El lunes 11, el ayuntamiento tapatío fue notificado por el juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para que pague un viejo adeudo que asciende a 43.5 millones de pesos al ejidatario Candelario Hernández Martínez en un plazo de 10 días, que ya vencieron. El pleito se inició en 1980, cuando las autoridades municipales ocuparon ese terreno para ampliar el Panteón Guadalajara, y el alcalde Enrique Alfaro debe pagar esa suma. De no hacerlo, dice el abogado del demandante, podría ser destituido.
El gobierno de Guadalajara está emplazado a pagar 43.5 millones de pesos sin prórrogas a Candelario Hernández Martínez, un campesino del ejido San Pedro Tlaquepaque. Si no lo hace, el alcalde Enrique Alfaro Ramírez o algún funcionario de primer nivel corre el riesgo de ser destituido, sostiene el defensor del afectado, Jorge Abel Dávalos Velázquez.
Hernández Martínez, quien sobrevive de la recolección de materiales de reciclaje, sostiene que hace 36 años el ayuntamiento tapatío invadió cinco hectáreas de un predio que perteneció a su padre, Macario Hernández, para ampliar el Panteón Guadalajara, por lo que reclama la indemnización, pues, dice, él goza de los derechos sucesorios sobre la propiedad.
Los problemas por el terreno invadido, ubicado en la parte sur del camposanto, entre las calles de Rivas Guillén y privada San Inocencio, colonia La Esperanza, se iniciaron cuando José Asunción Hernández, tío paterno del demandante, permitió que el ayuntamiento tomara un terreno que no le pertenecía.
Según Hernández Martínez, su tío José Asunción, quien no era ejidatario, hizo un convenio con el ayuntamiento por el que recibió al menos 6 millones de pesos. Sin embargo, el acuerdo fue ilegal, dice, pues José Asunción no informó de ello a su hermano Macario, el auténtico propietario.
El abogado Dávalos Velázquez sostiene que al ayuntamiento se le acabó el tiempo para contener el juicio con pago de multas y acciones dilatorias. Y advierte: “Ya no puede hacer caso omiso a una sentencia judicial de orden federal, porque una nueva negativa por parte de las actuales autoridades puede conducir a la separación del cargo del propio alcalde Enrique Alfaro”.
La disposición judicial se sustenta en una sentencia emitida por el juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, en la que se emplaza al gobierno municipal a responder por ese juicio. El resolutivo se dio a conocer el lunes 11 y estableció un periodo de 10 días para recibir respuesta de parte de la autoridad municipal, a partir de la notificación.
Amparos ganados
El abogado Dávalos comenta que su cliente ganó un amparo con el que se sentencia al gobierno de Guadalajara a pagar en forma inmediata por las cinco hectáreas invadidas (expediente 1519/2015).
“El ayuntamiento ya tiene dos requerimientos del Juzgado Séptimo en Materia Administrativa, en los cuales se le solicita a la autoridad municipal el pago inmediato –dice–. Sin embargo, alega que no tiene dinero, lo que representa una omisión a una sentencia de una autoridad judicial.”
Asegura que desde el año pasado se contemplaba el pago por sentencias judiciales. “Incluso, en el decreto del presupuesto para 2016, en uno de los últimos párrafos se habla de recursos destinados al pago de las resoluciones judiciales; ahí mismo se dice que en caso de ser requerido y tener una orden de un juez, ellos tendrán la potestad de llevar a cabo la extracción del dinero para poder sufragar esos gastos, llámese créditos o bien sustraer dinero de las partidas que ellos saben y conocen”.
Hasta ahora el ayuntamiento no ha cumplido, comenta el abogado. Si no hace ese pago por medio de la liberación de algún fondo, el asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); incluso existe la posibilidad de que el alcalde Alfaro sea destituido.
“En este caso, agrega, la legislación contempla requerir al superior jerárquico o aquella persona que incumpla con la sentencia. En ese panorama obviamente se tiene que hacer el pago de forma irremediable.
“Incluso existe una responsabilidad penal, porque le emiten una averiguación previa (al ayuntamiento), a petición de la misma autoridad, por la actuación omisa que se observa de parte de la institución.”
–¿Se requiere de otro proceso especial en este procedimiento para que llegue el caso a la SCJN? –se le cuestiona al abogado.
