Señor director:
En el verano de 2011 mi familia y yo comenzamos a ser hostigados por Lorenzo Antonio Villanueva González, Ana Marcela Gutiérrez Romero, Rodolfo Aguilar Ronquillo y José González Carmona para que les entregáramos un terreno de 32.47 metros cuadrados en Misantla, Veracruz, que, a decir de ellos, teníamos en posesión pero que era de Lorenzo A. Villanueva González –quien pretendía vendérselo a Ana Marcela Gutiérrez Romero. En 2012, Gutiérrez Romero nos demandó y González Carmona amenazó con hacerlo poco después.
Al vernos imposibilitados de pagar un abogado, solicité la ayuda del gobernador Javier Duarte. Fuimos canalizados al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (IVDF), en Xalapa. Allí se acordó que la licenciada Luz Aurora Domínguez Velázquez se haría cargo de nuestro caso.
Ella sólo nos engañó. Veo ahora que no hizo valer recursos importantes para nuestra defensa. En octubre de 2013 se solicitó a la licenciada Carla Rodríguez González –entonces titular del IVDF– que tomara cartas en el asunto. Según ella, Domínguez Velázquez fue despedida, y otro abogado de oficio nos fue asignado, Alberto Vázquez Ruiz. Pero él tampoco nos defendió.
Como resultado de esto, el 8 de julio de 2014 Gutiérrez Romero llegó con personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Misantla, policía estatal y un grupo de personas a destrozar y saquear nuestra humilde vivienda.
Hoy estamos esperando el desalojo, ya que González Carmona cumplió su amenaza de demanda, en la que reclama la terminación de un contrato de comodato verbal que no existe. En la denuncia (expediente 340/2012/3) no determina, se contradice o no hace referencia exacta en cuanto al tiempo, lugar y espacio de lo supuestamente pactado, además de que hace referencia a tres fechas de la supuesta celebración del “contrato verbal” y se dice dueño de la casa que mi familia y yo tenemos desde hace más de 45 años.
Casi un año después llegó Rodolfo Aguilar Ronquillo a destrozar otra parte de la casa que habitamos mi familia y yo.
Al momento de acudir a la Fiscalía para denunciar este ataque fuimos acompañados por el abogado Carlos Segundo González, quien anteriormente había interpuesto un amparo, que no procedió porque no fue correctamente elaborado. Esta persona, al parecer, no cuenta con cédula profesional.
En la página de Facebook de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) puse un comentario expresando mi situación. Desde ahí se comunicaron telefónicamente conmigo y me trataron de convencer de mi “falta de derecho”. Aun así, se me dijo que enviara un documento explicando mi caso. Cuando estaba redactándolo, Rodolfo Aguilar acudió a destrozar mi casa. Por esta razón no terminé el escrito. Poco tiempo después, la CEDH me envió un correo en el que decía que, por mi falta de interés, se daba por terminado el seguimiento de mi caso. Nunca entendí por qué dieron carpetazo si nunca recibieron formalmente una petición de mi parte.
Por ello, pido a quien esté en posibilidades que me ayude a hacer valer mis derechos constitucionales y a exigir la reparación del daño, ya que ningún abogado lo ha querido hacer por mi falta de recursos económicos o por atentar contra sus intereses. (Carta resumida)
Atentamente
Ofelia González Fernández
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