En Chile, una empresa minera logró modificar una ley gracias a que pagó 730 millones de pesos a varios políticos. La compañía SQM buscaba tributar menos y lo logró. El escándalo toca fundamentalmente a la derechista Unión Demócrata Independiente y al expresidente Sebastián Piñera, pero también mancha a agrupaciones de izquierda y a la actual mandataria, Michelle Bachelet. En un caso que pinta el poder de los consorcios extractivos en el continente y las usanzas de la justicia latinoamericana, jueces y fiscales de primer nivel han intentado, ante todo, dar carpetazo al asunto.
VALPARAÍSO, CHILE.- Cuando la credibilidad de la clase política parecía haber tocado fondo, la revelación de correos electrónicos entre el gerente general de la minera SQM, Patricio Contesse, y el líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, ahondó la crisis y dio un duro golpe a este partido filopinochetista y a las aspiraciones presidenciales del exmandatario Sebastián Piñera (2010-2014).
Esos correos evidenciaron que un artículo que en 2010 introdujo modificaciones al proyecto de Ley sobre Tributación Específica de la Actividad Minera –el “royalty de Piñera”– fue literalmente comprado por SQM, una de las mayores productoras mundiales de salitre, litio y potasio, y que es propiedad de Julio Ponce Lerou, “yernísimo” del dictador Augusto Pinochet.
Con esta norma legal –fuertemente impulsada por Piñera– supuestamente se pretendía aumentar la tributación de las grandes mineras para financiar la reconstrucción tras el megaterremoto y el tsunami que devastaron a Chile el 27 de febrero de 2010.
Sin embargo, en los hechos supuso ampliar seis años la invariabilidad tributaria de la que gozan las grandes mineras desde que en 1974 Pinochet dictó el Decreto Ley 600, para favorecer la inversión extranjera.
Esta garantía de que no habrá incrementos en el pago de sus impuestos fue prorrogada 12 años en 2005 bajo el impulso del presidente socialista Ricardo Lagos Escobar, en una normativa que ha sido conocida como el “royalty de Lagos”.
El “artículo Contesse” –como ha sido nombrado por la prensa– le ha traído beneficios contables a SQM por al menos 50 millones de dólares. Esto ocurrió porque le permite acogerse a una tasa fija de impuestos de sólo 5%. Sin embargo, la ganancia más grande fue asegurarse que hasta 2023 no sufrirá alza alguna de impuestos.
El royalty de Piñera (que contó con el apoyo de la entonces opositora Concertación por la Democracia) fue publicado en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2010, convirtiéndose en la Ley 20.469.
La compra de una ley
El Centro de Investigación Periodística (Ciper) en el reportaje titulado “Cambio clave de la ley de royalty salió de computador de Contesse” (publicado el pasado 7 de marzo) informó que en un mail enviado a las 0:42 horas del 6 de agosto de 2010, Contesse manifestó al entonces senador Longueira que el borrador del proyecto de royalty (regalías), que le había sido comunicado por Longueira ese mismo día y que fue preparado por el Ministerio de Minería, era perjudicial para los intereses de su empresa. “Es una burla”, aseguró.
Esto, debido a que no hacía partícipe a SQM de la ampliación por ocho años del beneficio de la invariabilidad tributaria, que sí recibían las mineras extranjeras.
El gerente de SQM hizo en su mail una propuesta de artículo de ley que constituía un traje a la medida de SQM: “Las empresas que no siendo receptoras del aporte de inversionistas extranjeros hubieren iniciado la explotación de un proyecto minero con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley (…) podrán solicitar que se les concedan los derechos contenidos en el artículo 11 del decreto ley N° 600, de 1974”.
La secuencia de otros correos electrónicos muestra el camino que transitó “el artículo Contesse” hasta convertirse en ley.
El diario electrónico The Clinic –en nota del 11 de marzo– da cuenta de que a las 8:42 horas del 11 de agosto de 2010, Longueira despachó un mensaje desde su casilla personal de Hotmail al correo institucional del entonces ministro de la Presidencia, el también militante de la UDI Cristian Larroulet: “De acuerdo a lo conversado, te mando texto del Artículo Quinto Transitorio del Royalty. (…) Mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tú redactes si le introduces cambio para verlo antes que lo mandes. Un abrazo. Pablo”.
