Durante su gestión, iniciada el 1 de octubre de 2015, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, ha tolerado el funcionamiento de 36 “estéticas masculinas” que en realidad son prostíbulos disfrazados, según se desprende de una investigación realizada por los reporteros. El oficio DTB/1033/2016 de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, por ejemplo, indica que esos negocios están en las colonias Americana, Arcos Vallarta y Ladrón de Guevara y, aunque operan fuera de la ley, el ayuntamiento tapatío no los clausura.
En Guadalajara hay por lo menos 36 prostíbulos disfrazados de estéticas masculinas; y aunque funcionan de manera ilegal, son tolerados por el ayuntamiento encabezado por el emecista Enrique Alfaro Ramírez.
Todos ofrecen servicios diversos al gusto de los clientes, como masajes, sauna, jacuzzi, cortes de cabello, felaciones y sexo seguro con dos mujeres de manera simultánea. Las tarifas van de los 400 pesos a los 26 mil, como se lee en las tarjetas de presentación y los periódicos que los propietarios hacen circular por las avenidas de la capital tapatía y por internet, según comprobó Proceso Jalisco.
La fachada de uno de los establecimientos ilegales tiene la imagen de una mujer en lencería. Un hombre robusto recibe a los clientes y les muestra el catálogo y las promociones. Dentro, está un sillón de peluquero, arrumbado, y la computadora donde tiene toda la información, además de las cámaras para monitorear las habitaciones.
Cuando llega un cliente, el sujeto toca un timbre y aparecen de inmediato cuatro mujeres maquilladas. Visten minifalda y saludan de beso al visitante; luego regresan a sus cuartos. Así opera la mayoría de las estéticas masculinas, una categoría no incluida en el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del ayuntamiento tapatío.
De 2009 a la fecha las autoridades otorgaron 2 mil 571 permisos para la operación de negocios de ese tipo, algunos de los cuales aún están vigentes. Hoy, según los datos oficiales, 101 funcionan como clínicas de belleza, 12 son baños públicos, 835 son salas o salones de belleza y 11 centros de masajes; uno de ellos está catalogado como “estética masculina de belleza” y es, a todas luces, ilegal.
Y aun cuando en su artículo 28 el reglamento prohíbe ejercer la prostitución en ese tipo de estéticas, muchas no acatan la restricción, pero la administración de Alfaro Ramírez no hace nada por clausurarlas.
En febrero de 2014, durante la gestión de Ramiro Hernández García, el regidor priista César Ruvalcaba promovió una iniciativa de ley contra el lenocinio y la trata de personas en la cual proponía a Protección Civil y al área de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento tapatío hacer cumplir la norma a todos los establecimientos.
Según Ruvalcaba, tras la revisión de 236 establecimientos con licencia de los giros mencionados, por lo menos una decena de ellos fue clausurada. Sin embargo, las inspecciones se suspendieron.
Hoy, según el oficio DTB/1033/2016 de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, sólo están registradas 36 estéticas masculinas: 10 como clínicas de belleza, dos más como clínicas de belleza y estética y otro par como salones de belleza, mientras las otras 22 operan de manera ilegal. La mayoría se ubica en las colonias Americana, Arcos Vallarta y Ladrón de Guevara.
El recorrido
Los reporteros visitaron varias de esas estéticas. En una de ellas, trabajadoras sexuales esperan a los clientes en un pasillo, mientras los dos encargados del negocio platican dentro del establecimiento para matar el tiempo. Cuando entra alguien, se quedan callados y luego le preguntan: ¿qué se le ofrece?
Al oír las voces aparece una mujer robusta de pelo rubio, se dirige al visitante y le dice en tono airado: Aquí el negocio es con nosotras… Luego empieza a presentar a sus cinco chicas y habla a los clientes sobre las tarifas –350 pesos por encerrarse con una de ellas; si quiere hacerlo con dos al mismo tiempo el costo se duplica– y de los servicios, que incluyen sauna y vapor.
“También hay servicio para mujeres”, dice, lo que provoca la risa de los encargados y de las sexoservidoras.
Otro de los establecimientos visitados semeja un motel. Su fachada es blanca y está cubierta de polvo. La puerta principal está cerrada con un cancel del mismo color, por lo que el ingreso al inmueble es por el costado donde está el estacionamiento. Quienes se atreven a entrar, así como los clientes habituales son recibidos por chicas coquetas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 30 años.
