No pasa día sin que los medios y las redes sociales dejen de informar sobre alguna nota de importancia relativa al mundo del dinero ligado a las pensiones de los trabajadores. Sean adscritos al Seguro Social (IMSS), a las pensiones del estado o a otro, la constante señala complicaciones serias en torno a su destino. Se dice que se las han de desaparecer en un futuro inmediato, con el pretexto de que las bolsas se vaciaron; se dice que se planificaron mal los recursos y ahora escasean los fondos; o bien, que hubo un dictado desde las altas esferas (sin clarificar bien a bien de qué oficina proviene dicha orden) para que ese recurso sea recortado y destinado a otro propósito.
Los trabajadores a quienes afectan tales volubilidades, es decir el ejército laboral tanto el que aún se encuentra en activo como el que ya ingresó a la sombra de los recesos, conocen al dedillo su situación. Saben que hay una ley, conocida como Ley 1973, que es la del régimen de beneficio definido, y otra llamada Ley 1997, que rige la de las cuentas individuales, mejor conocidas como afores.
Cuando un cuentahabiente del IMSS acude a las ventanillas de su delegación para suscribir el documento, mediante el cual se establecerá la entrega de su monto pensionario, los burócratas al cargo le dan a escoger la alternativa de la ley del 73 o la del 97. Hasta el día de hoy todo mundo escoge, si la tiene como opción, la del beneficio definido o ley del 73, pues otorga una perspectiva más amable: un monto definido, así sea reducido, pero constante y bajo la responsabilidad total de las arcas del Instituto. En cambio, si algún trabajador decide suscribir la opción afores, o sea acogerse a los “beneficios” de la ley de 1997, tendrá que sucumbir a una entrega reducida de recursos, los que haya acumulado en su cuenta personal y hasta donde alcance dicho monto. La perspectiva de que se quede sin miel y sin jícara está a la vuelta de la esquina. Esta alternativa aún se encuentra en el menú ofrecido. Pero ya no durará mucho en cartelera. Si no estamos mal informados, para el año 2021 sólo habrá de una sopa para todos: la ley del 97.
El monto para la pensión recibe el curioso nombre de tasa de remplazo. Ya sabemos lo graciosa que resulta, para fines lingüísticos, la gente del gremio financiero. Esta palabreja ya posee carta de ciudadanía. Así que la utilizaremos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) proyectó en sus cálculos (y esto con cifras de 2013, que apuntaban a resultar mucho mejor que las del día de hoy) que los trabajadores con 36 años o menos (SB4) obtendrán una tasa de remplazo, aforada por supuesto, correspondiente al 30.7% de su sueldo actual. Las personas de 37 a 45 años (SB3) recibirán sólo el 19.9%. Para el segmento laboral que fluctúa ahora entre los 46 y los 55 años (SB2) sólo se contempla que vayan a percibir el 13.8% de su salario actual. Y los mayores de 55 años no han de aspirar a una limosna superior al 5.2 % de sus ingresos actuales.
Lo aquí dicho no es discurso panfletario. No proviene de radicales y activistas que confronten a las masas enardecidas en contra del gobierno. Son estimados emitidos por la ASF, que avalan los estudiosos más enterados en la materia. Va a ser la cruda realidad o el viacrucis que enfrentarán todos los días quienes ocurran a su oficina correspondiente a tramitar su pensión en los años que vienen, si es que no hay pronto un punto de inflexión firme y claro en esta materia que cambie la situación.
Cuando hace 18 años Ernesto Zedillo apadrinó el cambio de modelo para las pensiones, calificó la medida como la instauración de un sistema moderno, ágil, transparente y justo, adecuado para el futuro, dijo entonces. El único renglón en que se ha visto su eficiencia sin mácula, hasta el momento, es en los pingües rendimientos que ha dejado a los bolsillos de los concesionarios autorizados para manejar el dinero de los ahorradores, o sea en las de los dueños de las afores, que reportan ganancias acumuladas superiores a los 30 mil millones de pesos. En contraste con el futuro de los pensionables, para quienes se avizora una cartera raquítica y enjuta, en todos los casos.
Aparte de las negras perspectivas, un día sí y el otro también, se maneja en los altavoces públicos la amenaza latente de que por consejos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o por dictamen de la Suprema Corte de Justicia, o por iniciativa del gobierno, el monto de las pensiones será rebajado a un tope que no vaya más allá de los 10 salarios mínimos. Suena a amenaza, como si todos los jubilados del país se pudiesen acoger a un beneficio de tal naturaleza. Es una ofensa para tantos y tan dignos adultos mayores que entregaron su vida activa al sostenimiento del edificio social actual y a quienes se les regatean hasta los insumos mínimos para que sigan subsistiendo decorosamente.
Se argumenta que con la fiscalización presente no alcanza ya para cubrir las pensiones. Pero como siempre hay que desvirtuar los datos, salen a decir que las afores no acumulan suficiente dinero, porque los trabajadores no ahorran lo suficiente en su cuenta individual. La insuficiencia proviene de la descomposición estructural de nuestra economía. La informalidad le tiene ganada la batalla, pero de calle, a la formalidad. La evasión de cuotas por parte del sector patronal está plenamente documentada. La contratación, ahora legal, del outsourcing, se ha impuesto en todo el territorio nacional.
Ya no hay prestaciones. Ya no hay contratos colectivos. Ya no hay sindicatos. Ya no se contabiliza la antigüedad. Ya no hay garantía de pensión contemplada por la empresa o el gobierno. “Si la quieres, la ahorras”, dicen las afores. “Y para que no tengas sobresaltos nocturnos, yo te jineteo ese dinero todo el tiempo que dures trabajando. Si son 40 años o más, que no te llegue apuro. Estará en muy buenas manos. Tú, duerme, duerme, negrito, que tu mama está en el campo, negrito” –trovan a coro, haciendo segunda a la inolvidable Mercedes Sosa.
En la UdeG, los mafiosos de las pensiones para los trabajadores de este centro de trabajo, se inventaron, avalados desde luego por las dizque autoridades pertinentes, una aforita, a la medida de sus deseos. Armaron un fideicomiso a cuyo cochinito le inyectan cada mes el 10% del salario de todos los pensionables: es decir, de los trabajadores en activo, pero también de los ya jubilados y pensionados. Éstos últimos tienen el derecho de ya no ser vacunados por tales moches. Pero en la UdeG, ¿cuándo –que se sepa– la ley ha conocido aplicación favorable a los trabajadores? Nunca. Ni dando machetazos a caballo de espadas. De este particular hay material suficiente para otro artículo. Salud.
