Los casi 90 millones de dólares que el Instituto de Pensiones del Estado invirtió en el megaproyecto de Chalacatepec están en riesgo inminente. Su garantía eran las tierras que la empresa Rasaland aportó para el desarrollo turístico, pero los ejidatarios que las poseen, así como el abogado del general al que se le expropiaron en 1960 y el sindicato de burócratas afirman que dicha empresa adquirió los predios a propietarios falsos en connivencia con el gobierno del estado. “Al caerse las escrituras porque resultan ser falsas, ya que son parte del ejido, ya no tenemos una garantía real; se cae todo el proyecto”, señala el líder gremial Cuauhtémoc Peña Cortés.
El ejido José María Morelos está a un paso de recuperar las mil 200 hectáreas que le arrebataron la empresa Rasaland y el gobierno del estado para construir el megaproyecto turístico conocido como “Nuevo Cancún”. Si esas tierras vuelven a manos de los comuneros, está en riesgo la inversión de 89 millones de dólares que realizó el gobierno del estado con recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
En octubre de 2012 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) advirtió que no podía regularizar las tierras que el presidente Adolfo López Mateos les cedió a los campesinos el 12 de abril de 1960 (Proceso Jalisco 415), por lo que se negó a inscribirlas en el Registro Público de la Propiedad.
Pero el pasado 19 de febrero, en una reunión con ejidatarios en la Ciudad de México en la Dirección General de Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, que sustituyó a la SRA), el abogado Jesús Castillo Mendoza, representante legal del general Roberto Fierro, a quien se le expropiaron las tierras de su exhacienda La Nancy para dárselas a los ejidatarios, les recordó a los funcionarios que nunca se le pagó la suma convenida hace 56 años, “por lo que entonces debían regresarle la propiedad”.
En entrevista, Castillo Mendoza narra: “Estuvimos en la Sedatu con varios abogados. Isaías (García Robledo, director general adjunto de la Sedatu) dijo: ‘Si ustedes no quieren que les demos las mil 200 hectáreas en otro lado, les decimos que esas tierras de todas formas no son de ustedes, no entraron dentro de la afectación a la exhacienda”.
Entonces Castillo Mendoza interrumpió a García Robledo para argumentar: “Si no están afectadas, entonces devuélvamelas, yo soy el dueño de esas tierras. Los funcionarios se mostraron sorprendidos. Y le dije: ‘Ahora se las entregas, por eso salió el oficio para que se les reconozca la propiedad a los ejidatarios ante el Registro Público de la Propiedad’”.
El abogado se refiere al oficio II-210-DGPR-DGATO-DT-65442, fechado el 12 de abril de 2016, en el cual García Robledo le pidió a su delegado en Jalisco, José Luis Cuéllar Garza, que efectuara “las acciones correspondientes tendentes a realizar las aclaraciones correspondientes ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y de no existir impedimento legal alguno, se proceda a la inscripción en sus términos del fallo presidencial”, es decir, del otorgamiento de las tierras a los ejidatarios.
El 23 de mayo de 1960 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución presidencial que creaba el nuevo centro de población agrícola José María Morelos en el municipio de Tomatlán, con una superficie de 12 mil 400 hectáreas de terrenos de agostadero que se tomarían íntegramente de La Nancy, propiedad expropiada al general Roberto Fierro, a fin de entregársela a 387 “beneficiados”.
Cuando López Mateos expropió 36 mil 656 hectáreas de La Nancy, cuya superficie total era de 53 mil, ni el general Fierro ni sus sucesores fueron indemnizados por la SRA. De todas formas se conformaron en el área los ejidos José María Morelos y Campo Acosta.
Fue esa zona donde el entonces gobernador panista Emilio González Márquez revivió el proyecto que hace 20 años había planteado su antecesor priista Guillermo Cosío Vidaurri. González Márquez lo describió ante los medios de comunicación como “otro Cancún, pero bien hecho”, que se desarrollaría en mil 200 hectáreas, con más de siete kilómetros de playa en las inmediaciones de los esteros de Chalacatepec y Chola-Param de Costa Alegre (Proceso Jalisco 274).
