La aprehensión del exdirector del Centro de Inteligencia y Comunicaciones de la Fiscalía General del Estado, Sergio Adame Ochoa, El Tamaulipeco, el pasado jueves 16 en Texas, se suma a los ya insistentes señalamientos de que altos mandos de la dependencia tienen vínculos con el crimen organizado. El actual fiscal, Eduardo Almaguer, indicó que Adame no aprobó sus exámenes de confianza pero se había quedado en su cargo por una recomendación del exfiscal Luis Carlos Nájera.
Por sugerencia de Luis Carlos Nájera Gutiérrez, quien durante una década se encargó de la seguridad de la entidad y fue señalado por sus subalternos de tener vínculos con la delincuencia organizada (Proceso 1665), la pasada administración estatal del PAN contrató a Sergio Guadalupe Adame Ochoa, El Tamaulipeco, y el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz lo mantuvo en la nómina.
Adame Ochoa fue capturado junto con 14 personas el jueves 16 en San Antonio, Texas, Estados Unidos, bajo el cargo de “lavado” de 30 millones de dólares, tráfico de drogas y fraude. De comprobarse esos delitos, enfrentará una pena de 20 años de cárcel en ese país.
Su último cargo en Jalisco fue clave: director general del Centro de Inteligencia y Comunicaciones. Antes de eso era agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), como quedó consignado en la averiguación previa 501/CS/92, del 24 de noviembre de 1994.
Entre sus obligaciones oficiales encontró tiempo para hacer negocios. En el periódico oficial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 6 de junio de 2007 se reportó que el entonces gobernador, Eugenio Hernández Flores, entregó concesiones para la prestación del servicio público de transporte a varias personas, entre ellas Sergio Adame. Las rutas que se le entregaron son la 236, 242 y 252, que corren de la estación Rosita a la colonia Los Pinos.
A su vez, el año pasado el gobierno de Barack Obama acusó a Hernández Flores y a su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de lavado de dinero e incitación de transferencias financieras ilícitas, derivados de su protección al Cártel del Golfo desde 2008. Según la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas, Hernández Flores pudo obtener de forma ilícita al menos 30 millones de dólares (Proceso.com.mx).
De acuerdo con la página de Transparencia del gobierno de Jalisco, Adame Ochoa ingresó a la nómina en la última quincena de noviembre de 2012, como coordinador de Proyectos Especiales en el despacho del secretario de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque dicha dependencia no se había creado todavía. Su sueldo mensual era de 50 mil pesos netos.
En un boletín que envió el sábado 18, La FGE informó que la Coordinación General de Proyectos Especiales estaba adscrita al despacho del entonces gobernador, el panista Emilio González Márquez, y que Adame fue asignado a la oficina de su secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
En el mismo comunicado, el fiscal general Eduardo Almaguer prometió facilidades y plena colaboración con las autoridades federales y extranjeras para investigar el caso de Adame. En su afán de deslindarse de estos señalamientos, la dependencia aclaró:
“Sergio Guadalupe Adame Ochoa no había aprobado sus exámenes de control y confianza, de acuerdo a la información vertida por la Procuraduría General de la República; sin embargo, recibió un aval del anterior fiscal general, Luis Carlos Nájera, para seguir en el cargo.”
Asimismo, la dependencia informó que el 9 de julio, cuando Almaguer fue nombrado fiscal, “recibió la instrucción de revisar todos los expedientes de aquellos servidores públicos que no hubieran acreditado sus exámenes de control y confianza, y proceder a separarlos, supuesto en el que se encontraba en ese momento el señor Sergio Guadalupe Adame Ochoa, acción a la que procedió el día 16 de julio del año 2015”.
Operador de Nájera
A partir de la primera quincena de octubre de 2013, seis meses después del nombramiento de Nájera como el primer fiscal general, este designó a Adame Ochoa director general del Centro de Inteligencia y Comunicaciones, con un sueldo mensual neto de 56 mil 94 pesos. Cobró el último cheque el 22 de julio de 2015. El ingreso total neto que obtuvo en su paso por la FGE fue de 2 millones de pesos, según la página de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Exempleados del gobierno estatal consultados por este semanario afirman que cuando Nájera estaba al frente de la FGE, Adame tenía el encargo de llevar a cabo investigaciones específicas sobre periodistas, de jueces y de líderes de opinión.
