Señor director:
Le pido publicar las siguientes precisiones a la nota publicada en la edición de Proceso del 5 de junio de 2016, escrita por el funcionario público de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jaime Luis Brito, en su carácter de director de Servicios Sociales, conductor del Noticiero Panorama Informativo en las estaciones de radio de la UAEM y, supongo, corresponsal de Proceso en Morelos.
No hay fosas clandestinas en Tetelcingo, sino una fosa común en la que la Fiscalía General depositó cadáveres no reclamados en marzo de 2014. Lo que hay es una inhumación judicial dentro de las instalaciones de un cementerio que opera de manera legal, conocido como “campo El Maguey”, en Tetelcingo, Cuautla, desde hace 16 años. Los documentos del panteón están en internet a disposición de la ciudadanía desde hace cinco meses.
Sobre la conclusión de los trabajos en el predio Los Magueyes, la Fiscalía General informó que de la totalidad de cuerpos fue extraída la muestra biológica requerida para realizar el perfil genético que permita su identificación, y ya fueron también trasladados al panteón Jardines del Recuerdo.
Respecto de la probable comisión de algún acto que pudiera considerarse delictivo, derivado de alguna irregularidad practicada con motivo de esas inhumaciones, se abrieron tres carpetas de investigación.
Durante 12 días de trabajo, los peritos de la Fiscalía del estado, como de otros organismos federales como la PGR, la CNDH y la Policía Federal, trabajaron en un protocolo de exhumación y reinhumación de dos gavetas en la fosa común: en la primera fueron encontrados 53 cuerpos y en la segunda, 64. En Morelos privilegiamos la colaboración con las autoridades federales. Donde el señor Brito ve complicidad institucional, nosotros vemos el resultado positivo de la lucha contra la delincuencia.
Sobre la numeralia mencionada en la nota, las cifras verificables del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que no hay ciudades de Morelos que figuren en el ranking de las localidades más violentas del país. De hecho, las cifras señalan que hemos logrado reducir los delitos de alto impacto en 27% de 2013 a 2015. Actualmente tenemos las tasas más bajas en este tipo de delitos desde 2009.
El secuestro se redujo 80% de 2013 a 2015, del mismo modo, la extorsión bajó 57% de 2013 a 2015. En 2014 creamos la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, un modelo nacional reconocido y replicado en otras entidades para combatir el secuestro y la extorsión.
Hemos padecido 18 años de pésimo desempeño de los últimos tres gobiernos. Que el señor Brito se refiera al fenómeno de la violencia en Morelos como un continuo histórico es inexacto. No se puede comparar la situación que se vivía bajo Carrillo Olea, Sergio Estrada o Marco Antonio Adame con la actual administración. En aquellas épocas existía omisión o complicidad de las autoridades con la delincuencia organizada y un notorio subregistro en las cifras delincuenciales. Nosotros no maquillamos cifras ni hacemos ningún tipo de concesión a los criminales.
Es notorio también que en su ejercicio periodístico el funcionario público universitario presenta un conflicto de interés, por ejemplo al realizar crítica respecto del funcionamiento, rendimiento académico o transparencia contable y administrativa de su centro laboral universitario.
Atentamente,
Arturo Martínez Núñez, coordinador estatal de Comunicación Social de Morelos
Respuesta del corresponsal
Señor director:
En respuesta a la carta enviada por el coordinador estatal de Comunicación Social del gobierno de Morelos, Arturo Martínez Núñez, le informo:
No soy “director de Servicios Sociales” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Sí colaboro en el noticiero de Radio UAEM. El funcionario “supone”, su texto está lleno de suposiciones.
Dice: “No existen fosas clandestinas en Tetelcingo”, aunque el pasado jueves 5 de noviembre de 2015 su oficina emitió el boletín 0192, que establece: “En relación con la inhumación clandestina recientemente denunciada en Tetelcingo la Fiscalía manifiesta: (Que) Atenderá las irregularidades relacionadas con los hechos denunciados en consonancia con la Ley”.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su comunicado CGCP/353/15 del 24 de noviembre de 2015 informa: “El presidente de la CNDH se reúne con familiares de desaparecidos para analizar el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía Morelos”.
Martínez Núñez dice que “lo que hay (en Tetelcingo) es una inhumación judicial dentro de las instalaciones de un cementerio que opera de manera legal”. Sería bueno que se lo informe al cabildo de Cuautla, que clausuró el panteón en enero pasado “por irregular, ilegal”. Según el alcalde perredista Raúl Tadeo Nava, el predio El Maguey de Tetelcingo “es irregular, que quede claro. Estamos en un proceso de regularización”.
Además, el gobierno de Graco Ramírez nunca presentó la información completa de las fosas clandestinas de Tetelcingo, porque no la tenía. De hecho, hasta el pasado viernes 3, cuando concluyeron los trabajos de exhumación, seguía diciendo que en las fosas había 116 cuerpos. Al final, fueron exhumados 117 y restos de otros 12. Pero también hubo cuerpos sin carpeta de investigación, sin necropsia de ley, con señales de tortura, mutilados, con tiro de gracia.
Dice que el interés del gobierno “es de atender” a las familias de las víctimas, pero olvidó que fue un juez de control el que obligó al gobierno a abrir las fosas y a incluir equipos de peritos de la UAEM.
Sería bueno que el señor Martínez Núñez aclarare si “atender” a las familias de las víctimas incluye criminalizarlas, porque no hay que olvidar que fue el gobierno de Graco Ramírez el que presentó una denuncia por sabotaje y otros delitos contra la señora María Concepción Hernández, madre de una de las víctimas de Tetelcingo.
Pero más allá de esto, debe quedar claro que fue durante el gobierno de Graco Ramírez, el 28 de marzo de 2014, cuando esos cuerpos se inhumaron de forma ilegal y clandestina en esas fosas, violando todos los protocolos nacionales e internacionales, así como los acuerdos de la Conferencia de Procuradores de Justicia. Aquí no hay duda, no hay lugar para suposiciones, fueron funcionarios subordinados de Graco Ramírez los que cometieron estos delitos, de los cuales sólo hay una persona vinculada a proceso.
La carta en cuestión, señala que “en Morelos privilegiamos la colaboración con las autoridades federales, donde el señor Brito ve complicidad institucional”. Si lee bien el texto, o que se lo lea alguien, es Javier Sicilia quien ve el “pacto de impunidad”, no soy yo.
Respecto de los números sobre la inseguridad, sería bueno que el gobierno del estado hiciera un análisis estadístico de las cifras que publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos establecen que los secuestros crecieron 300% en el gobierno de Graco.
Finalmente, los “pésimos” gobiernos no acabaron en 2012. De ese año a 2014 la población pobre en Morelos creció 17.8%, mientras otros estados, como Guerrero, incluso mejoraron en este rubro, disminuyendo el número de pobres en más de 5%, ello según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social.
Y todo esto está basado en documentos oficiales, no son suposiciones.
Atentamente,
Jaime Luis Brito, corresponsal de Proceso en Morelos