El proyecto, con la millonaria inversión del Ipejal, sigue vigente en el actual gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz, pese a que Castillo Mendoza ha advertido que cualquier inmueble que se construya en la zona está en riesgo porque dichos terrenos se encuentran en posesión ilegal en tanto no se indemnice a la parte expropiada con el pago correspondiente, que calcula en 16 mil millones de pesos.
Castillo Mendoza también es propietario de 12 mil 600 hectáreas de la exhacienda La Nancy, donde se pretende construir el megaproyecto que contaría con 14 mil cuartos de hotel y se crearían 300 empleos directos y 6 mil indirectos (Proceso Jalisco 300).
Maniobra contra el ejido
En entrevista con este semanario, José Guadalupe Valadez Parra, apoderado del ejido José María Morelos, considera que el gobernador Sandoval Díaz quiere “tapar los hoyos que dejó Emilio González”, pues a través de la Procuraduría Agraria y el comisariado ejidal que encabeza Jesús Larios Guzmán convocó el próximo 31 de julio a las 11:00 horas a un grupo de personas para entregarles títulos de propiedad privada dentro de las mil 200 hectáreas en litigio.
“Están dando títulos de propiedad con cinco años de posesión –expone Valadez Parra–, cuando nosotros (los ejidatarios) tenemos más de 50 años. En esa asamblea van a aprobar títulos de propiedad con el fin de mocharnos el ejido. Dicen que nosotros no queremos el proyecto (de Chalacatepec)… Que hagan 20 proyectos, pero que nos paguen la tierra. La gente quiere dinero, la gente está pobre.”
Por eso anuncia que los comuneros del José María Morelos van a impugnar la asamblea del 31 de julio, convocada por el “espurio presidente del comisariado Larios Guzmán”; su secretario, Juan Aguilar Zepeda, y el tesorero, Alfredo Gutiérrez Manzo.
“No vamos a dejar que se haga nada, puede haber calaveras, porque lo que quiere el gobierno del estado es un enfrentamiento. Y desgraciadamente sí se puede hacer una matanza de unos contra otros (por la división en el ejido). Es el peligro que hay ahora, con esa convocatoria”, señala Valadez Parra.
Recuerda que oficialmente la Sedatu confirmó que “no hay pequeñas propiedades porque no hay escrituras; y si las hay son falsas. Nunca las muestran ni el gobierno del estado ni el federal. Se está ordenando que se nos entregue el ejido completo, lo que es la resolución presidencial de 1960. Eso lo ordenan de allá (la Sedatu) al gobierno del estado, pero éste no hace nada”.
Al contrario, dice, el gobierno estatal compró al ejido 136 hectáreas para construir la aeropista y “pagó entre cuatro y siete pesos el metro cuadrado. Ahora no quieren pagar nada y nos quieren quitar más de 3 mil hectáreas, porque ellos supuestamente compraron a los ‘pequeños propietarios’. Eso es falso”.
En el proyecto oficialmente designado como Chalacatepec, el Ipejal aportó el capital y Rasaland tenía que aportar los terrenos. Así, la empresa compró las mil 200 hectáreas a personas que se acreditaron como presuntos propietarios, entre ellos Raúl Fierro Villalobos (hermano del general Roberto Fierro) y sus hijos Raúl, Tek, Luis e Ivonne Fierro Rodríguez.
Los otros vendedores fueron Antonio y Carlos Jimeno Serrano, Joel Barba Jiménez, Rafael e Ismael Romero Sáizar, Ernesto González Borondón, Manuel Barajas Abarca, José Guadalupe Emilio Cuétara, Francisco González Corona, Gonzalo Guerra Hernández y Federico Hedderrich.
Asimismo, María Cristina Ramos, Guillermo Garza Felan, Arturo Vega Soforo, Enriqueta Ramírez Olace, Susana Ramírez Olace e Ignacio Ahedo Garibay.
Sin embargo, Castillo Mendoza refiere que esos presuntos pequeños propietarios presentaron documentación apócrifa: “La Secretaría de la Reforma Agraria investigó y encontró que las escrituras eran falsas”.
Valadez Parra considera que si Rasaland quiere la propiedad “tiene que pagar la tierra. Se acordó en México que a los ejidatarios que estaban posesionados de esas tierras se les pague lo que éstas valen, que paguen la expropiación del ejido, y que hagan lo que quieran con su terreno”.
“Fraude” estatal
Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), que afilia a 22 mil burócratas jaliscienses, reitera que la inversión que hizo el Ipejal en el proyecto turístico es un fraude (Proceso Jalisco 605).
