Señor director:
Le suplico que publique esta carta, dirigida a:
Guillermo Orozco Loreto, procurador social de la Ciudad de México:
Ante las múltiples irregularidades en las que han incurrido sus administradores, el edificio en el cual habito está a punto de colapsarse –confirmado esto por Protección Civil–, pues en 50 años esos administradores no han hecho nada más que robar.
Después de un lento proceso, la Procuraduría Social de la Ciudad de México sancionó a esas personas, pero posteriormente las perdonó, sin una explicación jurídica. No entiendo cómo pudo ser esto más que con corrupción e ineptitud en esa dependencia.
Con base en lo anterior, en compañía de la señora White del Campo interpuse quejas ante la Procuraduría Social contra Yolanda Sandoval González y Stephani Lewis Sandoval, madre e hija; se resolvió sancionarlas por diversas irregularidades y por haberse ostentado como administradoras, en las resoluciones No. 066/PAAS/2012 y No. 163/PAAS/2013.
Sin ser nosotras oídas y vencidas en juicio de nulidad, la Procuraduría dejó sin efecto dichas resoluciones.
En la primera resolución, después de un juicio largo, intervino el Tribunal Colegiado para ordenarle a la Procuraduría Social emitir un nuevo fallo en cumplimiento a una ejecutoria, algo que se dictó el 12 de abril del presente año. Algo insólito: el 8 de abril de este año dejó sin efecto la segunda resolución promovida con anterioridad por segunda ocasión, lo cual está fuera de contexto jurídico, constatándose que en cuatro días dicta sentencias contradictorias, las cuales fueron firmadas por el licenciado Argenis Vergara Zúñiga.
Pregunto: ¿con cuál personal cuenta dicha dependencia, que incurre en una serie de anomalías y dicta fallos que favorecen a las administradoras que transgreden la ley de propiedad en condominio? ¿Para qué fue creada la Procuraduría Social, ya que sus resoluciones van en prejuicio y detrimento del patrimonio de los condóminos?
Atentamente,
Alicia Rojano Ledesma,
condómino de la Unidad ubicada en Taxqueña 1530-218
