Las últimas semanas han sido de vértigo para el gobernador Javier Duarte. El jueves 4 removió al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien según el propio mandatario era “inamovible”. Pero, lejos de atender los reclamos de sus proveedores o justificar los pasivos de su gobierno, Duarte está obsesionado en su guerra contra Miguel Ángel Yunes Linares.
XALAPA, VER.– El gobierno de Javier Duarte sigue en caída libre. El jueves 4, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, renunció luego de que fueron exhibidas sus cinco residencias de The Woodlands, valuadas en 2.4 millones de dólares.
Tres semanas antes, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que Bermúdez, “el inmovible”, era un próspero empresario hotelero y poseía un corporativo de seguridad privada.
Varios excolaboradores de Duarte –quien dejará el poder a Yunes el 30 de noviembre inmerso en el escándalo– decidieron ampararse para evitar ser detenidos por las autoridades federales.
El exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz, actual delegado federal del Banco Nacional de Obras; el exsubsecretario de Sefiplan Gabriel Deantes Ramos, hasta hace unos días secretario del Trabajo y Previsión Social, y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron los amparos ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tomas Ruiz González, extitular de Sefiplan, también lo hizo pero recurrió a la Ley de Protección de Datos Personales para evitar ser exhibido en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal o en los estrados del inmueble judicial, según comprobó el reportero.
El mismo jueves 4, el excontralor general Iván López acudió a declarar a la delegación de la PGR en Veracruz. Abordado por los reporteros, respondió atropelladamente que en el gobierno de Duarte hubo una “simulación de responsabilidades administrativas”.
Días antes, el lunes 1, cuando interpuso una denuncia contra Yunes Linares por presunto enriquecimiento ilícito, López declaró: “Apenas en abril pasado la ASF (Auditoría Superior de la Federación) hizo público, a propósito de la Cuenta Pública Consolidada 2014, que el gobierno de Duarte acumuló desvíos presupuestales por más de 35 mil millones de pesos de 2011 a 2014.
“Tan sólo en el último informe los funcionarios priistas de Veracruz fueron incapaces de solventar más de 14 mil millones de pesos. En ese lapso, el jurídico del ente fiscalizador federal ha presentado 28 denuncias por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.”
Y agregó que los exfuncionarios “están en todo su derecho de ampararse. Yo meto las manos al fuego sólo por Javier Duarte y mi familia”.
Una renuncia obligada
Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana, señala que de 2010 a 2014 la administración de Duarte recibió recursos federales por 43 mil 554 millones de pesos que debió invertir en programas de educación, salud, seguridad y desarrollo social, pero no lo hizo.
Según el académico, el sector más perjudicado fue el educativo, donde hubo un faltante de 20 mil 579 millones de pesos; en el rubro de desarrollo social dejaron de aplicarse 11 mil 30 millones; en el de salud, los faltantes ascendieron a 10 mil 622, y en seguridad pública fueron de mil 323 millones.
La remoción del Capitán Tormenta puso a temblar a funcionarios del primer círculo duartista. Un exsecretario de Gobierno recuerda una reunión privada en Casa de Veracruz de enero de 2014, donde el mandatario soltó: “Bermúdez es inamovible. Si se va él, me voy yo”.
Tras la renuncia obligada de Bermúdez, en las redes sociales proliferaron los memes relacionados con el funcionario defenestrado y con las declaraciones recientes de Duarte –“sólo falta que me investiguen los extraterrestres”, dijo–, y se quejó de “linchamiento político y mediático”.
–¿Quién será el próximo en renunciar? –pregunta el reportero a un funcionario duartista.
–No dude que sea el titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín. El ambiente es muy denso ahí.
El mes pasado la Gaceta Oficial del Estado publicó un acuerdo según el cual los titulares de las 19 dependencias del Gabinete Legal y Ampliado rubricaron una responsiva para hacerse cargo de sus respectivos pasivos. Según el Anexo I, filtrado desde el Órgano de Fiscalización, los pasivos del gobierno de Duarte con contratistas, proveedores, particulares y terceros institucionales rebasan los 13 mil millones de pesos.
