A diferencia de los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que cuentan con 41juzgados civiles donde cada año son atendidas 93 mil personas, Tlajomulco sólo tiene dos y a ellos acuden 208 mil personas, según detalla un documento interno del Consejo de la Judicatura (CJ) consultado por el reportero.
El Juzgado Primero de lo Civil de Tlajomulco, ubicado en la calle Donato Guerra 10, sede de la antigua presidencia, no sólo carece de instalaciones seguras y personal de vigilancia, sino que quienes laboran ahí llevar sus propias herramientas de trabajo, como lo hace su titular, juez Aurora Graciela Anguiano Quijada.
El personal tiene una sobrecarga superior a 200%. Sin embargo, su principal preocupación es la falta de vigilancia. Temen que ocurra una tragedia similar a la de la Calle 14 en Guadalajara, donde un exmilitar entró armado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y asesinó a tres empleadas (Proceso Jalisco 619).
Anguiano Quijada admite que en la instancia que encabeza sólo hay dos notificadores para atender el servicio en forma continua.
Al principio el Juzgado Primero era mixto, pero el 11 de febrero de 2009 dejó de serlo, según acordó la sexta sesión plenaria del CJ. Desde entonces, ha intentado de-sahogar los casos rezagados. Actualmente son más de 200 los expedientes penales que no han podido atenderse por la sobrecarga de trabajo.
Según el documento del CJ, en el Primer Partido Judicial –que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá– un funcionario judicial atiende 0.92 trámites diarios. En el Trigésimo Partido Judicial, donde se ubica a Tlajomulco, cada empleado atiende alrededor de tres; es decir, 613% más casos al año que sus pares del otro circuito.
Por esas cargas, el Juzgado Primero de lo Civil es uno de los más saturados del país y quizá del continente, comenta la juez al reportero. Asegura que con frecuencia llegan ahí reos de alta peligrosidad –homicidas, secuestradores, sicarios– acusados por delitos de orden penal o de alto impacto, lo que implica un riesgo, pues ahí los policías son escasos y el inmueble carece de videocámaras de seguridad.
Eso contrasta, por ejemplo, con el Mercado de San Juan de Dios, localizado a un costado de la calzada Independencia, donde algunas zonas tienen hasta 16 cámaras de vigilancia. El dato es significativo, si se considera que Tlajomulco está en el sitio 31 de las 50 ciudades más peligrosas de México, según la lista del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La petición de la juez Anguiano
El viernes 7, la juez Anguiano envió un oficio al pleno del CJ en el que advierte sobre la inseguridad en su centro de trabajo tanto para los empleados como para los usuarios.
En él informa que luego de dialogar con diversos actores sociales del municipio –litigantes, padres de familia y ciudadanos–, “se me ha elevado la petición que por seguridad y tranquilidad del público en general, se busque la manera de evitar en la medida de lo posible que concurran los procesados (a este juzgado)”.
Aclara que el despliegue que se requiere para vigilar al preso y la movilización de cuerpos policiacos con que ellos arriban, corresponde a una logística necesaria para la atención de personas
Por desgracia, expone, llegan a ese juzgado reos altamente peligrosos cuando el local se encuentra “lleno de mujeres y niños que son altamente susceptibles a impactarse con este escenario que implica la competencia de un procesado penal”.
En su escrito también expone que el juzgado que encabeza comparte instalaciones con las oficinas de la Procuraduría Social municipal, “lo que incrementa de manera sustancial el número de usuarios”. A ese lugar confluyen todo tipo de personas, como “abogados, personas de la tercera edad, madres solteras y menores que día a día realizan trámites en el juzgado o en la Procuraduría Social”.
La juez pide al pleno del CJ que los expedientes de orden penal sean trasladados a los tribunales radicados en el núcleo penitenciario de Puente Grande para evitar dichos riesgos.
