En materia de ejecución de penas, Jalisco sigue mostrando un notable rezago, así como problemas administrativos, pues uno de los tres juzgados especializados en la materia, inaugurados hace poco menos de cinco meses, tiene dos titulares. Expertos y académicos exponen a Proceso
Jalisco sus dudas sobre la nueva justicia penal y sobre las iniciativas que están empantanadas en el Congreso local.
El 30 de noviembre pasado, Jalisco se homologó al nuevo sistema de ejecución de penas. Ese día, el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, inauguró tres juzgados en Puente Grande, uno de los cuales ya presenta irregularidades, pues cuenta con dos titulares: los jueces Jorge Luis Solís Aranda y Mónica Patricia Íñiguez Soto.
De acuerdo con la Ley de Ejecución de Penas, que entró en vigencia en agosto de 2011, ahora corresponde al Poder Judicial
–no al Ejecutivo, como anteriormente– determinar por medio de “jueces calificados” cuáles reos son susceptibles de reducción de su condena y pueden alcanzar el beneficio de preliberación.
Académicos y legisladores comentan a la reportera que Jalisco no cuenta con los juzgados suficientes en materia de ejecución de pena ni con jueces especializados que atiendan los casos.
En Oaxaca, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Alfredo Lagunas Rivera, inauguró en octubre de 2011 cinco juzgados, mientras que Jalisco instaló sólo tres, uno de los cuales –el segundo– tiene dos titulares.
Durante la inauguración, el pasado 30 de noviembre, Vega Pámanes comentó que en esas instancias resolverían más de 2 mil 500 asuntos al año y agregó: “Con esto se va a generar un ahorro de más de 273 millones de pesos al Ejecutivo y al estado, pues cada preso cuesta al erario en promedio 300 pesos diarios”.
Y aunque en la última rotación del Consejo General de la Judicatura se determinó que Solís Aranda dejaría el Juzgado Mixto de Ahualulco de Mercado para sustituir a Íñiguez Soto en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial, ella se inconformó y consiguió un amparo que le permite continuar es su cargo.
Ambos jueces han protagonizado varios escándalos mediáticos. En 2001, cuando era titular del Juzgado Octavo de lo Criminal, Solís Aranda condenó a 14 años y dos meses de prisión a un hombre que había robado siete pesos y una valija (proceso penal 26/2000-A), según informó el periódico Mural el 27 de noviembre de ese año.
Siete años después, ya como juez decimosexto de lo criminal, Solís Aranda dictó auto de formal prisión al exalcalde de Tonalá, el panista Jorge Vizcarra Mayorga, por delincuencia organizada y homicidio calificado. Y aunque se le atribuyó la autoría intelectual del asesinato de Carlos Romo Guízar, director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, el 24 de abril de 2007 –cuando Vizcarra era el alcalde–, el inculpado fue absuelto de ese delito.
En el caso de Íñiguez Soto, el propio titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer, criticó su actuación como juez de ejecución de penas, luego que el pasado 30 de noviembre dejó en libertad a Ricardo Silva Arévalo, El Toro, quien desde 1999 purgaba una condena por los delitos de robo calificado y homicidio.
Al Toro, conocido asaltante de bancos y de camiones blindados, se le redujeron 10 años de sentencia y se le perdonó el pago de 15 millones de pesos por reparación del daño, según la causa penal 549/2002-A.
Saturación penitenciaria
El diputado perredista Saúl Galindo Plazola califica como una grave omisión que el Juzgado de Ejecución Penas cuente con dos titulares, mientras que el de Ahualulco del Mercado está acéfalo.
Galindo Plazola, presidente la Comisión de Justicia, comenta a Proceso Jalisco que ya solicitó al Consejo de la Judicatura atender esa anomalía. “Es evidente –dice– que al no tener un juzgado funcionando, le estamos quitando la oportunidad y el derecho a la libertad anticipada a los detenidos que pudieran salir en libertad, como lo señala el artículo 18 constitucional”.
Según el legislador, desde junio de 2008, con las reformas constitucionales en materia penal, se incorporaron medidas alternas de solución de conflictos y otros medios para garantizar una justicia expedita, apegada a los derechos humanos.
