En un balance de su primer año al frente de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Almaguer explica que durante cinco meses tuvo que trabajar con la estructura anterior y después “afinó la maquinaria”, por lo que está en condiciones de anunciar importantes acciones penales contra exfuncionarios y un personaje que servía de puente entre servidores públicos corruptos y la delincuencia organizada.
A un año de su llegada al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez adelanta en entrevista que trabaja para detener a un personaje ligado a la delincuencia organizada que ha servido de puente entre políticos y empresarios locales en los últimos cinco lustros.
Agrega que una docena de funcionarios de la fiscalía están bajo investigación por presuntos nexos con el excomisario de Inteligencia de la dependencia Sergio Guadalupe Adame Ochoa, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude electrónico (Proceso Jalisco 607).
Adame Ochoa fue nombrado por el exgobernador Emilio González en noviembre de 2012 como coordinador de Proyectos Especiales del gobierno. Actualmente una corte de Texas lo enjuicia por operaciones ilícitas relacionadas con tres empresas que creó con su hermano Roberto Eduardo, funcionario del gobierno de Nuevo León entre 2007 y 2011.
El diario Mural publicó en su edición del 28 de junio que, según la justicia estadunidense, los hermanos Adame Ochoa poseen al menos 10 compañías en Nuevo León, una de las cuales fue fundada en 2014.
El fiscal reconoce que el balance en materia de seguridad en el estado no es favorable porque la expectativa de cambio no se ha cumplido por completo, pero asegura que ya quedó afinada la maquinaria para que los resultados comiencen a darse en las áreas sensibles para la sociedad, como el combate a la corrupción y a la impunidad.
Menciona que mandó sistematizar la información relacionada con las denuncias a servidores públicos, desde presidentes municipales hasta mandos menores, para concentrar las averiguaciones y fiscalizar su desarrollo, a fin de hacer las consignaciones y cumplir las órdenes de aprehensión. Afirma:
“Antes de irme de aquí me gustaría dejar dos cosas fundamentales: un protocolo ágil en el tema de desaparecidos, en el cual he concentrado mucho de mi tiempo porque entiendo que es un dolor terrible no saber dónde está tu familiar. Allí yo tengo una convicción personal e institucional. Y la otra será detener a un personaje que durante los últimos 25 años ha sido como un gánster institucional, que ha servido de puente entre la delincuencia organizada y diversas instancias de gobierno y empresariales.”
–¿Cómo se llama ese gánster?
–No (lo voy a decir), lo estamos investigando.
–¿Pero trabajó aquí?
–No. No ha trabajado en alguna instancia de seguridad. Sin embargo ha tenido en diversas etapas, en diversos gobiernos, una participación muy activa.
–Debe tener unos 50 años.
–Es posible. O un poco más.
“Afinamos la maquinaria”
Acerca de los pendientes en materia de impunidad en la FGE, Almaguer Ramírez dice: “Hemos hecho una depuración importante, pero falta. Lo quiero decir con una autocrítica. Esta institución es la que da seguridad y procura justicia; no puede haber ningún espacio para la corrupción o algo peor: la complicidad con un criminal.
“Ya llevamos 268 servidores públicos suspendidos, retirados o consignados, la mayoría agentes del Ministerio Público; también delegados regionales. Cualquier acto de corrupción que detectemos o que la gente denuncie y tengamos elementos para hacerlo, hemos procedido.
“Destaco los últimos dos elementos consignados: un agente investigador y un secretario de agencia, quienes ejercen violencia contra sus parejas y señalaron que por pertenecer a la fiscalía no les iban a hacer nada. Ambos están suspendidos y han sido consignados. Uno de ellos agredió a su esposa con un martillo, el otro la agredió en su cara. Los castigamos.”
–¿Cuál es el balance general, a un año de la llegada a la fiscalía?
–Estuve caminando cinco meses con lo que tenía. Tuve que llevar un proceso con mucha firmeza, pero con mucha inteligencia. En el momento que yo llegué a la FGE había crisis de seguridad: habían ejecutado a siete agentes federales y a 15 estatales; habían muerto miembros de las fuerzas especiales del Ejército; habían sido derribados tres helicópteros y se registró una serie de bloqueos como nunca antes. Había además una desconfianza de la sociedad hacia sus cuerpos de seguridad. Teníamos manifestaciones en contra de la fuerza pública, había videos, quejas ante Derechos Humanos, etcétera.
“En esa situación, lo que hice primero fue tomar el control de lo que era antes la Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), que es donde estoy despachando, y revisar la actuación de los agentes del Ministerio Público. Cambié a todos esos agentes de los puestos de socorro y a los adscritos a juzgados. También removimos a los agentes del MP de la fiscalía en los municipios e hicimos cambios muy importantes en la Policía Investigadora.”
