Digitalización o muerte

En sus 40 años ha escrito borradores de la historia que han sido indispensables para quienes tenemos la tarea de hacer visibles y accesibles los múltiples hilos de la historia mexicana. Va en el interés nacional que siga haciéndolo.

Soy académico y una parte considerable de mi tiempo de investigación lo dedico a acumular, ordenar y relacionar datos aislados para entender y explicar mejor algunos aspectos de la historia contemporánea mexicana. Los 40 años de Proceso han sido y son una herramienta indispensable para entender diversos temas; es el caso con el cambio de régimen y la violencia política y criminal.

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Proceso rebosa información. Una de las categorías que he sistematizado son los miles de desplegados que ha publicado el semanario sobre la transformación del sistema político. Hay de todo. Reclamos publicitarios, denuncias airadas (y generalmente justificadas), sin faltar los exabruptos biliosos. Analizo aquí un desplegado de Vicente Fox y otro de Elba Esther Gordillo; dos figuras claves en la perversión democrática mexicana.

En 1988, Vicente Fox era un político bisoño y con ambición. ¿Qué habría pasado si hubiéramos tomado más en serio su primer desplegado publicado en Proceso el 30 de mayo de aquel año? En ese breve texto, escrito de su puño y letra, lucen sus ambigüedades éticas y sus limitaciones intelectuales. La contradicción principal está en la distancia entre el encabezado desafiante y la prosa timorata.

“No veas 24 Horas porque oculta la verdad”, pregonaba el título de un desplegado que se transformó en una adulación rastrera al Tigre Emilio Azcárraga, el “soldado del PRI”, que controlaba Televisa. Fox lo ponía como modelo del emprendedor: “aunque usted no haya estado consciente (…) fue un gran ejemplo, un personaje que impactó y motivó mi carrera ascendente en los negocios. ¡Mucho le agradezco!”.

Impúdico, quien tiempo después se presentaría como el demócrata ferviente que expulsaría de la plaza pública a las víboras prietas y las tepocatas malvadas, le imploraba al Tigre Azcárraga ¡salvar a México! “Usted tiene más que ningún otro mexicano la palanca que puede mover a México. No hacia el panismo, no hacia el Priismo, no hacia el Pesumismo o Parmismo. Hacia La Libertad, La Democracia y la Verdad. Dios lo bendiga y le de muchos años”.

El desplegado es portento de impostura. Se presenta dos veces como “licenciado” cuando carecía del grado (la Universidad Iberoamericana se lo entregaría mucho tiempo después) y su endeble formación intelectual aparece en las 32 ocasiones en las cuales agrede al lenguaje con gerundios mal empleados, utilización errónea de minúsculas y mayúsculas, ausencia o carencia de verbos, puntos y acentos.

Otra figura en la corrupción de la alternancia fue Elba Esther Gordillo, quien ordenó la publicación de 25 desplegados en Proceso entre 1989 y 2006. Días después de ser ungida por Carlos Salinas de Gortari como dirigente magisterial, la revista publicó su primer texto importante porque anunciaba lo que iba a hacer. Estaba dirigido “A los compañeros maestros”, a quienes convocaba a partir de una premisa: “México está cambiando y nosotros tenemos la posibilidad de abanderar y ser protagonistas del cambio (…) Ahora tenemos la gran oportunidad, no la desaprovechemos” (15 de mayo de 1989). Y aprovecharon la oportunidad y dieron cátedra sobre la manera de degradar la democracia y empobrecer la educación.

Entre los mayores aportes de Elba Esther Gordillo está la metodología para manchar la limpieza de las elecciones. Lo hizo montando una máquina para comprar, coaccionar y vender el voto. Su fórmula tenía cuatro pasos: 1) recolección de información y aplicación de encuestas para detectar intenciones del voto; 2) acercamiento a candidatos para ofrecerles los servicios de la maestra después de mostrarles las encuestas; 3) el día de las elecciones, movilización de su maquinaria para entregar votos cooptados o comprados, entre otros servicios, y 4) el cobro de facturas que siempre incluía cargos con presupuestos para poner a su gente, con lo cual engrasaba y agrandaba el dispositivo e incrementaba el flujo de efectivo que le permitía un consumo suntuario.

Con ese método Elba Esther metió en sus alforjas a alcaldes, delegados capitalinos, gobernadores y a dos presidentes de la República. Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa le abrieron las puertas de la administración pública y de presupuestos engordados con la renta petrolera. Lo mismo hicieron gobernadores, presidentes municipales, jefes de gobierno y delegados capitalinos. Fueron años de bonanza para Elba Esther y su grupo. Hubo imitadores por supuesto, pero ninguno superó a la maestra, quien llegó a tomar decisiones cada año sobre presupuestos superiores a los del gobierno del Distrito Federal o el Estado de México combinados.

Ninguna ley, juez o árbitro electoral pudo o quiso frenar el saqueo y la degollina de los principios que daban legitimidad a las elecciones. Imposible que lo hicieran porque, si se recuerda, Elba Esther fue una de las autoras del despido del último Consejo General autónomo del Instituto Federal Electoral en  2003. Enrique Peña Nieto la metió en la cárcel, es cierto, y fue aplaudido. Años después nos quedó claro que dejó intactas las reglas de la maestra.

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Para desgracia mía conversé poco con don Julio Scherer. Una de las veces que platicamos se lamentó de que su Excélsior no hubiera cubierto mejor la violencia política de la Guerra Sucia. Sin embargo, Proceso ha cubierto con creces la omisión.

