La corrupción, dañina para la salud

El doctor Jorge Gómez, investigador del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, revela que de 2010 a 2014 se operó en la Universidad de Guadalajara un programa especializado de detección de ese mal. Era una importante colaboración con diversas instancias de salud para beneficio de mujeres latinoamericanas y contaba con fondos internacionales, pero se canceló porque directivos de la casa de estudios incurrieron en prácticas expresamente prohibidas en el contrato.

Por malos manejos financieros de funcionarios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), la Universidad de Guadalajara (UdeG) fracasó en un programa de detección de cáncer de mama financiado por el gobierno de Estados Unidos y fundaciones internacionales en beneficio de mujeres de México, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, con lo cual cerró la puerta para los apoyos externos a la investigación de esa zona del continente.

Jorge Gómez, quien fue director de la Oficina de Desarrollo de Programas para América Latina y director de Proyectos del Centro de Salud Global del Instituto Nacional de Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés), revela que la casa de estudios cometió un fraude por alrededor de 500 mil dólares.

Entrevistado por Proceso Jalisco, Gómez –actual vicepresidente asistente de Investigación Trasnacional en Poblaciones Especiales, de la Universidad de Arizona– explica que durante siete años gestionó apoyos para varios programas relacionados con el cáncer de mama por alrededor de 2 millones de dólares, la cuarta parte de los cuales fueron malversados por funcionarios de la UdeG encabezados por Adrián Daneri Navarro, responsable del proyecto por la casa de estudios.

El NCI subcontrató a la UdeG a través de un administrador del proyecto, que primero fue la empresa SAIC-F pero luego cambió por Leidos, pero se descubrió que en la universidad no se pagaba a todos los que colaboraban ni todos ellos reunían el perfil requerido; se hicieron gastos prohibidos en las normas del programa y se incurrió en anomalías como doble facturación, incumplimiento de pagos a proveedores e incluso en nepotismo.

Gómez egresó de la UdeG en 1980, hizo una maestría en Inmunología, en El Paso, Texas, y cursó el doctorado en inmunofarmacología en la Universidad de Arizona, así como un posdoctorado en la Thomas Jefferson University y otro en los National Institutes of Health (NIH). Durante sus 22 años de trayectoria en el NCI ocupó diversos cargos, entre ellos la dirección de los programas SPOREs (Specialized Program of Research Excellence) en cáncer de mama y la posición de consejero principal.

Narra que desde 2006 tuvo acercamientos con los funcionarios de la UdeG, quienes dieron el visto bueno a la colaboración institucional para crear un equipo multidisciplinario de investigación. El primer rector del CUCS con el que trató fue Raúl Vargas López, quien impulsó la vinculación para atraer fondos externos.

En los proyectos contra el cáncer de mama participaron investigadores de la Universidad de Arizona, del MD Anderson Cancer Center (MDACC) y la Universidad de Sonora (Unison).

En 2007 se firmó un convenio para el proyecto ELLA y la UdeG recibió 80 mil dólares anuales por un periodo de tres años, en recursos no concursables. La fundación Avon apoyó con dinero y el proyecto tuvo el respaldo del programa SPOREs del NCI, el cual fue presentado en varios foros internacionales.

Con la creación de la Oficina de Desarrollo de Programas para Latinoamérica del NCI, en 2009 se creó el segundo proyecto de cáncer de mama, para el cual se implementó la Red de Investigación de Cáncer de Estados Unidos y América Latina en Cáncer (Latin America Cancer Research Network US-LACRN). Jorge Gómez fue designado al frente de ella por el NCI y el Departamento de Salud de Estados Unidos.

La Oficina para el Desarrollo de Programas de Cáncer en América Latina (OLACPD) es una iniciativa piloto y colaboración entre el NCI y el Centro Internacional Fogarty (FIC) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que está diseñada para crear y aplicar programas de investigación del cáncer en América Latina para el beneficio de México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, países que participan en la US-LACRN.

El 24 de septiembre de 2010 la UdeG firmó un contrato con NCI a través de un subcontratista (este semanario tiene copia) donde se compromete a participar en el proyecto Perfil Molecular Cáncer de Mama en la Mujer Latinoamericana en Estadios I y II Bajo Tratamiento Estándar.

Dicho proyecto se visualizó a cinco años, pero quedó trunco tras descubrirse las irregularidades descritas por Jorge Gómez, creador del protocolo de investigación. Antes de eso el proyecto era prorrogable cada seis meses.

El contrato tiene un apartado de “costos no permitidos”, donde establece que no se patrocinará la construcción ni remodelación de oficinas o instalaciones, la renta de mobiliario, gastos de consultores ni costos de atención del paciente, excepto las tomografías computarizadas, “a menos que el funcionario contratante de SAIC-F (ahora Leidos) los haya autorizado por escrito”.