Sin embargo, prosigue, “hacía falta la Policía Estatal, la Fuerza Única Metropolitana, la Fuerza Única Regional”, y por eso se consideró cuidadosamente quién debería encargarse de la Policía Estatal. En cuanto el fiscal y el gobernador tomaron una decisión al respecto, realizaron los cambios “de manera rápida, certera, pero cuidadosa, de todos los primeros comandantes de las policías, comisario general, comisionado, inspector, porque efectivamente había señalamientos y porque en el transcurso de esos meses (los anteriores) no habían ganado mi confianza”.
Admite: “Fueron meses duros, cuando dimos de baja a 186 elementos al no acreditar por segunda ocasión el control de confianza. Aparte tuvimos que seguir combatiendo la delincuencia del fuero común y la delincuencia organizada”.
–Fueron meses de tensión y estancamiento…
–Y de riesgo. Pero hoy, después de diciembre (de 2015), puedo decir que hay una Policía Estatal mucho más confiable, que han disminuido más de 70% las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hemos cumplido estas recomendaciones y que en cinco meses consigné a los agentes investigadores junto con un agente del MP por el delito de tortura. Fue la primera sentencia por ese delito contra policías municipales en el país.
“Pocos estados reconocen que hay tortura. Se consigna por otros delitos: abuso de autoridad, lesiones, etcétera, pero no por tortura. Nosotros lo reconocimos, consignamos, sentamos un precedente en la corporación y eso nos ha permitido tomar acciones más directas.”
No obstante, el fiscal reconoce que “hay una asignatura pendiente, que es el tema de la corrupción e impunidad. Al respecto hay 12 denuncias pendientes por parte de la Contraloría del Estado. Todas proceden porque están sustentadas en arqueos contables de la contraloría y de Ciencias Forenses. Se han consignado nueve de ellas. En algunos casos se han decretado autos de formal prisión, pero (los acusados) han conseguido el amparo de la justicia federal para enfrentar el proceso en libertad. Nos falta consignar tres. Hemos tenido un poco de dificultad porque implican un alto número de recursos, como el tema del Seguro Popular, pero puedo asegurar que pronto serán consignadas y se ejercerá acción penal en las 12 denuncias”.
Explica que también existen denuncias de las autoridades actuales y de particulares contra funcionarios de esta administración y la pasada:
“Por primera vez tenemos el dato, porque estaban en un municipio y otro, y hoy se ha reunido: son mil averiguaciones contra exservidores públicos del estado. Eso permite llevar un control del avance de las diligencias que hacen falta en cada denuncia.”
Detalla que incluso se libraron órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, síndicos y secretarios de anteriores administraciones, “que estaremos anunciando conforme se vayan cumplimentando en los próximos días”.
“Ya vienen los resultados”
Dice que las investigaciones que se anunciarán en los siguientes días se refieren al “Seguro Popular, la Villa Panamericana y la maquinaria china. Los tres son temas complejos. Estamos finiquitando las diligencias para hacer la acción penal contra quien corresponda”.
El fiscal se refiere a los casos de desvío de recursos en la compra de maquinaria china obsoleta (Proceso Jalisco 429), en la operación del Seguro Popular y la construcción de la Villa Panamericana (Proceso Jalisco 415). Cabe mencionar que en marzo de 2015 el entonces contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado, anunció que se denunciaría penalmente a los responsables y se auditaría a las dependencias más cuestionadas del sexenio del gobernador panista Emilio González Márquez: el Consejo Estatal de Fomento Deportivo (Code), las secretarías de Desarrollo Humano, de Salud y de Desarrollo Rural (Proceso 437). El desfalco se calculó en más de 7 mil millones de pesos.
–¿Quiere decir que en corto tiempo vamos a ver resultados y se van a abatir los rezagos? –se le plantea al respecto.
–Yo soy responsable de la dependencia desde el 9 de julio (de 2015). Sin embargo, tuve que transitar con lo que había aquí, y ello llevó cinco meses, hasta el 17 de diciembre. Este es un año de una completa responsabilidad. Está ya afinada la maquinaria y vamos a ver más resultados.
–¿Podremos esperar que detenga a los responsables de las narcofosas, a la exregidora Elisa Ayón, grabada cuando exigía “moches” a los trabajadores de Panteones, y que haya resultados en los temas de mayor impacto social?
–Hemos avanzado mucho en el área de inteligencia. Anteriormente no surtía de información a las áreas operativas responsables de cada investigación; hoy provee a las áreas operativas. Anteriormente se ejecutaban de tres a cinco órdenes de aprehensión de homicidas al mes. Tan sólo en el presente julio ejecutamos 26 órdenes: son 500% más. Formamos una unidad especial con 60 elementos de Policía Investigadora, en la cual, además de la orden de aprehensión se entregó un documento de inteligencia y equipo que nos permitirá ir abatiendo el rezago y sacar de la calle a los homicidas.