La FGE no informó nada de eso en la administración de Nájera ni en la actual. Por el contrario, a pesar del compromiso de transparentar la información en esa dependencia, algunos temas quedan reservados sólo para el consumo interno.
Otros testimonios indican que Nájera solicitó a sus colaboradores que le dieran todo el apoyo a Adame Ochoa, sin importar de qué se tratara, puesto que tenía su entera confianza. Por eso el funcionario tenía acceso a averiguaciones previas y la facultad de solicitar expedientes. Su decisión se imponía incluso a la de agentes del Ministerio Público y policías investigadores.
Era común que Adame Ochoa requiriera expedientes sobre secuestros, homicidios, robo a camiones de carga pesada y extorsiones, todos considerados delitos de alto impacto.
Personal de la FGE indica que, por protocolo, cuando se entrega una averiguación se elabora un oficio en el cual el funcionario que la recibe se responsabiliza del resguardo de la información. Pero Adame nunca firmó dicho documento.
Nájera también ordenó a todos sus subalternos que todas las órdenes a los agentes operativos debían consultarse o comunicarse a Adame Ochoa.
En el marco de la detención de Adame Ochoa, el gobierno jalisciense informó que al dejar la FGE Luis Carlos Nájera, el director del Centro de Inteligencia y Comunicaciones renunció en julio de 2015, tras conocerse que no había aprobado sus exámenes de confianza.
Sin embargo, personal de la fiscalía que pidió omitir su nombre señala que la renuncia de Adame fue negociada: se le prometió que si se iba voluntariamente no se actuaría en su contra.
Adame Ochoa llegó a la fiscalía en el momento más álgido de la guerra entre el Cártel de Sinaloa contra Los Zetas en todo el país por plazas, territorios y el control del tráfico de drogas. Cobijado por Nájera, logró colocar a personas de su entera confianza en puestos importantes de la Secretaría de Movilidad y la FGE.
En declaraciones hechas al diario San Antonio Express News, funcionarios de Estados Unidos aseveraron que El Tamaulipeco había colaborado en la investigación realizada contra algunos líderes del cártel del Golfo.
Además, Sergio es hermano de Francisco Adame Ochoa, un exfuncionario del gobierno de Tamaulipas en la administración del priista Manuel Cavazos Lerma, también señalado en diversas ocasiones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Luis Carlos Nájera renunció a la FGE dos meses después de que la Operación Jalisco del gobierno federal inició con un intento desastroso de detener al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
En su primer día, el 1 de mayo de 2015, los sicarios del CJNG derribaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas y provocaron la muerte de nueve militares en el municipio de Villa Purificación.
Ese mismo día, las huestes del Mencho realizaron cerca de 40 bloqueos carreteros y decenas de ataques a diversos negocios en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.
Tres días después de que Luis Carlos Nájera renunció a su cargo, el 9 de julio del mismo año el diario El Universal publicó que Nájera y el gobernador panista Emilio González Márquez habían protegido al CJNG y al Mencho.
El periódico citó un expediente de la PGR en el que presuntamente se establecían líneas de investigación sobre este señalamiento y mencionó que el 27 de agosto de 2012 fuerzas federales capturaron al Mencho en el municipio de Zapopan, pero lo liberaron por gestiones de autoridades estatales.
Al respecto El Informador publicó el 10 de julio de 2015: “Fuentes de inteligencia militar confirmaron a este diario que el incidente ocurrió de esta forma y que se dejó en libertad al narcotraficante”.
Posteriormente, González Márquez mandó un escueto comunicado a los medios de comunicación: “Nunca he tenido comunicación, por ningún medio, con personas que son buscadas por alguna autoridad y nunca, bajo ninguna circunstancia, he realizado gestión alguna para beneficiar a infractores de la ley”. Nájera sólo argumentó: “Nunca me involucré con algún grupo del crimen organizado”.
