Apenas comienza a operar el nuevo modelo de juicios orales en la entidad, y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) empieza a doblar las manos. Sus directivos se quejan de su precario presupuesto y amagan con un recorte de personal; los empleados, a su vez, juzgan incompetente al titular del instituto, Pedro Bernardo Carvajal Maldonado; algunos lo consideran incluso una simple agencia de colocaciones de la clase política. El diputado emecista Augusto Valencia López es más radical: “El IJA –dice– nació muerto”.
Ante los retos que impone el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial en Jalisco (NSJPA), el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llama a fortalecer la justicia alternativa, pero el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), responsable de esa tarea, parece avanzar en contrasentido.
Inmersos en múltiples problemas financieros, técnico-administrativos y políticos, los directivos del IJA ordenaron a sus empleados no recibir ningún expediente a partir del miércoles 15, cuando apenas comienza a operar en la ZMG el nuevo modelo de juicios orales.
En 2015, el presupuesto del instituto fue superior a 60 millones de pesos, pero este año se redujo a 40 millones y, según los empleados consultados por el reportero, es factible que más de 30 de sus 100 trabajadores, incluidos algunos mandos superiores, sean despedidos.
Para Augusto Valencia López, diputado local de Movimiento Ciudadano, lo anterior indica que, por su modus operandi, el IJA es un desastre. Debemos reflexionar, dice, para qué sirve una institución sumida en el caos.
El martes 14, los responsables de las sedes foráneas y de algunas localizadas en la zona metropolitana fueron notificados que “por órdenes superiores” el IJA cerraría algunas de sus oficinas. La medida afectará a los municipios de Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Tequila, Tepatitlán, Chapala, Ameca, Puerto Vallarta, así como las áreas del penal de Puente Grande y del Instituto de la Mujer, cuya sede está en la calle de Miguel Blanco, en el centro de Guadalajara.
En la mayoría de cada sede trabajan tres personas: un validador, un notificador y un asistente administrativo. Ellos se encargan de todos los trámites; algunas veces incluso invierten su propio dinero para garantizar el funcionamiento de su centro de trabajo, aseguran varios empleados.
Valencia López insiste: el IJA “está totalmente entrampado. La elección de su titular corresponde al Congreso estatal; después se forma una especie de comité para elegir a los directores. Esa estructura responde más a los designios de grupos de poder, que a resolver los conflictos a través de la mediación”.
Recuerda que cuando participó en la conformación del IJA, los legisladores optaron por Rafael Castellanos para el primer periodo –fue nombrado el 28 de febrero de 2011–, pues era el abogado del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Además, “tenían una deuda pendiente con él porque no lo habían hecho secretario del Congreso”, cargo que recayó en su correligionario José Manuel Correa Ceseña.
Sin embargo, Castellanos, quien duró 15 meses al frente del IJA, sólo amplió el servicio de las oficinas de su notaría al instituto, porque prácticamente su gestión no le importó; dejó abandonado el instituto”, señala Valencia.
–¿Qué tan importante es el IJA en el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial? –pregunta el reportero al legislador.
–Es fundamental, pero desgraciadamente nació muerto.
Un botín para la clase política
A partir del 31 de mayo, fecha en que entró por completo el NSJPA en Jalisco, el IJA se convirtió en una agencia de colocaciones de la clase política, denuncia Jorge García Domínguez, exdirector de Medios Alternos y Solución de Conflictos y Validación del instituto.
Al igual que el diputado Valencia, considera que el IJA nació muerto. Y añade: “Su principal cáncer se llama Alfonso Rejón Cervantes”, quien sustituyó a Castellanos.
Consultados al respecto, algunos empleados del IJA señalan que algunas direcciones de área se “subastaron” al mejor postor, lo cual impactó de manera negativa tanto al organismo como al Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Ponen como ejemplo los nombramientos de los hermanos Antonio y Dionisio Flores Allende. El 27 de noviembre de 2015, relatan, Antonio fue designado como magistrado del STJ por 33 de los 39 integrantes de la LXI Legislatura. Antonio sustituyó a Ernesto Garabito García, uno de los expresidentes de ese organismo, quien se retiró tras cumplir 70 años, edad obligada para su jubilación.
Dionisio Flores, por su parte, fue designado director de Certificación y Acreditación del IJA por esos días. Su nombramiento quedó condicionado a que antes de seis meses debía tramitar y obtener la certificación del propio instituto como prestador de servicios de métodos alternos de solución de conflictos.