–¿Tenemos dos visiones? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que se ha incrementado la sensación de inseguridad. Hay discrepancias en las estadísticas y algunos de los delitos han ido a la alza; además de los roces con el comisario de Seguridad de Guadalajara, se acusa a la FGE de manosear cifras.
–No hay manoseo de cifras porque las revisa y sustenta el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que luego revisa el Inegi y el propio Mide (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco). Son tres instancias que nos revisan y no podemos jugar con las cifras. Hay un sistema en el cual todos los datos se suben y no los podemos manipular.
–Se han disparado los homicidios.
–En los delitos de alto impacto aumentaron el homicidio, el robo a carga pesada y el robo a bancos. Disminuyeron secuestros, en extorsiones llevamos 60% menos. También bajaron el robo a casa habitación y robo a personas. Son cifras reales. Soy un convencido de que se tiene que hablar con la verdad para saber dónde estamos, porque aquí hablamos de vidas y de patrimonios.
“Y no hay ningún tipo de roce con el comisario de seguridad pública de Guadalajara.”
–¿No son desencuentros?
–No. Nunca he dado respuesta a los comentarios del comisario porque él debe entenderse con el comisionado de Seguridad Pública y con el fiscal central. Yo he dado respuesta a los señalamientos que ha hecho el alcalde de Guadalajara en dos ocasiones, primero señalando que en la FGE se dejaba libre a quienes ellos detenían y esa es una información muy delicada que yo no voy a tolerar ni a permitir porque no es cierta. Por eso salí, aporté cifras, las sustenté y aclaré.
“La segunda vez fue cuando el comisario declaró cifras que no correspondían a la realidad, pero además que el gobernador estaba mal informado por su fiscal. Por eso precisé que el gobernador estaba bien informado, al igual que la ciudadanía y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Precisé que las cifras ubicaban a Guadalajara en un muy mal lugar en la región occidente del país.”
Almaguer Ramírez abunda sobre su intercambio de declaraciones con Caro Cabrera a raíz de que éste entregara a la FGE tres tomos con información de 204 presuntas narcotienditas que operan en el municipio, para que la fuerza estatal las erradicara:
“El señor comisario de seguridad ha planteado una política de criminalidad, de publicar datos que, en nuestra opinión, perfectamente puede intercambiar con el comisionado y el fiscal central, toda vez que tiene reuniones semanales con ellos, para no decir que hay determinado número de lugares donde se vende droga, sino que se ha desmantelado determinado número de lugares donde venden droga, toda vez que la propia Constitución y la Ley General de Salud, en el nuevo sistema de justicia penal, señalan (a las autoridades municipales) como corresponsables de investigar o detener en flagrancia (a quienes) cometan un ilícito.
“La otra parte es lo que se da a conocer a 156 supuestos delincuentes de alta peligrosidad, de los que sólo 24 tenían orden de aprehensión por robo. Agradecemos mucho esa información. Ellos (la policía de Guadalajara) podían haberlos detenido en flagrancia y nosotros consignarlos, pero no hay problema: estamos buscando ejecutar las órdenes de aprehensión. Los otros eran delitos menores. Entonces, no hay ningún tipo de diferencia ni mucho menos.
–¿Esos intercambios de críticas no tienen relación con las aspiraciones políticas? Usted y el comisario de Guadalajara son mencionados en la prensa como posibles candidatos a la Presidencia Municipal tapatía.
–Si miras hacia atrás, en la sala hay una mesa que es donde yo como. Llego alrededor de las nueve de la mañana y me retiro a las 23:00 horas. Estoy concentrado al 100% en este tema. No he comentado ninguna intención política.
–¿No renunciaría el fiscal para comer en la mesa de la presidencia?
–…Que es más grande que la que tengo aquí y es más elegante. Allí trabajé de regidor. No, no tengo ahorita ninguna aspiración de carácter político, y no es declaración, sino es también poder salir a caminar en paz con mis hijos en esta ciudad y en el estado. Me inquieta mucho que durante 30 años se haya formado una delincuencia organizada que ha penetrado todos los órdenes sociales del estado.
“Hoy tenemos una unidad de investigación criminal y extinción de dominio. En los próximos días vamos a dar a conocer cuántos procedimientos de extinción de dominio hemos iniciado y cuántos bienes son susceptibles de éstos.”
Y finaliza explicando la importancia de estos procedimientos: “¿De qué sirve que detengas a un cabecilla si toda la estructura está funcionando, obteniendo dinero, comprando voluntades y corrompiendo desde la cárcel? Hay que castigarlos, retirarles el dinero que obtuvieron con la sangre y el dolor del ciudadano”.
