los bolsillos de la población y al que Reyes Orona llama “impuestos encubiertos”.
El fiscalista señala que la fracción 1 del artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, establece que “solamente el Ejecutivo federal, previa declaratoria de no competitividad en el mercado por parte de la Cofece, podía emitir un esquema denominado precios máximos”.
“Estos precios máximos traían una regulación específica, un esquema, bases que dice la Constitución sobre el tiempo que podían estar vigentes –continúa Reyes Orona–, pero alguna persona de Hacienda tuvo la brillante idea de derogar, de manera subrepticia, la fracción primera del artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, con lo cual piensan que ya no tienen la necesidad de que lo haga el Ejecutivo y que deba declarar la Cofece un problema de competitividad en el mercado de gasolina
“Pero se metieron en un problema mayor, porque ahora violan el artículo 28 de la Constitución en sus párrafos 2 y 3, los cuales dicen que sólo puede haber precios máximos respecto de bienes que se consideren básicos o de consumo generalizado cuando la ley establezca bases.”
La fracción primera del artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos derogada por los diputados señala entre otras cosas: “A partir del 1 de enero de 2015, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, en su caso”.
En el siguiente párrafo se refiere a los “ajustes”:
“La política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.”
A continuación aparecía la base que borraron los diputados de los partidos mencionados: “A partir del 1º de enero de 2018 los precios se determinarán bajo condiciones de mercado”. Después de aprobar dichos cambios junto con la Ley de Ingresos 2017, los legisladores recibieron un bono de 150 mil pesos cada uno.
Al desaparecer toda esta fracción, los diputados le permitieron al Ejecutivo que adelantara un año la liberación de los precios del combustible y que éstos no se “ajustaran” conforme a la inflación.
En las prisas legislativas, los diputados olvidaron que para hacer efectiva dicha anulación del transitorio 14 tenían que cambiar los párrafos 2 y 3 del artículo 28 constitucional, lo cual hubiera implicado mayor problema porque necesitarían 366 votos y no solo 50% más uno que sí alcanzan el PRI y sus aliados.
El párrafo tercero dice: “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”.
El párrafo segundo dice que se castigará “severamente” a quienes incurran en actos que obliguen a los consumidores a pagar precios exagerados o en favor de ciertas personas.
Reyes Orona sostiene que “al haber eliminado el transitorio ya no pueden fijarse precios máximos. Ni Hacienda está facultada para fijar precios máximos; hacerlo nos puede llevar a dos sistemas de impugnación”: el amparo individual y la acción colectiva.
“Puede ser que cada ciudadano solicite un amparo porque va a tener una afectación en lo individual. Lo único que tiene que acreditar es el consumo de gasolina y el hecho de que la autoridad se quedó sin andamiaje jurídico establecido para fijar precios máximos.
“Y puede darse la otra, que debemos ejercitar los ciudadanos: la acción colectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pienso que ya tiene que generarse esta conciencia social de impugnar de manera grupal esos abusos, porque la fuerza social, el peso social que va a tener esta impugnación va a ser tal que la Corte deberá resolver pronto.”
La “inflación real”, de dos dígitos
Director de Reyes, Garza, Pérez-Ayala, S.C., despacho especializado en energía, procesos administrativos, telecomunicaciones y aviación, el también exfiscal de la Federación considera que el aumento a las gasolinas se ubicará “por encima de los 20 pesos”.
La consecuencia inmediata de ello, dice, será una inflación que “desde el punto de vista real y no de las autoridades” previsiblemente será de dos dígitos.
Aclara que habla de “inflación real” porque desconfía de los indicadores que utiliza el gobierno federal para medir la inflación. Mientras que las autoridades consideran que al cierre de 2016 la inflación fue de un solo dígito –menor de 10%–, basta revisar los costos de cualquier producto mexicano:
“No existe en México un servicio o producto cuyo crecimiento de precio de 2016 respecto a 2015 sea menor de 10%. La inflación y los parámetros para medirla son completamente inverosímiles”, afirma.
