En los últimos años se han derruido las instituciones del deporte mexicano. Las dependencias que deberían regularlo son cada vez más débiles. Un ejemplo es el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, que ni siquiera se ha instalado, y otro es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que nunca ha trabajado con plantilla completa. Ahora es peor: debido a la indolencia del presidente de la República y a las pugnas entre la SEP y la Conade, dicho tribunal no tiene un solo miembro. Los tres que quedaban concluyeron sus encargos y no se ve para cuándo nombren nuevos. Y Río 2016 está a tres meses…
La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), el órgano de justicia deportiva en el país, quedó desierta: los tres miembros titulares que se mantenían en el cargo concluyeron formalmente el ejercicio de sus funciones el pasado 24 de abril.
Desde 2014, por razones no aclaradas, toda la responsabilidad del pleno de la CAAD recaía únicamente en tres miembros titulares de la comisión –Luis Fernando Jiménez, Norma Olivia González y el presidente, Rafael Rodríguez Sánchez–, pese a que la legislación deportiva establece que el pleno debe estar integrado por cuatro titulares y un presidente, todos designados por el Ejecutivo federal… pero nadie le mencionó a Enrique Peña Nieto que hay dos plazas vacantes.
La ausencia de los miembros titulares ha frenado todos los trámites y recursos de apelación respecto de las impugnaciones planteadas por cualquier persona física –deportistas, entrenadores– o moral inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte o por alguno de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).
En suma, los magistrados de dicha comisión dejaron 25 recursos de apelación sin dictaminar y consignaron una lista de al menos 27 desacatos –que incluye a presidentes de federaciones deportivas nacionales– por violaciones a la ley del deporte. Aunque estos últimos casos fueron turnados el mes pasado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con el fin de aplicar las sanciones correspondientes, el organismo que dirige Alfredo Castillo continúa sin pronunciarse.
Por el momento también quedaron detenidos los procedimientos contra los presidentes de federaciones deportivas nacionales que están en la mira de la Conade por pleitos, intrigas, irregularidades y la no comprobación de los recursos del erario asignados. Los implicados son Antonio Lozano (atletismo), Alonso Pérez (beisbol), Ricardo Contreras (boxeo), Edgardo Hernández (ciclismo), Eduardo Villegas (frontón), Artemio Izquierdo (luchas asociadas), Rosalío Alvarado (pesas) y Effy Sánchez (tiro con arco).
Este es sólo un capítulo más del desajuste que prevalece en la política deportiva del país. De acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte, el pleno de la CAAD se forma por un presidente y cuatro miembros titulares. Y la responsabilidad en las designaciones recae directamente en el presidente de la República, a propuesta del Sinade. Sin embargo, Enrique Peña Nieto ha sido omiso.
El pasado 29 de abril tuvo lugar la primera sesión ordinaria del Sinade, en Acapulco. En ningún momento se discutió el proceso de integración para que el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte enviara las propuestas al Ejecutivo federal.
Y aun cuando el presidente de la República realice las designaciones directas, el proceso estaría viciado de origen al no existir el reglamento para el funcionamiento e integración de la CAAD, como lo establece el artículo 119 del reglamento de la actual legislación deportiva.
La pugna
Hay, además, una serie de jaloneos entre la SEP y la Conade, en la que cada uno intenta imponer, al menos, a tres miembros titulares, incluido el presidente de la CAAD. Esto significaría tener la mayoría en la comisión y, con ello, asumir el control de la justicia deportiva. En resumen: se convirtió en un botín político.
El 15 de abril, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Miguel Augusto Castañeda Fernández, convocó a una reunión de trabajo en sus oficinas, en la que estuvo presente un miembro titular de la CAAD. Justo ahí, el funcionario se enteró de que los tres miembros titulares de dicha comisión estaban a horas de culminar su gestión.
En ese encuentro, Castañeda Fernández no ocultó sus verdaderas intenciones y dejó en claro a los presentes que no permitirá que el director de la Conade imponga a los miembros de la CAAD. Lo considera excesivamente protagonista.
El interés de la SEP por controlar la CAAD, órgano desconcentrado de esta secretaría, lo confirma la presencia diaria del director general adjunto de la SEP, Cuauhtémoc Rafael Montero Clavel, en la sede de la comisión. Este funcionario permanece en la oficina del director hasta dos horas.
Aunque se trata de un órgano desconcentrado de la SEP, la Ley General de Cultura Física y Deporte explicita que la CAAD es autónoma. No obstante, a la semana siguiente de que los miembros titulares culminaron un periodo de seis años, este funcionario de la SEP no faltó un solo día a la comisión.
Si bien la SEP pretende, en los hechos, anticiparse a la Conade en las propuestas de candidatos al Ejecutivo federal, éstas deberán turnarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la instancia que en realidad determina el rumbo de dichas recomendaciones.
Ahora bien, el principal consejero jurídico de Peña Nieto es Humberto Castillejos Cervantes, primo hermano del director de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes.
En medio de todo esto, surgieron los primeros aspirantes a la presidencia de la CAAD. Uno de ellos es Luis Fernando Jiménez, miembro titular saliente de la comisión, quien figuraba como delfín de la Conade. El otro es Adolfo Fierro Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Juventud y Deportes del Senado, que de acuerdo con fuentes consultadas representa al Comité Olímpico Mexicano.
Repentinamente, la Conade desplazó a su primer aspirante, al tiempo que consiguió bajar de la contienda a Fierro Rodríguez. Después, el organismo impulsó a su propio subdirector, Pedro Luis Benítez, e incluso a Fabiola González, amiga y colaboradora cercana del exdirector del organismo, Bernardo de la Garza.
