Al fin salió de la prisión estatal de Colima el abogado Arturo Mosqueda, integrante del Instituto de Derecho Ambiental y representante legal de los ejidatarios nahuas jaliscienses que el 22 de julio de 2015 fueron reprimidos por la policía de aquel estado por exigir compensaciones de la minera Peña Colorada por la explotación de sus tierras. El integrante del Instituto de Derecho Ambiental fue acusado de privar de la libertad a los directivos de la empresa, así como de despojo y robo calificado. Nada de eso se le comprobó, pero la represión ya surtió efecto.
COLIMA, Col.- Cuando dio el primer paso afuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, la madrugada del viernes 13, Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez creyó que vería de inmediato a sus familiares y compañeros esperándolo para abrazarlo, pero se descubrió solitario en medio de la oscuridad. Todavía tuvo que caminar cerca de medio kilómetro, cargando sus pertenencias, para encontrarse con ellos más allá de la caseta de vigilancia, pues sólo hasta esa área se les permitió acercarse.
Ese último trayecto pareció alargar aún más el periodo de casi 10 meses que el defensor de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, permaneció en el reclusorio, acusado por la empresa minera Peña Colorada de cargos que posteriormente fueron desvirtuados por un juzgado y un tribunal del Poder Judicial de la Federación, que mediante la sentencia de un juicio de amparo ordenaron su libertad.
Integrante del Instituto de Derecho Ambiental A.C. (Idea), con sede en Guadalajara, Mosqueda fue inculpado de privación ilegal de la libertad, despojo y robo calificado, delitos supuestamente cometidos durante una movilización de ejidatarios nahuas de Ayotitlán, que el pasado 22 de julio fueron reprimidos por elementos de corporaciones policiacas de Colima cuando exigían a la minera el pago de regalías por el uso de sus tierras para actividades relacionadas con la extracción de hierro (Proceso Jalisco 560).
Aunque fue detenido junto con 33 campesinos, estos últimos fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que al defensor ambientalista, quien era su asesor jurídico, le fueron adjudicados los delitos más graves que lo obligaron a enfrentar el proceso desde la prisión. Esta determinación fue tomada por el Juzgado Primero de lo Penal de Colima después de una reunión entre el entonces gobernador de esta entidad, Mario Anguiano Moreno, y su homólogo jalisciense, Aristóteles Sandoval Díaz (Proceso Jalisco 562).
A principios de octubre pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Colima concedió a Mosqueda un amparo contra el auto de formal prisión, con el argumento de que no se acreditó su probable responsabilidad en los delitos imputados.
En la sentencia 1173/2015, la secretaria en funciones de juez, Nancy Adriana Salazar López, advirtió que para dictar la formal prisión a Mosqueda, el juez Primero de lo Penal, Abel Jaime Ramírez Ayala, “seleccionó discrecionalmente aquellas pruebas o segmentos de éstas que perjudican al indiciado, lo que trajo como consecuencia que evidenció una verdad inclinada del contexto real de los hechos, con el único propósito de justificar su conclusión, lo que desde luego violenta en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales tutelados a través de las garantías individuales” (Proceso Jalisco 570).
Frente a un recurso de revisión interpuesto por Peña Colorada y algunos de sus directivos, correspondió resolver el asunto en definitiva al Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Saltillo, Coahuila, que poco antes de las tres de la tarde del jueves 12 de mayo confirmó el amparo otorgado desde octubre y ordenó la liberación inmediata del detenido.
Horas después, aproximadamente a las 10:30 de la noche, Mosqueda se encontraba frente a un televisor viendo, junto con sus compañeros de celda, el partido de futbol Chivas-América cuando un custodio lo llamó. Bajó al área de visitas, donde lo esperaba un actuario del Poder Judicial, quien le notificó la resolución del amparo y le informó que la orden del Tribunal era que saliera libre de un momento a otro. Todavía debió esperar cerca de tres horas para poder trasponer el portón del centro penitenciario.
Máxima Seguridad
Eduardo Arturo, quien dentro de la prisión cumplió 27 años el 9 de febrero pasado, es el mayor de los dos hijos del arquitecto Eduardo Mosqueda Pelayo y de la enfermera Martha Gloria Sánchez Soriano. Es egresado de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara y miembro desde hace más de cuatro años del Instituto de Derecho Ambiental, que preside la doctora Raquel Gutiérrez Nájera.
Después de haber estado preso nueve meses y 20 días, dice, salió “con el ánimo más firme que nunca para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos, porque es mi vida; todo pasa por algo y esto me templa para seguir adelante”.
Admite, sin embargo, que en la prisión la vida transcurre de manera diferente: “Es como un limbo donde la desesperación y la angustia son cosa de todos los días, a veces parece que uno ni siquiera está vivo; en ocasiones uno siente que pierde la categoría de ser humano. Gracias a Dios yo estuve encerrado menos de 10 meses y ya quería que todo terminara, quería saber qué iba a pasar, porque la incertidumbre es muy pesada, pero hay personas que pasan hasta cinco o siete años sin que se resuelva su situación y eso te vuelve loco, a cualquiera lo va destruyendo”.
