Los últimos años el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco está inmerso en acusaciones de impunidad y corrupción. Sus últimos dos presidentes –Celso Humberto Rodríguez González y Luis Carlos Vega Pámanes–, presuntamente han estado implicados en homicidios. Así lo expone el exconsejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero, quien critica al Poder Legislativo y a la Fiscalía General del Estado por no hacer nada.
“El Poder Judicial está totalmente rebasado –comenta el exconsejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero–. La corrupción puso contra la pared a todo el sistema judicial de Jalisco. El mensaje que se está mandando por parte de las instituciones es que en la entidad se toleran los excesos del presidente del STJ.”
Hasta ahora, dice, el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, están paralizados, pues no llaman a cuentas a ese tipo de personajes.
A menos de dos meses de que termine su gestión como presidente del STJ y del Consejo de la Judicatura, Vega Pámanes presentó finalmente su renuncia el jueves 10.
Lo hizo luego de que el diario Mural informara el pasado 27 de octubre sobre sus antecedentes criminales de 1984, cuando fue condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de homicidio imprudencial, lesiones, daño a las cosas y portación de arma prohibida (Proceso Jalisco 625).
Sin embargo Vega Pámanes sólo estuvo cuatro meses en prisión. Logró su libertad tras cubrir la reparación del daño, según admitió el fiscal Almaguer Ramírez.
Félix Padilla Lozano fue designado por el pleno del STJ como presidente interino y preparará la votación del 15 de diciembre para designar al sustituto de Vega Pámanes, quien regresará a principios de enero de 2017.
Vega Pámanes tiene cinco solicitudes de juicio político en el Congreso local, así como una queja administrativa presentada el 28 de octubre pasado ante el Pleno del STJ por el secretario general del Sindicato Único de Empleados al Servicio a los Empleados del Poder Judicial, José de Jesús Muñoz Dueñas.
Según la querella, el líder sindical pide al tribunal que al magistrado se le “incoe procedimiento de responsabilidad administrativa y se dicten las medidas disciplinarias que amerite su actuar”.
Las marrulladas
El 27 de octubre, cuando Mural publicó la información sobre el pasado delictivo de Vega Pámanes, él se encontraba en una reunión de jueces en Puerto Vallarta.
El mismo día, el STJ mandó un comunicado de 14 líneas a nombre de Vega Pámanes en el cual él explicó: “En aquel entonces lo que realmente sucedió fue un accidente imprudencial con motivo de la conducción de un vehículo automotor, por el que fui juzgado y sentenciado por homicidio, lesiones y daño en las cosas, todos (ellos) de carácter imprudencial y de los cuales cubrí la reparación del daño”.
Al final apareció el nombre del magistrado pero no su firma.
Dos semanas antes, el 12 de octubre, Vega Pámanes fue exhibido en el audio de una conversación que sostuvo con el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, cuando el entonces presidente del STJ en funciones le pidió liberar a dos hombres arrestados en posesión de armas de fuego.
Televisa Guadalajara salió en defensa de Vega Pámanes e intentó criminalizar a Caro Cabrera, pues lo responsabilizó de grabar la conversación con el magistrado.
Milenio Jalisco también quiso acallar las críticas a Vega e informó que Caro Cabrera había reprobado sus exámenes de confianza. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, tuvo que aclarar que su colaborador sí los aprobó.
Partida Caballero se muestra preocupado por lo que considera una “marrullada” de Vega para ganar tiempo:
“El 28 de octubre los jaliscienses nos fuimos al fin de semana –previo al día de las brujas y el festejo de Día de Muertos, con la idea de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia había demitido pero no fue así.”
Lamenta que en los últimos 10 años no se haya sancionado absolutamente a nadie en el STJ. “No hay un código de ética, ni reuniones públicas donde se cuestionen las quejas de los litigantes”; también critica a la FGE por la lentitud frente a ese caso y al Congreso, porque no llama a cuentas a integrantes del Poder Judicial.
“Anteriormente los funcionarios tenían fuero, pero ahora en la fiscalía casi todos son del mismo partido –el PRI–. Vale la pena preguntar ¿cuál es el mensaje que estamos mandando a la sociedad?”
Recuerda que desde el pasado 21 de agosto, en Jalisco no hay fuero y que la controversia constitucional promovida por integrantes del Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue rechazada. Partida Caballero estima que Almaguer está más preocupado por obtener la candidatura a la alcaldía de Guadalajara que en combatir el crimen en la entidad.
Queda claro, insiste, que la presentación de ese escrito de solicitud de licencia sólo tenía como objetivo ganar tiempo para permanecer en el cargo, al menos como magistrado.
