Señor director:
Le ruego que publique en la sección “Palabra de Lector” la siguiente carta, dirigida a Luis María Aguilar Morales, ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y a Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública:
Son ya cinco años sin que se cumpla el restablecimiento del vínculo paterno-filial ordenado por la juez segundo Miriam Olimpia Lozano Rodríguez (expediente 97/2011) en un caso que afecta mi relación con mi hija.
Obra constancia de estudios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (de agosto de 2012) que detectó “personalidad fantasiosa, manipuladora y vengativa, haciéndose uso de cualquier medio”, de mi excónyuge, Nelly Lomelí Torres. El expediente fue radicado en la Sala Cuarta (toca 55/2015); hubo una audiencia el 7 de mayo de 2015. El secretario de acuerdos (Claudio Subias Fuentes), nos canalizó a estudios socioeconómicos y Área Biopsicosocial de la Procuraduría General de Justicia.
A las pocas semanas Lomelí Torres incumplió sus obligaciones de crianza y el tratamiento odontológico; aún más: el pasado noviembre los resultados de los estudios concluyeron que ella ejerce violencia psicológica hacia mi hija.
Solicité a la Sala Cuarta que comprobara si el concubino de mi excónyuge es apto para convivir con mi hija, lo cual fue ignorado.
A finales del pasado enero mi hija me alertó sobre la intención de su madre de cambiar su residencia a otra entidad; informé de esto a la Sala Cuarta porque tal acción contraviene acuerdo judicial del 10 de julio de 2014; tampoco hicieron nada.
El pasado 14 de marzo Édgar Bernal Miranda y Nelly Lomelí Torres cambiaron de residencia, con mi hija, a Toluca. El representante legal del Colegio Teifaros ratificó que mi excónyuge exigió la baja escolar y los documentos oficiales de mi hija. Me dirigí a los proyectistas de la Sala Cuarta; coincidieron sobre la alienación parental ejercida por Nelly Lomelí Torres, psicóloga “especialista en menores” (cédula 8810754).
El pasado 18 de abril acudí al magistrado Juan Luis González Carrancá e informé sobre la inasistencia de mi menor a su escuela. Ella ahora acude a otro centro educativo, Alma Mater, sin documentos oficiales.
Lamentablemente mi hija perderá el ciclo escolar.
A principios de noviembre pasado presenté una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitando su interés, prevención y castigo en torno al síndrome de alienación parental, así como de la grave situación de los centros de convivencia; no obtuve respuesta. La Sala Cuarta duda sobe el cambio de guardia y custodia, con el argumento de “inasistencias a convivencias” (miércoles de 6 a 7 de la tarde), sin tomar en cuenta que interrumpo mi trabajo en día y horario laborables; no obstante lo cual he cumplido con más de 90% de las visitas y no hay impedimento en mi contra. ¡Es una injusticia que el Estado no muestre respeto al derecho a la educación e integridad de mi hija, Sofía Hernández Lomelí, y viola mis garantías individuales!
Atentamente,
José Luis Hernández Jiménez