No se respetaron dichas cláusulas. Proceso Jalisco tiene copia de la factura 5219 del CUCS por 406 mil 528.02 pesos por concepto de pago de anticipo y de la única estimación de la factura 189 del proveedor Redefine Construcciones, S.A. de C.V., por la construcción del biobanco en la planta baja del edificio “P” del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, fechada el 29 de junio de 2012.

El costo fue cargado al NCI pese a que el contrato prohíbe esos gastos y fue motivo de las observaciones comunicadas al rector general de la UdeG en 2013.

Revelación y chantaje

En julio de 2013 Jorge Gómez realizó una visita al Centro Médico del IMSS y se reunió con una veintena de médicos. Ahí, tras una presentación clínica, dos investigadores le comentaron que estaban muy entusiasmados por participar en el proyecto, aunque no les pagaban.

La revelación lo sorprendió, dice, porque los nombres de esos dos médicos estaban incluidos en las listas aprobadas por el NCI y se emitían cheques mensuales a su nombre, mismos que cobraba alguien no autorizado.

Además del programa de Perfil Molecular, iniciado en octubre de 2010, el personal de la UdeG trabajaba en el programa complementario denominado Navegadores de Pacientes, una ampliación del primero para que, entre otras cosas, se administrara ayuda psicológica que no incluía el primero. Este proyecto contaba con fondos del NCI pero también de la Fundación Susan Komen. Sin embargo, se descubrió que estaba superando los costos y personal autorizado.

Gómez pone otro ejemplo: se destinaron 20 mil dólares para adquirir un servidor para la computadora, pero no se compró o bien no estuvo disponible ni a la vista.

Otra de las irregularidades detectadas fue el perfil de los colaboradores, ya que el doctor Adrián Daneri aprobó a personal que no tenía la capacidad para estar en el proyecto o carecía de relación con el área de especialidad. Por ejemplo, un sicólogo fue designado como histotecnólogo.

El responsable del proyecto ante el NCI relata que habló con Daneri sobre esas irregularidades y le dijo que las reportaría para que se realizara una investigación a fin de que los fondos se restituyeran.

Agrega que José María Hernández, quien aparece en la nómina de la UdeG como jefe operativo especializado de la Rectoría, era colaborador de Daneri y dos de sus hijas (Mayra y Miriam) cobraban en el proyecto, al igual que el abogado Adrián Daneri Hernández, hijo del doctor Daneri Navarro.

Incluso se benefició Esther Cisneros Quirarte, esposa del entonces rector del CUCS Héctor Raúl Pérez Gómez. Ella cobraba 12 mil pesos mensuales con ese proyecto de investigación, más que cualquier otro participante.

Ante esas anomalías, en noviembre de 2013 el director del proyecto informó de la situación a Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la UdeG. Gómez recuerda:

“Le pedimos una serie de explicaciones al rector general y la persona que contesta es el doctor Daneri; y reconoce que tiene a su hijo (Adrián Daneri Hernández) y reconoce que está siendo pagado con fondos de la (fundación) Komen. Para la persona que no sabe parece que todo está bien, pero yo dirigí el proyecto y sabía dónde estaba cada dólar y cada peso y supe que eso era totalmente inapropiado. Y él me dijo: ‘Tú tienes a tu hermana, está en Finanzas. Tú sabes que esto es muy penado (en Estados Unidos)… O tu carrera o la mía.”

–¿En qué momento se da la amenaza? –pregunta la reportera.

–A principios de noviembre.

–Recurren a su jefe, Ted Trimble, y lo acusan de tener a su hermana en el proyecto.

–Sí. Ellos sabían que mi jefe quería terminar el proyecto porque no quería nada con Latinoamérica. La Universidad de Guadalajara, con sus malos manejos y falta de visión política, le entregó en charola de plata a mi jefe un problema, y éste dijo: “Cortamos al proyecto y cortamos a todos… Hay fraude, nunca sabremos de la investigación”, y mejor cortó. Quiere decir que esto es típico de Latinoamérica, que hay corrupción, nunca vamos a saber lo que está pasando en Chile, en Argentina (con respecto al cáncer). Le dieron la excusa.

–Si usted estima que el fraude es de medio millón de dólares, ¿qué población se reportó como beneficiada?

–La UdeG reportó 300 pacientes y la universidad recibió más de 2 millones de dólares del NCI. La fundación Susan Komen contribuyó por tres semestres con 20 mil dólares; nosotros por semestre dábamos 250 mil dólares más o menos.

–¿Esas mujeres beneficiadas deberían estar curadas a estas alturas?

–Sí. Pero no se terminó el trabajo. El doctor Daneri hace mucha referencia a otros lugares que no contribuyeron ni con un quinto, y hay también un fraude de tipo científico.

El 4 de noviembre de 2013, Calvin Proffitt, oficial de contratos de Leidos, informó al rector general Bravo Padilla de las anomalías “que pueden afectar la ejecución y cumplimiento del subcontrato y relación que tienen que resolverse para que el proyecto permanezca en la Universidad de Guadalajara”.

