El emecista Enrique Alfaro Ramírez llega a su primer año como alcalde tapatío con un cúmulo de promesas incumplidas. Poco antes de asumir el cargo, anunció austeridad en su gobierno y un recorte a los sueldos de los funcionarios de primer nivel y a la nómina del ayuntamiento, pero no ha cumplido, lo cual preocupa a quienes votaron por él. Para colmo, de las denuncias interpuestas contra su predecesor, el priista Ramiro Hernández García, por desfalco y otros ilícitos, ninguna ha prosperado.
Durante el proceso de entrega-recepción, hace casi un año, el ayuntamiento tapatío denunció un faltante de 7 mil bienes muebles, lo que significaba una pérdida superior a los 434 millones de pesos. Hasta ahora la administración del emecista Enrique Alfaro Ramírez no ha consignado a ninguno de los implicados en ese desfalco.
El alcalde se comprometió también a ser austero y reducir el sueldo de los funcionarios cuyas percepciones mensuales sean superiores a los 40 mil pesos; tampoco ha cumplido.
El 30 de octubre de 2015, cuando tenía cuatro semanas en el ayuntamiento de Guadalajara, Alfaro declaró que había presentado denuncias penales contra exfuncionarios de las administraciones de sus antecesores priistas Aristóteles Sandoval Díaz y Ramiro Hernández García por delitos como peculado, desvío, aprovechamiento de atribuciones y abuso de autoridad, entre otros.
Ese día, el área jurídica interpuso 17 querellas, una de ellas correspondía al sobregiro por 171 millones de pesos del presupuesto ejercido durante el periodo de Hernández García; el resto estaban relacionadas con juicios laborales; también se acusó a diversos funcionarios por no realizar una defensa jurídica adecuada a favor del ayuntamiento.
El 28 de diciembre, la síndico Anna Bárbara Casillas García anunció que se presentarían 90 denuncias, incluida una contra el exalcalde Hernández García por el faltante de equipo de cómputo, extinguidores, maquinaria, herramientas y 35 automóviles Tsuru modelo 2015, de los cuales 18 fueron sustraídos de enfrente de los domicilios de los funcionarios que los tenían en reguardo. La síndico aclaró que desconocía el monto de los bienes desaparecidos.
En su edición 591, Proceso Jalisco informó que por medio de la Ley de Transparencia solicitó en diciembre una copia simple de la primera fase del proceso de entrega-recepción realizada semanas antes, así como los nombres de los servidores públicos que tenían bajo su resguardo los vehículos.
El contralor municipal, Ignacio Lapuente Rodarte, respondió que la información solicitada no existía. Sin embargo, el 13 de enero pasado ordenó que se clasificara como de acceso restringido, según quedó asentado en la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.
Trabajadores del ayuntamiento tapatío comentan a este semanario que los señalamientos de Alfaro Ramírez a la administración de Hernández García no son suficientes para ganar una denuncia penal.
Empantanamiento procesal
En una nueva solicitud de transparencia (expediente DTB/2666/2016) Proceso Jalisco requirió al ayuntamiento tapatío el número de denuncias presentadas contra Hernández García y sus colaboradores, cuántas están concluidas, quiénes son los exfuncionarios señalados, así como las sanciones aplicadas. La autoridad municipal respondió que “se han presentado 29 denuncias, todas ellas son investigaciones abiertas”.
En entrevista con este semanario, la síndico asegura que el daño al erario puede ascender a 434 millones de pesos.
“Cada denuncia –dice– incluye varios hechos. Una de las primeras fue un sobregiro presupuestal por 171 millones, que actualmente se encuentra en etapa de averiguación previa.”
La síndico menciona que el ayuntamiento presentó cinco amparos debido a que la FGE, que encabeza el priista Eduardo Almaguer Ramírez, les ha negado el acceso a los expedientes de las denuncias. Es necesario que el ayuntamiento conozca avances para aportar más pruebas y continuar con el proceso, comenta Casillas García.
Cuando se le pregunta sobre los resultados de esas indagatorias, responde que desconoce cuándo se darán las resoluciones: “Me encantaría saber la fecha. Nosotros hemos estado colaborando con la fiscalía, presentándoles la mayor parte de las pruebas –que se están desahogando en las visitadurías o en las agencias ministeriales–, pero ha habido algunos inconvenientes”.
El lunes 19, cuando el fiscal Almaguer dio posesión a la nueva fiscal central, Marisela Gómez Cobos, y anunció cambios en la FGE, pidió a la recién nombrada atender con urgencia las denuncias contra funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales implicados en algún ilícito.
