Los escándalos que provocan los intentos de los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por blindarse jurídicamente contra demandas posteriores a su mandato tienen un profundo alcance económico. Conscientes del tamaño del boquete que dejaron en las finanzas de sus entidades y del abultado porcentaje que alimentó la corrupción, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte intentaron ocultar parte de la deuda en los registros de Hacienda. Se informe o no de los montos desviados, bursatilizados y robados, esos enormes adeudos son un peligro para esas entidades y para el presupuesto federal.
Un manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra a los gobernadores y su equipo, empresas privadas, bancos y contratistas, predomina en las deudas estatales, que en total ascienden a 531 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si a esta cifra se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los bonos Banobras, el total del adeudo se eleva a más de 715 mil millones de pesos, es decir, 81.4% más que en 2010, de acuerdo con el reporte de Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como el intento de nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo para los mandatarios salientes, provocaron escándalos.
En las tres entidades hubo alternancia política después de registrar el mayor crecimiento de su deuda pública en las administraciones priistas, con los índices más elevados de deuda per cápita. Además, se manejaron irregularmente recursos recaudatorios como el Impuesto Sobre Nómina en Veracruz y Chihuahua –donde además se bursatilizaron los ingresos del Fideicomiso Carretero hasta 2038– y el Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo, con un presunto desvío de mil 464 millones de pesos.
La deuda de Quintana Roo creció 115% bajo el gobierno de Roberto Borge, al pasar de 10 mil 265 a 22 mil 542 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos) y tiene mil 15 millones de pesos pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La administración saliente deja adeudos por 224 millones de pesos a proveedores de promoción turística en Cancún y 118 millones en la Riviera Maya.
En cuanto a la deuda de Chihuahua bajo el gobierno de César Duarte, pasó de 12 mil 547 a 42 mil 176 millones de pesos: un incremento de 210% desde 2010, el más alto de todo el país.
Es la tercera mayor deuda per cápita del país: 12 mil 23 pesos por habitante. Además, de última hora el Congreso estatal aprobó “bursatilizar” los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, con lo cual compromete los recursos de las siguientes administraciones, comenzando por la del panista Javier Corral. La maniobra de César Duarte beneficiará, en cambio, a entidades financieras como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.
Con el polémico mandatario priista Javier Duarte la deuda de Veracruz creció 113% hasta sumar 45 mil 879 millones de pesos, la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, la deuda veracruzana es de 5 mil 665 pesos por habitante, pero es la entidad con un mayor adeudo a proveedores (11 mil millones) y tiene pendientes de aclarar 15 mil 839 millones de pesos ante la ASF.
Duarte no sólo aceleró un paquete para “blindar” su cuestionada administración, envuelta en corruptelas familiares y con “empresas fantasmas” beneficiarias de adjudicaciones directas. Además, “donó” 10 inmuebles públicos como si fueran suyos.
También Nuevo León es una bomba de tiempo. Durante el mandato de Rodrigo Medina se mantuvo como el estado con más deuda del país, con 63 mil 832 millones de pesos, según la SHCP, pero si se le suman las emisiones bursátiles (18 mil 531 millones), los bonos Banobras (7 mil 426 millones) y los PPS (mil millones) el monto asciende a 89 mil 904 millones de pesos. Cada nuevoleonés debe 12 mil 468 pesos.
Dos entidades que tendrán elecciones en 2017 tienen problemas severos con el manejo de su deuda estatal y ambas son gobernadas por el PRI: el Estado de México, con una deuda total de 89 mil 715 millones de pesos, de los cuales 41 mil 883 millones son por PPS, y Coahuila, cuya deuda es de 38 mil 374 millones de pesos, pero es el segundo estado con la deuda per cápita más alta (12 mil 862 pesos).
Sin embargo, el experimento más cuestionado para esconder deuda pública se realizó en Puebla, bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle. El mandatario modificó la Constitución para ocultar cerca de 21 mil 428 millones de pesos de deuda por PPS que comprometen las finanzas de la entidad por los próximos 30 años. La SHCP registra una deuda total de Puebla por sólo 10 mil 17 millones de pesos, de los cuales 3 mil 310 millones son por PPS.
En el caso de la Ciudad de México, la “bursatilización” es de 15 mil 590 millones de pesos, de un total de deuda registrada de 87 mil 903 millones, la tercera más alta del país.
Trucos para ocultar deuda
Según un estudio elaborado por el Senado de la República, el endeudamiento de los estados se agravará con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Promulgada el pasado 27 de abril, la norma empieza a aplicarse en el ejercicio fiscal de 2017 para las entidades, y a partir de 2018 para los municipios.
En el texto aprobado se explica que en la ley “se amplía el concepto de pasivo, incluyendo tanto los financiamientos como a otras obligaciones que impliquen pagos futuros, dentro de los que se encuentran los pasivos laborales”.
De los 715 mil millones de pesos de la deuda de los estados, 74.4% corresponde a obligaciones financieras (principalmente créditos con la banca privada), 12.1% a emisiones bursátiles o la “bursatilización” para esconder la deuda pública, 8.2% a servicios públicos (PPS) y 5.3% a la emisión de bonos para efectos específicos.
De acuerdo con la senadora Dolores Padierna, el principal problema del endeudamiento de las entidades radica en las emisiones bursátiles para obtener recursos adicionales a los financiamientos que se utilizan para diversos propósitos.
Estos valores se emiten para plazos determinados de entre 10 y 30 años, durante los cuales “se pagan únicamente los intereses. El pago de intereses y del principal están garantizados con participaciones o recursos propios. En muchos casos no es transparente el destino que las entidades federativas y los municipios dan a estos recursos”, afirma la legisladora del PRD.
