La Secretaría de Hacienda y Crédito Público violó un mandato del INAI que le ordenaba entregar información sobre los contratos de deuda pública de estados y municipios con el Grupo Interacciones y Banorte, dos de las instituciones de crédito que más asesoran y reestructuran ese tipo de pasivos. La primera la preside Carlos Hank Rhon y la segunda su hijo Carlos Hank González.
La élite mexiquense posicionada en el sector hacendario y los servicios financieros asestó un nuevo golpe a la transparencia luego de que, con acciones ilegales y un posible conflicto de interés, facilitó que estados y municipios ocultaran la deuda contraída con el Grupo Financiero Banorte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ilegalmente pidió autorización a Banorte para entregar copia de 84 contratos de créditos contraídos por dichos gobiernos locales en respuesta a una solicitud de acceso a la información. En términos prácticos, puede decirse que la dependencia encabezada por Luis Videgaray le dio el “pitazo” al banco.
Banorte es la segunda institución crediticia con más gobiernos en su cartera de clientes. La preside el magnate Carlos Hank González, nieto de dos empresarios que se enriquecieron al amparo del sistema priista: su homónimo abuelo paterno, a quien se identificó siempre como cabeza del Grupo Atlacomulco, y el materno, Roberto González Barrera, conocido como El Maseco en alusión al monopolio harinero que catapultó su riqueza.
El presidente de Banorte es hijo de Carlos Hank Rhon, quien preside el Grupo Financiero Interacciones. De acuerdo con los indicadores financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, Interacciones es el tercer prestamista del sector gobierno al concentrar 12% del mercado, sólo superado por Banorte (que acapara 24%) y BBVA Bancomer (con 26%). Sin embargo, como familia, los Hank concentran 36% de la deuda de estados y municipios, también conocida como subnacional.
Desde finales de 2014 Proceso ha intentado documentar, mediante solicitudes de información a dependencias y entidades gubernamentales, los alcances de la deuda contraída por los gobiernos con los dos bancos. Pero éstos consiguieron amparos para evitar que la información se haga pública.
Interacciones y Banorte alegan que los datos solicitados son confidenciales y con la complacencia de jueces y magistrados han demorado el acceso a la información sin que el Poder Judicial federal establezca un criterio definitivo sobre el carácter público o confidencial de los contratos de deuda gubernamental.
Los amparos de Interacciones se promovieron hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió resoluciones que instruían a la SHCP y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a entregar la información solicitada.
En cuanto a Banorte, el pasado 15 de febrero la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP informó a ese banco, a través del oficio 351-A-EOS-318-D, que se había presentado una solicitud de información sobre dichos contratos y le pidió autorización para entregarlos. Se refería al recurso de petición 0000600059316, realizada por este reportero ante el INAI el pasado 26 de enero.
Invocando el oficio de la UCEF, Banorte tramitó un amparo (expediente 459/16) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Si bien dicha instancia sobreseyó el asunto, éste se encuentra en revisión ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El INAI confirmó la reserva de los contratos porque el sobreseimiento está en revisión, pero considera que la emisión del mencionado oficio por Hacienda es ilegal, pues no existe disposición que autorice a la UCEF a informar a un tercero, como Banorte, sobre una solicitud de información. Por ese motivo el instituto ya dio vista al Órgano Interno de Control de la SHCP, que deberá abrir un expediente al respecto, de acuerdo con la resolución RDA 299/16, notificada el pasado martes 9.
Intereses en conflicto
Desde que fue propuesta ante el Senado de la República para ocupar la titularidad de la UCEF en enero de 2013, Marcela Andrade Martínez fue señalada por un posible conflicto de intereses.
Contadora pública con maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Andrade Martínez sustituyó en 2007 a Luis Videgaray como responsable del área de finanzas públicas en Protego Evercore, empresa de consultoría financiera creada por el exsecretario de Hacienda salinista Pedro Aspe Armella y conocida por asesorar y reestructurar las deudas de estados y municipios.
En esa empresa Videgaray operó la reestructuración de la deuda del Estado de México en los primeros meses de gobierno de Enrique Peña Nieto. Después se incorporó al gabinete estatal hasta convertirse en uno de los colaboradores más cercanos del entonces gobernador (Proceso 1958).
Fue entonces cuando Andrade Martínez asumió el cargo en Evercore y se mantuvo en él hasta noviembre de 2012, como se observa en el currículum que la contadora exhibe en Declaranet, la plataforma gubernamental que transparenta diversos aspectos de los servidores públicos. Ahí la titular de la UCEF asentó que no estaba de acuerdo en hacer público ese dato.
