Los activistas políticos y ambientales lo tienen claro: pretender que México organice el tercer mundial de futbol en su historia es un sinsentido que raya en el cinismo. La ecuación es sencilla: los esfuerzos económicos, políticos y sociales deben encaminarse a la construcción del estado de derecho y la protección del entorno, no a la organización de un certamen que históricamente ha traído problemas y crisis a la nación que lo alberga.
Ante el propósito de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) de organizar en 2026 una tercera Copa del Mundo –cuya sede designará la FIFA centrada en dos ejes esenciales: derechos humanos y defensa del medio ambiente–, organizaciones defensoras de estas materias advierten la grave crisis que afronta México en temas que ya se han vuelto cotidianos: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, desplazados y un sinnúmero de actos violentos.
Por ello, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Greenpeace México ya rechazaron la iniciativa de la Femexfut, porque sólo ocultaría la falta de voluntad política del gobierno federal por atender asuntos tan prioritarios como derechos humanos y medio ambiente. Además denuncian que persiste la interminable cadena de agravios amontonados desde los tiempos de Vicente Fox.
Erika Guevara, directora de la Oficina Regional de las Américas de AI, advierte: “Hay que avisarle a la FIFA de una vez que México reprueba en todos sentidos las condiciones para ser sede de una Copa del Mundo y un modelo de país de respeto a los derechos humanos. En todo caso, un evento de esta magnitud tendría que ser un buen mensaje de competencia limpia”.
Lamentablemente, añade Guevara, México está atravesando una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, con desapariciones y asesinatos en aumento, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, en una total militarización de asuntos sociales.
“El uso generalizado de la tortura, que cada día está cobrando mayor prominencia en los medios de comunicación, ha sido una práctica constante, y hoy en día está sistematizado el uso de las fuerzas de seguridad contra las personas detenidas con el propósito de sacar confesiones bajo tortura. Entonces, si es que la FIFA tiene que hacer un examen a México, de una vez les digo que está bien reprobado.”
En entrevista, Érika Guevara afirma que existen ciertos esfuerzos institucionales por fortalecer las legislaciones y las instituciones públicas, “pero sin una voluntad política real para reconocer, primero, la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país”.
“Hasta este momento ni siquiera el presidente, Enrique Peña Nieto, ha tenido la voluntad política de afrontar de manera clara, tanto en el ámbito nacional como internacional, el hecho de que el país está viviendo una de las peores crisis de derechos humanos del hemisferio. Sin ese reconocimiento, cualquier esfuerzo mínimo que se haga carece de cualquier relevancia; se queda en promesas en el papel.
Desde la visión de AI, el Estado ha sido negligente en el trato a las víctimas y a sus familias.
Un ejemplo es el problema de las desapariciones. AI ha documentado, día con día, el aumento de estos delitos. “Desgraciadamente no vemos una mejoría, sino todo lo contrario”.
En febrero pasado, el gobierno federal reportó 27 mil 659 desaparecidos, desde 2007 al último día de diciembre de 2015, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED), que también evidenció a los tres estados con el mayor número de casos relacionados con el fuero federal: Guerrero tiene 247; Veracruz, 165, y Tamaulipas, 137, mientras que Tamaulipas marcha a la cabeza en la lista del fuero común, con 5 mil 583, adelante del Estado de México, con 2 mil 662, y Nuevo León, que registra 2 mil 224.
Guevara también considera que las intenciones mundialistas de la Femexfut por organizar un tercer Mundial en el país, después de México 70 y México 86, “es como vivir en dos mundos separados, cuando hay un sufrimiento de millones de personas desplazadas de sus hogares a causa de la violencia, sin que exista un mecanismo de investigación sólido.
“Lo vimos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a pesar de tratarse de un caso que ha cobrado mucha relevancia, con un grupo de expertos independientes dedicados a la investigación. Por lo visto, el gobierno sólo ha querido atender esta crisis de manera mediática, pero no ha tenido el compromiso de atender la crisis y la grave violación a los derechos humanos que están sufriendo 43 estudiantes, 43 familias.”
–Por casos como éstos, ¿México está preparado para buscar una tercera Copa del Mundo de futbol? –se le pregunta.
–A la juventud nos quedan claros los beneficios del deporte, la competencia genuina. Sin embargo, en este momento México está muy lejos de ser un modelo para ello. Primero tendría que atender la problemática que la juventud del país enfrenta: un nivel de violencia y desigualdad que no les permite el desarrollo pleno.
Lo peor de todo, reitera, es que no existe voluntad política. “Sólo hay palabras y papeles que no se traducen en el cambio de la vida de las personas”.
“Esperamos que quepa la coherencia en el gobierno. A pesar de que la Femexfut no es un ente gubernamental, sin duda alguna la voz del gobierno en la decisión de ser sede o no de un acto de esta naturaleza no únicamente es importante, sino decisiva. Si la coherencia es realmente atender los problemas de la juventud, lo mejor es garantizarles su educación y los espacios de entretenimiento, como el deporte. Lo que debe hacer el gobierno es no coquetear con la idea de ser sede de un Mundial.”
En opinión de la representante de la ONG, Brasil alista los preparativos de los Juegos Olímpicos de Río en medio de una crisis política profunda. “Esas contradicciones son un reflejo de la poca prioridad que los Estados le están dando a la defensa y promoción de los derechos humanos.
–En el caso de México, ¿vislumbra una película similar a la de Brasil?