En un texto adjunto de dicho correo había una nota explicativa redactada por Contesse, pero firmada por Longueira, que decía: “Cristian, te mando los comentarios de por qué no sirve el artículo transitorio que tiene redactado el Ministerio de Minería y te adjunto una sugerencia (artículo quinto transitorio nuevo) de lo que debiera incorporar la ley en ese artículo transitorio”.
Longueira no informó en este mail que ese artículo lo redactó SQM.
A las 14:20 del 26 de agosto de 2010 Longueira daba ánimo a Contesse. “Estamos en las horas decisivas. Un abrazo mi General. Del Coronel Longueira”.
Este mensaje lo dio a conocer Ciper el pasado 29 de marzo.
El 30 de agosto de 2010, Larroulet enviaba a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modificaba la tributación minera, el que contenía el “artículo Contesse”, tal como SQM lo pidió.
El propio Longueira envió a Contesse –el 1 de septiembre de 2010 a las 16:21 horas– el proyecto ingresado al Congreso. “Pablo, en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”, respondió satisfecho el gerente de SQM.
Longueira –quien el 18 de julio de 2011 renunció a su cargo de senador para asumir como ministro de Economía de Piñera– firmó en nombre del Estado (a finales de 2011) los contratos que aseguraron a SQM el acceso a los beneficios de la invariabilidad tributaria.
La ayuda de Longueira y otros altos funcionarios del gobierno de Piñera a SQM no fue casual. De acuerdo con una auditoría externa encargada por esta misma empresa a la consultora Shearman & Sterling (por exigencia de entes reguladores estadunidenses), entre 2009 y 2014 SQM entregó 730 millones de pesos (más de un millón de dólares) a sociedades y personas relacionadas con Longueira, por servicios no realizados.
El presidente Piñera, a través de dos de sus hijos y de su empresa Bancard, tomó medio millón de dólares de SQM, según la citada auditoría.
Pero no sólo dirigentes de derecha se vieron favorecidos por los sobornos de SQM. También lo fueron políticos de centroizquierda, incluso algunos directamente vinculados a la presidenta socialista Michelle Bachelet.
Es el caso de su exministro de Interior, Rodrigo Peñailillo; del encargado de recaudación de sus dos campañas presidenciales, Giorgio Martelli, y del senador socialista Fulvio Rossi. También recibieron pagos ilícitos de SQM –por trabajos no realizados– la asistente del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), Clara Bensan, y dos hijos del presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, entre otros.
Pese a estas evidencias, ninguno de estos políticos había sido imputado, hasta que, el 28 de marzo, el fiscal Pablo Gómez anunció que Longueira será formalizado como autor del delito de cohecho en el caso SQM.
“Un hombre honesto”
Aunque hoy es SQM la que está en el ojo del huracán por la compra de esta ley, no fue la única ni la mayor beneficiada con la promulgación de esta norma.
Poco después de que el 6 de octubre de 2010 los senadores de la centroizquierdista Concertación por la Democracia acordaran apoyar esta ley, el Comité de Defensa del Cobre denunció que esta medida provocaría un perjuicio fiscal que oscilaría entre 16 mil y 32 mil millones de dólares durante los seis años siguientes a 2017, año en que termina la invariabilidad tributaria determinada por Lagos.
“El daño al bien común deriva de lo siguiente –expresó dicho comité–: en 2017 se pone término a la actual invariabilidad tributaria, por lo que a partir de 2018 a estas empresas se les puede legalmente aplicar una verdadera regalía minera, que según las diferentes proposiciones parlamentarias (…) oscilaría entre 10% y 20% de las ventas y no de las utilidades, como ocurre hasta ahora.”
Piñera justificó –en el contexto de la discusión de la citada ley– las enormes concesiones tributarias otorgadas a las mineras aduciendo que eran necesarias para que éstas accedieran a contribuir, entre 2011 y 2012, con 700 millones de dólares extra de impuestos, los que serían indispensables para emprender la reconstrucción de infraestructura destruida por el terremoto.
El 8 de marzo, un día después de la difusión de los comentados correos, Longueira renunció a su militancia en la UDI. En la sede de este partido y en medio de un gran revuelo mediático, este político leyó una declaración. No se refirió a los correos ni menos a los pagos de SQM. Acusó a la prensa de persecución y se autodefinió como “un hombre honesto”.
