Como “un verdadero robo a la nación” define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, un “regalo” que el gobierno de Enrique Peña Nieto planea dar a la organización Antorcha Campesina: dos millones de metros cuadrados de terrenos federales para la construcción de un parque industrial, aledaños a lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La historia suena ya conocida, como en el caso de San Salvador Atenco en 2006: un intento de despojo a los propietarios de tierras y una plusvalía que se irá a los cielos cuando se construya la terminal aérea.
Una nueva historia de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto está en curso: El “regalo” de 2 millones de metros cuadrados de terrenos federales a la organización priista Antorcha Campesina para construir un parque industrial vecino al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la mayor obra del sexenio, un plan instrumentado por el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava.
“¡Esto es un verdadero robo a la nación!”, define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la construcción del parque industrial en Chimalhuacán, Estado de México, un proyecto que, en 2011, a él le presentó el propio Miranda Nava, secretario de Gobierno del entones gobernador Peña Nieto.
Era el último año del sexenio de Peña como gobernador y Miranda Nava le pidió a Luege una cita para, junto con el entonces alcalde antorchista de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, y varios arquitectos, obtener su aval para construir un parque industrial en terrenos conocidos como Los Tlateles.
“El proyecto, para hacerlo sencillo, era la continuación de la urbanización de Chimalhuacán: Prolongar las mismas avenidas hacia la zona federal y urbanizar para el parque industrial parte de Los Tlateles, aparentemente las 200 hectáreas”, recuerda Luege, quien afirma que él rechazó el proyecto.
“Me insistieron mucho y yo les decía que ese proyecto no era viable”, recuerda Luege, quien les dijo a los miembros del grupo que era un área natural protegida destinada al parque estatal “Gerardo Cruickshank García”, según lo publicado por el gobernador Arturo Montiel en la Gaceta oficial del Estado de México, el 4 de julio de 2001.
–¿Y qué argumentaban para defender el proyecto?
–Generar empleos. Siempre ha sido su argumento: que la gente de esa zona está pobre y que la economía está muy deprimida, y que este plan era una forma de generar empleos. Yo les dije: Se pueden generar empleos de otra forma.
Por eso la contrapropuesta de Luege fue que, en lugar de un parque industrial, se creara conjuntamente un parque ecológico en el vaso del exlago de Texcoco, que generaría empleos en la zona de Chimalhuacán.
“Hablé también con Miranda, a solas, y le dije: ‘Oye, esto no se puede hacer’. Utilicé el argumento del aeropuerto y le dije: ‘Yo estoy peleando el proyecto del parque ecológico y ustedes están peleando el parque (industrial) del aeropuerto. Esto es incompatible con las dos cosas, porque si se llegara a construir el aeropuerto, ¿dónde vas a regular la salida de agua? No va a haber espacio, necesitas dejar espacio y el espacio del Nabor Carillo es vital”.
Rememora Luege que, ante su rechazo al proyecto, el grupo encabezado por Miranda Nava y el líder antorchista se retiró: “Así como llegaron se fueron. Ese proyecto era incompatible, inconcebible e imposible. No se podía hacer. Pero ahora lo reactivan: El mismo personaje, los mismos personajes, nada más que con otro nivel”.
Y peor aún: Además de que el proyecto del parque industrial para Antorcha Campesina fue concretado por la Secretaría de Gobernación sin tener facultades para ceder al municipio de Chimalhuacán las 200 hectáreas de zona federal, afirma, se trata de terrenos donde está previsto que haya una laguna de regulación para evitar inundaciones en la zona oriente de la metrópoli.
“Esta laguna de regulación es parte del predio que supuestamente se está donando al municipio para el parque industrial”, advierte Luege y recuerda que así aparece en el plan presentado por el propio Peña en la ceremonia de lanzamiento del NAICM, “y ahora resulta que no”.
En entrevista con el reportero, el funcionario del gobierno de Felipe Calderón afirma que él tiene el “deber moral” de denunciar este “fraude a la nación” y exige al Senado su intervención, porque hay violaciones a la Constitución y a las leyes de parte del subsecretario Miranda Nava, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Pero, pese a que existe un mandato del pleno desde septiembre de 2014, el Senado no ha integrado la comisión especial de seguimiento al NAICM, porque hay oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del senador panista Javier Lozano Alarcón.
“Es imprescindible la intervención del Senado y presentar denuncia penal contra el secretario y el subsecretario de Gobernación, así como el líder de Antorcha Campesina y todos los involucrados en este proceso, porque lo que está detrás de esto es un fraude, no una obra de beneficio social.”
Opositor a la construcción del NAICM en esa zona, Luege asegura que detrás de este proyecto sólo hay corrupción: “Esto muestra una hipótesis que yo tenía: El aeropuerto no es la solución aeroportuaria, es el gran negocio del siglo, el botín de esta administración”.
Despojo a los dueños
Pero no sólo Luege considera un “fraude” el regalo de 200 hectáreas para edificar el parque industrial, sino también refiere que hay 450 personas que se ostentan como propietarias de los terrenos de Los Tlateles, conocidos también como El Moño, quienes se dicen despojados por el gobierno federal para beneficiar a Antorcha Campesina.