Sus primeros cuatro meses de encierro fueron los más difíciles porque estuvo confinado en el área de máxima seguridad del penal, donde permanecía enclaustrado prácticamente las 24 horas en una celda de nueve metros cuadrados, en compañía de dos presos más, con tres salidas al día para recoger sus alimentos y regresar a consumirlos en el interior de la estancia.
En entrevista con Proceso Jalisco, el defensor del ambiente y los derechos humanos cuenta que la decisión de enviarlo a esa área fue del subdirector de Vigilancia, conocido como el comandante David, luego de que fue avisado por un custodio que Mosqueda era el “líder” del movimiento de la comunidad de Ayotitlán porque estaba leyendo a los campesinos nahuas la hoja de derechos y obligaciones que se les entregó al ingresar al reclusorio.
“Me llevaron ante él y me advirtió que no quería desmadres, por lo que me iría a máxima seguridad. Le dije que no tenía por qué haber problemas, traté de explicarle el contexto, le comenté que leí sus derechos a los campesinos porque muchos de ellos no sabían leer, pero no escuchó razones.”
Así, durante esa etapa estuvo recluido entre homicidas, narcotraficantes y sicarios. “Con frecuencia había fricciones entre miembros de diferentes cárteles, era muy estresante porque en cada momento pensaba que podía pasar lo peor. Ya quería salir de ahí porque el estrés de estar encerrado todo el día en un pequeño espacio me estaba afectando mucho”.
En noviembre, su participación en un concurso de calaveras y catrinas, en el que obtuvo el tercer lugar, brindó a Eduardo la oportunidad de ser reubicado al área de población general, tras proponer al subdirector técnico la puesta en marcha de un proyecto de manejo de materiales reciclados.
A partir de entonces fue enviado a una celda de aproximadamente 16 metros cuadrados en la que había ocho internos, con la diferencia de que únicamente entraban a dormir porque tenían la libertad de permanecer y realizar diversas actividades en el patio del Cereso durante 12 horas del día, de las 7:00 a las 19:00 horas.
En esta nueva etapa, Mosqueda se dedicó a coordinar el proyecto ofrecido, además de impartir clases de bachillerato a otros internos, ayudar en actividades de la capilla y tomar cursos de capacitación en corte de flor y fabricación de fertilizantes orgánicos.
“Estas actividades eran terapéuticas, me ayudaron a resistir y ya me sentía mejor. Pude conocer más gente, con la que platicaba. Algunos presos contaban que estaban pagando tal delito que habían cometido o también otros decían que estaban ahí de manera injusta, pero en general percibí que hay desesperanza por el manejo de muchos abogados y por las fallas del sistema judicial; hay una miseria muy grande que termina minando a las personas.”
Sobre el motivo que lo llevó a la cárcel, aclara que había un proyecto de delimitación de los terrenos del ejido Ayotitlán, por lo que el 22 de julio de 2015, en representación de Idea, acompañó a los campesinos a una visita de reconocimiento de las tierras, de las que una parte están ocupadas por la minera.
“Lamentablemente entraron los cuerpos policiacos de Colima agrediendo a los ejidatarios; parece que hay un contubernio del gobierno de ese estado con la empresa minera, donde en vez de servir a las causas sociales sirven a intereses particulares.”
Considera que en el auto de formal prisión dictado en su contra sin derecho a libertad bajo fianza “hubo consigna” para castigar al Instituto de Derecho Ambiental, como represalia por la defensa que esta organización ha realizado de las comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán, que han sido afectadas por la actividad minera en la región.
A juicio de Mosqueda, la intención de su encarcelamiento fue “tratar de debilitar el proceso que se estaba llevando a cabo, a través de una estrategia en la que participaron los gobiernos de Colima y Jalisco, así como Peña Colorada”.
Narra que mientras estaba preso, recibió un ofrecimiento de parte del representante jurídico de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, Efraín Palacios Morquecho, quien “dijo que podían sacarme rápido, con la condición de que me desistiera del amparo y me fuera en contra de mis compañeros de trabajo en Idea, cargándoles toda la responsabilidad, pero rechacé la propuesta porque no iba a permitir que gente con tantos años en la defensa de los derechos humanos fuera criminalizada a cambio de mi libertad”.
“Acto de intimidación”
Para el abogado Pedro León Corrales, coordinador del Área Agraria de Idea, el encarcelamiento de Eduardo Mosqueda fue “todo un desafío para el Instituto de Derecho Ambiental, porque es la única vez que un defensor de derechos humanos de este organismo ha sido detenido, desde que se fundó en 1997, por lo que la tarea principal de Idea durante todo este tiempo ha sido trabajar en todos los aspectos para lograr la libertad de Eduardo y la exculpación de los 33 nahuas que todavía tienen en su contra la acusación del delito de despojo no agravado”.
