Aún no pasaban 48 horas de su sorpresivo triunfo, cuando el presidente electo de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, se dirigió al Capitolio, sede de la Cámara de Representantes. Ahí, donde el Partido Republicano logró también mayoría, y acompañado por el liderazgo parlamentario del instituto político que lo postuló, advirtió que la inmigración y la seguridad fronteriza serán su prioridad.
Fue el primer aviso. El siguiente, los nombramientos, la semana pasada, de supremacistas, antiinmigrantes y viejos promotores de poner barreras físicas con México. La extrema derecha en pleno.
No fue necesario que Trump, en su visita al Capitolio, volviera a mencionar su propósito de construir un muro en la frontera con México. El muro va, decía en las primeras horas después del triunfo republicano uno de los principales asesores en seguridad del presidente electo, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
Lo mismo declaró públicamente quien le propuso a Trump la idea de que México pague por esa barrera, el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, descrito por sus críticos como “un fanático antiinmigrante”, y quien está en el círculo más estrecho de los colaboradores del millonario que el martes 8 derrotó a la candidata demócrata, Hilary Clinton.
Kobach está entre los más empeñados en cerrar la frontera con México. Integrante del equipo de transición de Trump, de acuerdo con The Washington Post, es uno de los favoritos de los “nativistas de extrema derecha”. Graduado en Harvard, Yale y Oxford, ha ayudado a orientar docenas de medidas migratorias restrictivas estatales y locales en todo el país y es conocido por su afiliación al Instituto de Derecho para la Reforma Migratoria, el grupo que estuvo detrás de la Ley SB1070 de Arizona.
Conocida como la Ley del Odio, esa ley trata de criminales a los inmigrantes sin documentos y considera presuntos culpables a quienes por su apariencia lo parezcan, sin importar que sean ciudadanos estadunidenses legales.
“No hay duda de que el muro se va a construir. La sola cuestión es qué tan rápido lo vamos a hacer y quién va a pagar por él”, declaró en una entrevista con una televisora local de Wichita, Kansas, referida el jueves 10 por el Post.
Equipo aterrador
La Ley SB1070 fue promulgada por Jan Brewer, quien gobernó Arizona entre 2009 y 2015 y ahora es considerada posible integrante del gabinete. Brewer no sólo apoya el discurso de Trump de que México envía inmigrantes ilegales y droga que sólo generan gastos en Estados Unidos. También ha declarado que en las manifestaciones contra el presidente electo estarían participando indocumentados.
Otro representante de la extrema derecha estadunidense cercano a Trump es Stephen Bannon, a quien el presidente electo designó el domingo 13 jefe de estrategia de la Casa Blanca. Racista, misógino, homofóbico y antisemita es lo menos que la prensa estadunidense ha documentado del también exoficial de la Marina que fue jefe ejecutivo de la campaña de Trump. Su designación fue celebrada por el Ku Klux Klan, uno de los movimientos xenófobos más conocidos del mundo y que desde el siglo XIX defiende la supremacía blanca.
En ese entorno radical de Trump también está el exsenador republicano y exprocurador de Alabama Jeff Sessions, quien en el Senado ha sido promotor de una “estrategia de vallas” en la frontera con México. El pasado jueves, reportó la prensa estadunidense, Trump lo designó próximo procurador general de Estados Unidos, y como tal encabezará el Departamento de Justicia, del que dependen la DEA, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre otras que operan directamente en México.
Sessions ha sido un fuerte opositor a cualquier amnistía a inmigrantes ilegales, así como a la asignación de fondos federales a las llamadas “ciudades santuario” de inmigrantes. Su nombramiento debe ser ratificado por el Senado, donde el Partido Republicano también obtuvo la mayoría.
Como director de la CIA, Trump designó al hasta ahora miembro de la Cámara de Representantes Mike Pompeo, quien se convirtió en diputado precisamente por Kansas en la ola de legisladores que logró en 2010 el Tea Party, la organización derechista y antiinmigrante.
Abogado por la Universidad de Harvard, Pompeo también debe ser ratificado por el Senado. Es cercano al vicepresidente electo Mike Pence, quien a su vez cuenta con un fuerte respaldo de religiosos de extrema derecha y es cercano a la empresa de seguridad Blackwater, ahora conocida como Academi, implicada en violaciones graves a los derechos humanos en Iraq y que en el sexenio de Felipe Calderón buscó participar en contratos de vigilancia a instalaciones estratégicas en México.
Trump definió ya también quién será su asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, el general retirado Mike Flynn, favorecedor de soluciones armadas, simpatizante del presidente ruso Vladimir Putin y conocido por sus declaraciones contra los musulmanes. Fue director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, principal entidad de espionaje militar de Estados Unidos en el extranjero y que gracias a la aprobación del gobierno de Calderón tiene oficinas en México.