–Dadas las actuales condiciones, enfocar esfuerzos financieros y políticos en la realización de un certamen así no sólo sería un error estratégico, sino otra violación a los derechos humanos, cuando hay tantas necesidades que atender, tanto esfuerzo político que poner ante la crisis en derechos humanos. No sólo sería a un error de cálculo, sino una negligencia absoluta.
Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones y abusos a los derechos humanos en certámenes organizados por la FIFA, como el Mundial de Brasil 2014, por actos de represión –durante los preparativos del torneo y el desarrollo del mismo– contra gente que se manifestó por el millonario gasto público en la edificación de estadios y demás infraestructura.
A finales de marzo pasado, AI presentó la investigación El lado feo de un juego hermoso: trabajo y explotación en Qatar, sede de la Copa del Mundo (basada en entrevistas a 132 trabajadores), mediante la que se quejó ante los patrocinadores de dicha copa de no presionar a la FIFA para frenar la ola de abusos cometidos por esa nación contra los obreros inmigrantes, sobre todo procedentes de Nepal y de India.
La ONG ventiló que a los albañiles se les cobró en sus respectivos países como parte de su contratación en Qatar, donde han vivido en condiciones “miserables”. De acuerdo con el estudio de AI, a los trabajadores les retiraron sus pasaportes para impedir que puedan abandonar el país que albergará la competencia en 2022.
El pasado 3 de abril, AI denunció que la FIFA ignoró su advertencia sobre los abusos cometidos por Qatar. “Esta situación ya no puede ser ignorada por el organismo que gobierna el futbol profesional”, denunció.
“Hemos realizado llamados directamente a la FIFA solicitándole su intervención para garantizar las labores de los obreros y poner sistemas de monitoreo independiente que permitan asegurar de que no se están cometiendo violaciones a los derechos humanos”, delinea Guevara.
El asesor externo de la FIFA, John Ruggie, catedrático de la Universidad de Harvard, recomendó al organismo –en abril pasado– despojar de las sedes mundialistas a los países que violenten los derechos humanos.
En este contexto, la FIFA aprobó los nuevos Estatutos durante un congreso extraordinario celebrado el 26 de febrero pasado, y se comprometió a reconocer y proteger las garantías individuales.
La fachada ecológica
Durante su reciente visita a la Ciudad de México, con motivo del Congreso de la FIFA, que se celebró del 12 al 13 de mayo, el presidente del organismo, Gianni Infantino, advirtió que como parte del proceso de selección de las candidaturas para organizar la Copa del Mundo también se priorizará la protección al ambiente.
María Colín, asesora legal de Greenpeace México, afirma que México no está en condiciones de celebrar una Copa del Mundo, pues “en términos ambientales deja mucho que desear”, y alerta que la obtención de la sede “es agregarle una nueva amenaza tanto a comunidades como a defensores de los recursos naturales. Si se construirán instalaciones a costa del medio ambiente y de las comunidades, el proyecto no debe avalarse”.
Colín abunda: la mala calidad del aire y del agua –“más de 80% de los ríos en el país están afectados”– también hace imposible celebrar un Mundial.
“No es un asunto de respetar las normas ambientales, sino lo que significa para un país donde la degradación ambiental se ha venido incrementando y no hay señales de que esto se vaya a detener, porque no se están tomando las medidas adecuadas para revertirlo.
“Tenemos una nación con más de 15 leyes ambientales y sus reglamentos, así como un número similar de normas oficiales mexicanas, pero entre ellas sufren traslape; algunas se contraponen. Por ejemplo, la Ley de la Vida Silvestre se opone a la Ley Forestal. Por un lado, una legislación protege el manglar y por otro lado permite desmontar estos ecosistemas…”
Además, la jurista acusa que el gobierno federal tampoco respeta las medidas ambientales. “Encontramos un escenario de leyes laxas y falta de acciones en torno a las inspecciones de vigilancia. Además, las leyes son implementadas de tal manera que no afecten a los inversionistas. Ese ha sido el enfoque de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para aprobar inversiones completamente depredadoras”.
–¿Qué ha hecho el gobierno federal en materia del medio ambiente? –se le inquiere.
–Una mayor complacencia con las empresas. Hay mucho maquillaje verde, una tendencia a permitir que las empresas se autorregulen en materia ambiental y se les otorgan certificados que resultan un instrumento para volverse intocables y con ello evitar las inspecciones. Se han generado herramientas para que no se detenga el trabajo de estas empresas y se ha dejado de lado la política ambiental con el consiguiente deterioro.
“El caso más emblemático es la empresa minera Grupo México, protegida por el gobierno. Luego del desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora, a la compañía se le impusieron sanciones de tipo económico y una clausura temporal en ciertas instalaciones, pero ni siquiera se consideró la posibilidad de retirarle las concesiones y permisos.”
Colín apunta otro ejemplo de una empresa consentida del gobierno: la constructora española OHL, “a la que se le otorgaron concesiones para construir supercarreteras, pese a todos los escándalos de corrupción y los daños que provocaron en las comunidades del Estado de México por expropiación de sus tierras, derribe de bosques y de áreas naturales”.
La asesora de Greenpeace México plantea: “La pregunta es: ¿hay voluntad política para llegar a 2026 (año del Mundial) en condiciones ambientales óptimas? La respuesta es no, ante la falta de voluntad política para generar una transición a un modelo ambientalmente más aceptable. Realmente desde el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, las tendencias no han cambiado mucho, dado que el inversionista es el ente al que protegen”.
