Incluso el presidente del Poder Judicial del estado, Luis Carlos Vega Pámanes, admite que éste sufre serios problemas. Sin embargo, dos representantes de abogados señalan en sendas entrevistas que el estado de la justicia en la entidad va más allá: señalan que existen jueces corruptos y prepotentes, imposición de personal cercano a políticos y consejeros de la Judicatura, además de ceses injustificados de personal.
Las quejas contra jueces y funcionarios del Poder Judicial se incrementaron en el último cuatrimestre de 2016, a menos de cuatro meses de terminar el segundo periodo de la gestión de Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ) y a pesar de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (NSJPA) lleva cuatro meses de operar en el estado.
Juan Manuel Lepe, presidente del Colegio Libre de Abogados Tomás López Linares, y José Antonio Pérez Juárez, líder de Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, señalan que el nuevo esquema de juicios orales hace temblar la estructura de impartición de justicia, aunque oficialmente se dice que la entidad está entre los primeros cinco lugares en la promoción del NSJPA, cuando hace un año iba a la zaga.
A principios de agosto pasado, en una carta al gobernador Aristóteles Sandoval y con copia a Vega Pámanes, al fiscal general Eduardo Almaguer y al ómbusdman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, un grupo de personas que solicitan reservar su nombre por seguridad, exigen que se sancione a Alejandra Pimienta Encinas, responsable del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo, por haber dejado en libertad a un sujeto acusado de homicidio calificado.
Argumentan que Pimienta Encinas dejó libre a Juan Becerra Flores (averiguación previa 92/2001), a quien señalan de haber matado a su propio hermano. El homicida huyó a Estados Unidos, pero a inicios de 2016 la policía de ese país lo detuvo; de inmediato fue deportado y puesto a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zapotlanejo.
Según la queja citada, “la juez Alejandra Pimienta Encinas y el agente del Ministerio Público (no dan su nombre) dejaron en libertad a ese homicida el pasado 11 de julio”. Los quejosos señalan que la juez recibió 900 mil pesos a cambio de absolver al acusado, pese a que declararon contra él testigos directos de los hechos y existe un informe de la ahora desaparecida Policía Judicial.
Añaden que los 900 mil pesos del presunto soborno se compartieron con el agente del MP para evitar que apelara la sentencia. Quienes presentaron la queja indican que la declaración de los testigos fue cambiada por una versión donde se acusa de ese crimen a unos soldados.
En otro caso, Adolfo Flores Rodríguez, apoderado legal de la señora Luz María García Chávez, asegura en entrevista que la juez de Mazamitla Bertha Navarrete Ruiz y el particular Salvador Mata García despojaron a su cliente de la herencia que le dejó su tía Josefina García, quien falleció el 27 de noviembre de 2015.
El litigante destaca que ese legado consiste en dos casas y un terreno de 45 hectáreas en la localidad de Ojo de Agua, en La Manzanilla de la Paz, que valen más de 7 millones de pesos.
Una de las viviendas en disputa está en el número 17 de la calle Juárez, en el centro de Mazamitla; otra, en la calle José Santa Ana sin número, la cual Flores Rodríguez asegura que fue vendida en forma irregular a Arnaldo Mata Villa, sobrino de Mata García.
Aclara que las dos fincas están a nombre de terceras personas, uno de ellos es Delfino Rivera López, cuñado de Mata García y quien promovió un juicio intestamentario en el cual –en contubernio con la doctora Bertha Navarrete, a decir del entrevistado– fue nombrado albacea provisional.
El abogado Flores Rodríguez afirma que la juez resuelve los trámites que solicita Mata García en cuestión de minutos cuando es necesario.
“Salvador Mata omite decir que existen al menos 32 primos en igualdad de circunstancias que él para reclamar esa herencia; él tenía la obligación de manifestarlo al juez; y cuando no se hace así, el juez debe prevenir a la persona y no dar entrada a su solicitud, a fin de que el juzgado notifique a todos los posibles herederos para reclamar sus derechos.”
