Señor director:
Sería una lástima que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales, soslayara lo que el 13 abril de 2016 mencionó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe de 2015 sobre policía y Ejército en México: corrupción, impunidad, abuso, desapariciones.
En dicho informe se percibe lo siguiente: la impunidad y la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia de México “siguen siendo problemas graves”, señala el documento; y es que si bien es cierto que el Poder Judicial no tiene injerencia en los hechos que generan las fuerzas de seguridad, también es cierto que sí puede mejorar de manera significativa las medidas para prevenir y sancionar los actos de impunidad que se susciten dentro del ámbito de los administradores de justicia de este país (jueces y magistrados federales).
Hay un Consejo de la Judicatura Federal para recibir quejas y denuncias contra los administradores de justicia; pero aun cuando sea sancionado un juzgador, esa sanción no es vinculatoria con el proceso en el que cometió un acto de deshonestidad. El Poder Judicial –en lo que le corresponde– debe transformarse continuamente, frente al descrédito que ante la comunidad internacional y gran parte de la sociedad tiene el sistema de impartición de justicia.
Atentamente,
Manuel Guerrero Ramos
