Trabajadores de la Sedesol delegación Jalisco, así como exempleados del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, sostienen que las autoridades federales y estatales presionan a los beneficiarios del Programa Especial de Certificación con Base en Aprendizajes Adquiridos y de Progresa para dar cifras engañosas sobre los presuntos avances en la alfabetización de los adultos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto intenta matar dos pájaros de un tiro en Jalisco al utilizar el Programa Especial de Certificación con Base en Aprendizajes Adquiridos (PEC) y el de Prospera para afiliar a ciudadanos de escasos recursos al PRI, partido en el que milita, y de paso mejorar su imagen ante la UNESCO, que en abril de 2015 destacó que México no ha logrado reducir el número de adultos analfabetos.
Creado para abatir el rezago educativo y lanzado en marzo de 2015 por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el PEC está basado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo y está dirigido a las personas mayores de 15 años que no terminaron sus estudios de primaria y secundaria “pero siguieron formándose en su trabajo, en su oficio o en otros espacios puedan certificar su aprendizaje”, según informa el instituto en su sitio web.
Su meta es hacer que 1 millón de personas concluya su ciclo de secundaria y 500 mil el de primaria a nivel nacional; con respecto a Jalisco, la encomienda es que 47 mil personas obtengan su certificado de educación básica.
A su vez, Prospera Programa de Inclusión Social –antes Oportunidades– “identifica los hogares que se encuentran en situación de pobreza, por medio de una encuesta de características socioeconómicas y demográficas, y si la familia califica, se incorpora. La titular beneficiaria generalmente es la madre de familia o quien se hace cargo del hogar, deberá cumplir corresponsabilidades en salud y educación para poder recibir los apoyos monetarios”, según se explica en el portal oficial.
De acuerdo con un extrabajador de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), personal de la dependencia suele acudir a las colonias populares con el pretexto de ofrecer el programa Prospera, pero en el fondo buscan afiliar a las personas al PRI.
Ellos piden a los ciudadanos copia de identificación oficial o la Clave Única de Registro de Población (CURP) y llenar un formato de afiliación, pero nunca les explican el uso que les dan a sus datos, dice el declarante, quien pide omitir su nombre.
El entrevistado proporcionó varios nombres de los presuntos afiliados, pero al consultar el apartado de nuevos miembros en el portal del PRI para corroborar los datos no apareció ninguno de los mencionados; tampoco estaban dados de alta connotados priistas como el exalcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández García; el senador Arturo Zamora Jiménez, ni el propio presidente estatal del partido, José Socorro Velázquez.
En el sitio web sólo se informa: “Actualmente tenemos 5 millones 44 mil 528 miembros afiliados al PRI, registros validados por el INE. El resto de nuestro padrón está en proceso de validación ante la autoridad electoral, conforme a lo establecido en la ley”.
Rezagos
En septiembre de 2014, este semanario informó que en Zapopan, El Salto y Tlajomulco cientos de personas llenaron una hoja de afiliación con sus datos personales y entregaron copias de su identificación, así como comprobante de domicilio a personas relacionadas con el PRI y Movimiento Ciudadano (Proceso Jalisco 513).
A cambio, les dijeron, recibirían una tarjeta para comprar productos de la canasta básica o una despensa con valor de 2 mil pesos. Según el reportaje, el compromiso era que tres vecinos presidieran el comité de la Cruzada Contra el Hambre; cada comité, les explicaron, sería supervisado por un coordinador de la Sedesol.
Según el entrevistado, todo indica que ese modus operandi sigue vigente: “Lo que se buscaba es tener a un presidente por colonia junto con el grupo de representantes, quienes se registraban en unos formatos llamados comités. Los requisitos eran: nombre completo y firma, copia de la credencial del INE, número de la CURP y un correo electrónico”.
A cambio, se les prometía apoyos de la Sedesol sobre todo a los tres integrantes de cada comité: el presidente, el vicepresidente y el tesorero. A los demás vecinos se les pide llevar por lo menos a 30 personas a eventos públicos para llenar el lugar y simular que están interesadas. Para asegurar la asistencia, se les advierte que se pasará lista; a quien no acuda se le retirarán los apoyos sociales.
Quienes se ciñen a ese esquema son transportados de un municipio a otro en camiones rentados cuando hay eventos. Cada uno recibe un lonche y una bebida. Según el exfuncionario, eso garantiza que se llenen las locaciones, como el auditorio Benito Juárez, cuya capacidad es de 10 mil personas en gradería y mil 500 en sillería.
El 28 de febrero de 2015, por ejemplo, cuando el presidente Peña Nieto encabezó en Zapopan el evento “Sin Hambre Jalisco Prospera, 2 años de resultados” acudieron a ese auditorio 12 mil personas, según las autoridades estatales; los medios destacaron que la mayoría fueron acarreados.
Metas incumplidas
En octubre de 2014, los representantes del INEA y Prospera a nivel federal acordaron que, para el año siguiente, los adultos de las familias beneficiadas por el Programa de Inclusión Social serían alfabetizadas o concluirían su educación básica. Las autoridades detallaron que dentro del padrón de Prospera más de 2 millones de personas eran analfabetos, mientras que el INEA buscaba que 2.2 millones de mexicanos aprendieran a leer y a escribir.
Según el INEA, casi 352 mil personas serían incorporadas a los círculos de estudio del instituto durante 2015. Sin embargo, hasta septiembre de ese año sólo lo habían hecho 64 mil 707, según las cifras oficiales.
