Recientemente la Fiscalía General del Estado se lució en la prensa nacional y extranjera con el rescate de 650 internos de centros de rehabilitación o albergues para adictos, pero las estadísticas indican que no existen políticas públicas ni instituciones eficaces para controlar y supervisar dichos establecimientos. Esto provoca que sigan proliferando, a la par que crece el consumo de drogas en los sectores más vulnerables.
En menos de tres años el número de anexos o albergues para adictos y alcohólicos creció cerca de 100% en Jalisco, sin que las autoridades avancen en la prevención de abusos económicos, sexuales y físicos –que en algunos casos derivan en la muerte– contra los internos y sus familiares.
El investigador de la Universidad de Guadalajara del área de Ciencias de la Salud y coordinador del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Francisco Gutiérrez Rodríguez, asegura que la proliferación de esas clínicas se debe a que tienen gran potencial de negocio, pues a los alcohólicos o drogadictos se les considera “una mina de oro” para los padrinos o dueños de los establecimientos, que carecen de capacitación profesional y pueden poner en peligro de muerte a sus “clientes”.
Gutiérrez Rodríguez recuerda que en 2015 conoció los detalles del fallecimiento de un interno que fue sometido de manera irresponsable a electrochoques para tratar de controlarlo:
“Le aplicaron choques eléctricos de una manera brutal. En lugar de utilizar equipo profesional para ese tipo de terapia, que sólo se puede hacer bajo la supervisión médica, los responsables de ese albergue, cuya ubicación no recuerdo, utilizaron una máquina de soldar para aplicarle descargas eléctricas a un interno que no podían controlar y el resultado fue fatal: después se comprobó que la persona tenía quemado el tracto respiratorio.”
Pero además afirma que el problema de las adicciones ha crecido de manera grave: “De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se están involucrando en ellas más jóvenes con un nivel de deterioro cognitivo y afectivo debido a la combinación de sustancias psicoactivas.
“Un dato del Sistema Nacional para la Prevención de Adicciones es que 736 mil jóvenes en México, de nivel primaria y secundaria, estaban consumiendo inhalantes. No pertenecen a un estrato económico bajo.”
El investigador enfatiza que la entidad está entre las cinco donde más se incrementó el consumo de drogas entre los jóvenes, pero “la capacidad que tiene el Estado para brindarles atención es muy limitada”.
Según la Secretaría de Salud, entre 2012 y 2016 el número de anexos, albergues o clínicas de rehabilitación en el estado ascendió de 130 a 251, lo que rebasa a las instituciones que deben regularlos e inspeccionarlos: la propia Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado (FGE), Protección Civil y los ayuntamientos.
Dichos establecimientos no sólo carecen de personal profesional, sino que en muchos de ellos se les da a los internos verduras y frutas a punto de echarse a perder o bien comidas regaladas por particulares, con el riesgo sanitario que eso implica.
El pasado 19 de mayo, la FGE rescató a más de 650 personas, entre ellas 202 menores, que se encontraban en cuatro albergues del grupo Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.
En esos operativos detuvieron a nueve sujetos bajo el cargo de abusos contra los internos, en tanto, sigue prófugo el director de dicho albergue, José Luis Sánchez Ramírez, a quien la FGE señaló como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En rueda de prensa, el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez informó que algunos menores y mujeres declararon que eran obligados a practicar sexo oral a los empleados y directivos del albergue.
Las autoridades actuaron por la denuncia por privación ilegal de la libertad presentada por una mujer, que fue retenida por los encargados del establecimiento después de visitar a su sobrina y tuvo que pagar mil 500 pesos para quedar libre.
En otro albergue del mismo grupo, un menor testificó que fue víctima de abuso sexual. Además, en otro ubicado en Lomas de San Eugenio, en Guadalajara, cuatro adultos fueron rescatados y trasladados a un puesto de socorro para su atención inmediata porque mostraban huellas de violencia física; allí mismo cuatro menores reportaron abuso sexual.
Altos costos y riesgos
El investigador Gutiérrez Rodríguez indica que las familias de clase media o alta pagan de 30 mil a 500 mil pesos por una terapia para un pariente, pero eso no garantiza que funcione.
Peor aún, los centros de atención baratos cobran entre 2 mil y 4 mil pesos pero carecen de infraestructura adecuada y de personal capacitado como psicólogos, terapeutas y médicos, además de que dependen de la beneficencia para el suministro de alimentos.
David, quien ha estado internado en un anexo, comenta a Proceso Jalisco que los más económicos cuestan 2 mil pesos al ingreso y terminan cobrando más de 18 mil. En otros, que se ubican fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, el costo por tres meses es de 30 a 50 mil pesos.