Según Casillas García, una de las querellas más relevante es la del desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco porque los afecta directamente a quienes trabajan en el ayuntamiento tapatío. El monto, dice, asciende a 239 millones de pesos.
“En las últimas sesiones de la administración de Hernández García, las autoridades vendieron unos terrenos al gobierno del estado. Sin embargo, esa conducta, que nosotros calificamos como delito, ahí está, y es por 239 millones”, sostiene la síndico.
De todas las denuncias presentadas contra la pasada administración, 18 son por “mala defensa jurídica”, y en ellas están implicados abogados y exfuncionarios de primer nivel. Debido a ello, insiste, el ayuntamiento debe erogar alrededor de 15 millones de pesos por concepto de laudos.
Sobre los nombres de los exfuncionarios presuntamente investigados, Casillas García prefiere omitirlos para no entorpecer las indagatorias.
Con respecto a los “vehículos oficiales extraviados”, refiere que había 18 reportes por robo de los Tsuru. Las denuncias, admite, no fueron ratificadas, por lo que la FGE no ha informado al ayuntamiento si se ha recuperado alguno.
La síndico menciona también la querella por el desvío de 7 millones de pesos de la partida 79, así como los permisos irregulares otorgados a los ambulantes y la emisión de dictámenes fuera de norma a favor de constructoras o gasolinerías.
Confía en que algunos casos queden resueltos este año y los demás se desahoguen en lo que resta de la administración de Alfaro.
Recortes ficticios
Cuando el entonces candidato Enrique Alfaro presentó su Plan de Buen Gobierno, expuso que con la reducción salarial de sus colaboradores, el ayuntamiento tapatío podría ahorrar cerca de 35 millones de pesos anuales, mismos que se invertirían en programas sociales.
Y aunque en abril de 2015 el candidato emecista se comprometió públicamente a recortar a 2 mil 500 de los 13 mil trabajadores municipales, la agrupación ciudadana Bajo la Lupa hizo una comparación de la nómina de octubre de 2014 a julio 2015 con el periodo correspondiente a los meses de 2015-2016 y detectó que “la reducción en la nómina es de un 1.33%”. Sin embargo, en su primer informe de gobierno, Alfaro presumió que el recorte fue de 12%.
Antes de asumir la presidencia de Guadalajara, Alfaro Ramírez insistió en que su gobierno sería austero. Se comprometió a reducir los sueldos de los funcionarios de confianza en 15%, sobre todo los que en la pasada administración ganaban más de 40 mil pesos al mes. Hasta ahora no ha cumplido.
Peor aún, algunos incluso cobran más, de acuerdo con un comparativo realizado a partir de la información del portal de transparencia. El titular de Servicios Públicos Municipales, Diego Monraz Villaseñor, por ejemplo, gana 81 mil 540 pesos brutos al mes; su antecesor, José Francisco Castillo Madrigal, percibía 80 mil 430.
Otro caso es el de la coordinación de Administración e Innovación Gubernamental Municipal, cuyo titular Agustín Araujo Padilla cobra 81 mil 400, mientras que Hugo de León, quien encabezó la entonces llamada Secretaría de Administración percibía 80 mil 220.
El contralor Ignacio Lapuente Rodarte gana 86 mil 980; el anterior, Gustavo César Galindo, sólo 76 mil 264; el actual jefe de gabinete, Hugo Luna, tiene ingresos por 86 mil 980, su antecesor, el jefe de oficina de presidencia, Ismael Orozco Loreto, sólo 74 mil 160.
Los directores de Turismo, José Martín Orozco Almadez; de Inspección y Vigilancia, Óscar Villalobos Gámez, y de Catastro, Ramón Enrique Vera Salvo, ganan más que sus antecesores. Vera percibe 9 mil 764 pesos más que Saúl Figueroa López, quien fue director de Catastro en la gestión de Hernández García.
A varios funcionarios de primer nivel sí les rebajaron sus sueldos, aunque no de 15%, como prometió Alfaro. Entre ellos están el secretario general Enrique Ibarra y el tesorero Juan Partida Morales, quienes ganan 624 pesos menos en comparación con sus antecesores. Cada mes reciben 86 mil 980 pesos brutos.
El comisario de Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera, recibe 834 pesos menos que su predecesor José Ángel Campa Molina, quien cobraba 87 mil 814 pesos cada mes.
