En una decisión histórica, Yucatán se declaró el primer territorio libre de transgénicos en el país. La decisión se tomó para evitar –de manera precautoria– posibles daños a la salud y al ambiente. Más allá de que no hay evidencia científica de que los organismos genéticamente modificados sean dañinos per se, la decisión revela muchos de los problemas asociados a este tipo de agricultura: el poder desmedido de Monsanto, la falta de consulta a los pueblos, la violación de los procedimientos para dar permisos, la falta de control de los cultivos piloto y la ausencia de políticas públicas coordinadas.
MÉRIDA, Yuc.- En medio de la batalla legal que comunidades mayas, empresarios, académicos y activistas de la península libran contra la trasnacional Monsanto e instancias federales para frenar la llegada de semillas transgénicas a la región, el gobierno de Yucatán decretó a la entidad “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”.
En su decreto 418/2016, publicado el pasado 26 de octubre en el Diario Oficial del Estado, el gobernador Rolando Zapata Bello fundamenta la necesidad de “aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos”.
La determinación –se asienta en el mandato de 12 hojas– se tomó “por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones, y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores; la consulta previa, libre e informada; el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como al derecho humano a un ambiente sano”.
Para Xavier Moya, coordinador del Proyecto de Apoyo a la Reducción de Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el decreto yucateco “es de gran trascendencia porque hace un análisis de la situación muy completo”.
“Nosotros, como proyecto de prevención de riesgos de las Naciones Unidas, valoramos mucho cuando los gobiernos toman decisiones preventivas, y este decreto nos habla de un gran riesgo que afectaría a Yucatán, particularmente a la mitad del estado, en su mayoría zonas rurales, donde predominan las comunidades indígenas”, resalta.
Él exalta los “dos grandes principios” en que se basa la disposición: el criterio precautorio ante el peligro de los transgénicos y el retorno a la agricultura orgánica, que hará de Yucatán líder en este tipo de siembras libres de agrotóxicos, que si bien pueden generar menores rendimientos, tienen demanda alta en mercados donde se puede pagar por ellos.
El representante internacional hace un llamado a los estados vecinos a seguir ese ejemplo, porque la península está interconectada ambiental, social y culturalmente, y los daños que se generen en uno impactan en los otros. El reto ahora es “convertir en política pública y viable ese decreto”.
Los sectores involucrados en el movimiento antitransgénicos, que celebran la medida tras una lucha que ya dura cinco años y ha llegado hasta la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya, temen que ésta llegue a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ésta invalide el decreto, pues la bioseguridad y la regulación de los transgénicos son asuntos federales… y las autoridades de ese nivel parecen defender los organismos genéticamente modificados.
“La corrupción sería una hipótesis muy sólida… va uno a las oficinas del gobierno federal y parecen ser sucursales de Monsanto”, ironiza Federico Berrón, empresario apicultor y exportador de miel.
Asevera que el gobierno federal ha dado permisos a Monsanto desde las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, sin haber considerado a cabalidad los riesgos ambientales, para la salud humana y el impacto a otros sectores productivos, que se señalan en la propia Ley de Bioseguridad.
En 2010 la Secretaría de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó la siembra experimental de soya transgénica en la península. En 2012, con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, liberó el permiso para el cultivo comercial en un polígono de 253 mil 500 hectáreas distribuidas en siete estados: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.
La península –la principal zona productora y exportadora de miel del país– concentraría 60 mil de esas hectáreas, en detrimento de la apicultura, de la que dependen directamente miles de familias campesinas. Comunidades mayas, productores, exportadores, académicos, ambientalistas y defensores de los derechos humanos se opusieron.
Los inconformes promovieron una serie de amparos. En 2014 les fueron concedidos, parcialmente. Un juez federal frenó el cultivo comercial de la soya transgénica en Campeche y Yucatán, pero no por los riesgos que pueda implicar, sino por las violaciones del derecho a la consulta de las comunidades mayas y del procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad. Ordenó realizar la consulta y reponer el proceso.
Los opositores a Monsanto también han realizado diversas protestas. La más recordada es la de mayo de 2012, cuando 2 mil personas en siete zonas arqueológicas de la península formaron con sus cuerpos la frase Ma OGM (“No”, en maya, “a los organismos genéticamente modificados”) y exigieron a los gobiernos federal y de esos estados declarar sus territorios libres de transgénicos.
El movimiento ciudadano encontró respaldo de un gobierno estatal sólo en Yucatán, el mayor exportador de miel del país.
El decreto de Zapata tiene su precedente en uno emitido por su antecesora, Ivonne Ortega, que estableció medidas de contención para salvaguardar la salud humana, animal y vegetal, el ambiente y la diversidad biológica, y solicitaba llegar a acuerdos con el gobierno federal para declarar a Yucatán territorio libre de transgénicos. Esa solicitud no tuvo respuesta.
Luis Arturo Carrillo, vocero de Ma OGM Colectivo Sin Transgénicos –en el que convergen ciudadanos y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, ambientalistas y productivas– asegura que el decreto subsana algunas de las omisiones de la Federación.
Entre ellas, la falta de la declaratoria federal de zona libre de transgénicos en 10 municipios de Yucatán, que se basó en el artículo 90 de la Ley General de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, “y el caso omiso a la solicitud de establecer un convenio de coordinación con el gobierno federal en la materia, sustentado en los artículos 25, 26 y 27 de la misma ley”.