Señala que en el juicio se ha llegado al extremo de falsificar firmas de Mata García para defender sus intereses.
El pasado 8 de agosto Flores García interpuso una queja en contra de la juez Navarrete y de la secretario del juzgado, Hilda Socorro Pimienta, por las presuntas irregularidades que cometieron. Cuatro días después, el 12 de agosto, su queja fue aceptada en el pleno del CJ para su análisis, pero aún no se sabe si se sancionará a la juez.
Desde 1993 se interpuso una queja contra Navarrete cuando ella era titular del Juzgado Mixto de La Barca (expediente 346/93), y en consecuencia ella fue suspendida de sus funciones por 15 días.
“El juez agresor”
Recientemente se dio a conocer en YouTube un video en el que el juez de Control y Juicio Oral del Distrito 3 en Lagos de Moreno, Juan Carlos Ramírez Gloria, golpea a Amaury Muñoz Torres, el secretario de ese juzgado, hasta que dos trabajadores los separan.
El lunes 5 el CJ separó de sus cargos en forma temporal a los dos funcionarios, sin aclarar si iban a ser sancionados o únicamente amonestados.
Ramírez Gloria tiene antecedentes de malos tratos hacia sus subalternos, como puede verse en las redes sociales. Hijo del exintegrante del CJ Ramón Ramírez Hernández, titular del Juzgado Mixto en Cihuatlán y ligado al PAN.
Políticamente a Ramírez Gloria se le considera parte del equipo del senador panista José María Martínez y en 2012 fue aspirante a una diputación federal por el distrito 12, en Zapopan.
El abogado Juan Manuel Lepe ha comentado que anteriormente, el secretario del juzgado Muñoz Torres presentó una queja contra el juez ante el CJ, pdebido a los malos tratos con que suele conducirse Ramírez Gloria con su personal.
“El juez, un muchacho inexperto en el trato con el personal, debe su puesto al capricho político del exdirigente del PAN, Antonio Gloria, recordado por ser diputado local y luego secretario de Educación. El juez agresor (Ramírez Gloria), es sobrino de ese exdirigente del PAN. Ese juez cacheteó al secretario porque se enteró que éste había presentado queja en la Judicatura, aduciendo malos los tratos”.
En varios medios se difundió que el juez se molestó porque el secretario le agendó trabajo en días inhábiles. Sin embargo, fuentes del CJ niegan que existiera un conflicto previo entre ellos.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, opina: “No es sólo un incidente aislado; por desgracia exhibe la realidad de la justicia en Jalisco y es el vil reflejo de la injerencia de la clase política en la vida institucional del Poder Judicial”.
Para él, esa es la consecuencia de que se haya designado jueces orales a personas no aptas para el cargo y llegaron ahí porque “los dos funcionarios son panistas impuestos por el senador del PAN, José María Martínez”. Por ese motivo, agrega, ya es tiempo de promover la verdadera autonomía del Poder Judicial.
Rapiña con las plazas
Otro aspecto que el abogado Juan Manuel Lepe critica en el Poder Judicial son los despidos injustificados de personal de confianza, como los que ocurren en el CJ, donde a su juicio la élite burocrática pretende “liberar” plazas para dárselas a novias, amigos, parientes y recomendados de los nuevos consejeros de ese órgano colegiado. Para conseguirlo, dice, han cesado a empleados con tres o más años de antigüedad acusándolos de ser “aviadores”.
Desde finales de agosto pasado, decenas de trabajadores han denunciado en el CJ que son hostigados y presionados para obligarlos a renunciar. Los afectados dicen que una de las responsables de esas maniobras es la consejera Irma Leticia Leal, exrectora del Centro Universitario de Los Altos, con sede en Tepatitlán de Morelos.
El litigante Lepe explica que la “principal cualidad” de Leal es que pertenece al grupo político del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, pues la consejera “carece del conocimiento necesario” para entender el trabajo de la Judicatura.