Su obsesión
Con la mayoría en ambas Cámaras, Trump de inmediato puso a la inmigración como una de sus prioridades legislativas, junto con la reducción de impuestos y la reforma al régimen de ayuda médica.
Sin embargo, la semana pasada, a través de una filtración a CNN –no desmentida–, advirtió que en agosto definirá su posición respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que responsabiliza de la pérdida de empleos en Estados Unidos a favor de México.
Trump acudió al Capitolio después de reunirse con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, a menos de 48 horas de su triunfo. Cuando salió de su encuentro con los legisladores dijo que la inmigración y la seguridad fronteriza están entre sus prioridades cuando asuma como presidente, el 20 de enero próximo.
Aunque ha matizado sus posiciones en varias materias, está empeñado en levantar barreras físicas con México.
Trump dio su primera entrevista en televisión como presidente electo el domingo 13 al programa 60 Minutes de CBS. Ahí aseguró que deportará a los inmigrantes con “antecedentes penales”, que calculó en unos 3 millones, y que la situación del resto de ellos la definirá una vez que haya fortalecido la frontera con México.
Aunque tiene la mayoría en ambas Cámaras, Trump podrá iniciar su política antiinmigrante mediante decretos. Uno de ellos, la reasignación de recursos ya aprobados por el Congreso para la procuración de justicia en la frontera, y dirigirlos a levantar las primeras barreras físicas.
El propio líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que hay muchas cosas que Trump puede hacer sin necesidad de aprobación del Congreso. Giuliani afirmó que el muro era una de ellas. “Lo puede hacer con una orden ejecutiva, sólo reprogramando el dinero”, declaró ese mismo jueves en entrevista con CNN.
Sin embargo Trump necesitará después al Congreso en su propósito de cerrar toda la frontera, de 3 mil 234 kilómetros. Aunque tal vez los legisladores no apoyen “un hermoso muro” como lo describió en campaña, de ladrillo y electrificado, sino una extensión de las vallas que ya están levantadas en varios tramos que completan casi mil kilómetros.
Decretos
Por lo pronto Trump también puede echar mano de las órdenes ejecutivas. El propio Obama se valió de ellas para evitar las deportaciones, pasando por encima del Congreso y, sobre todo, de la oposición republicana. De un plumazo puede cancelar el programa DACA, de apoyo a los Dreamers (soñadores), que dio protección para no ser deportados y permisos de trabajo a casi 800 mil inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
El programa les da protección dos años; después, los beneficiarios pueden solicitar acogerse de nuevo al programa.
En varias universidades estadunidenses, organizaciones estudiantiles demandan al gobierno de Obama que acelere la legalización de los estudiantes que están protegidos por el DACA. Su desaparición se da por descontada en cuanto cambie la administración en la Casa Blanca.
Trump, en realidad, continuará la obra que comenzó el esposo de su excontrincante. En 1994, el entonces presidente demócrata Bill Clinton construyó un muro en la frontera San Diego-Tijuana. Luego abarcó tramos de Arizona, Nuevo México y Texas. El resultado fue un incremento en la muerte de indocumentados que buscaron pasar por el desierto.
Las estimaciones de expertos en inmigración en Estados Unidos indican que desde que Clinton comenzó a levantar vallas, se han gastado millones de dólares para cubrir ya una tercera parte de la frontera, de acuerdo con The Daily Signal.
La construcción del “hermoso muro” que prometió Trump en campaña fue uno de los principales temas de la prensa estadunidense apenas se confirmó el triunfo republicano.
“¿Qué puede hacer Trump en el tema de inmigración? Mucho”, publicó el diario Los Angeles Times el jueves 10. La ley le da amplia autoridad en política migratoria. “Trump podría acelerar las deportaciones, revocar el programa Dreamers y limitar ciertas categorías de visas para inmigrantes legales”.
Dijo que no podrá cerrar toda la frontera sin la ayuda del Congreso, pero para empezar podría reasignar fondos del presupuesto federal.
The Washington Post señaló que para el cierre de toda la frontera, Trump deberá persuadir al Congreso de darle el dinero, y “de acuerdo con expertos, tendrían que ser decenas de miles de millones de dólares que México no está dispuesto a pagar”.
Aunque Trump ha dicho que forzará a México a pagar a través de los 24 mil millones de dólares que recibe por las remesas de los migrantes, el diario advierte que ese dinero es de las mismas personas que quiere deportar, así como de inmigrantes legales.
Más escéptico, señaló que, para construir la estructura, Trump también tendría que superar otros obstáculos, como problemas ambientales y de ingeniería, confrontaciones con las personas que no querrán renunciar a su tierra, y la enorme cantidad de retos en la frontera.