Destaca que la defensa legal estuvo coordinada por la presidenta de Idea, Raquel Gutiérrez Nájera, con la participación de Carlos Valentín Veyna y Dámaris Santana: “El equipo jurídico del instituto se volcó al caso desde las primeras horas que siguieron a la detención de Eduardo y de los 33 ejidatarios nahuas”.
Entre las claves que hicieron posible que se construyera un escenario de justicia, León Corrales menciona la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los juicios de amparo promovidos de inmediato, situación que “impidió la fabricación de otros delitos” por parte de la Procuraduría General de Justicia de Colima, que “tuvo que consignar en un plazo de 48 horas ante el Poder Judicial de Colima”.
Así también, “en las primeras horas se logró desbaratar el cargo más disparatado formulado por la procuraduría colimense, que era la acusación de secuestro con pagos de rescate, pues con los recibos originales que la minera Peña Colorada entregó a los representantes ejidales se acreditó que el pago era una deuda por el arrendamiento de unas tierras de la comunidad nahua de Ayotitlán, por lo que el juez penal reclasificó el delito como privación ilegal de la libertad”.
De acuerdo con León Corrales, los gobiernos de Jalisco y Colima pretendieron dividir y someter a los 33 nahuas detenidos, así como a la comunidad, que recibieron presiones para que pidieran perdón a Peña Colorada y descargaran todo el peso sobre Eduardo Mosqueda para salir libres, pero la comunidad y los detenidos se negaron y exigieron justicia manteniendo el reclamo sobre Peña Colorada.
Ante esto, añade, los dos gobernadores negociaron la liberación de los nahuas bajo fianza y la acumulación de cargos contra el activista de Idea, quien recibió auto de formal prisión como supuesto autor intelectual de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo.
“Los elementos no estaban en el expediente, el juez no pudo acreditar el señalamiento contra Eduardo, lo hizo como resolución de consigna muy pobre, pero no tuvo con qué sustentar ni el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, por lo que el auto de formal prisión dictado no tenía la fuerza técnica jurídica, por lo que en el juicio de amparo la justicia federal tuvo todos los argumentos para desbaratar la resolución del juez Primero de lo Penal de Colima.”
El aspecto legal, sin embargo, no fue suficiente en la lucha por la liberación de Eduardo Mosqueda, por lo que el caso se proyectó de manera internacional a través de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, que junto con el equipo jurídico de Idea planteó el asunto ante los relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En su informe de septiembre del año pasado sobre la situación de los derechos humanos en México, cuatro de ellos solicitaron al gobierno mexicano que informara sobre la situación de Mosqueda, porque consideraron que encuadraba en el contexto de afectación de derechos humanos de defensores.
Mediante un documento de cinco cuartillas enviado a las autoridades mexicanas, los relatores expresaron su “preocupación por las alegaciones relativas a la detención y el proceso judicial iniciado contra el señor Mosqueda Sánchez, acciones que estarían presuntamente relacionadas con sus actividades legítimas como abogado y defensor de los derechos humanos, en particular de los derechos de la comunidad indígena de Ayotitlán”.
Suscrito por Seong-Phil Hong, relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Michel Forst, relator sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos; Mónica Pinto, relatora sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; así como Victoria Lucía Tauli-Corpuz, relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el informe expone:
“Expresamos particular preocupación por las alegaciones que indican que estos actos de hostigamiento buscarían restringir el trabajo legítimo de la organización Idea y constituirían un acto de intimidación contra los demás miembros de dicha organización, quienes podrían ser objeto de las mismas medidas en el futuro, como consecuencia de su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos.”
El documento se hizo llegar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Gobernación, además de que la defensa de Mosqueda se aseguró de que fuera integrado al expediente del juicio de amparo.
León Corrales considera que en la liberación de Eduardo fue fundamental la internacionalización del caso en el marco de la defensa de los derechos de los defensores de los derechos humanos, además del trabajo técnico jurídico de Idea y el apoyo de redes de organismos no gubernamentales de la región, como Agua para todos, el Colectivo Ecologista, Federación de Trabajadores y Sindicatos del Estado y Municipios de Jalisco, las comunidades afectadas que trabajan con el instituto, así como el movimiento “Nos falta el 34” –referencia a los 33 ejidatarios liberados y el encarcelamiento de Mosqueda–, impulsado fundamentalmente a través de las redes sociales y mediante otros mecanismos.
“Todos estos esfuerzos –expone– alimentaron la esperanza de que se hiciera justicia, no fue nada fácil pero se logró un fallo favorable que ahí está y, en ese sentido, se construyó el acceso a la justicia tocando la esfera internacional de protección a defensores de derechos humanos, encabezado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, de la que el instituto forma parte.”
Concluye: “Casi todos los defensores de derechos humanos encarcelados han obtenido su libertad por ejecutorias de tribunales colegiados o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los fallos de este tipo han sido de alto nivel y ese es el instrumento que todavía funciona en México, siempre y cuando se conjuguen la defensa legal y un contexto social”.