Incluso cuestiona su experiencia: “Sé quiénes son el 99.9% de los litigantes y a ella no la reconozco, y se lo digo como presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco Tomás López Linares: no se le conoce como una profesionista que haya litigado”.
Según testimonios recabados por este semanario, desde el 31 de agosto se retienen los cheques a los trabajadores que se han negado a presentar sus renuncias como se les pide. Incluso, una empleada enferma se enteró de que estaba cesada cuando fue a su trabajo a presentar el documento de la incapacidad.
El malestar por esta medida pudo provocar un paro sindical en el Poder Judicial al inicio de septiembre. Sin embargo, algunos afectados optaron por interponer quejas por hostigamiento y violación a sus derechos laborales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que no ha fijado su postura al respecto.
En su intento de aclarar su situación laboral, algunos empleados averiguaron que desde el abril pasado la Judicatura dejó de pagar cuotas al IMSS, aunque sus contratos tienen vigencia hasta diciembre.
Al respecto, el penalista Lepe advierte que la retención de sueldos a trabajadores del Poder Judicial para obligarlos a renunciar contraviene la legislación federal en materia laboral. Para él, esta es una actitud perversa contra los trabajadores:
“Eso no es normal ni legal. La Ley Federal del Trabajo sanciona con multa e incluso con privación de su libertad al patrón que retiene el salario a su trabajador o le hace descuentos injustos e ilegales. Ordena que se les debe de pagar a las personas que realizan labores intelectuales o de oficina cada quincena, y a los que realizan labores físicas cada ocho días y de preferencia los sábados. Por analogía eso es aplicable a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.”
Enseguida enumera exdiputados panistas y sus parientes que viven cobijados en el CJ con sueldos que rondan desde 15 mil hasta 100 mil pesos mensuales, como lo dio a conocer el diario Mural el pasado lunes 5.
Cita el caso de Irvin Ávila Trujillo, director de Responsabilidades y excandidato a la dirigencia panista en Guadalajara: “Según leí, tiene un sueldo de 100 mil pesos”.
Los otros casos que se dieron a conocer fueron los de la exdiputada local Verónica Rizo López, directora de Formación y Actualización del Poder Judicial, quien gana 100 mil pesos al mes; su hermano Alfredo, juez de Control y Juicio Oral en Tepatitlán, con un sueldo de 92 mil pesos; el exdiputado Jaime Díaz Brambila, director del Instituto Jurídico, también con una percepción de 100 mil pesos y su hermana Georgina Díaz, quien gana 15 mil pesos en su puesto de atención al público en el Juzgado de Control de Juicio Oral en Autlán.
El abogado penalista entrevistado considera que el CJ, que actualmente controla todo el presupuesto del STJ, debe desaparecer.
Incluso el presidente del STJ y el CJ, Luis Carlos Vega Pámanes, reconoce en entrevista con Proceso Jalisco que la politización de la vida interna en los órganos de administración de justicia afecta el sano desarrollo de la institución.
Sostiene que en el tiempo que ha encabezado el Poder Judicial, al menos 10 de los 180 jueces han sido retirados del cargo y otros cuatro fueron sancionados o amonestados. Indica que uno de los objetivos de su administración es promover la aprobación de la reforma judicial que permita integrar el CJ con un magistrado presidente, un magistrado consejero, un juez consejero y dos consejeros ciudadanos.
Actualmente, ese órgano colegiado es conformado por tres consejeros ciudadanos, quienes a decir de Vega Pámanes decidían sobre el presupuesto y los proyectos.
Sin embargo, él también afirma que Jalisco es una de las cinco primeras entidades en la aplicación del sistema de juicios orales, lo que reduce el tiempo de resolución de entre cuatro y cinco años, como era antes, a un lapso de dos a tres meses.
En cuanto a las recientes quejas contra los jueces mencionados, el magistrado presidente del STJ señala que se estudiará cada caso en el pleno del CJ.