Lo más grave es que los encargados de esos centros sacan a los adictos y a sus parientes cuanto dinero pueden e incluso aprovechan la crisis de la familia para invadir su vida privada. Según David, “algunos sujetos se identifican como padrinos y que se ganan la confianza de la madre, de la hermana o de otra persona y terminan por tener relaciones sexuales con algunas de ellas, controlan a la familia o estafan a mujeres que se dicen agradecidas con la ayuda prestada a un hijo o a un hermano”.
Como ejemplo, menciona que en agradecimiento por el tratamiento ofrecido a su hijo, una mujer se responsabilizó del crédito de un camión que se emplea para sacar a pasear a los internos, por lo que sigue pagando una deuda superior a 400 mil pesos.
Igualmente, dice, en los albergues se convoca a “retiros” o “experiencias” con un alto costo: “Imagínate, te llevas un grupo de 100 personas y les cobras 500 pesos a cada uno, saca la cuenta de lo que obtienen los organizadores por obligarte a estar escribiendo tu experiencia de vida por horas y horas sin permitir que pares”.
Menciona que de todos los albergues en los que estuvo recluido, el más terrible fue La Perla, frecuentemente señalado por abusos físicos y psicológicos contra los internos:
“Ahí te castigaban cuando no aceptabas sus órdenes y te obligaban a permanecer sentado en una lata vacía, un bote de chiles, y así te la tenías que pasar por dos o tres horas, o por medio día si los padrinos así te lo exigían.”
En La Perla estuvo internado Carlos Cázares, El Sorullo, un actor de televisión con problemas de alcohol, quien falleció en 2011.
El reportero Jorge Robledo refiere: “Con el respeto que merece su memoria y sin decir nada que no se conociera públicamente, El Sorullo en efecto tenía un problema con el consumo de alcohol. Me platicó en más de una ocasión que era sumamente grave lo que ocurría al interior de La Perla en torno a la violación a los derechos humanos. Me contó la manera en que lo golpeaban a él y a otros internos, cómo los sometían por la fuerza. Me dijo que en ese lugar le tocó conocer el infierno”.
Gracias a que Cázares tenía conocidos en corporaciones policiacas, se montó un operativo para sacarlo por la fuerza, en medio de golpes y patadas porque los encargados del albergue se opusieron.
“Eso es muy lamentable porque finalmente Sorullo era una personalidad pública, y se le tuvo que rescatar de un lugar que lo tenían privado de su libertad, prácticamente lo tenían secuestrado y sólo por la fuerza se le pudo rescatar. Imagínate lo que pasa con personas de escasos recursos o que no pueden cometer un acto de fuerza para rescatar a sus familiares”, comenta Robledo.
Por otra parte, David indica que a pesar del operativo en que la FGE rescató a 650 personas, pronto se olvidarán los hechos y volverán a registrarse abusos contra los adictos y continuará la expansión del mercado de la droga, que atrapa a consumidores desde los 10 años en las escuelas, en el núcleo familiar o en la calle:
“En el centro de Guadalajara, por el rumbo de la calle López Cotilla, ahí ves a las niñas prostituyéndose en lo que se supone es la zona más resguardada por la policía tapatía. Ahí te encuentras a una niña de 12 años que se prostituye por 150 pesos, que usa para comprar dosis de droga.”
Agrega que “la droga tiende a abaratarse: una mona (estopa con solvente) cuenta 10 pesos; una dosis de coca no pasa de 50 pesos independientemente de su calidad; la piedra se consigue en 100 pesos.
“Hay tachas que te venden en cualquier antro en 30 o 40 pesos, pero consigues desde 25; un churro en menos de 20 pesos y una bolsita de crystal en 100.”
Al bajo precio se suma la variedad de opciones para caer en la adicción, relata David: “Encuentras de todo y en los lugares menos imaginables. Hay un tipo de gotas que se han puesto de moda entre los adolescentes: se ponen tres o cuatro bajo la lengua y se transforman. Me tocó verlo recientemente en una fiesta de 15 años, pero no sé de qué tipo de psicotrópico sea”.
No descarta que esta situación sea el inicio de una nueva fase de la expansión del mercado de drogas, como ocurrió en el norte del país cuando las bandas del narcotráfico se apoderaron de los espacios urbanos y afianzó un gran mercado sin que el gobierno se esforzara por detenerlas.
El 25 de mayo, socorristas de la Cruz Verde informaron que el cadáver de un hombre fue abandonado frente a sus instalaciones en el cruce de Los Ángeles y Analco, colonia Las Conchas, en Guadalajara.
El cuerpo fue abandonado por cinco sujetos no identificados que iban en una camioneta y huyeron del lugar. Los sujetos sólo dijeron que el fallecido había estado recluido en un albergue. De todas formas, los restos se trasladaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para practicarle la autopsia y tratar de determinar las causas de la muerte, así como su identidad.
