A decir de Jesús Ricardo Fuentes, asesor en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el presupuesto asignado al sector cultural para el ejercicio 2017 presenta una merma a consecuencia del incorrecto procedimiento jurídico mediante el cual se creó por decreto presidencial, aprobado en el Congreso, la Secretaría de Cultura (SC) en diciembre de 2015.
En su momento, el también maestro en pedagogía explicó (Proceso, 2033) que el orden para crear una secretaría es hacer una ley en la cual se justifica la necesidad, la estructura administrativa, los objetivos, en fin. En el caso de la SC no hubo tal ley y hasta el momento no se han definido oficialmente las dependencias y programas que la conformarán, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) creó el ramo 48 para asignarle los recursos, pero no se detalla su destino.
Hasta ahora sólo se sabe con certeza que los secretarios ejecutivo y de arte y cultura que tenía el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), serán ahora subsecretarios y se creará una oficialía mayor. Pero, dice Fuentes, no se tiene una visión completa de la nueva estructura orgánica, de qué direcciones generales se conservarán o cambiarán.
Un problema, detalla, será definir con toda certeza cómo quedarán las “dos instituciones que por su naturaleza deberían ser órganos públicos descentralizados porque tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y fueron creados por decreto de ley”.
Se refiere a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), que cuando pertenecían a la Secretaría de Educación Pública se “consideraban desconcentrados por reglamento de la SEP y uno de los transitorios del decreto que crea la Secretaría de Cultura señala que pasan en su calidad de desconcentrados, pero son descentralizados por su ley de creación y en el caso del INAH, por su Ley Orgánica”.
Los descentralizados, añade, tienen la posibilidad de manejar sus recursos propios, como entradas a los teatros o zonas arqueológicas, mientras los desconcentrados no (a decir del antropólogo Bolfy Cottom, Hacienda sólo devuelve al INAH menos de 30% de esos ingresos).
Fuentes indica que ahora, al solicitar esos recursos, los institutos podrán tener conflictos con la Tesorería de la Federación, pues por el momento no está definida su naturaleza jurídica, “ni siquiera la que tenían con la SEP, son los problemas que se están dando”. Menciona también el caso de todo el sector cinematográfico que aún “aparece sectorizados a la SEP”.
Todas esas inconsistencias son consecuencia de haber creado una secretaría sin un orden, y a que dentro del propio ejecutivo no hay coordinación.
Ahora se está esperando que la SC dé a conocer su reglamento interno. Pero el asesor cuestiona: ¿Cuál es el fundamento legal por el cuál esta secretaría está trabajando en un reglamento? Dice que no hay un transitorio en el decreto de creación que se lo señale. Pregunta también qué va a reglamentar ese documento, si no hay una ley de creación de la Secretaría.
Lo urgente, destaca, es que se dé a conocer la nueva estructura orgánica y el manual de operación de cada dependencia, para la asignación de recursos y el funcionamiento del nuevo órgano.