El principal problema, según Padierna, radica en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que son un esquema particular de las Asociaciones Público Privadas (APP) “y su realización implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista o proveedor”.
Subraya que, “en teoría, los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten, lo que no es posible corroborar por la falta de transparencia”.
Los bonos Banobras financian el desarrollo de infraestructura en las entidades que han sufrido desastres naturales o requieren nuevas obras de esa índole. La vigencia de estos bonos es de 20 años, durante los cuales los estados sólo pagan los intereses y al término de ese lapso pagarán el capital.
A pregunta expresa, Padierna aclara:
“El uso de la deuda es principalmente para inversión, es decir, obra pública y pago a deudores. Con el veto presidencial a la reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 32), los inversionistas privados quedaron fuera del escrutinio en cuanto a sus conflictos de interés.”
–¿Qué significa políticamente lo que han realizado gobernadores como los de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua?
–Es una confesión de parte de que cualquier revisión de esas deudas estatales arrojarían evidencias de corrupción y de que la deuda esconde grandes fortunas de recursos no auditables en manos privadas. Da cuenta de que la corrupción es enorme y comprobarla es un reto mayúsculo.
Padierna apoyó la propuesta expresada, entre otros, por el aspirante a candidato presidencial independiente Jorge Castañeda, quien propuso la constitución de “comisiones de la verdad” estatales, conformadas por ciudadanos que investiguen, documenten y difundan los casos de corrupción. “Al menos podría tener efectos políticos y eliminaría la percepción de que se trata de venganzas personales”, comenta la senadora.
Esta semana el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se presentó con el líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, para solicitarle a la Mesa Directiva de esa Cámara alta que exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a darle carácter prioritario al recurso de anticonstitucionalidad interpuesto el 11 de julio por la Procuraduría General de la República contra las medidas de “blindaje” anticorrupción adoptadas por Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.
Al presentar esta petición, Ochoa Reza no mencionó el problema del endeudamiento. El PRI sólo se está concentrando en la falta de facultades de los congresos estatales para crear sistemas locales anticorrupción antes de los que se han promulgado a nivel federal.
Impuestos y desfalco
Para Arturo Fuentes Vélez, responsable del área de administración y finanzas del equipo de transición del gobernador electo Javier Corral, el problema con el gobierno de César Duarte en Chihuahua es un “manejo desordenado de la administración pública y de corrupción manifiesta”.
Duarte “le entró a todo”, afirma Fuentes Vélez en entrevista con Proceso: creó una unión ganadera, es accionista de un banco, compró ranchos “por las buenas y por las malas”, creó compañías farmacéuticas y su hijo es socio de una constructora con obras públicas en Quintana Roo, lo cual hablaría también de una “corrupción compartida entre estados”.
Las similitudes en el manejo de los impuestos entre Quintana Roo y Chihuahua es sorprendente. En el segundo, los empresarios pagan 3.3% de Impuesto Sobre Nómina, con la condición de que 0.3% vaya a un fideicomiso. La Fundación del Empresariado Chihuahuense ha denunciado que nunca se aclaró el destino de estos recursos, que ascienden a 120 millones de pesos durante el gobierno de César Duarte.
Fuentes Vélez explica que Duarte también “bursatilizó” 45% del Impuesto Sobre Nómina, pero los mil 200 millones de pesos implicados en esta operación “no están disponibles”.
En Quintana Roo existe un Impuesto al Hospedaje (IH) equivalente a 3% de cada noche de hotel vendida. En el gobierno de Roberto Borge, los recursos derivados de este impuesto dejaron de ser manejados directamente por cada fideicomiso y pasaron a manos del gobierno del estado.
Una investigación realizada por José Antonio López Sosa revela que tan sólo en 2015 la recaudación por el IH de Cancún, la principal zona turística del país, ascendió a 469.5 millones de pesos, pero el gobierno estatal sólo le entregó 183.7 millones –menos de la mitad de lo recaudado– al Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, que abarca los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Se desconoce el destino del resto del dinero.
En la Riviera Maya, que abarca los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, se recaudaron 350 millones de pesos por IH en 2015, pero el gobierno de Borge sólo entregó 161 millones.
“Las cifras son claras –advierte López Sosa en su estudio–: en total se recaudaron en el estado más de 935 millones de pesos por IH en 2015, mientras que se otorgaron a los fideicomisos en su conjunto sólo 353 millones de pesos y a la Secretaría de Turismo, 72 millones. Sumando los cuatro presupuestos no llega ni a la mitad de lo recaudado. Entonces, ¿dónde están esos más de 510 millones de pesos de excedente?”
El empresario José Chapur Zahoul, dueño de la cadena Palace, y Abelardo Vara, integrantes de asociaciones hoteleras, calculan que el monto total del IH que Borge no aclaró asciende a mil 950 millones de pesos, según declararon a la revista Forbes.
En Chihuahua, Fuentes Vélez relató que el gobierno de César Duarte consiguió que la administración de Peña Nieto le extendiera al estado hasta 2038 el pago de las concesiones de carreteras. De esa manera pudo “bursatilizar” 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos de esos recursos comprometidos hasta 2038. Pero nadie sabe cómo se gastaron los 9 mil millones restantes.
El Congreso local intentó “bursatilizar” también 25% de los recursos del Fondo de Apoyo al Financiamiento de las Entidades Federativas (FAFEF), equivalentes a 3 mil millones de pesos, comprometiéndolos durante los próximos 20 años. Finalmente la medida no se aprobó.
Duarte, conocido como “el banquero de Chihuahua”, intentó “crear un Fibra (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) con los recursos de las carreteras, que se llamaría Fibra Estatal Chihuahua, pero ni siquiera se cubrieron las formas mínimas de la legalidad”, indica Fuentes Vélez.