No obstante, en el comunicado de prensa emitido por la SHCP el 11 de febrero de 2013 para informar del nombramiento de Andrade Martínez como titular de la UCEF, se detalló:
“Fue subdirectora de Finanzas Públicas en Evercore Partners y directora de Finanzas Públicas y Directora Asociada de Financiamiento Estructurado en Fitch México, donde acumuló amplia experiencia en mejora de la gestión del ingreso y gasto público y estructuración de financiamientos bancarios y bursátiles de estados y municipios.”
En Declaranet la funcionaria informó que en Evercore permaneció de mayo de 2007 a noviembre de 2012. La solicitud de información que el reportero presentó en enero abarcaba los contratos celebrados con Banorte desde 2006, es decir, un período de 10 años, durante cinco de los cuales Andrade Martínez asesoró la contratación y reestructuración de deudas.
Hacienda, bancos y jueces,
contra la transparencia
El 6 de noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto acudió a un acto del Grupo Financiero Interacciones, que tiene como clientes exclusivamente a gobiernos. Ahí Carlos Hank Rhon, que empezaba a despuntar en la lista global de millonarios de la revista Forbes, se pronunció por que se incrementara el crédito a estados y municipios. Por lo pronto advirtió:
“En los últimos 10 años Interacciones ha incrementado en 17 veces la cartera de crédito otorgada a entidades federativas y municipios, sumando un total de 61 mil millones de pesos. Y hace unos días anunciamos un ambicioso programa para duplicar esta cifra en los próximos tres años.”
A partir de esa declaración el reportero solicitó copias de los contratos de deuda a la SHCP, que entregó información incompleta, y a la CNBV, que reservó la información. Por lo tanto, el solicitante presentó sendos recursos de revisión ante el INAI, que le dio la razón. El Grupo Interacciones se amparó.
Meses después Carlos Hank González fue nombrado presidente y director general de Grupo Financiero Banorte, con lo que el apellido Hank de él y su padre predomina en la deuda subnacional.
El pasado 26 de enero se realizó la solicitud de información a la SHCP para conocer los contratos de deuda; para el 15 de febrero Banorte ya se había enterado de la solicitud por el oficio de la UCEF y demandó el amparo el 22 del mismo mes.
Apenas Banorte consiguió la suspensión provisional, el 2 de marzo la SHCP notificó que declaraba la información reservada porque existía un amparo. Según la ley, si no tenía argumentos para reservar lo solicitado, tuvo que entregarlo. En vez de eso pidió la autorización de la empresa y, después de que ésta consiguió la suspensión, Hacienda reservó la información.
Incluso al emitir su respuesta a la solicitud la SHCP mantuvo su opacidad. Sólo mencionó que había una suspensión provisional que le hacía imposible entregar copia de los contratos. En el recurso de revisión ante el INAI, el reportero señaló como agravio que la dependencia federal ni siquiera dio cuenta de qué amparo se trataba.
Hacienda fue más lejos. El expediente RDA 299/16 fue turnado a la ponencia del comisionado del INAI Óscar Mauricio Guerra Ford, quien para allegarse información pidió a la SHCP que le entregara documentación sobre el amparo, pero la dependencia se negó: alegó que el INAI era autoridad responsable en el juicio de amparo promovido por Banorte.
Es decir, Hacienda le respondió al INAI que buscara el amparo por sí mismo. Hasta mayo los funcionarios de Videgaray intentaron ocultar, incluso al INAI, que ese amparo se promovió porque ellos le avisaron a Banorte.
El recurso de revisión en el INAI corría al mismo tiempo que el juicio de amparo. El 28 de abril, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa resolvió el sobreseimiento del asunto por considerar que no se había causado ningún perjuicio a Banorte. Éste se inconformó y tramitó la revisión del sobreseimiento a mediados de mayo.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro sobreseyó el caso porque Banorte reclamó una inminente violación al secreto bancario, lo que para el juez era improcedente, pues dicho secreto es responsabilidad del banco frente a sus clientes.
No obstante, Gómez Fierro argumentó que el daño no se actualizaba porque la SHCP, a través de la UCEF, le había notificado antes de actuar.
Gómez Fierro ha contribuido persistentemente a la opacidad de los bancos. El pasado 1 de junio el INAI se vio obligado por el juzgador a admitir actuaciones de Interacciones al reponer la sustanciación del expediente RDA 5415/14, que trata sobre contratos de deuda con gobiernos municipales y estatales.
En ese caso, a través del abogado Luis Miguel Cano, este reportero ha solicitado que los jueces se pronuncien sobre la confidencialidad o publicidad de la información, pero hasta ahora sólo han dictado resoluciones de forma que han permitido a Interacciones evitar por casi dos años el acceso a los contratos de deuda.
Con ello, los actuales mecanismos de transparencia han resultado insuficientes para saber cuánto le debe el gobierno a los bancos que dirige la familia Hank. (Con información de Areli Villalobos.)
