Según la hoja de programación, en Quito se puede sintonizar 21 emisoras locales, entre éstas nueve son de cobertura amplia, es decir llegan a 13 provincias de las 22 en que se divide la República del Ecuador. Una de ellas, 7, es señal pública, la primera en la historia de Ecuador, que fue inaugurada en 2007. Cuatro son exclusivas de la capital, cinco más son regionales y cuatro transmiten en Quito y Guayaquil.
Con 16 millones de habitantes, el país se encuentra muy bien cubierto por la televisión privada, si bien las frecuencias se concentran en dos grupos: Ecuavisa y TC Televisión. Ambos están ligados a los dos principales diarios opositores, en el primer caso a El Comercio; en el segundo, a El Universo. Se identificaron 12 empresas privadas. La señal de paga tiene a Directv, en convenio con Ecuavisa, como principal, y en telecomunicaciones se disputan el mercado Claro video y Movistar.
En abril de este año aparecieron las bases para licitar mil 486 frecuencias. Al 15 de julio, fecha de cierre, se habían recibido 834 solicitudes. Para finales de diciembre, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones así como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación terminarán de adjudicar las frecuencias de radiodifusión y de televisión abierta. En proceso se encuentra también la selección del Consejo Ciudadano de Medios Públicos.
Asimismo se realizó, mediante el decreto ejecutivo número 1158, la fusión de los medios públicos, a saber: Ecuador TV, Radio Pública, Agencia Andes y diario El Telégrafo en una sola entidad: Medios Públicos de Comunicación del Ecuador.
Los movimientos anteriores son consecuencia de los cambios legislativos llevados a cabo a partir de que Rafael Correa asumió la presidencia de la nación sudamericana.
No sin conflicto por reclamo constante de los opositores, el gobierno ha ido buscando la mejor manera de disminuir la concentración de la palabra en consorcios comerciales. Busca ahora consolidar la apertura de un espacio público e involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios discursos, noticias, imágenes.
En la base de estas transformaciones se encuentra la Ley Orgánica de Comunicación, sancionada con el visto bueno de la Asamblea, con 108 votos a favor del total de 137 parlamentarios. Signada el 14 de junio de 2013, ésta repartió el espectro de la siguiente manera: 34% para medios comunitarios, 33% para los públicos, y 33% para los privados.
La polémica mayor se desató en torno a la definición de comunicación como servicio público y el establecimiento de límites a la expresión que pasan por el “principio de responsabilidad ulterior, sanción al linchamiento mediático”, además de la prohibición de la calumnia, difamación y censura previa.
La mayor oposición vino de los periódicos y de los periodistas que trabajan en el sector audiovisual privado, que la han llamado “ley mordaza”. Sin embargo, tanto los diarios como los canales televisivos siguen operando.
