La ola de atentados contra jefes policiacos, los escándalos de corrupción y los señalamientos de abuso y presuntos nexos con el narco, pusieron a las corporaciones municipales en la mira de las autoridades federales y estatales. Especialistas consultados por este semanario afirman que los agentes padecen precarias condiciones de trabajo y están expuestos al poder de fuego y a la infiltración de la delincuencia organizada.
Varios ayuntamientos de la entidad han designado comisionados o jefes policiacos a mandos cuestionados por violaciones a los derechos humanos, acoso sexual, falta de capacitación para el cargo o, lo peor, por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Un ejemplo es Lagos de Moreno, donde el gobierno priista contrató como jefe de seguridad a Javier López Ruelas, quien durante la pasada administración fue comisario de Seguridad Pública de Tonalá y una secretaria lo denunció por acoso sexual. Antes de ello encabezó la seguridad en Ocotlán, donde reprobó sus exámenes de confianza.
El 28 de junio de 2012 el alcalde interino de Ocotlán, Juan Carlos Godínez Godínez, recibió la información de que su comisionado había obtenido calificaciones no aprobatorias, según el oficio CEEP/CEECC/RI/NA/0545/2012, firmado por el director del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, Jesús Rentería.
A pesar de todos esos señalamientos, con el cambio de administración municipal en octubre de 2015, López Ruelas fue llamado por el presidente municipal de Lagos de Moreno, el priista Juan Alberto Márquez de Anda, para designarlo comisionado de Seguridad justo cuando la demarcación padece desde el inicio de este año un recrudecimiento de la disputa de tres organizaciones delictivas por el control de la plaza.
El sistema de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (Mide) del gobierno del estado reporta que en el primer trimestre de 2016, Lagos de Moreno –considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO–, ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en la región Altos con 13 asesinatos, mientras que en Tepatitlán, Arandas y San Miguel El Alto sólo se registra uno y en los demás municipios ninguno.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, afirma que López Ruelas aprobó en una segunda ocasión sus exámenes de confianza, por lo que a su juicio no tiene impedimento para ocupar el cargo.
“Si existe alguna denuncia, habremos de procesarla en forma inmediata y se tendría que destituir o relevar del cargo a la persona si es que acaso en realidad existen elementos para hacerlo”, explica.
Otro jefe policiaco con antecedentes polémicos es Filiberto Ortiz Amador, El Pinto, actual jefe de la Unidad de Información para la Prevención del Delito en Guadalajara, aunque en la nómina de Transparencia aparece como suboficial de la corporación municipal.
En enero de 2009 Ortiz Amador renunció como jefe de la Policía de Ocotlán tras el escándalo por la muerte de un joven a manos de uno de sus subalternos. Además, una madre de familia denunció que el mando policiaco y sus hombres torturaron a su hijo, un menor a quien le enterraron agujas en las uñas y los dedos de las manos, según información difundida por Radio Universidad de Guadalajara de Ocotlán.
En ese cargo, tan sólo en 2007, Ortiz Amador acumuló 59 quejas, 22 de ellas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), por detenciones ilegales, agresiones, tratos humillantes e intimidaciones cometidas por sus elementos. Por esa causa la comisión emitió cuatro recomendaciones.
En la colonia El Fuerte, de Ocotlán, el pasado domingo 10 las autoridades federales detuvieron al exagente policiaco de ese municipio Abraham Pérez Munguía, de 26 años, que supuestamente brindaba protección al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, se le acusa de participar el 19 de marzo de 2015 en la agresión contra agentes de la Gendarmería Nacional, en la cual fallecieron cinco policías federales, tres presuntos delincuentes y dos civiles que accidentalmente fueron alcanzados por las balas.
Pérez Munguía fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.
Los municipios, asolados
El martes 5, elementos de Tlaquepaque fueron golpeados por el expolicía César Raúl Núñez Velázquez y su hermano Jaime Iván, un agente activo de Tlajomulco de Zúñiga. Según el reporte de los uniformados, éstos les marcaron el alto por conducir de manera imprudente un vehículo con placas JDF 8886 que portaba códigos luminosos y sirena.
Al ser interceptados a la altura de la colonia La Duraznera, los hermanos, que iban alcoholizados, golpearon a los municipales; a uno le rompieron el uniforme y a su compañera la cachetearon. A los dos los a amenazaron de muerte.
Al revisar al auto se encontró un chaleco táctico con insignias oficiales de Tlajomulco, una fornitura, un cuchillo táctico, aros aprehensores, bebidas embriagantes y algunas dosis de droga. Los Núñez Velázquez quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sujetos a investigación por delitos en agravio de la autoridad.
El escándalo provocó que el director y subdirector operativos de la Comisaría de Tlajomulco, Adrián Muñoz y Daniel Medina, dejaran sus respectivos cargos. Jaime Iván Núñez fue cesado y la autoridad de Tlajomulco está por presentar una demanda penal contra César Raúl.
El sábado 9, el director de la Policía Municipal de Tequila, Juan Gabriel González, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos cuando iba en una patrulla en el cruce de la avenida Guadalupe y Periférico, en Zapopan.
Tras el atentado, del que salió ileso, autoridades estatales montaron un operativo de seguridad para tratar de localizar a los responsables, pero no lo consiguieron. El fiscal Almaguer reconoció que desde hace varios meses se le había llamado la atención a González por llegar armado a lugares públicos, como restaurantes.