Asimismo, según el acta de la décimosexta sesión extraordinaria del Consejo del IJA fechada el 3 de diciembre de 2015, Dionisio debió someterse a los exámenes de control de confianza y aprobarlos; también debió ser evaluado por el consejo del instituto para demostrar sus conocimientos que lo habilitaran como funcionario apto para desempeñar su cargo. Se desconoce si cumplió con esos trámites.
Según los empleados consultados, los cargos que hoy ostentan los hermanos Flores Allende presuntamente les fueron vendidos en 10 millones de pesos. Incluso comentan que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino, fue el “encargado de la negociación”.
Reparto pactado
De acuerdo con los empleados consultados por el reportero, PRI, PAN, PRD y el Grupo Universidad, cuyo líder es Raúl Padilla López, presuntamente se repartieron las plazas del IJA. El gran ausente de las negociaciones fue Movimiento Ciudadano, encabezado por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.
Rafael Castellanos, el primer titular del IJA, obtuvo el cargo debido a su desempeñó como representante del PRI ante el IEPC. Y aun cuando el 6 de marzo de 2013 fue nombrado como fiscal central, tiene todavía un gran peso al interior del instituto, así como entre algunos de sus directores de área.
Entre ellos el jefe de Recursos Materiales, Nicolás Cabrera Tapia, y Óscar Magallanes de la Rosa. Este último contó con el apoyo del PVEM para llegar a la Dirección de Acreditación y Certificación; hoy ocupa la Dirección de Administración.
En la lista de los favorecidos del PRI también aparece Néstor Francisco Arana García, jefe del Departamento de Recursos Humanos. Antes, fue líder de la Confederación Nacional Campesina Jalisco, delegado del Infonavit en la entidad y diputado local.
El PRD y el Grupo Universidad colocaron a su gente en la Dirección de Capacitación y Difusión del IJA. En un primer momento estuvo a cargo de Leopoldo Partida Caballero, hermano del consejero de la Judicatura, Alfonso Partida, pero dejó el puesto en 2013, tras la salida de Castellanos.
Su lugar fue ocupado por Antonio Emiliano Magallanes, hijo de Antonio Magallanes, exdirigente perredista, exdiputado federal y exlíder de los académicos de la Universidad de Guadalajara.
Otro de los beneficiados es Rafael Briseño Torres, hermano del extinto Carlos Briseño, quien fue destituido como rector por el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara en 2008, tras su conflicto con Raúl Padilla.
Asimismo, Paul Iván Tapia Guzmán, responsable de Sistema, y Ricardo Ortega, coordinador de Informática, son cercanos al secretario técnico del IJA, el panista Alfonso Rejón Cervantes, quien se desempeñó como presidente del comité organizador en las pasadas elecciones internas del PAN.
El jefe de Planeación, Programación, Presupuestación, Control y Contabilidad del IJA, Luis Ignacio Romo Monraz, cercano al exdirigente del PAN, Miguel Ángel Monraz, también se colocó; lo mismo que Roberto Gutiérrez Hermosillo, quien es jefe de Validación del instituto. Gutiérrez Hermosillo fue secretario particular de Tomás Coronado Olmos cuando era procurador de Justicia.
Francisco José Menéndez y Érika Chávez, jefe de Métodos Alternos y coordinadora de Proyectos en el IJA, respectivamente, son piezas clave de Rejón. José Carlos Herrera Jiménez, coordinador de Validación del instituto, es hijo de Carlos Herrera Palacios, magistrado del STJ e integrante del consejo del IJA.
–¿Qué opina del reparto de puestos entre familiares, amigos, novias y novios en el IJA? –pregunta el reportero al diputado Valencia.
–Al final eso se traduce en caos. Si alguien llega por acuerdos y se mantiene una estructura en acuerdos políticos, pues difícilmente va a haber decisiones adecuadas. La medición en Jalisco tendría que haber ayudado a quitarle carga a los procedimientos judiciales, pero eso no ha sucedido. Al contrario, se han incrementado las cargas laborales, pues lo que vemos es un desafortunado reparto de posiciones entre familiares y amigos. Algo similar a lo que ocurre en el Poder Judicial.
–Una figura clave en el IJA es Alfonso Rejón Cervantes.
