Señor director:
Quiero denunciar un caso de indiferencia, omisión, corrupción y complicidad por parte de las autoridades capitalinas: han transcurrido más de tres años desde que se dictó una orden de aprehensión en su contra, y sin embargo no hay ningún resultado sobre la captura de Jorge Ortiz Muñoz, dueño de la casa de cambio Majapara, S.A. de C.V.
En julio de 2013, el juez sexto en Materia Penal del entonces Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Norte, dentro de la causa penal con número de partida 149/2010, libró orden de aprehensión en contra de Ortiz Muñoz por el delito de fraude genérico continuado en agravio de 19 personas, tan sólo en la capital del país. Entre los afectados se encuentran Adland Plastics, S.A. de C.V. y Package Polimers de México, S.A. de C.V. Y hasta hoy las víctimas siguen a la espera de que la Procuraduría capitalina y la policía a su cargo cumplan con sus obligaciones constitucionales y logren la detención de este peligroso defraudador.
Dicha casa de cambio era administrada y presidida por Ortiz Muñoz. Cerró sus puertas tras una demanda judicial en Nueva York por quedarse con más de 38 millones de dólares del banco estadunidense Wachovia y enfrentar un sinfín de denuncias en diferentes estados de la República Mexicana, donde estableció oficinas. Dejó en total desamparo a decenas, quienes creyeron en la legalidad de dicha casa de cambio, que funcionaba bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el número de oficio 102-E-366-GDSV-II-B-c-8599.
No debemos pasar por alto que la propia secretaría sólo revocó la autorización concedida a dicha casa de cambio en julio de 2009. Con esto quedó legalmente impedida de realizar actividades. Sin embargo, continuó captando recursos a sabiendas de que dicha acción era ilegal y fraudulenta.
Ante esta grave situación, Package y Polimers de México, S.A. de C.V. y Adland Plastics, S.A. de C.V. exigen al procurador general de justicia de la Ciudad de México, Rodolfo F. Ríos Garza, que la dependencia a su cargo lleve a cabo una investigación exhaustiva y eficiente para lograr dar con el paradero de este defraudador y enfrente a la justicia mexicana.
Esto debe ocurrir aun cuando sus abogados –en un intento desesperado por tratar de confundir a los impartidores de justicia– promueven juicios y recursos con la única intención de retardar aún más el procedimiento y con ello hacer nugatorio el derecho de las víctimas a recibir justicia y, por ende, ser resarcidas del daño patrimonial.
Las empresas mencionadas, que represento, exigen que prevalezca el estado de derecho en este caso. Recordemos que la impunidad en los delitos financieros no nada más agravia a las víctimas directas, sino que de forma indirecta afecta la economía nacional, al desincentivar la apertura de negocios y la generación de fuentes de empleo.
Atentamente:
Isidoro Perera Ramos
Cuernavaca, Morelos