–No. Ya estamos en la última etapa; ya hubo dos requerimientos al tesorero, con apercibimiento, incluso multas por el incumplimiento… Ya no le están solicitando (al ayuntamiento) que procure cumplir. No, le están exigiendo que cumpla de manera inmediata. Son muy claros los autos.
Dávalos Velázquez asegura que su cliente ha mantenido el juicio por más de 30 años, a pesar de que el señor enviudó, tiene una hija de 40 años con síndrome de Down y está enfermo de diabetes.
Relata: Como no se sabía cuánto le correspondía a Hernández Martínez, se solicitó un avalúo al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Medios Nacionales, pero no fue atinado.
–¿Hay una fecha fatal para que responda Alfaro? –se le pregunta al abogado.
–Tiene que responder ya.
–¿No tiene un plazo determinado?
–Sí, le dieron 10 días, que ya se le vencieron, por eso le aplicaron una (segunda) multa. Y como las autoridades tapatías ya incumplieron anteriormente, creo que cuando mucho le dan 24 horas para que pague.
Hernández Martínez está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar que por esa causa Alfaro pueda ser objeto de una demanda penal por desacato, asegura el abogado.
En los nueve meses que lleva en el ayuntamiento, comenta, la administración del emecista Alfaro ha pagado dos multas: una de 6 mil y otra de 70 mil pesos, pero la sentencia se mantiene vigente e inalterable, de tal suerte que el expediente se turnó a la SCJN.
Las vicisitudes de Candelario
Candelario Hernández vive con su hija en una finca de la avenida Niños Héroes, casi en el cruce con la calle de Porvenir, justo en el centro de Tlaquepaque. El techo está montado con maderas recicladas, las paredes son de adobe y los castillos y colados nunca se terminaron.
El pleito legal que emprendió Hernández Martínez por las cinco hectáreas empezó en 1980, antes de que su padre falleciera. “En los sesenta y los setenta, la zona se conocía como Las Jícamas. Llegaba gente de muchas partes a comprarnos esa hortaliza. Se las vendíamos por metro lineal”, cuenta el ejidatario.
Desde hace más de 36 años, lo único que se siembra en ese predio son difuntos, dice con ironía. Son sepultados en fosas por las que se pagan todos los derechos que exige el municipio a los deudos, comenta. Eso contrasta con la forma en que actúa el gobierno municipal cuando se trata de pagarle lo que él reclama.
“Me queda claro que (las autoridades) consideran que, como ejidatario, soy una persona no preparada, ignorante e inculta. Piensan que así se la pueden llevar con su servidor, sólo pagando multas hasta que me muera; pero yo nunca voy a dejar de luchar por mi derecho. Yo no voy a dejar de pelear este juicio”, sostiene Hernández Martínez.
Recuerda que cuando murió su esposa no tenía recursos, por lo que optó por la cremación. La urna reposa en uno de los muebles de su vivienda. “No tuve dinero para llevarla a un buen sanatorio y menos para darle las atenciones que requería, y murió de anemia.
“Mi niña también está enferma y yo no tengo el recurso para darle la atención que merece, porque no hay dinero. Juntando material reciclado, botellas de plástico, cartón y otras cosas gano de 30 a 50 pesos por día”, cuenta.
Por eso, dice, algunas veces se sube a los camiones a cantar para obtener un poco más de dinero. Ha llegado a juntar hasta 200 pesos.
La década pasada, cuando el panista Emilio González Márquez estuvo al frente del ayuntamiento tapatío, le ofrecieron a Hernández Martínez 198 millones de pesos, pero no aceptó porque, dice, las autoridades lo querían usar, pues todos querían su mochada.
En 2012, al final de la administración del priista Aristóteles Sandoval en el ayuntamiento tapatío, su síndico Héctor Pizano Ramos le propuso a Hernández Martínez firmar un convenio por menos de 10 millones de pesos como pago por sus tierras invadidas. Volvió a rechazar el ofrecimiento.
Según él, su reclamo asciende a 43.5 millones de pesos. Estima que si se toman en cuenta los daños y perjuicios ocasionados por las autoridades, la cifra puede elevarse a 120 millones.
Considera que la administración de Alfaro pretende evadir su responsabilidad y sólo pagar las multas; o bien esperar a que muera para que el pleito se termine. “Eso no va a pasar –insiste–, porque ya emplazaron a Enrique Alfaro, quien puede ser destituido si no responde a su obligación”.
