Los futbolistas, se sabe, ganan millonadas. Y el seleccionado nacional Aarón Galindo –quien incluso jugó en Europa– es un ejemplo notable: él mismo declaró a Hacienda que sólo en 2015 obtuvo 16 millones de pesos. Sin embargo, él y su club –el Toluca– maniobran para no pagar la pensión alimenticia a la que el deportista está obligado, según asegura la exesposa del defensa. Según la acusación, el equipo, uno de los más adinerados de México, no hace las retenciones y transferencias a las que está obligado, y el atleta ha reportado salarios menores a los que realmente obtiene.
Entre los 29 jugadores que integran la nómina de los choriceros del Toluca se encuentra el defensa mexicano Aarón Galindo Rubio, de 34 años, quien milita en el conjunto mexiquense desde 2013. Ocho años atrás, este jugador protagonizó, junto a su compañero Salvador Carmona, uno de los episodios más grises en la Selección nacional, cuando dio positivo a un control antidopaje en vísperas de la Copa Confederaciones Alemania 2005. Hoy enfrenta otro escándalo.
Galindo encara un juicio promovido por su exesposa, la abogada Vanessa Lissete Arzate Limón, por incumplir con sus obligaciones alimenticias en agravio de la hija que procrearon juntos.
El litigio –vigente desde 2009– compromete al Deportivo Toluca Futbol Club, S.A. de C.V., porque en su condición de responsable solidario se ha negado a retener no sólo la parte correspondiente del salario regular del atleta, sino que tampoco le ha descontado el porcentaje obligado por las percepciones extraordinarias, como los premios que reciben los futbolistas por partido jugado, ganado o empatado, y por títulos logrados.
El pasado 18 de agosto, de hecho, el juez décimo primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, emitió el exhorto número 233/2016, en el que requiere al patrón del futbolista el pago inmediato de 348 mil 750 pesos, correspondientes a las dos quincenas de julio y la primera de agosto del año en curso.
Y derivado de esto, el 23 de agosto, el Juzgado Octavo Familiar en Toluca ordenó inscribir al Club Deportivo Toluca Futbol Club, S.A. de C.V., en el Registro Civil de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México. En dicho padrón se asientan las personas o empresas obligadas a dar o garantizar la dación de alimentos.
Pese a esto, no llegaron los depósitos, así que el pasado 5 de septiembre tuvo lugar una diligencia de requerimiento de pago y embargo en las oficinas del club, ubicado en la calle Felipe Villanueva número 300, colonia San Bernardino, de Toluca, decretada por el Juzgado Octavo Familiar.
La notificadora requirió al representante legal del equipo Toluca, Fernando Cuauhtémoc Limón Rubio Lugo, para que se le depositara a su representada. El abogado intentó entregar una camioneta usada, cuyo valor no cubría la cantidad exigida. Finalmente accedió a emitir un cheque de Banamex a nombre del Deportivo Toluca Futbol Club, S.A. de C.V.
La parte quejosa alega que la directiva de Diablos Rojos no ha retenido el 31% del salario del deportista, como han ordenado los jueces, “por todas y cada una de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias o que por cualquier concepto perciba el deudor alimentario”.
Mediante sentencia definitiva emitida el 21 de octubre de 2014, el juez noveno Familiar de Primera Instancia decretó la retención de 9% adicional al futbolista, que sumado al 31% ordenado como medida de protección provisional por el padecimiento de la niña –asma alérgica– arroja un total de 40% de descuento al jugador por pensión alimenticia. Esta cifra es el mínimo que establece el artículo 4.136 del Código Civil para el Estado de México.
Vanessa Lissete Arzate asegura que el 15 de agosto el equipo hizo la última transferencia –de sólo 33 mil 750 pesos–, y después el club interrumpió los pagos.
En su defensa ante el juzgado, el representante del Toluca, Fernando Cuauhtémoc Limón Rubio, argumentó que tanto en el Departamento de Contabilidad como en el de Informática del equipo “se estaba implementando un sistema de seguridad para efecto de evitar hackeos a las cuentas bancarias del equipo”, lo que pudo causar problemas técnicos en el sistema automatizado de erogaciones.
Sin embargo, el Juzgado Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Estado de México desechó esas justificaciones, y le recordó al letrado que el cumplimiento de las obligaciones jurídicas no se supedita a procedimientos administrativos o informáticos.