Formada a la sombra de De la Garza, González fue coordinadora de Normatividad y Asuntos Jurídicos del organismo. Además, elaboró todo el proceso de selección de los miembros titulares en las designaciones de 2010.
En la lista de candidatos de la Conade también aparece Luis Carlos Vigil Chapa, subdirector de lo Administrativo y Judicial del organismo. Sin embargo, en días recientes cobró relevancia el nombre de Patricia Muñiz, exproyectista de la CAAD, quien parece que ha tomado la delantera.
Historia de incumplimientos
El vacío de la CAAD derivó en otras líneas delicadas, tales como la serie de incumplimientos de los presidentes de federaciones a las resoluciones de dicha comisión. Por poner ejemplos, la CAAD declaró ilegal una asamblea del presidente de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, Pablo Lárraga Anell, por lo que tendría que haber convocado a un nuevo congreso para la elección del titular del organismo, y no lo hizo.
Lárraga se reeligió por segunda vez a principios de 2015 como resultado de adulterar un acta que no sancionó ninguna autoridad, máxime que el organismo responsable de vigilar los procesos electorales de las federaciones, el Coved (Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva), sigue sin ser instalado por la Conade, pues no hay recursos para ello.
En su momento, Proceso documentó que en 2013 Lárraga cometió irregularidades reglamentarias en diversos procedimientos. Por tal motivo, la CAAD concedió una suspensión provisional gestionada por la asociación del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México de la disciplina para impedir la realización de las elecciones en esa federación. No obstante, el titular del organismo ignoró la resolución y el 3 de junio de ese año se reeligió cuatro años más.
En septiembre de 2013 la CAAD le notificó por primera vez del incumplimiento de la resolución a la Conade, con la finalidad de que sancionara al federativo. No lo ha hecho.
Desde hace ocho años la Federación Mexicana de Natación (FMN), presidida por Kiril Todorov, incurrió en desacatos. La madre de una deportista de nado sincronizado inició un procedimiento en el que solicitó que le explicaran las razones técnicas por las cuales su hija nunca fue seleccionada.
El representativo de nado sincronizado se conforma con 12 atletas, de las cuales únicamente 10 participan. De manera recurrente, la hija de la que promovió el recurso siempre fue relegada, pero la federación nunca le respondió a la madre ofendida. Desde entonces hay por lo menos cuatro desacatos del presidente de la FMN.
En el ciclismo, la resolución de la CAAD fue directa: el presidente del organismo, Edgardo Hernández, debe considerar a la deportista de élite Verónica Leal en el proceso olímpico rumbo a Río 2016. Empero, el directivo no la ha incluido hasta ahora. No es el único caso en esa disciplina: la corredora Teresa Casas también ha sido ilegalmente privada de competir por un lugar en los Olímpicos.
En el estricto apego a las constantes resoluciones de esta comisión, Antonio Lozano ya no es el presidente legítimo de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Han sido promovidos 17 recursos en su contra, y Lozano desacató la mayoría.
En el tema Lozano, será cuestión de los miembros titulares de la comisión entrantes darle seguimiento al problema, “pero Toño Lozano ya no es presidente de la federación”, sentencia Luis Fernando Jiménez.
Y lo que falta
Según Jiménez –exmiembro titular de la CAAD–, la inoperancia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte se extenderá un mes, periodo durante el cual no serán atendidos temas urgentes, como el caso de Verónica Leal. Y lo que es peor, todo ocurre a tres meses de los Juegos Olímpicos.
El tema, reitera, es la obstrucción en el ejercicio de la función pública por el no nombramiento de los miembros de la comisión. Este asunto no es nuevo, pues desde que se inició la gestión de los miembros salientes, es decir desde el 24 de abril de 2010, el pleno se ha mantenido incompleto, ya sea porque algún integrante cumplió su periodo o renunció al cargo, como es el caso de David Hernández, excabildero de Jesús Mena en la Conade.
“¿En qué deriva todo esto? Se está privando del ejercicio de la función pública a los usuarios de la CAAD. Es una falta gravísima por la que alguien deberá responder: en mi opinión, la SEP e incluso el Ejecutivo federal, quien por ley hace las designaciones”, plantea Jiménez en entrevista. El hecho, reconoce, es el jaloneo entre la SEP, Conade “y algún otro ente”.
Jiménez niega estar haciendo campaña para quedarse con la titularidad de la CAAD, y admite que fue propuesto como aspirante a encabezar el Coved. “Todo mundo habla de que seré el presidente del Coved, pero hasta que no pase… Todo mundo habla de una posibilidad de presidir la CAAD, porque hay gente que está impulsando mi candidatura. Sin embargo, mientras no pase estoy siendo prudente.
“La atribución para nombrar integrantes de la CAAD es directa: el presidente de la República tiene la facultad de hacerlo. Ya llevamos seis años de omisión de esa responsabilidad. Es un tema delicado. Son seis años de que el ente que nos coordina, la SEP, no le da ningún apoyo a la comisión. Son seis años de indiferencia. Y de repente hay un interés sobreexpuesto de esa secretaría por la comisión. Hay algo atrás ahí que se sabrá con el tiempo.
“No hay ninguna lógica ni justificación legal ni administrativa para que un funcionario de la SEP esté metido en la oficina del director. Hay una fuerte confrontación y un manoseo terrible.”
El enviado de la SEP a la CAAD está imposibilitado para atender o recibir información de la comisión, por no formar parte de ese tribunal, que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública sólo está obligado a presentar los reportes respectivos al Comité Interno de Administración de esa dependencia.
