El mayor programa de activación física del actual sexenio fue un fiasco, y a tres años de que se demostrara su inefectividad sigue sumando irregularidades. Ahora, dos personas se atribuyen la autoría del sistema sobre el que se basaba el proyecto: aseguran que hubo un robo de presupuesto por parte de funcionarios involucrados e incluso consideran emprender acciones legales.
El programa Ponte al 100 –la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para frenar la epidemia de obesidad que azota México– fue un fracaso. Incumplió sus metas (sólo evaluó a 1 millón 225 mil personas de los 3 millones que proyectaba)… y ni siquiera puede asegurarse que los resultados reportados sean verdaderos, según explica el desarrollador del sistema, Alejandro Reyes Ruiz.
De hecho, un análisis pone al descubierto registros duplicados y hasta triplicados, e incluso algunos aparecen sin Clave Única de Registro de Población (CURP) o el nombre de la persona. “Sólo con este pequeño ejemplo la información estadística no resulta confiable. No debe haber registros duplicados”, acusa Reyes Ruiz, para quien todo se explica por una manipulación de datos.
El creador del software de Ponte al 100, de la nube donde se almacena la información y del algoritmo que aporta las recomendaciones personalizadas de alimentación y ejercicio desnuda el modus operandi de la fallida estrategia.
Ahora, después de conocerse que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) desistió de continuar con el programa desde septiembre de 2015 (Proceso 2087), dos personas reclaman el derecho de autor del Ponte al 100, cuyo promotor principal, Juan José Palacios, se ostenta como dueño absoluto de todo el proyecto.
Uno de los agraviados, Jorge Vital, nutriólogo, profesor de educación física e investigador de la capacidad funcional, sostiene que el proyecto le pertenece y se dice dispuesto a iniciar acciones legales. Indica que sólo espera la designación del fiscal anticorrupción del Estado de México para demandar al gobernador Eruviel Ávila y el secretario de Educación Pública de dicha entidad.
El otro afectado, Alejandro Reyes Ruiz, afirma que él desarrolló el sistema durante su estadía en la Fundación Movimiento es Salud –también de Palacios–, pero asienta que no busca emprender acciones legales por el alto costo que implica contratar abogados.
Reyes, contador e ingeniero en sistemas, asevera, eso sí, que informará del hecho a los 11 patrocinadores que aún apoyan el Ponte al 100. Además, exige a Palacios no utilizar su software y la inmediata suspensión del programa (que sigue operando pese a la falta de aval de la Conade).
Entre los patrocinadores de Ponte al 100 se encuentran Coca-Cola, la Secretaría de Salud federal, Petróleos Mexicanos, la Policía Federal e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional. “Acudiré ante las instituciones gubernamentales a prevenirles que este señor les está mintiendo vil y llanamente. Para la Conade, el programa ya está muerto; fue la única medida sensata que ha asumido su director general, Alfredo Castillo”.
El entrevistado recuerda que el responsable del plan tenía el antecedente de un litigio promovido por su exallegado Jorge Vital, quien en junio de 2013 acusó a la Conade y a Palacios de robarle las ideas del proyecto que la comisión –entonces dirigida por Jesús Mena– presumió como propio (Proceso 1909).
Este semanario documentó que el eje principal del Plan Nacional del Deporte fue Ponte al 100, basado en un programa de medición diseñado por Vital, quien demandó a Palacios por apropiarse su proyecto, cuya fase piloto arrancó en el Estado de México.
La intención de Ponte al 100 era medir a 3 millones de personas al concluir 2013. Pero, entre otros problemas, la SEP no aceptó que el proyecto entrara a las escuelas, porque Mena nunca consultó al titular del sector (Proceso 1923). En una reunión que sostuvo con Mena en junio de 2013, la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Alba Martínez, le advirtió que toda acción que la Conade pretenda realizar en las escuelas deberá ser avalada por su área.
Sin importarle lo anterior, en agosto de ese año, el director de la Conade celebró un convenio con el titular del Consejo para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte de la Educación Básica (Condeba), Jaime Figueroa.
Entre 2013 y 2015 la federación autorizó 3 mil 600 millones de pesos a Ponte al 100. De ese dinero, 206 millones fueron asignados al subprograma de Condeba, y ese gasto continúa sin ser comprobado.
“Palacios sigue sacando provecho de Ponte al 100. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? ¿Acaso Coca-Cola no ve cómo están llevando a cabo las evaluaciones? No puedes sacar cifras de la manga.”
Engaños
Alejandro Reyes laboró durante 14 años al lado de Palacios, pero su relación se deterioró porque este último obtuvo dividendos al ostentarse como propietario de los derechos de autor del proyecto de activación física.
Reyes Ruiz acusa que el mayor problema de Ponte al 100 fue que las evaluaciones se realizaron con equipos de medición que no se ajustaban a las normas establecidas. “Palacios lo mismo utiliza datos de la báscula Tanita que de una báscula genérica coreana, la cual nombraron JIA –iniciales de José Luis Ibarra, quien sustituyó a Alejandro Reyes en la Fundación Movimiento es Salud, presidida por Palacios.
JIA es una báscula que no cumple con la norma. Por poner un caso: la Tanita puede indicar 21% de grasa corporal, “pero de pronto, la JIA te señala 40%, ¡y el niño evaluado no puede tener 40% de grasa porque está desnutrido!”.
“El problema más grande que ahora tiene Coca-Cola y quienes están en el mismo barco es que su información no sirve para nada”, alerta el agraviado.