Sin embargo, admite que si bien Jalisco cuenta ya con Juzgados Especializados, el Poder Judicial aún tiene graves rezagos, pues debería haber un juzgado especializado por cada Centro de Readaptación Social.
Otra desventaja, insiste, es que en la entidad siguen siendo los jueces de primera instancia removidos, quienes, a pesar de recibir capacitación, no están a la altura de las circunstancias.
Y aunque los juzgados especializados se crearon también para agilizar la justicia, esto no sucede, pues al cierre de 2014 había más de mil casos pendientes que podrían acogerse al beneficio de preliberación. Para 2015, aumentaron a 2 mil 411 los casos rezagados en los tres juzgados de ejecución de penas.
Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en justicia penal y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), afirma que si bien el nuevo sistema de justicia penal acusatorio “busca” agilizar los procesos y garantizar la imparcialidad en los juicios, en la ejecución de penas el rezago y la lentitud son la norma.
“Anteriormente, con el sistema tradicional, cada año se atendían más de mil beneficios de libertad; ahora no pasan de 400, lo que implica que el ritmo de trabajo bajó drásticamente”, señala.
Reitera que Jalisco ocupa el tercer lugar de sobrepoblación penitenciaria en el país, sólo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México. Según la FGE, el complejo estatal de Puente Grande (donde se ubican el Centro de Reinserción Social, el Reclusorio Preventivo y el Femenil) alberga a más de 13 mil internos, casi el doble de su capacidad.
Hasta julio de 2015, el Centro de Reinserción Social, construido en los ochenta para dar cabida a 2 mil 274 reclusos, alberga a 6 mil, según la dependencia; el Reclusorio Preventivo, cuya capacidad era para 3 mil 800 internos, tiene más de 7 mil , en tanto que en el Reclusorio Femenil, diseñado para 382 mujeres, tiene más de 600.
La sobrepoblación se debe al congelamiento del sistema de la justicia y el sistema penitenciario, sostiene Zepeda Lecuona. Se estima, dice, que 7 mil de los 18 mil internos en los penales de Jalisco pueden recuperar su libertad, pues cometieron delitos menores por lo que no representan un peligro para la sociedad.
La cifra mencionada por el investigador del ITESO concuerda con el último dato publicado por la FGE, según el cual sólo 28.4% de los delitos registrados y procesados en la entidad son de alto impacto. Esto significa que el 71.6% restante fue encarcelado por delitos menores.
Por una reinserción social digna
La diputada Martha Villanueva Núñez, presidenta de la Comisión de Readaptación y Reinserción Social del Congreso estatal, comenta a la reportera que el trabajo de esa instancia legislativa es apoyar a los exconvictos a readaptarse y evitar que sean discriminados por la sociedad y las instituciones de gobierno.
El nuevo sistema penal acusatorio, comenta la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), permite salidas legales alternas para evitar que todos los infractores sean remitidos a la cárcel, con lo que la sobrepoblación se atenuará de manera paulatina.
En una de las iniciativas que ha impulsado su partido, dice, propone eliminar los antecedentes penales a los convictos que hayan concluido su condena penal. El propósito es evitar que sean estigmatizados socialmente. En la pasada Legislatura, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien entonces militaba en el PAN (hoy está en MC), propuso esa iniciativa.
Otra propuesta de eliminar la carta de antecedentes no penales como requisito para conseguir trabajo, por ejemplo, se incluye en las reformas a la Ley de Ejecución Penal que se discutirá por estos días en el Senado. La iniciativa correspondiente fue presentada por legisladores del PRI y PVEM en marzo de 2015.
“Estamos trabajando para eliminar la carta de no antecedentes penales como requisito de empleo –reitera Villanueva Núñez–. También buscamos la participación de la iniciativa privada a efecto de brindar mejores oportunidades de empleo digno a los internos.
“Además buscamos que los microcréditos que el propio gobierno ofrece a los ciudadanos se hagan extensivos a quienes hayan estado en prisión. Si no les brindamos la oportunidad, los estaremos estigmatizando, en lugar de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.” l