En ese lugar, donde trabajan 19 sexoservidoras, cada encuentro cuesta mil 200 pesos, e incluye masaje y sexo seguro. También se ofrecen paquetes para despedidas de soltero –que incluyen seis chicas y alcohol– por 26 mil pesos, lo cual viola el artículo 29 numeral 2 del reglamento, según el cual “está estrictamente prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas (dentro de salas de masaje y estéticas)”.
Y aunque el encargado se jacta de tener “buena mercancía”, el área habilitada como cocina está descuidada. Eso sí, el lugar cuenta con una pequeña oficina para monitorear el entorno, incluidas las habitaciones. Todo está controlado por el encargado “para evitar –dice– que alguna de las chicas negocie por su cuenta”.
Este negocio no aparece en la lista de clínicas de belleza, estéticas, salas de masaje o sauna con licencia vigente.
Los reporteros entrevistaron a Juan “N”, un viejo trabajador en varias estéticas masculinas. En los noventa él laboraba en una llamada Taus –ya desaparecida–, donde era recepcionista y se encargaba de dar información a los clientes y supervisar a 22 sexoservidoras.
“Todas las habitaciones de la casa tenían puertas con mirillas –relata–. Cada que entraba una trabajadora con un cliente, yo me asomaba para ver qué tipo de servicio estaba dando y así organizar las comisiones de las trabajadoras.”
La estética Taus anunciaba masajes y cortes de cabello… pero ahí nunca se le cortó el cabello a nadie; sólo le daban “masajes relajantes con final feliz”, relata Juan.
Las trabajadoras no tenían prestaciones, sueldos ni horarios fijos; además, la rotación de personal era constante. El dueño llegó a tener tres estéticas de manera simultánea. Cuando alguna era clausurada, las trabajadoras eran enviadas a las otras. Al final fueron clausuradas porque el dueño olvidó pagar la licencia, no por la prostitución clandestina que en ellas se ejercía.
Cuando trabajó ahí, asegura, hubo dos asaltos. Los agresores entraron armados, obligaban a los empleados a desnudarse y los encerraban en los baños, mientras abusaban de las sexoservidoras. Luego huían con el dinero recaudado.
Algunas de las afectadas dijeron que sus violadores eran policías judiciales, los mismos encargados de investigar delitos federales como tráfico de armas, delincuencia organizada y tráfico de personas.
Vacíos legales
La abogada Alejandra Cartagena, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), denuncia que el gobierno mexicano, a pesar de haber firmado tratados y convenios internacionales en materia de comercio sexual, no tiene una labor comprometida de investigación y prevención.
En su artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos define la trata de personas: [es] “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”.
Especialista en temas de trata de personas, Cartagena sostiene que ese delito es el tercer negocio más lucrativo del mundo. Y aunque el gobierno sabe de esos negocios, que trabajan fuera de la ley, no hace nada por clausurarlos.
El convenio para la Represión de Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena –al que México se adhirió en febrero de 1956– propone, en su artículo 20, tomar medidas para impedir que quienes buscan trabajo recurran a la prostitución.
Y en el 16 señala: “Las partes firmantes en el presente convenio se comprometen a tomar medidas para rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución…”.
Según Cartagena, para las mujeres que se engancharon en ese círculo es difícil salir de él. Quienes lo intentan, dice, deben enfrentar innumerables obstáculos, sobre todo a quienes las regentan, pues les producen ganancias y son renuentes a dejarlas ir. En este caso no sirven los rescates, pues el gobierno tiende a criminalizar a las víctimas, agrega la abogada.
Otro problema de las estéticas masculinas es el de la publicidad ilícita o engañosa. Aunque la Ley General de Trata menciona en varios de sus artículos sobre la vigilancia y el monitoreo permanente de los anuncios clasificados, las estéticas no se ciñen a la norma. Por lo general las mujeres se publicitan por medio de carteras y portafolios, en los cuales aparecen las fotografías de modelos semidesnudas en posiciones provocativas.