El 1 de marzo había sido tiroteado el alcalde de Ahualulco de Mercado, Víctor Eduardo Castañeda Luquín, por unos desconocidos que lo siguieron desde la entrada del municipio hasta la Comandancia de la Policía. El funcionario salvó la vida gracias a la camioneta blindada en que viajaba.
Tanto Ahualulco del Mercado como Tequila pertenecen a la región Valles, en los límites con Nayarit, que también se disputan varios cárteles de la droga.
Al respecto Rubén Vázquez, exaspirante a la dirigencia del PRI, opina que hace falta depurar profundamente los mandos policiacos municipales ante la sospecha de que el hampa controla áreas de ese nivel de gobierno, sin importar qué partido está en el poder.
Asegura que para realizar esa limpia es necesario que se coordinen verdaderamente las instancias gubernamentales que intervengan en el proceso.
El 17 de octubre de 2015, Milenio Jalisco informó que el CJNG les pagaba 55 mil pesos mensuales a policías de Guadalajara para que dejaran a su gente operar en la zona centro. Añadió que el esquema de sobornos incluía a agentes del Ministerio Público, de la FGE. Esa información quedó al descubierto tras el asesinato del secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez, el 8 de marzo de 2013, a los ocho días de la administración de Aristóteles Sandoval.
Quien pagaba la protección era Daniel Quintero Riestra, El Dany, detenido el 12 de octubre de 2015 en Quintana Roo. Los señalamientos surgieron de las declaraciones hechas por Jonathan García, John Perro, quien aseguró ante el MP que el encargado de sobornar a los agentes policiacos en Guadalajara era un sujeto conocido como El Satán o El Licenciado Zataray.
Otro caso pendiente por investigar es la estructura que armó el exfiscal Luis Carlos Nájera en los municipios de Jalisco para controlarlos y conocer los presuntos nexos entre policías y mandos con bandas del crimen organizado.
A finales de noviembre, policías municipales de Guadalajara pidieron a su comisario, Salvador Caro Cabrera, que despidiera al director de Seguridad Pública, Camilo González Lara, a quien acusaron de tener vínculos con la delincuencia organizada. Específicamente señalaron que se relaciona con Ramiro Mireles Escobedo, hijo del presunto narcotraficante y lavador de dinero Ramiro Mireles Félix, ejecutado en 1993 (Proceso Jalisco 576).
Caro Cabrera no cesó a González Lara, nada más lo envió a San Pedro Tlaquepaque para hacerse cargo de la seguridad en ese municipio después que el tercero al mando de dicha corporación fuera asesinado y los dos principales mandos renunciaran.
Agentes expuestos
A menos de dos meses de entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial en todo el estado, uno de los eslabones más endebles de la cadena institucional de custodia es la Policía Municipal, donde la corrupción y la reprobación de los exámenes de control y confianza pueden ocasionar el desarme de más corporaciones y la eventual consignación de jefes policiacos y de personal operativo, advierte el fiscal general Almaguer.
Además, reconoce que hace menos de un mes había 22 municipios con problemas para acreditar los exámenes de control y confianza de sus agentes o de alguno de sus jefes policiacos.
Hace aproximadamente un mes, en una reunión encabezada por Aristóteles Sandoval y el grupo Operación Jalisco (con representantes de la Marina, el Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y la FGE) se les advirtió de esa posibilidad a 22 presidentes municipales y a sus responsables de seguridad pública.
Almaguer dice que la fiscalía entregó a la Secretaría General de Gobierno un listado de los policías que ya no pueden estar en funciones operativas por no haber acreditado sus exámenes de control y confianza en la reevaluación que se les hizo. En dicha relación aparecen agentes activos que han sido señalados por constantes y continuas violaciones a los derechos humanos.
“Lo que vamos a ofrecer a los municipios que no hayan retirado a estos elementos que legalmente no pueden continuar ahí –dice el fiscal–, es que prestaremos el apoyo (para garantizar la seguridad), aunque la PGR debe proceder a desarmar a esos elementos y retirarlos de actividades operativas.”
Especialistas en seguridad y en los juicios orales reconocen que el nuevo sistema de justicia penal requiere combatir la corrupción, así como atender la falta de capacitación y formación de recursos humanos. Incluso, ante la grave situación, el abogado penalista Alfredo Rangel Zarza recomienda que desaparezca la figura de las policías municipales.
Rangel Zarza considera que los malos sueldos y las pésimas condiciones de trabajo para miles de agentes de seguridad hacen de los municipios uno de los flancos más débiles en la nueva estructura.
Según el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, miles de policías municipales ganan sólo 6 mil pesos mensuales. Comenta Rangel Zarza: “Están sumamente débiles y el gran problema es la disparidad en los puestos y los sueldos, además del equipo que tienen”.
Por ese motivo, indica, la aplicación del nuevo sistema puede requerir de medidas drásticas: “Hay países en donde el Sistema de Justicia Penal Adversarial ha funcionado muy bien. Son naciones como Chile o Colombia, donde desaparecieron las policías municipales o se trabaja con la noción de la policía nacional”.
Explica: “Con los sueldos y las condiciones que les ofrecen los municipios a sus policías, es necesario pedirles mucho patriotismo a los elementos. Uno trata de comprenderlos; es muy lamentable el ambiente de violencia en que viven y al que son sometidos. En los pueblos todo el mundo se conoce, sabe dónde vive el policía y su familia. Se conoce también que muchos de ellos ganan muy poco y desgraciadamente a esos agentes se les está exponiendo a la violencia y la descomposición de la delincuencia organizada que permea en la sociedad: en esos niveles impera la máxima de plata o plomo”. l