Consultado al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, dice que los precios al productor acumulan un incremento de 7.8% al cierre de noviembre, pero en algunos componentes industriales el aumento de los costos es de dos dígitos.
En un documento dado a conocer el 20 de diciembre, la Concamin establece que “aun cuando estas presiones inflacionarias no se han desbordado, representan un peligro latente para el comportamiento de los precios y el mercado interno en los meses por venir.”
En la entrevista, Reyes Orona alerta sobre la contracción de la economía por el encarecimiento de los combustibles. Desde su punto de vista, el aparato productivo se va a resentir porque una elevación de costos “tarde que temprano va a generar primero un estancamiento y de ahí una contracción. Obviamente puede haber un efecto recesivo. Pero lo que vamos a ver primero es un amplio periodo de estancamiento en el cual no sólo no habrá nuevos empleos, sino que sobrevendrá un problema de desempleo”.
Al preguntarle si la inflación provocará un menor crecimiento de la economía, el fiscalista aclara que “el crecimiento ya no es un tema; al hablar de crecimiento en este país estamos simulando. En México estamos en un estancamiento desde 2009; lo que ha habido es un crecimiento ficticio, de cifras mágicas del gobierno”.
México no ha crecido, y ahora el problema no es si solamente estará estancado, sino si va a contraerse la economía, recalca, pues ya existen condiciones desfavorables:
“El salario mínimo es un referente muy marginal, y con el aumento a los combustibles es una burla el incremento que se anunció el 1 de diciembre pasado, a 80.04 pesos diarios. La gente requiere varios salarios mínimos para sufragar el gasto familiar. Seguir en este esquema que no es remunerativo mantendrá a la gente permanentemente en la pobreza.”
Lo que se debe aplicar en México es el esquema de pago por horas que sea retributivo, más si se piensa en Estados Unidos y Canadá y en la integración de los mercados laborales, ya que “el salario mínimo es sólo un referente, una unidad de cuenta que no sirvió, que nunca cumplió su objetivo, pero sobre todo que carece de la principal característica: que sea retributivo y permita a una familia vivir decorosamente”.
Como responsables de los aumentos a los combustibles, pero también de la inflación, las tasas de interés y otros indicadores, Reyes Orona señala al “Cártel de Chicago o los tecnocrátas, empezando por Jesús Silva Herzog y siguiendo por Luis Videgaray, José Antonio Meade o Agustín Carstens”.
En su opinión, desde 1982, “cuando los economistas se apropiaron del sector financiero, este país no ha crecido” de forma consistente; “lo que hemos tenido son círculos recurrentes de crisis financieras, reconocidas o no”.
Por eso, indica, “lo que está haciendo crisis hoy es el modelo tecnocrático. Luis Videgaray no es sino un producto de todo un proceso. Lo que México requiere es abandonar el modelo tecnocrático, abandonar a los tecnócratas que después de 30 años han demostrado su enorme incapacidad para provocar una mejor distribución de la riqueza, un crecimiento del aparato productivo y una estabilidad efectiva en la economía”.
Observa que los tecnócratas siempre han estado al amparo del modelo estadunidense, “que ya hizo crisis” y es totalmente anticompetitivo, pero además no funciona sin el proteccionismo, y por eso ese modelo va a regresar al proteccionismo más feroz. En este contexto, señala, los tecnócratas son un lastre y no una ventaja para los mexicanos.
En conclusión, dice Reyes Orona, los diputados del PRI y partidos aliados les dieron su voto a esos tecnócratas que hoy gobiernan para liberar los precios de las gasolinas de manera inconstitucional.
Advierte que ellos mismos le dieron al gobierno una Ley de Ingresos para 2017 que contempla recabar con el impuesto especial de productos y servicios (IEPS), tan sólo en combustibles, 284 mil 432 millones 300 mil pesos, es decir 75 mil 46 millones de pesos más que el año pasado, todo con cargo a los ciudadanos.