En una cartera, por ejemplo, se observa a una mujer de rodillas y cubierta sólo por una tanga. Sus manos ocultan sus pezones y a su lado aparece un letrero con la siguiente leyenda: “Sauna y jacuzzi. Varias chicas a tu servicio para complacerte”; otras modelos aparecen en lencería con el letrero de “foto real”; también hay sitios de “asesoría jurídica” o “reparación de celulares” que en realidad ofrecen sexo oral y doble penetración.
En el país no existe ninguna disposición legal o reglamento para las sexoservidoras, con excepción de la Ley General de Trata, que casi nunca se cumple. Cartagena considera que, aun cuando eso no es lo mejor –pues la prostitución es un acto de violencia, un ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres–, legalizarla no necesariamente mejoraría la situación de quienes la ejercen.
Legalizar la prostitución, insiste la representante del Cladem, sólo haría pagar impuestos a quienes la ejercen, pero no terminaría con la violencia, ni ellas tendrían mejores condiciones laborales.
“Es prostitución y dentro de esta existe una violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres. Unas quieren que se legalice y otras que no”, menciona la abogada. “Hay un estigma social que no va a cambiar –dice–. ¿Qué vamos a legalizar? ¿El abuso? Para disminuir la violencia, es necesario tener una sociedad que elimine los estereotipos, las relaciones de poder.”
Sin conocimiento, sin operativos
María Antonia Chávez, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, comenta al respecto: “Algunos estudios han demostrado que aun cuando se da la normatividad, no disminuye la violencia a las mujeres en este tipo de comercio, se sigue violentando el derecho de la mujer”.
La regulación de esta actividad, según Chávez, no asegura que las féminas tengan mejor calidad de vida, sino que simplemente el gobierno se asume como uno de los proxenetas más porque es él el que cobra una parte proporcional para que las mujeres sigan prostituyéndose.
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, una organización civil integrada por trabajadoras sexuales, transgénero, sobrevivientes de trata de personas y otras mujeres solidarias, sostiene que en México se maneja un discurso según el cual el comercio sexual es un paso previo a la trata y toda actividad sexual mediada por dinero es violencia hacia las mujeres.
Según los integrantes de esa organización eso es falso tanto a nivel empírico como conceptual. Es inapropiado confundir el comercio sexual y la trata porque difieren sustancialmente: el comercio sexual implica un tipo de trabajo, reconocido legalmente, mientras que la trata es un grave atentado contra la libertad y está tipificado como delito.
El artículo 1 de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata sostiene que “el estado está obligado a proteger, apoyar, atender y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de trata de personas, con la finalidad de garantizar el respeto a su dignidad, su libertad, el desarrollo de la personalidad, la seguridad y fortalecimiento de sus capacidades, así como promover la cultura de la prevención, el estudio, la investigación y el diagnóstico respecto de los delitos de trata de personas”.
En 2013 y 2014 la Fiscalía General del Estado de Jalisco realizó seis averiguaciones previas sobre el delito de la trata de personas en la entidad (EXP.ADMVO.INT.LTAIPJ/FG/505/2016). Estas incluían las modalidades de explotación laboral, trabajo forzado, explotación sexual, matrimonio servil o forzado, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Tres de las investigaciones fueron en Guadalajara y ninguna implicó a las estéticas masculinas. En 2015 y lo que va de 2016 la dependencia no ha realizado ninguna.
Durante esos operativos fueron rescatadas 11 personas, en su mayoría mujeres. Las edades de cuatro de ellas oscilaban entre los 10 y 17 años, cinco más tenían entre 18 y 30 años.
Jesús Octavio Sánchez Rocha, capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ha dado cursos a la fiscalía sobre cómo identificar la trata de personas.
“Yo le preguntaba al personal de la fiscalía en diciembre de 2015 cuántos casos de trata de personas conocen, han visto o llevan a cabo… Simplemente no hay. ¡Es increíble! La autoridad competente para atender esos asuntos dice que no existe ninguno”, comenta Sánchez Rocha.
Chávez agrega que aun cuando la fiscalía tuvo un área de trata, ésta no realizó ninguna acción contundente.
El pasado 1 de agosto, con motivo del Día Internacional Contra la Trata de Personas, las autoridades estatales anunciaron que se creará un área especializada para la atención de las víctimas de ese delito a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que preside Dante Jaime Haro Reyes. El propósito es implementar un protocolo nacional para unificar criterios y atender el problema.