El 21 de julio, con el respaldo de 29 de los 50 diputados, Duarte logró que el Legislativo le aprobara “afectar” el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal –constituido para generar obra pública– para el pago de adeudos en favor de proveedores y contratistas, con lo cual se comprometieron las finanzas de Veracruz para los próximos cinco años. Eso representa 22 veces el presupuesto anual del Legislativo y ocho veces la Ley de Ingresos del Poder Judicial.
Justificaciones y exabruptos
El gobernador Javier Duarte intentó justificar la remoción del inamovible Capitán Tormenta: “Arturo Bermúdez renunció por un caso de un tema patrimonial, no por un tema relativo a lo que es su responsabilidad en materia de seguridad pública. Él está en todo su derecho de defenderse y demostrar la legitimidad de su patrimonio”.
Bermúdez Zurita carga con la desaparición forzada y posterior asesinato del cantante Gibrán Martiz y del menor Sergio Luis Hernández. En enero de 2014 ambos fueron sustraídos de su departamento por policías estatales; días después aparecieron sus cadáveres en el interior de un auto conducido por un comando armado. Mostraban huellas de tortura y tenían el tiro de gracia.
El padre de Gibrán, Efraín Martiz, quien es médico, emprendió las investigaciones por su cuenta. Documentó que el GPS del cantante siempre tuvo como coordenadas la Academia de Policía El Lencero y una residencia en Las Ánimas, cerca de la residencia de Bermúdez (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z).
Un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación CNDH/1/2014/353/Q en la cual exigió al gobierno de Duarte una “indemnización” a los familiares de Gibrán y reparación del daño.
Los policías subordinados a Bermúdez estuvieron involucrados en la desaparición de más de una decena de jóvenes: Yureny Hernández, Adriana Ceballos, Mayra Salas, Nancy Hernández, Luz Landa, Laura Hernández, Rocío Vázquez, María Landa, Berenice Guevara, Yetsil Amores, Roxana Retureta, Nayeli Saldaña, Luisa Quintana y Alberto Estrada la noche del 30 de noviembre de 2011 en Xalapa (AP/PGR/SDHPDSC/M8/119/2013).
De acuerdo con las indagatorias, los adolescentes “se esfumaron” de dos discotecas en la capital del estado; no obstante, las diligencias ministeriales destacan que se les vio por última vez en una fiesta en el municipio vecino de Actopan.
Carlos Saldaña, padre de Nayeli, comentó que el auto de su hija, un Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, apareció en manos de policías estatales. Las investigaciones se estancaron.
La Fiscalía General del Estado tiene registradas 950 desapariciones durante la gestión de Duarte. De ellas, 690 son jóvenes de entre 17 y 29 años. A su vez, la Procuraduría General de la República asegura que 17% de las desapariciones forzadas del país ocurrieron en Veracruz.
Bermúdez siempre se mostró prepotente ante los reporteros, la clase empresarial y los diputados. Se recuerda el exabrupto que circuló en las redes sociales, cuando pidió “invertir en un candado, en una alarma barata o en tener hasta un perro (para) acreditar la seguridad en la casa”.
Otro fue ante diputados locales, cuando admitió la colusión de la policía de Xalapa con la delincuencia: “Los integrantes de la extinta policía intermunicipal –dijo– eran delincuentes con uniforme. Hoy siguen delinquiendo, pero ya sin costo al erario”.
El más reciente data de noviembre de 2015 y también ocurrió en el Congreso local. Ese día, Bermúdez respondió a un diputado de la oposición sobre la percepción generalizada de la violencia: “Los periódicos ocasionan el sensacionalismo, pues tienden al amarillismo y les gusta vender sangre. No lo digo yo. Lo dicen los directores de los medios de comunicación que son mis amigos”.