Reyes revela que cuando se confirmó que la refresquera apoyaría en la compra de las básculas, Palacios intentó negociar con la marca Tanita una comisión. “No se pusieron de acuerdo. El profesor me dijo: ‘Estos cuates me brincaron’. Y de repente me llegó con unas básculas genéricas de una empresa coreana. Y desde que las vi dudé de su control de calidad.
“Palacios compró unas 3 mil básculas genéricas. Cuando le recordaba: ‘¿Cuándo vamos a ver el dinero?’, enseguida respondía: ‘Lo invertí en la compra de las básculas’. Luego, para que no dijeran que le estaba vendiendo esos aparatos a los institutos del deporte, se agarró de dos empresas a las que puso a licitar por todo el país.”
–¿Palacios vendió todas las básculas? –se le pregunta.
–Nunca nos avisó si las vendió o no. Ahora las debe estar vendiendo. Estas básculas tienen un precio unitario de mil pesos. Si las compras por volumen, te cuestan como 200 pesos, a diferencia de las Tanita, que llegan a valer entre 7 mil y 7 mil 500 pesos.
Inexactitudes
e imposibilidades
Aunque Palacios se ufana de ser el único con acceso a la nube del programa y de que los datos de las personas evaluadas nadie los puede modificar excepto él (Proceso 2087), la realidad es que su sistema es altamente vulnerable: Reyes tiene acceso directo a la base de datos, que finalmente elaboró, e incluso Proceso pudo ingresar. “Todo mundo que tenga 10 minutos de estudios en programación puede ingresar al software y agregarle los datos que desee”, refiere Reyes.
Hasta el jueves 17, la plataforma Ponte al 100 registraba 3 millones 563 mil 353 personas medidas. De ellas, 50.9312% tiene un porcentaje de grasa saludable, 17.4725 bajo, 13.9023 alto y 17.6762 padece obesidad.
“El problema se presenta en cuanto a los momentos o fechas en que se hicieron las mediciones, o si hay registros duplicados. Su metodología es tan buena que ni siquiera especifican los criterios del conteo”, ironiza Reyes.
A pesar de que Palacios le pidió el algoritmo, Reyes nunca se lo entregó, pero le proporcionó un “archivito en Excel, para que el profesor Palacios entienda cómo sumar y restar”. Tampoco le compartió las fórmulas generales ni las recomendaciones de alimentación o el tiempo recomendado de ejercicio, “porque es una investigación mía. A la fecha, el profesor cree tener esos datos, vive con el engaño. Si le preguntas cómo se hace, no tiene ni idea”.
Con calculadora en mano, Reyes expone que para alcanzar los 3 millones y medio de personas evaluadas, como presume Ponte al 100, Palacios debió haber realizado 3 mil 242 mediciones diarias, “pero bien calculado, puedes atender de manera correcta a cinco personas por hora, como máximo”.
La propuesta
En febrero de 2012, un programa de “capacidad y estimulación funcional y centro auxológico” delineado por Jorge Vital fue puesto en marcha –en fase piloto– por el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, que dirigía Jesús Mena. Y entre octubre y diciembre de 2012, ese programa se presentó a diversas autoridades deportivas federales, además de a titulares de Educación Pública y de Salud.
Reyes refiere que Vital y Palacios “se empezaron a pelear por dinero y se separaron. Un día, el profesor me dijo: ‘Ya no vamos a usar el programa que le creaste a Vital. Adicionalmente me pidió hacer un manual, que hasta el día de hoy sigue utilizando la misma iconografía. Después me pidió los originales, y como respuesta generó un manual de procedimientos”.
Vital, por su parte, califica Ponte al 100 como “el programa pirata que ha sido fuente de corrupción al presupuesto público, daño al magisterio de educación física y una farsa al bienestar de la población”.
Durante el estudio demostrativo de cinco semanas en el Estado de México, a Vital se le ofreció un pago de 350 pesos por cada niño evaluado. Inicialmente eran 200 pequeños. “Terminamos evaluando a 650, entre padres y niños. También se me informó que ya no se pagarían 350 pesos, sino 500 pesos, porque Coca-Cola iba a intervenir”, dice.
Pero ni Palacios ni Mena le cumplieron. El director del Instituto Mexiquense del Estado de México alegó que en ningún momento se firmó un convenio y que, en todo caso, Vital debería arreglar la situación con Palacios.
El 18 de abril de 2013, Vital envió un documento al gobernador Eruviel Ávila en el que le advierte de la posibilidad de un fraude con el referido programa y una probable usurpación de funciones. El quejoso argumentó que Palacios es un profesor de educación física jubilado que no estaba capacitado para interpretar los indicadores de las evaluaciones, algo que correspondería hacer al sector salud. “E incluso utilizan instrumentos que no están validados en ninguna parte del mundo”, denunció entonces.
Al tratarse de un análisis para detectar el estado de nutrición de las personas “se debe contar con una metodología científicamente probada. Y lo que hizo Palacios no tiene ningún sustento científico”, abundó.
Ahora, Vital reactiva el viejo conflicto. Recuerda que su manual, Evaluación integral de la capacidad funcional, lo inscribió en el Registro Público del Derecho de Autor en 2012. Ahora sólo espera la designación del fiscal anticorrupción mexiquense para emprender las acciones legales contra Eruviel Ávila y el secretario de Educación Pública del estado.
El nutriólogo acusa: Jesús Mena fue timado y fue partícipe del fraude de 3 mil 600 millones que significó el fallido Ponte al 100. “Ese dinero está en los bolsillos de Jesús Mena, Juan José Palacios y Jaime Figueroa”.