En el caso de Jalisco, Prospera detectó que en su padrón había 115 mil 929 adultos sin certificado de educación básica, de los cuales 93 mil 848 tenían la primaria incompleta y el resto no concluyó la secundaria. A partir de esas estadísticas, las autoridades se propusieron alcanzar que al menos 46 mil 305 personas beneficiadas con el programa obtengan su certificado de educación básica por medio del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad) para este 2016.
Asimismo, establecieron como sedes para la aplicación de los exámenes las mesas de atención de Prospera. Los datos oficiales indican que hasta el cierre de edición se habían aplicado 30 mil 181 exámenes, pero no se especificó cuántos de los que los presentaron obtuvieron una calificación aprobatoria.
Un funcionario de Ineejad asegura que para cumplir la meta de alfabetización mediante el PEC-Prospera, la mayoría de los empleados que realizan trabajo de campo acuden a las colonias más precarias del estado, piden a las personas mayores de 15 años concentrarse en escuelas públicas o sitios de gran afluencia y les prometen beneficios a través de los múltiples programas gubernamentales de asistencia social si presentan el examen de conocimientos para obtener el certificado de primaria o secundaria. Sin embargo, una vez que obtienen las cifras fijadas, jamás regresan, sostiene el empleado de Ineejad.
Este semanario constató el fraude del que los ciudadanos son objeto en una primaria y en una secundaría ubicadas en el centro barrial de la colonia Rancho Nuevo, ubicado en avenida Soto y Gama, esquina con Juan B. Berdeja, en Guadalajara.
Otra trabajadora de Ineejad sostiene que el director interino de la dependencia, Héctor Alfonso Sainz Dávila, quien se ostenta como licenciado sin serlo, presuntamente manda a algunos aplicadores para que ayuden a los adultos a resolver el examen.
Al final, dice, el gobierno federal va a decir que está disminuyendo el rezago educativo, pero no es así. “Con tal de dar logros –dice–, el director Sainz Dávila dice que ha puesto a sus asesores para a ayudar a los adultos con tal de tener números (que cuadren con las metas propuestas)”.
Menciona otra irregularidad: hay un sitio de internet donde las personas que van a presentar su examen pueden consultar las preguntas con tan sólo registrarse.
Además, sostiene, el promotor de Atotonilco, Claudio Israel Martínez Barragán, exige a los aplicadores del PEC “ayudar a certificar a personas analfabetas”. Él exhorta a todas presentarse; a quienes no saben leer ni escribir, sus colaboradores les aplican un examen oral.
Gabriela “N”, una de las afectadas se queja por la “falta de control en la aplicación de exámenes”. El día que ella acudió, el pasado 7 de junio, la dejaron plantada: “parece ser que a las autoridades le importan las estadísticas y no el aprendizaje. Para acabarla de amolar, siguen aplicando exámenes y los certificados no llegan; vamos de mal en peor”.
Juan de Luna se queja porque los talleres de capacitación son impartidos por trabajadores administrativos del Ineejad que no saben nada. Él pide que envíen a personal calificado.
Un empleado de la Sedesol confirma a este semanario que ante la renuencia de muchos de los beneficiarios de Prospera a presentar su examen para obtener su certificado por medio del PEC –lo que pone en riesgo el incumplimiento de las metas para 2016–, la dependencia amenaza con darlos de baja del programa.
Del viernes 8 al sábado 30 de julio, los afiliados a Progresa fueron convocados a la sede identificada como plaza comunitaria Ineejad Miramar, calle Puerto Guaymas casi esquina con Puerto Isla Mujeres, en Zapopan, a presentar su examen para obtener el certificado de primaria o secundaria. El sábado 23 Proceso Jalisco acudió a ese sitio y entrevistó a varios de los asistentes, la mayoría de los cuales son mujeres.
Quienes no acuden, dice Patricia, son dados de baja. Ella tuvo que pedir permiso en su trabajo para ir. “No me conviene que me den de baja, porque es una ayuda que tengo de mil 300 pesos. Mi hermana también vino a presentar su examen, pero de secundaria”.
Carmen comenta que quienes presentan el examen de primaria obtienen más puntos. Ella sólo llevó copias de su acta de nacimiento, de la credencial del INE, de un comprobante de domicilio, de la CURP y dos fotografías.
María comenta que su esposo se negó a presentar el examen; teme que eso la afecte. Se queja también porque, dice, se enteró que dieron de baja a algunos; además, últimamente les han descontado dinero. “En mi caso fueron 300 pesos”.
Fraude en guarderías
Una queja más de los beneficiarios de los programas de Sedesol está relacionada con los programas de guarderías y estancias infantiles. Este instrumento, cuyo costo debe ser accesible, está dirigido a las madres que trabajan o desean laborar, así como a los padres solos, a cargo de niños de entre uno y tres años en condiciones de pobreza o que estén en riesgo de caer en esta situación por no contar con un segundo ingreso.
Entrevistada al respecto, una madre soltera asegura que en la guardería ubicada en Belisario Domínguez, colonia Esperanza, le cobraron inscripción de su hijo y el adelanto de la colegiatura correspondiente a cinco meses.
“Se me hace un fraude –dice– sobre todo porque el servicio es para personas de bajos recursos”. Por cada niño inscrito, la encargada de la guardería, Patricia Pérez, recibe 700 pesos mensuales del gobierno federal.
Decidió sacar a su hijo porque con frecuencia presentaba moretones, rasguños y mordidas. Ahora exige la devolución de su dinero. Dice que su caso no es único, pues se enteró del maltrato a otros bebés.
Proceso Jalisco solicitó a la responsable del área de Comunicación Social de la delegación Sedesol Jalisco, una entrevista con la titular, Gloria Judith Rojas Maldonado. La funcionaria respondió que no era posible “por motivos de agenda”.