El semanario es un insumo esencial para una investigación que realizo sobre el tránsito de la violencia política a la criminal. Mi principal hipótesis de trabajo es que en México, a diferencia de Estados Unidos y Colombia, el crimen organizado nació arropado desde la cúspide del poder político. Y uno de los indicadores es la reconstrucción de las biografías de un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985).

La DFS, la temida policía política, fue creada en 1947 para cumplir y hacer cumplir los deseos del señor presidente. El protagonista, tras esa creación, fue un personaje poco estudiado, el poderoso coronel Carlos I. Serrano, a quien Miguel Alemán calificara tres veces en sus memorias como amigo cercano y fiel. En 1946 llegó al Senado representando al Distrito Federal y se convirtió en presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Era tanta su influencia que, según La Nación del 26 de abril de 1947, Serrano recibió la credencial número 2 del PRI (la número 1 fue para Alemán).

En un archivo estadunidense obtuve un singular informe de la CIA de 1952: tiene la clasificación de “secreto”, pero no tacharon ninguna información o nombre. Según la CIA, Serrano era un “hombre poco escrupuloso, involucrado activamente en empresas ilegales, entre ellas el tráfico de narcóticos”. Luego agregaron que “organizó y controla (de manera extraoficial) a la DFS”. De ser ciertas estas afirmaciones, se apuntalaría la hipótesis sobre la relevancia que tuvo la participación de altos funcionarios en la gestación y crecimiento de la delincuencia organizada en México.

Alejandro Gutiérrez también abona a esa interpretación con su reportaje sobre un texto publicado por Proceso el 29 de julio de 2001. Gutiérrez obtuvo –poco antes de la toma de posesión de Fox– un documento de 28 cuartillas elaborado en octubre de 2000: “El Cisen, la seguridad nacional y el cambio democrático”.

Éste fue elaborado por “personal de inteligencia” y entregado a Santiago Creel, Adolfo Aguilar Zínser y José Luis Reyes del equipo de transición foxista. El texto confirma la magnitud de la imbricación de la DFS y los criminales. Rescato dos ideas fundamentales.

La primera es el motivo por el cual Miguel de la Madrid y Jorge Carrillo Olea desaparecieron a la DFS en 1985: “El enorme poder discrecional que la DFS había acumulado fue utilizado por sus jefes directos y los funcionarios de la Secretaría de Gobernación para enriquecerse mediante la protección, promoción y organización del crimen, principalmente del narcotráfico… La corrupción en la DFS llegó a extremos tales que la mayor parte de las actividades de la institución no se financiaban con recursos públicos, sino con dinero proveniente del narcotráfico”.

En el mismo artículo se añade que “entre diciembre de 1985 y diciembre de 1986… fueron despedidos, principalmente por sus ligas con el crimen organizado” unos mil “elementos de la DFS y la DGIPS”, esta última, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, un servicio de inteligencia que dependía directamente de Gobernación. La cifra muestra cuan infiltrados estaban los servicios de inteligencia federales, y no sólo eso, sino que al despedirlos en lugar de encarcelarlos, el Estado entregó a los cárteles mil elementos conocedores de los tinglados de la seguridad y la delincuencia.

En Proceso aparecen muchas piezas sobre algunos de esos elementos. El 24  de mayo de 1993 Carlos Puig firmó un texto sobre crimen organizado e incluyó a un tal Rafael Muñoz Talavera, quien además de ser jefe regional de la DFS, fue actor central en la “erección del grupo criminal Cártel de Ciudad Juárez”. Puig añade que “la banda de Muñoz Talavera tiene su punto neurálgico en Ciudad Juárez y en la zona de Torreón” y que la “red de complicidad se establece con funcionarios públicos, propiedades y negocios que sirven para lavar dinero y aumentar su capacidad logística de trasiego de drogas a Estados Unidos”.   

En suma, Proceso atesora información sobre las transformaciones y descomposición del sistema político y la evolución de la violencia. Desde una perspectiva más amplia, las dos vertientes son piezas de un mismo rompecabezas. En términos coloquiales, la alternancia que Elba Esther (entre muchos otros) pervirtió, abrió las puertas a esa delincuencia que ahora reta al Estado y a la sociedad mexicana.

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Proceso enfrenta el dilema de todos los medios impresos: digitalización o muerte. Aunque el semanario ha avanzado en ese terreno todavía le queda un amplio espacio a su disposición. Si mejorara los instrumentos de búsqueda de su versión digital podría armar una oferta especial para el creciente número de interesados, mexicanos y extranjeros, en la delincuencia organizada.

Proceso tiene otro nicho extraordinario que ninguna publicación ha explotado. A lo largo de su historia ha obtenido miles y miles de documentos gubernamentales. El escrito sobre el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) firmado por Alejandro Gutiérrez, que utilicé para este escrito, es una muestra clara. ¿Por qué no integra una base de documentos originales testados por la misma revista y los entrega a cambio de una cuota adicional? Además de incrementar sus ingresos enfrentaría la tendencia gubernamental en curso que restringe el acceso a la información histórica para desalentar el estudio del pasado inmediato.

Lanzo estas ideas porque tengo claro el valor de la información que ofrece Proceso y porque me gustaría que las encrucijadas creadas por la revolución digital le sirvieran para incrementar su presencia. En sus 40 años ha escrito borradores de la historia que han sido indispensables para quienes tenemos la tarea de hacer visibles y accesibles los múltiples hilos de la historia mexicana. Va en el interés nacional que siga haciéndolo.  

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Colaboró Anuar I. Ortega Galindo