Derroches y adeudos
En lo económico, el gasto de 393 millones 23 mil 483 pesos en el parque vehicular también generó polémica. Según la solicitud de transparencia SSP/UAI/597/2015 obtenida por el reportero, la dependencia que encabezó Bermúdez debe casi 200 millones de pesos de resarcimiento, según detectó la ASF en su Cuenta Pública Consolidada 2014 y con observaciones similares en 2011 y 2012.
La ASF encontró un presunto daño patrimonial por 98 millones 160 mil 600 pesos del subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.
La auditoría destaca el impago de 50 millones a acreedores que dotaron del parque vehicular a la corporación policiaca, razón por la que los distribuidores de automóviles de Veracruz publicaron varios desplegados en periódicos locales para quejarse de que el gobierno estatal no había liquidado decenas de camionetas que compró para seguridad.
En el ejercicio federal 2010 y 2011, la ASF señaló que la SSP tampoco pudo solventar cerca de 100 millones de pesos. Además, la dependencia debe mil 615 millones a más de 315 proveedores (anexo 1 de cuentas por pagar).
Destaca también un pasivo de 196 millones 234 mil pesos a Abastecedora de Víveres; 22 millones 225 mil a la empresa Cassidian México; 18 millones 417 mil al Centro de Investigación en Seguridad, y 27 millones 717 mil a Comercializadora Palveg.
Tras separarse del cargo, Bermúdez escribió en su cuenta de Twitter: “Todos mis bienes son producto del trabajo como funcionario, ingresos fuera del gobierno y a través de créditos; he actuado conforme a la ley”.
A tres meses y tres semanas de que concluya el sexenio, las 19 dependencias del gabinete de Duarte tienen adeudos con proveedores, contratistas, terceros institucionales y medios de comunicación.
En el listado de cuentas por pagar, la Secretaría de Agricultura debe 246 millones 794 mil pesos a proveedores. Varios de esos millones son pasivos adscritos a otra dependencia estatal, el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, que apoyó a diversos productores para el establecimiento de técnicas de cultivo. En las deudas que acumuló el agro veracruzano, Agricultura debe cientos de miles de pesos por concepto de irrigación.
La Secretaría de Turismo y Cultura presenta pasivos por 75 millones 122 mil pesos, destacando una deuda de 1 millón 740 mil pesos a TV Azteca, así como una millonaria lista de pasivos a particulares, como 4 millones 640 mil pesos a Ricardo Iván Barranco Pulido; 3 millones de pesos a Agustín Sierra Aguilar; 14 millones 250 mil pesos a José Ascensión Cruz Guadalupe, y 5 millones 800 mil pesos a Irene Patricia Vázquez Moctezuma, entre otros.
La Secretaría Particular del gobierno de Duarte concentra un adeudo por 5 millones 923 mil 815 pesos a proveedores, mientras que la Oficina de Programas de Gobierno tiene pasivos por 857 mil pesos. Y hasta la representación estatal en la Ciudad de México del gobierno de la entidad debe 709 mil pesos.
La deuda con medios de comunicación asciende a 400 millones 146 mil pesos: 14 millones 790 mil a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil al Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía periodística El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a Consulver Veracruz, 27 millones al periódico AZ, 25 millones a La Voz del Istmo, y 20 millones 592 mil a Eureka Estrategia y Comunicación.
La Coordinación General de Comunicación Social también debe a particulares, como Martín Mendiola Yépez y Froylán Flores. La oficina de prensa de Duarte acumula pasivos por 9 millones de pesos, mientras que a Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil; a El Universal, 3 millones 800 mil; a Excélsior, 4 millones; al semanario El Mercurio, 600 mil pesos, y al columnista Manuel Rossete Chávez otros 400 mil.
Sin embargo, la última semana Duarte optó por denostar a Yunes Linares, a quien llamó ratero, delincuente y nopal, “por baboso”; también lo acusó de tener muchas propiedades y de tlacuache, pues, dijo, “se hace el muerto para que no lo maten”.