El activista resalta que en su sentencia al amparo 198/2015, la SCJN reconoce que “existe evidencia suficiente para considerar que la siembra de soya genéticamente modificada resistente al herbicida glifosato constituye un proyecto de impacto significativo debido a la potencial afectación que pueden resentir las comunidades indígenas involucradas”.
Así, el decreto de Zapata “va más allá de los OGM”: aunque los transgénicos aún no han causado impactos significativos en la región, “el modelo agroindustrial basado en monocultivos, semillas con patente, plaguicidas y fertilizantes químicos, sí. Los daños son deforestación, contaminación de cuerpos de agua subterráneos y superficiales, elevados niveles de agrotóxicos en productos, productores y medioambiente, etc.”
“Y para detener el deterioro ambiental y social a causa de este modelo, el gobierno de Yucatán decreta el impulso y promoción a la agricultura orgánica y agroecológica, con el fin de lograr un estado no sólo libre de OGM, sino de agrotóxicos y prácticas dañinas para el ambiente y la salud.”
La mente detrás
Para Carrillo y Berrón, detrás del decreto está el biólogo Eduardo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Humano y Medioambiente en ésta y la pasada administración estatal.
Doctor en ciencias geográficas, con especialidad en el uso social de los recursos hídricos y el impacto ambiental de las actividades humanas, Batllori argumenta que la salud es el factor más importante que busca proteger este decreto. Cita como ejemplo el caso de Argentina, donde, dice, se han demostrado los efectos negativos de los transgénicos a largo plazo y la “relación directa” de glifosato y cánceres, leucemias y malformaciones. “Eso nos prendió un foco rojo”, asevera.
El aspecto económico también resulta fundamental. Explica que el cultivo de transgénicos tiene un impacto directo en otras actividades productivas, como la apicultura, de la que viven 45 mil familias mayas en la región. Yucatán produce más de 8 mil toneladas de miel al año, de las que 90% se exporta a Europa, “un mercado muy exigente, y si detecta polen transgénico sería un golpe al sector y haría peligrar la actividad”.
Comenta que si bien la soya es un producto muy demandado en ganadería y producción de aceites, se ha observado que los rendimientos entre la semilla transgénica y la huasteca –una variedad desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria– no son significativos, por lo que en Yucatán se optó por alentar la segunda.
Ese programa empezó en 2012, luego de que se emitió el primer decreto por transgénicos en el estado.
En este nuevo decreto, señala, se consideró también el impacto del glifosato a la biodiversidad, particularmente a las abejas y otros polinizadores como las mariposas, al suelo y a los cultivos.
“El glifosato controla malezas, pero a la larga requiere cada vez mayor cantidad de herbicidas porque la maleza se vuelve resistente”, expresa, y advierte que estos tóxicos llegan hasta el manto freático, porque los suelos de la península son muy permeables.
En consecuencia, “ya tenemos glifosato en la costa de toda la península, y efectos importantes en la vida acuática y probablemente hasta en la vegetación subacuática”.
Admite que aún no se dispone de suficiente información científica para confirmar el peligro de los OGM, pero, argumenta, “esto no quiere decir que no podamos actuar preventivamente. Por ello tomamos la decisión de establecer el decreto 418, para declarar a Yucatán zona libre de transgénicos”.
Riesgos paralelos
En los permisos que liberó el gobierno federal no consideró que el riesgo de contaminación por OGM se multiplica por los huracanes que padece la zona, apunta Batllori.
“La soya germina en temporada de huracanes. ¿Quién y cómo va a recoger todas esas semillas dispersas por los vientos o la lluvia? Son efectos no considerados. Por eso se decidió evitar la siembra de transgénicos y promover la agroecología y los cultivos orgánicos, que darán valor agregado a la producción”, delinea.
No obstante, los esfuerzos de Yucatán podrían no ser suficientes para proteger su territorio, pues los sistemas acuíferos de la península están interconectados.
Hasta ahora los gobiernos de Campeche y Quintana Roo han actuado en sentido contrario, es decir, en favor de las empresas que comercializan semillas transgénicas, como Monsanto, de modo que en ambos estados continúa el cultivo de soya modificada, especialmente en campos menonitas.
Lo anterior fue recientemente comprobado en Campeche con estudios científicos y denunciado ante la Procuraduría General de la República: se han encontrado residuos de glifosato en la orina de apicultores de la región, en mantos acuíferos y hasta en el agua purificada que se vende en garrafón.
Por ello, el pasado miércoles 9, representantes de comunidades mayas y el Colectivo Apícola Los Chenes acusaron a la Sagarpa, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de ser omisas en su responsabilidad de hacer cumplir la ley y vigilar que se respete la prohibición de los cultivos transgénicos.
“La temporada de soya comenzó en junio, y después de estos meses, en sus informes nos reportan que han realizado sólo tres monitoreos que suman ocho días de trabajo, cinco pruebas de laboratorio y 10 visitas de verificación en todo Campeche”, acusaron.
“Pese a que 24 muestras dieron positivo a soya transgénica, las autoridades no han asegurado esos cultivos ilegales”, abundaron; por ello interpusieron una queja por responsabilidad administrativa ante los órganos de control del Senasica y la Sagarpa y pidieron la renuncia de los funcionarios implicados.
Además, instaron de nueva cuenta a los gobiernos de Campeche y Quintana Roo a declararse territorios libres de transgénicos.
Debido a esa interrelación entre los estados de la península, Batllori considera que la Federación debe pronunciarse al respecto. Resalta que se trata de más de 1 millón de hectáreas involucradas y miles de apicultores en riesgo. Él lo tiene claro: “No es posible la convivencia entre los transgénicos y la apicultura”.