“No tenemos garantía de los mil 200 millones de pesos que sacaron –argumenta el líder sindical–, no hay garantía real para los trabajadores, aunque Rasaland medio se protegió tratando de decir que el Ipejal nada más es dueño de un 25% del proyecto de Chalacatepec, porque nos dieron de compensación lo de La Mandarina (un megadesarrollo turístico exclusivo en la Riviera Nayarita que todavía no se construye) y acciones en la Ciudad de México (de la copropiedad del hotel Four Seasons).”
Para financiar el “nuevo Cancún”, en el sexenio del gobernador panista González Márquez se creó el Fideicomiso Irrevocable F/380 con fecha de 10 de diciembre de 2010, en el que el Ipejal aportó 88 millones 950 mil dólares y se quedaba con 48.5% de la participación, mientras que a la empresa Rasaland le correspondía 51.5%.
El 12 de septiembre de 2013, la administración del priista Aristóteles Sandoval cedió sus derechos del fideicomiso a la empresa Activos Turísticos de México, S.A.P.I de C.V. (Actur), a “cambio” de 90 millones 979 mil 505 dólares. En realidad la nueva sociedad, en la que figura el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), aportó 80 millones de dólares y obtiene 19.89% de las acciones.
El resto de las acciones quedaron en manos de Rasaland, quien sin aportar ningún recurso adicional pasó de contar con 51.5% de Chalacatepec a poseer 56.08%. Mientras que el gobierno del estado, a través de Actur, es partícipe del proyecto La Mandarina, el Four Seasons y el desarrollo Chalacatepec.
Peña Cortés recrimina: “No dudes que al rato la deduzcan a 12% (la participación estatal) y así se la lleven. De cualquier manera hay delitos, porque es una simulación de actos. El gobierno lo sabía y hay un fraude equiparado”.
–¿Entonces la inversión de los 89 millones de dólares que se utilizaron para el proyecto de Chalacatepec no corre ningún riesgo con la entrega de las acciones del hotel y La Mandarina? –se le plantea al dirigente sindical de los burócratas.
–No tenemos garantía de los mil 200 millones de pesos. Nosotros pusimos el dinero y los empresarios (de Rasaland) las tierras que presentan como pequeña propiedad. Al caerse las escrituras porque resultan ser falsas, ya que son parte del ejido, ya no tenemos una garantía real… Se cae todo el proyecto.
Indica que ahora el gobierno de Jalisco intentará “argumentar que a lo mejor la garantía real son las acciones de la Ciudad de México, del Four Seasons y las acciones de La Mandarina. Pero desde nuestro punto de vista el fideicomiso debe de cancelarse, abrir una investigación y sancionar a los responsables. El responsable es el gobierno del estado, porque tenía conocimiento de que eran tierras ejidales”.
–Cuando el Registro Público de la Propiedad reconozca las tierras que incluyen Chalacatepec, ¿podrán recuperar el dinero del Ipejal de manera inmediata?
–Abriría la puerta para que Pensiones exigiera a los empresarios la restitución de todo ese dinero con intereses o que se hicieran embargos con los bienes que tenga Rasaland en otras inversiones.
Sin embargo, Peña Cortés estima que los empresarios aún pueden salir bien librados, puesto que ellos y el Ejecutivo impusieron a los actuales integrantes del comisariado ejidal a fin de desincorporar las tierras para entregarlas a Rasaland y sacar adelante su proyecto.
“El gobierno sigue reconociendo al comisariado espurio, y éste mandó castigar a 300 ejidatarios para quedarse con el número suficiente con el fin de hacer una asamblea ‘dura’ para desincorporar tierras del ejido”, comenta el líder de la FGTEM.
–Para eso se realizaría la asamblea del 31 de julio…
–Exactamente. El sistema sigue operando, no se van a rendir porque ya los descubrieron. Pero lo que nosotros queremos es que se haga una investigación, pues aunque consiguieran dar ese paso, en términos jurídicos hay una falsedad en el proyecto, es decir, no tienen el sustento de las escrituras, son apócrifas. Fue un fraude equiparado.
En ese contexto, afirma que con nuevas evidencias el sindicato presentará denuncia penal contra quien resulte responsable del fraude.