En su comunicación Proffitt menciona la visita del doctor Jorge Gómez en julio de ese año, donde encontró las anomalías ya mencionadas en el programa Navegadores de Pacientes: que el personal enlistado no representa el trabajo asignado ni tiene experiencia, falta de pago a colaboradores autorizados aunque se incluye en los gastos del proyecto, la canalización de 30 mil dólares para construir un biobanco contra las cláusulas del contrato, el faltante del equipo de cómputo por el que supuestamente se pagaron 20 mil dólares y el cobro de viáticos, que la universidad paga pero se reembolsaba mediante recursos del contrato.

Proffitt le notificó a Bravo Padilla que representantes de Leidos y del NCI planeaban ir a Guadalajara para revisar el proyecto y pidieron copias y currículos del personal que trabajaba en él, así como la localización del equipo supuestamente adquirido.

El día 26 del mismo mes, el doctor Gómez le informó a Adrián Daneri que tras una revisión exhaustiva del proyecto se detectó duplicidad de personal y cargos o responsabilidades injustificadas “o que la justificación no es suficiente para mantener a ese personal dentro del proyecto”. Por ese motivo, anunció, se daría por concluida la colaboración de Héctor Martínez, Lidia A. Rubio, Luis Najar, Mayra E. Hernández (una de las hijas de José María Hernández), Nancy Navarro, Alma G. Maya y Alma Carina García.

Al día siguiente, 27 de noviembre, Gómez le informó por escrito al rector general Bravo Padilla que desde hace siete años se ha dedicado a promover colaboraciones en materia de investigación sobre el cáncer con el CUCS, pero “desafortunadamente hemos encontrado ciertas anomalías en el manejo de recursos otorgados por el NCI y nos hemos dado a la tarea de una revisión detallada sobre el uso de los mismos”.

En vista de ello, le anticipó que los días 2 y 3 de diciembre siguientes visitaría la universidad con un equipo de contadores. Sin embargo, esto no sucedió porque Trimble, el jefe del doctor Gómez, decidió separarlo del trabajo con goce de sueldo y cancelar el programa, aunque en el CUCS se trabajó en él hasta abril de 2014.

El pasado 10 de octubre Proceso Jalisco envió un correo a Douglas Lowy, director interino del NCI, para preguntarle por el monto de los recursos que la institución destinó a la UdeG para el programa de Perfil Molecular y el complementario Navegador de Pacientes, si se hizo una auditoría, si alguien fue sancionado por malos manejos y si el gobierno de Estados Unidos buscará que la casa de estudios restituya los fondos. El correo electrónico también se envió a Trimble. Ninguno de los dos directivos del NCI respondió.

Los cheques reveladores

Marcela Gómez Jaramillo, hermana del doctor Jorge Gómez, entró a trabajar al área de Finanzas del CUCS en 2007 y cuando inició el programa de Perfil Molecular se incorporó en la administración financiera.

Gómez Jaramillo se casó en 2012 con Alberto Becerra Valdez, el coordinador administrativo, y ambos fueron despedidos del CUCS tras la revelación de las anomalías con que Adrián Daneri operaba el proyecto, ya que éste y el rector conocían el parentesco de Marcela con el doctor Gómez. El investigador del NCI dice que, por ética, le comentó a los directivos de la UdeG que existía ese lazo de sangre pero para él era tener en Guadalajara a una persona de todas sus confianzas.

Becerra fue cesado el 4 de diciembre de 2013, supuestamente porque entregó información a la empresa subcontratista Leidos, pero esa era una de sus funciones.

En cuanto a Gómez Jaramillo, prepara una denuncia penal por el delito de fraude y usurpación de identidad, ya que el CUCS dejó de pagarle en forma unilateral desde diciembre de 2013, pero se emitieron dos cheques del banco Santander a su nombre, uno en ese mes y el otro en enero de 2014. Ambos fueron cobrados, pero Gómez Jaramillo no estaba enterada de que se habían emitido y aún menos de que alguien suplantó su identidad para cobrarlos.

El 20 de septiembre de 2016, la afectada revisó la página de Transparencia de la UdeG y se percató de que en el apartado de nómina se registraban dos cheques correspondientes a diciembre: uno por 23 mil 172.97 pesos que fue cancelado y otro por 13 mil 172.97; en enero de 2014 se emitió uno más por 10 mil 306.06 pesos, “de los cuales jamás me informaron que estaban en la oficina de nóminas del CUCS”.

En vista de la irregularidad, Gómez Jaramillo demandará que se sancione a los responsables y se le pague a ella, pues tales cheques corresponden a su salario de diciembre que ya no le entregaron, pero “aparecen como emitidos y cobrados”. Para ella, esa es una muestra de la corrupción que predomina en la UdeG. l