–Pues ahí está. Estuvo como responsable un tiempo, cuando Rafael Castellanos se fue, pero llegó el nuevo titular –Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, quien asumió la dirección del IJA el 18 de noviembre de 2014, impulsado por el priista Héctor Pizano–, y ahí están los pesos y contrapesos en los partidos políticos. Yo no percibo una labor que haya incidido en mejorar la justicia en Jalisco con el Instituto de Mediación, el Instituto de Justicia Alternativa.
En 2012, tras el triunfo del PRI en las elecciones de ese año, el IJA fue visto como receptáculo de panistas caídos en desgracia. La figura clave de ese enroque es Rejón, uno de los más cercanos colaboradores del exgobernador Francisco Ramírez Acuña.
Institución “engrillada”
Jorge García Domínguez fue convocado por Rafael Castellanos para laborar en la Dirección de Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Validación del IJA, cargo que dejó en junio de 2015. No obstante que se le intentó ligar con el PAN, él se deslindó
En entrevista, revela que Rejón promovió dos denuncias penales en su contra y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos abusos. Ninguna prosperó. Lo mismo pasó con Laura Gómez Márquez, actual responsable de Organización, Medios y Proyectos –anteriormente fue directora de Administración del IJA–, quien fue denunciada penalmente por Rejón.
Lamenta que los pleitos internos trunquen el desarrollo de un organismo que debe servir como base para la consolidación de la justicia alternativa en la entidad. Cuando él dejó su cargo, dice, la gente de Rejón ya se preparaba para trabajar en la mediación de orden laboral. Hoy, el IJA es una institución bloqueada, engrillada, distante de sus objetivos centrales.
El entrevistado sostiene que ante el nuevo escenario del desarrollo de la plataforma de los juicios orales, urgen grandes cambios al interior de ese organismo y dice que es tiempo de que Rejón salga del IJA.
En 2012, relata, el instituto recibió mil 300 expedientes, al año siguiente tenía 5 mil 800 casos, en 2014 se elevaron a 9 mil 800 y el año pasado sumaban 15 mil.
En lo que corresponde al primer semestre de 2016, en lugar de observarse un aumento de casos, el IJA tenía sólo 7 mil expedientes, asegura García Domínguez, lo que marca una tendencia a la baja en la captación de nuevos casos.
Dedicado a la solución de controversias, García Domínguez menciona que su salida del instituto se debió a movimientos políticos: “Me dijeron que tenía que dejar el puesto, pues iba a llegar una persona enviada por el PAN, partido que a mí nunca me invitó”.
Asegura que al principio se negó a renunciar, pero luego optó por retirarse. Su sustituto, César Medina Arellano, carecía del conocimiento para el desarrollo de un área 100% técnica y operativa, “que es muy importante en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial”.
Y agrega: “Tengo entendido que salieron otros dos directores y que hay uno nuevo, enviado por el PVEM para ocupar la Dirección de Certificación y Acreditación. Se le condicionó el nombramiento para que se certificara y presentara sus exámenes de control de confianza en un plazo de seis meses. No sé si cumplió.
“Me queda claro que ese funcionario tenía desconocimiento de la materia que le tocaba atender, algo muy delicado, porque es un área nueva que debe convencer a la sociedad.”
–¿Sabe usted quién manda en el Instituto de Justicia Alternativa?
–Yo creo que Alfonso Rejón, una persona muy hábil. No sé por qué lo mantienen ahí.
En los 15 meses que estuvo Rafael Castellanos como director del IJA, su nombramiento fue tachado de ilegal; ese fue incluso el pretexto que usó Augusto Valencia, uno de los interesados en dirigir el instituto, para interponer un amparo –el 1956/2012–, que le concedió el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. Es por ello que el 8 de enero del año pasado, el Poder Judicial repuso todo el proceso para la selección del titular de ese organismo.
Desde la salida de Castellanos, el que mandaba y decidía en Justicia Alternativa era Rejón, señala personal del organismo. Él pretendió despedir a varios directores de Administración, Recursos Humanos, Servicios Generales y Adquisiciones, Contabilidad y Control Presupuestal.
Uno de los amenazados, el académico Francisco Jiménez Reynoso, cercano al Grupo Universidad, quien se desempeñaba como jefe de Evaluación y Certificación. El periódico Página 24 informó sobre su caso el 3 de noviembre de 2014, aunque Jiménez negó el acoso.
Durante su gestión al frente del IJA, Carvajal Maldonado se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y sus subalternos lo consideran incapaz de poner orden en la institución.