Con la representación de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), encabezada por Marco Antonio Ortiz Salas, los quejosos que se ostentan como propietarios de esa zona mantienen una defensa jurídica para evitar que se consume lo que, afirman, es un despojo de su legítima propiedad, que viene inclusive desde el siglo antepasado.
Según los afectados, a mediados de 2014, aun antes del anuncio de Peña de la construcción del NAICM, funcionarios de la Segob, encabezados por el Lorena Roa López, jefa del Departamento de Control y Validación Documental, ofrecieron “gratificaciones” de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado a los propietarios.
Los funcionarios alegaron que eran terrenos federales y ofrecieron la gratificación a cambio de firmar un convenio de “no ocupar o desocupar” los terrenos y de que reconocieran que no eran los dueños.
“Los funcionarios de Gobernación amenazaron a los dueños de que, en caso de no aceptar el acuerdo, entraría el gobierno con la policía y el Ejército”, denunció la Coduc, que asegura que Roa López dice actuar “por instrucciones y a nombre de la Presidencia de la República” para las acciones en Los Tlateles.
Desde que comenzó esta acción de la Secretaría de Gobernación, según los inconformes, se han emprendido numerosas acciones legales, como la averiguación Previa PGR/025/2015 presentada por 140 personas, que se dicen propietarias de 400 hectáreas, por los delitos de despojo, abuso de autoridad y los que resulten, en contra de funcionarios del gobierno federal.
También se encuentran en trámite al menos 20 amparos en diferentes etapas y en todas las inspecciones judiciales se reconoce la correcta identificación de las propiedades por parte de sus dueños, y aun se han realizado peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el valor de los terrenos.
De acuerdo con los afectados, asesorados por la Coduc, el valor de los terrenos es mucho mayor de lo que el gobierno federal ha querido dar a los propietarios, máximo 65 pesos por metro cuadrado.
“Si los multimillonarios negocios que se van a desarrollar en terrenos de Los Tlateles dan para pagar los 2 mil 500 o 4 mil pesos que dicen los propietarios que vale el metro cuadrado de los predios que allí se localizan, según avalúos practicados, ¿por qué tanta insistencia en pagarles sólo 60 pesos por metro cuadrado a los legítimos propietarios, quiénes son los que se van a beneficiar con tamaño despojo parapetados en la empresa paramunicipal y en otros instrumentos que, a no dudarlo, se crearán pronto para ese propósito?”
Si bien en las 200 hectáreas de Los Tlateles donadas por el gobierno federal se tiene previsto construir la Universidad Politécnica de Chimalhuacán y un deportivo, en 20 y 30 hectáreas, respectivamente, es la mayor parte de la superficie –150 hectáreas– la que se destinará a edificar el parque industrial, que será vecino del nuevo aeropuerto.
Pero ni siquiera es seguro que la institución educativa o el parque recreativo se materialicen, porque el decreto del gobierno federal, según la Conduc, “deja abierta la posibilidad de que se le dé otro uso al suelo con el simple requisito de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales dé su autorización previa”.
Operación fraudulenta
A su vez, Luege asegura que esa zona siempre ha sido federal y recuerda que, en 2001, en un “extraño” convenio de la Conagua, se convirtió a Los Tlateles en un área natural protegida donde se construiría el parque estatal “Gerardo Cruickshank García”, según lo publicado por la Gaceta oficial del Estado de México, el 4 de julio de ese año.
“¡Esta ha sido una operación completamente fraudulenta desde el principio, desde 2001, con el único objeto de hacerse de un terreno!”, afirma el exfuncionario panista, quien asegura que, durante su gestión al frente de la Conagua, se reunió con autoridades del Estado de México para concretar el parque estatal, pero jamás le presentaron ningún proyecto.
“Quiere decir que la declaratoria en la Gaceta de 2001 obedecía al único interés de cómo se quedaban ellos con la administración de esas hectáreas de la zona federal del lago de Texcoco, lo cual es inconstitucional e ilegal”, subraya.
“Yo pregunto: ¿En qué país del mundo se regalan 200 hectáreas para, sin gastar un centavo, pueda construir un parque industrial? Estimo esa donación en al menos 400 millones de pesos. Pero esos 2 millones de metros cuadrados, convertidos solamente en lotes con servicios podrían costar unos 180 pesos el metro cuadrado.”
Pero el gran negocio, aclara, es la proximidad al NAICM: “Ya como parque industrial, donde se pueden tener bodegas, talleres, naves al lado de lo que ellos mismos están considerando el proyecto más importante del sexenio: el nuevo aeropuerto; entonces el metro cuadrado se puede ir de 5 mil pesos a 8 mil el metro cuadrado”.
Vehemente, Luege ratifica: “¡Este es un verdadero robo a la nación! ¡Esto lo tiene que frenar el Senado! Aquí está claro: No es una donación propiamente al municipio, tampoco es de utilidad pública; es un regalo al líder de Antorcha Campesina”.