Para Tomás Ulises Pedroza Avitia, integrante del Sindicato del Poder Judicial del Estado de Jalisco comandado por Alan Aldana Juárez, Vega Pámanes es sinónimo de corrupción en el STJ.
Durante sus cuatro años de gestión, dice, el magistrado se distinguió más por nombrar como jueces orales a sus amigos, mientras que a sus novias y familiares los colocó como funcionarios de primer nivel.
Los desvaríos de Celso
Hace varios años, Rosa Martha Pulido Corona, expareja sentimental de Celso Humberto Rodríguez González, acusó al entonces presidente del STJ de la presunta autoría intelectual del homicidio del joyero Francisco Javier Armenta Juárez, ocurrido el 2 de enero de 2002 en la colonia Jardines de la Paz (Proceso Jalisco 318).
Ante el Ministerio Público, Pulido explicó que procreó con Rodríguez González una niña y que, al romper la relación con él, la golpeó. Luego, cuando se enteró que ella tenía un vínculo sentimental con el joyero la amenazó de muerte.
Y aunque Rodríguez González declaró en aquella ocasión que ningún agente investigador lo interrogó sobre ese caso, el área de Homicidios Intencionales informó lo contrario; incluso aseguró que se agotarían todas las indagatorias como presunto responsable del asesinato de Armenta Juárez contenidas en la averiguación previa 135/2002/P.
La acusación contra Rodríguez González fue respaldada por Margarita Araiza Torres, la viuda del joyero: “A mi marido lo mataron a las afueras de la casa de esa mujer, quien era la amante de Celso… Tan claro está (esa relación) que incluso procreó una hija con ese funcionario” (Proceso Jalisco 406).
De acuerdo con Araiza Torres, a mediados de 2006, en su calidad de presidente del STJ, Celso Rodríguez González la mandó llamar a su oficina. Le preguntó sobre su trabajo, sus hijos, sobre el Derby en el que fue asesinado su esposo y hasta de la averiguación en su contra.
El 10 de enero de 2004, La Jornada Jalisco informó que el entonces procurador estatal, Gerardo Octavio Solís, habló de una línea de investigación en la que se analizaba la supuesta participación de Rodríguez González en el referido crimen. Pero no se volvió a saber nada de la supuesta indagatoria contra él.
Los casos de Rodríguez González y Vega Pámanes demuestran la crítica situación en el Poder Judicial de Jalisco, sostiene Partida Caballero. Le preocupa, dice, el hecho de que los magistrados reaccionaron de manera muy lenta ante la crisis y algunos hasta se quedaron callados.
El anuncio del gobernador
Hace cuatro años, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y su padre, el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, apoyaron de manera abierta a Vega Pámanes para llegar al STJ.
El miércoles 9, Sandoval Díaz exigió la separación definitiva de Vega Pámanes de su cargo. “Es un planteamiento que se exige por parte de Jalisco y que no se siga dañando la imagen de las instituciones”, expuso el mandatario.
Y añadió: “Yo creo que (Vega Pámanes) debe ser consciente de que es insostenible su cargo. Debe separarse definitivamente y a la brevedad hacer una convocatoria para que se nombre al nuevo integrante y poder ir a una reforma profunda del Poder Judicial”.
Hoy, el controvertido magistrado acumula en la LXI Legislatura del Congreso local cinco solicitudes de juicio político. La presidenta de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira, informó que el mes pasado varios ciudadanos y representantes de los colegios de abogados promovieron cuatro peticiones contra Vega Pámanes, sobre todo a partir de la difusión de los audios filtrados a los medios.
En ellos se escucha cuando Vega Pámanes habla con el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, y pretende interceder por dos sujetos acusados de robo a una sucursal bancaria en julio pasado.
Previo a esas solicitudes, el Colegio de Abogados Libres de Jalisco, encabezado por Víctor Hugo Hernández, solicitó juicio por la manera turbia en que se concesionó a particulares el estacionamiento de Ciudad Judicial, ubicada en la parte poniente de la zona metropolitana.
El martes 8, la Universidad de Guadalajara difundió un comunicado en el que cuestionó la permanencia de Vega Pámanes como magistrado del STJ.
“Continúa ocupando un cargo en el cual nunca debió haber sido nombrado, en razón de no cumplir los requisitos constitucionales; por ello, debe renunciar o, en su defecto, le debe ser retirado su nombramiento”, advirtió.
Asimismo, la institución llamó a promover una reforma integral del Poder Judicial acorde con las nuevas leyes en materia de derechos humanos y de frente a los retos que imponen la reforma penal y el nuevo sistema de juicios orales.
El pronunciamiento fue firmado por el Consejo de Rectores de la casa de estudios, encabezado por Tonatiuh Bravo Padilla.
Finalmente, el jueves 10 Vega Pámanes presentó su renuncia al Congreso del Estado.
