El líder del sindicato del Poder Judicial, Jesús Muñoz, señala que un grupo de empleados de confianza del Consejo de la Judicatura han sido objeto de presiones como la retención de su sueldo, la reasignación arbitraria de área y acusaciones periodísticas de que son “aviadores”, sólo porque algunos funcionarios los consideran “cercanos” al exconsejero Alfonso Partida en su disputa con el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes.
Una decena de trabajadores del Consejo de la Judicatura (CJ) denuncian que han sufrido presiones y maltrato laboral en los últimos meses porque supuestamente responden a intereses del exconsejero Alfonso Partida Caballero. Tras recibir varias quejas en tal sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ya investiga los hechos.
Jesús Muñoz Dueñas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, confirmó que en el CJ se padece hostigamiento laboral, por lo que el próximo miércoles 9, en sesión ordinaria, solicitará al pleno del organismo que cesen las presiones contra cuatro de sus representados, pues incluso se les ha retenido el pago sin justificación.
Agrega que presentará el caso de cinco empleados de confianza también acosados y a quienes se les violaron sus derechos laborales para crear un clima hostil, a fin de que dejen sus empleos. De hecho, afirma, Julián Moreno Cuevas y Pedro Alejandro Ulloa Sánchez presentaron sus renuncias, mientras que Gabriel Gómez Ávila fue obligado a renunciar.
Explica el líder sindical que los empleados de confianza tienen nombramientos emitidos “con todas las de la ley” por los consejeros integrantes del pleno y son vigentes hasta el 31 de diciembre, y si los directivos del CJ deciden prescindir de sus servicios deben esperar al vencimiento de los contratos.
Añade que los trabajadores de base y de confianza pueden ser separados de sus cargos mediante procedimientos debidamente fundamentados, “pero este no es el caso, (los trabajadores acosados) no son aviadores ni han incurrido en falta alguna”. Por eso Muñoz Dueñas lamenta que el CJ se maneje como agencia de colocaciones y por cuotas de partidos.
El pasado 5 de octubre el diario Mural dio a conocer que en la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas del CJ se detectó a cinco “aviadores”.
“De acuerdo con los datos proporcionados por un integrante del consejo, quien pidió reservar su nombre –afirma el periódico–, los aviadores son Julián Moreno Cuevas, Pedro Alejandro Ulloa Sánchez y Gabriel Gómez Ávila, quienes aparecen en la nómina como jefes de departamento, percibiendo un sueldo mensual bruto de 56 mil 51 pesos cada uno. Además de Karla Raquel de Alba Hernández y Mae López Aranda, registradas como jefas de sección, con una percepción de 28 mil 732 pesos al mes. Estos trabajadores habrían ingresado presuntamente por conducto del exconsejero Partida Caballero, sin que el pleno del organismo tuviera conocimiento.”
Partida Caballero negó los señalamientos y aseguró que los nombramientos se hicieron conforme a derecho. El exconsejero mantuvo marcadas diferencias con Luis Carlos Vega Pámanes, quien el pasado martes 1 solicitó licencia como presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del CJ por dos meses.
El líder sindical asegura que esos datos son falsos y que con esa publicación se pretende afectar a un grupo de personas que llegó al CJ por sus vínculos con Partida Caballero o a quienes se identifica como sus colaboradores.
Algunos de los empleados con pagos retenidos han interpuesto juicios de amparo para cobrar y garantizar su permanencia en el empleo. Ellos rechazan que representen los intereses del exconsejero como se les imputó en el citado periódico, y estiman que se trata de una estrategia de Vega Pámanes.
Retenciones ilegales
Muñoz Dueñas indica que los nombramientos de los cinco trabajadores señalados fueron aprobados en el CJ.
Por ejemplo, dice, Mae López Aranda se desempeña en el área de difusión, aunque su nombramiento es de Recursos Humanos. El dirigente sindical afirma que todos los días se la puede ver en el CJ y se puede comprobar su asistencia porque firma el ingreso y la salida con el policía. El problema es que desde el 15 de agosto no ha recibido su pago y no se le asignan tareas. Además, el 31 de octubre le informaron que ya no puede entrar en el área de difusión, por lo que permanece en el pasillo “congelada”.
Como respuesta, la empleada solicitó un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito Administrativo y de Trabajo (expediente 2683/2016) y presentó una queja ante la CEDHJ.
López Aranda señala en entrevista que está dando la batalla para que se le pague lo que le corresponde, le asignen a sus funciones laborales y su imagen quede limpia, pues en la nota del periódico se dio por cierta la versión anónima de que es “aviadora”, lo cual le provoca un daño moral.