El 25 de agosto de 2012, luego de una serie de narcobloqueos, algunos medios locales informaron de la presunta detención del líder del CJNG, pero el entonces vocero de la Secretaría de Seguridad Pública –encabezada por Nájera, José Ramón Salinas, desmintió la versión (Proceso
Jalisco 408).
Cocaína y subsidios
Los fiscales de los distritos de Occidente y del Sur de Texas, Richard L. Durbin Jr. y Kenneth Magidson, respectivamente, así como los agentes del Servicio de Recaudación Tributaria (IRS) William Cortes, y de la DEA, Joseph M. Arabit, informaron en un comunicado que 15 personas fueron arrestadas el pasado jueves 16 por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Junto con Adame, de 65 años, quien residía en McAllen, están acusados los hermanos Juan Juando, Reymundo Mundo y José Luis El Cosas Villarreal Arelis, de 43, 45 y 57 años, respectivamente.
Desde hace tiempo se sabe que Juan y Reymundo Villarreal Arelis, con otros tres de sus hermanos –originarios de Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas– forman parte de la banda Los Piojos, que entre otros ilícitos se dedican a levantar a quienes no pagan por los cargamentos de droga (La Jornada, 27 de enero de 2002).
En 2013 Juan Villarreal fue vocal de la mesa directiva de la Asociación Ganadera de Reynosa. Sus hermanos José Luis y
Reymundo aparecen en el padrón de beneficiados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en 2015: José Luis con 364 mil 964 pesos y Reymundo con 358 mil 149.
José Luis Villarreal también recibió un monto de 60 mil 156 pesos como beneficiario del programa U030 Infraestructura en Distritos de Riego, de la Subdirección de Infraestructura Agrícola de la Gerencia de Distritos de Riego de la Conagua, en Tamaulipas.
Otros detenidos por las autoridades estadunidenses son José Luis y Nancy Villarreal González Nune, de 32 y 57 años; Manuel y Norma Leticia Villarreal García, de 40 y 47 años; Iza Corina Flores Alanís, de 36, y Jovanna Villarreal Díaz, de 37 años.
De ese grupo, Norma Leticia y Nancy fueron beneficiadas en 2015 con un apoyo económico de la Sagarpa por 356 mil 470 y 342 mil 769 pesos, respectivamente.
En la lista de acusados por Estados Unidos aparecen también Raymundo Villarreal Jr, Mundito, de 23 años; Gilberto Villarreal Villarreal, de 27; Juan Antonio Villarreal, de 24 años; Jesús Jaime Andrade, de 37 y Denis Winn, de 54 años. Todos excepto Winn residían en la ciudad de Mission, estado de Texas.
Al igual que sus familiares, Juan Antonio y Raymundo recibieron el año pasado 205 mil 379 y 358 mil 149 pesos de la Sagarpa.
En el comunicado de las autoridades de Estados Unidos se informa que desde enero de 2000 los 15 señalados “conspiraron para realizar transacciones financieras utilizando los ingresos derivados” de los actos ilícitos de importar, recibir, ocultar, comprar y vender cocaína en Estados Unidos.
De igual manera se les fincaron cargos por “transportar o enviar instrumentos monetarios a lugares fuera de Estados Unidos con el fin de ocultar el origen de los recursos derivados de una actividad ilícita”.
Sergio Adame Flores también está acusado de fraude electrónico por 1.7 millones de dólares en contra del Banco Regional de Texas. Según la acusación, en múltiples ocasiones a partir de 2006, Adame Ochoa refinanció la compra de una propiedad en Riverside Plaza –es uno de los 12 inmuebles, valuados en 15 millones de dólares–, ubicada en Mission. Para esos efectos, el acusado aseguró al banco que tenía un ingreso anual libre de impuestos por medio millón de dólares.
Además de las 12 propiedades ubicadas en el sur de Texas cuyo valor estimado es de v15 millones de dólares, la fiscalía estadunidense aseguró 50 mil dólares en efectivo, más de 60 armas de fuego, 30 caballos de diferentes razas, así como una veintena de automóviles y maquinaria agrícola por más de 500 mil dólares. Además se informó que a ese grupo se le habían incautado previamente 100 kilos de cocaína. (Con información de Gloria Reza)