Además, el juez advirtió que el combinado mexiquense seguía sin liquidar los abonos correspondientes a la primera y segunda quincena de julio y a la primera quincena de agosto.
El pasado 7 de septiembre, el Toluca, a través de su vocero, Mauricio Garduño, confirmó al semanario la demanda en contra de Galindo. En respuesta a una solicitud de entrevista con Limón Rubio, el jefe de prensa se limitó a ofrecer, él mismo, la versión del Toluca.
Garduño dijo que el equipo está haciendo los pagos “en tiempo y forma” como resultado de una orden judicial. Sugirió solicitar a la quejosa los comprobantes de las transferencias bancarias, pero él no quiso ofrecer sus copias, aludiendo a un contrato de confidencialidad.
Acaso por casualidad, pocas horas después de la entrevista, Arzate Limón recibió la transferencia bancaria correspondiente a la segunda quincena de agosto.
Sin embargo, el equipo mexiquense no efectuó los depósitos correspondientes a octubre y lo que va de noviembre. “Esto ya me lo había hecho antes Aarón, solapado por el Toluca, porque al final de cuentas la directiva es la obligada a realizar las transferencias bancarias. No puedo dejarlo así… no sabían que soy abogada. Por esa circunstancia tengo la oportunidad de defenderme. Tengo mi despacho, no tengo ningún problema económico, y el Toluca no tiene por qué involucrarse en una cuestión de la que ni siquiera tiene idea”, advierte Arzate.
El origen
El reclamo por pensión alimenticia se inició en 2009, cuando Galindo regresó de su travesía europea contratado por Chivas. Galindo y Arzate decidieron separarse. Ella denunció al futbolista y exigió la pensión alimenticia, además de la guarda y la custodia de la menor de edad.
Arzate descubrió que Guadalajara registró al jugador ante la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) con un sueldo mensual de sólo 400 mil pesos. Pero ella conserva los comprobantes de las percepciones reales de su excompañero en el equipo del empresario Jorge Vergara: 1 millón 800 mil pesos mensuales.
El 14 de abril de 2008, la apoderada legal de la Femexfut, Laura Pérez Puente, confirmó ante el juez segundo de lo Familiar de Tlalnepantla que el contrato registrado con el folio mercantil número 16486 consigna un salario de sólo 400 mil pesos mensuales.
“Siempre pasa lo mismo con los equipos en los que ha estado Galindo. (En el caso de Chivas) no sé quién se haya prestado, o si fue directamente Jorge Vergara, pero apenas fueron notificados para hacerle un descuento al jugador, inmediatamente el club Guadalajara envió un contrato falso a la Femexfut en el que supuestamente Aarón ganaba 400 mil pesos mensuales, pero tengo los comprobantes de lo que obtenía en verdad: 1 millón 800 mil pesos”, rememora Arzate.
Ella reconoce que la excepción fue Santos Laguna, cuya directiva siempre cumplió con lo establecido en el convenio de pensión alimenticia. “Santos Laguna siempre me informaba, ya que el club toma muy en cuenta la cuestión familiar”.
Actualmente y de acuerdo con Transfermarkt –portal especializado en valores de mercado de jugadores y clubes de futbol–, Galindo tiene una cotización de 1 millón de euros (unos 22 millones de pesos). Aún más: el jugador reportó al Servicio de Administración Tributaria ingresos anuales por 16 millones de pesos en 2015.
Sin embargo, el Toluca notificó a las autoridades judiciales del Estado de México que el deportista devenga sólo 750 mil pesos al mes. Si se toma como referencia que los equipos nacionales acostumbran signar contratos con los futbolistas por una temporada equivalente a sólo 10 meses, las cuentas de Galindo no cuadran.
Por un caso similar, el mediocampista del Puebla, Cristian El Hobbit Bermúdez, pasó varios días en el Reclusorio Norte a finales de agosto pasado por el delito de incumplimiento de pago de pensión alimenticia por un monto de 4.5 millones de pesos. Por cierto, Bermúdez declaró ante un juez que percibe ingresos de 20 mil pesos mensuales. En otro episodio reciente, el colombiano Aquivaldo Mosquera regresó a su país con un juicio que se resuelve en los tribunales de la Ciudad de México.