Sin embargo, para ella lo urgente es pelear las batallas legales y después hacer las aclaraciones al medio, “pues hasta la suscripción que tengo de Mural me la vienen a cobrar al CJ (…) y creé la cuenta de correo institucional para informar sobre el nuevo sistema de justicia penal, de la que se emitieron boletines a los reporteros y de la que yo soy única responsable y tengo la clave”.
Coincidentemente, López Aranda laboró dos años en Mural y cuatro años en el Grupo Reforma. Además, trabajó en Comunicación Social del PRD y se integró al CJ por invitación del consejero Partida Caballero en julio de 2012. Explica que por su perfil profesional fue asignada en el área de difusión, aunque su nombramiento es de jefa de sección en Recursos Humanos, con un ingreso libre quincenal de 11 mil pesos.
“Yo no tengo la culpa ni soy responsable de tener un nombramiento de un área y estar asignada a otra, para una actividad que soy ampliamente capaz y cuento con el perfil”, comenta. No obstante, dice que Rosa Imelda Hernández Muro, relatora de la consejera Irma Leticia Leal Moya, le ofreció que le liberarían el pago a cambio de su renuncia.
También ha sido objeto de presiones Karla Raquel de Alba Hernández, señalada como presunta aviadora. Pero a decir de Muñoz Dueñas ella, “a diferencia de otros compañeros vinculados con el exconsejero Partida Caballero, ha tenido la suerte de cobrar”.
Detalla que a Jorge Montes Montes se le ha retenido el pago desde la primera quincena de julio, en tanto que a Karla Jáuregui le retrasaron su nómina mes y medio “pero ya está cobrando”, en tanto que a los empleados de base Noemí Araceli Flores López y Ubaldo López González no les pagan desde el 17 y 31 de julio, respectivamente.
Para el líder sindical del Poder Judicial es necesario que los consejeros expliquen estas medidas contra el grupo de trabajadores señalados, por lo cual confía que en la sesión plenaria del miércoles 9 se aborde el tema y se establezca el compromiso de respetar los derechos laborales.
Dice que solicitará al magistrado presidente del CJ por ministerio de ley, Félix Padilla Lozano, que le dé seguimiento a los acuerdos alcanzados con Vega Pámanes respecto al cierre de año, a fin de garantizar los aguinaldos.
Al respecto, admite que hay temor entre los trabajadores por la falta de recursos que enfrenta el CJ por la mala planeación, pues según los datos de la Comisión de Administración será necesario que el Ejecutivo apoye al Poder Judicial con 80 millones de pesos para el pago de aguinaldos.
Queja acumulada
La abogada Maribel Guerrero Domínguez ingresó al CJ el 31 de octubre de 2012 como jefa de sección y su contrato vence el último día de este año. Actualmente está incapacitada por las lesiones que sufrió en una caída, pero desde el 31 de agosto cobra porque su ingreso a la Judicatura coincide con el del consejero Partida Caballero.
Guerrero Domínguez dice que el director de Planeación, Juan Diego Martínez, le solicitó que firmara su renuncia “por ser gente del consejero Partida” y ella se negó, aduciendo el derecho a la estabilidad laboral. El 10 de agosto, relata, Martínez la volvió a llamar y le informó que la consejera Leal Moya, presidenta de la Comisión de Administración, la iba a “reasignar”.
Ella aceptó entregar su puesto: “Fui a la oficina de la consejera y me tuvo sentada por varios días; fue muy humillante, no me recibió. Yo llegaba a las nueve (de la mañana) y me quedaba hasta las tres (de la tarde) esperando, sentada en un sillón, a que me recibiera, pero ella ni siquiera me volteaba a ver. Yo obré de buena fe”.
El 19 de agosto la abogada Guerrero Domínguez sufrió un accidente y desde entonces está con incapacidad.
Por los malos tratos mencionados, el hostigamiento y la falta de pago, ella presentó el pasado 20 de septiembre ante la CEDHJ una queja que se acumuló a la queja colectiva 117004, que lleva el licenciado Juan Pablo Parra, según le informaron en la comisión. El motivo es que se han presentado más de cuatro quejas por esos motivos.
Guerrero Domínguez reitera que es víctima de un conflicto político, en el cual los consejeros actúan con intereses de grupo, sin tener en cuenta que ella es una profesional y tiene familia que depende de su trabajo.
Cuestiona a los consejeros: “¿Cómo disponen de nuestros sueldos?”, y lamenta que se pisotee la justicia en la institución donde se supone que debe imperar.
