Cada día registramos en nuestras bitácoras la descomposición galopante de nuestras relaciones sociales. No hay ya casi notas en la prensa que vengan exentas de violencia, alusiones a fraudes o mentiras enconosas. Peor que la consistencia del trato negativo es el hecho de que nos estamos acostumbrando a ello. De ser así, no sólo es negativo el incremento de las malas notas cotidianas entre nosotros, sino el de una decadencia implícita y aceptada de nuestra moral social, de nuestra ética colectiva.
Eso de “ética colectiva” es una blasfemia, o mejor dicho una herejía filosófica. La diferencia entre ética y política, de acuerdo al esquema clásico, es el alcance de ambas esferas. La ética se restringe al comportamiento individual; la política extiende su manto a los asuntos comunes, que por lo mismo son colectivos o –como se insiste mucho en la narrativa actual– globales. El alcance de los hechos públicos o civiles es pues el reino de la política, mientras que lo moral o ético no rebasa la mera espera personal, particular, la de los individuos. Hablar entonces de moral social es forzado, por decir lo menos.
Pero dejemos los esquemas estrictamente escolares y vengamos a lo del día, que es la dilucidación de nuestras penas y dolores, lo que nos aqueja y aflige en serio y para lo que no hallamos siempre la pócima atinada. Afirmamos arriba que nuestra retórica imperante se nos ha vuelto agresiva, ofensiva, beligerante pues. Eso es mal síntoma. Es la muestra que revela lo bajo que vamos cayendo. Y no ponemos remedio. Vamos en precipitada carrera al desplome o en caída libre, como mejor se entienda. Parece que o no nos damos cuenta o no ponemos remedio. Más bien como que nos estamos encariñando con estas llagas sociales.
Hace un mes, el 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, fue emboscada una patrulla militar, escandaloso hecho de sangre. En el acto murieron cinco militares y un civil. Otra decena de ellos quedó malherida. No se ha informado hasta el momento que haya aumentado la cifra de bajas, aunque no sería nota extraña. El titular de la Secretaría de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, calificó este ataque al cuerpo armado con los adjetivos de “alevoso y cobarde”. A sus ejecutores no los bajó de “enfermos, insanos y bestias criminales”. Posterior a estas calificaciones hace apenas una semana, del mismo personaje escuchamos la queja de que el instituto armado atraviesa por un serio desgaste. La declaración conlleva la exigencia de regular, de una vez por todas, la intervención que desempeña desde hace 10 años la milicia en campo ajeno, en tareas de seguridad pública.
Tenemos por lo menos dos ópticas encontradas sobre este asunto. Desde el momento en que el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar a los soldados de sus cuarteles y ponerlos en la calle a desempeñar tareas de cuicos, la voz popular demandó que retornaran a sus bases; que se respetara el mandato constitucional y los reglamentos castrenses que marcan restricciones bien claras en este sentido. No ha parado dicha exigencia civil, basada en nuestras propias leyes. Esta propuesta civilista rebasó desde hace tiempo nuestras fronteras. Más de un centenar de organizaciones en todo el mundo demandan al gobierno federal cumplir las 14 recomendaciones formuladas por Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La exigencia tácita envuelta en el cambio electoral, al retirar el mandato ejecutivo a los señores panistas en 2012, consistió precisamente en que ya no aguantábamos más esta masacre soterrada en contra de nosotros mismos. Una de las fórmulas tenía que traducirse en terminar con esta guerra de baja intensidad. Un paso necesario e indispensable en esta dirección tiene que ser el retiro de las Fuerzas Armadas de funciones de seguridad. Los favorecidos con tales votos fueron los priistas, pero como que si les hablara la virgen. Llegaron al poder con esta exigencia. Pero de inmediato se volvieron sordos a la demanda y hasta han venido profundizando la medida de la intervención castrense en los asuntos civiles.
En las actitudes y hechos visibles que mueven a los hombres del poder se leen más bien los signos de querer profundizar la militarización en el país, de endurecer el autoritarismo reinante, que ya nos resulta insoportable no sólo en el área de la seguridad pública, sino en muchas otras esferas del transcurrir cotidiano, por no decir que en todas. ¿Quién no tiene queja, por ejemplo, de la dureza de trato que se nos obsequia en lo fiscal a la gran mayoría de mexicanos, en tanto a los favoritos del régimen se les condonan impuestos y hasta se les regresan partidas abultadas? ¿Quién expresa parabienes en la esfera educativa, o está de plácemes por la política energética? Y así sucesivamente.
Podría más de alguno argüir que del poder nunca han de esperarse buenas migas en ningún asunto. Estas durezas asimétricas de nuestro trato se limitarían a la relación con el poder y con eso daríamos vuelta a la tortilla. Pero cuando bajamos al trato entre iguales, a nuestras relaciones cotidianas entre pares, donde ya no distorsiona la asimetría de la autoridad, constatamos que no mejora nuestra suerte. Se ha puesto en cartelera por los últimos meses una batahola que tiene que ver con las definiciones legales de propiedades y contratos, en los que media la relación sexual. Pareciera que la falta de entendimiento y los malos modos también son la norma en estas parcelas cotidianas.
No nos refiramos más en este momento a la traída y llevada cuestión del derecho a la adopción por parte de las parejas homosexuales. Tampoco hablemos de si cuando se juntan parejas del mismo sexo conforman o no un matrimonio legal, que puedan registrarse en todas nuestras instancias civiles y que puedan ejercer los derechos en equidad legal al ejercicio de los heterosexuales. Vengamos al trato común entre hombres y mujeres, sancionado como lo natural, lo clásico, lo consuetudinario y aceptado universalmente. ¿Quién podría darnos una explicación sensata de la iniciativa de ley que elevan las senadoras Dolores Padierna y Angélica de la Peña, para que se castiguen, como forma de delito tipificado, las “miradas lascivas”, como parte del acoso sexual callejero?
Las mujeres están en todo su derecho de levantar la voz en contra de cualquier trato que consideren lesivo, grosero, denigrante, discriminatorio. Pero ¿no se estará yendo ya demasiado lejos la idea de que los machos agreden a las damas hasta con la mirada? ¿Por qué han de tener los varones el monopolio de la lascivia y aplicarla en contra del sexo femenino? ¿Cuándo es lascivia y cuándo ímpetu natural por perpetuar la especie? ¿No serán todas estas puntillosidades y minucias ridículas parte de nuestra decadencia moral como colectivo? No es fácil dar respuestas a tantas interrogantes y menos si desaparece la voluntad por abordarlas y buscarles solución. Seguiremos al pendiente.