Como consecuencia de las revelaciones de Ciper, el ministerio público citó a declarar a tres ministros del gobierno de Piñera implicados en la gestación de la citada Ley: Larroulet, Laurence Golborne (Minería) y Felipe Larraín (Hacienda).
Ello activó las alarmas en el círculo cercano a Piñera, quien ve peligrar sus nuevas aspiraciones presidenciales. El 16 de marzo la exministra vocera de su gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que el expresidente no conocía de la relación entre Longueira y Contesse. No obstante, ese mismo día, diputados de la oficialista Nueva Mayoría solicitaron al ministerio público que Piñera fuera citado a declarar.
Pese al revuelo mediático, las instituciones políticas y judiciales se aprestan a dar carpetazo. Según aseguró el semanario Qué Pasa en el reportaje “El efecto Longueira: el desplome del plan de Abbott”, la presencia del delito de cohecho en el caso SQM-Longueira frustró la pretensión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de apurar “el cierre de los casos que golpean a la política justo en la antesala de un año electoral”.
El 27 de marzo el fiscal Abbott dio una entrevista al diario La Tercera, en la que señaló: “Queremos acotar y darles pronto término a las investigaciones (que afectan a dirigentes políticos)”. Estas declaraciones generaron gran rechazo entre periodistas y otros referentes de la opinión pública.
La poca disposición del fiscal nacional de avanzar en las causas de la corrupción política-empresarial quedó de manifiesto cuando, al asumir su cargo el pasado 1 de diciembre, removió al fiscal Emiliano Arias, quien investigaba el caso de SQM. Lo remplazó con el fiscal Pablo Gómez, quien se ha mostrado poco dinámico en sus pesquisas y es esposo de la exministra de Justicia de Piñera, Patricia Pérez.
El 10 de marzo, en el artículo titulado “Los erráticos giros del fiscal Pablo Gómez”, el diario electrónico El Mostrador dio cuenta que los mails dados a conocer por Ciper estaban en manos de Gómez desde diciembre pasado. Sin embargo, no traspasó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ni ha sido proactivo en la persecución de los ilícitos puestos al desnudo.
En entrevista con el diario El Mercurio, Gómez expresó que estos correos –que comenzaron a filtrarse a cuentagotas en diferentes medios desde enero– “no implicaban necesariamente que existía delito (de cohecho)”.
Incluso acotó que los antecedentes “no eran suficientes para abrir una línea investigativa al respecto”.
Descrédito
El ingeniero civil industrial Pablo Longueira es fundador y expresidente de la UDI. A partir de 1990 fue diputado y luego senador ininterrumpidamente hasta que –en junio de 2011– el presidente Piñera lo designó ministro de Economía.
Es considerado una de las principales figuras de la transición a la democracia. Mucho influyó en esta valoración el que, en enero de 2003, cuando el gobierno del presidente Lagos zozobraba fruto de diversos casos de corrupción, el líder de la UDI acudiera en su ayuda y acordara con él una agenda “anticorrupción y procrecimiento” ampliamente favorable al empresariado.
En 2013 Longueira fue escogido por la derechista Alianza por Chile como candidato presidencial, nominación a la que renunció el 17 de julio de aquel año tras acusar un cuadro de “depresión”.
La comprobación pública del comentado caso de soborno es particularmente grave para la UDI, por el hecho de que junto al abogado y exsenador Jovino Novoa –que fue condenado en el caso Penta–, Longueira es el máximo referente de este partido que, desde el inicio de la transición a la democracia, en 1990, ha impuesto sus criterios políticos, económicos y culturales al resto de los chilenos.
Longueira se encuentra también involucrado en el “caso Corpesca”, en el que se investigan sobornos entregados a parlamentarios por esta empresa con el fin de que se apoyara el proyecto de ley de Pesca –mejor conocido como “Ley Longueira”– que en 2013 entregó en forma indefinida a siete ricas familias la casi totalidad de los derechos de pesca en Chile.
Los influyentes periodistas Mónica Rincón y Daniel Matamala, conductores del programa CNN Prime pronunciaron el lunes 7 un tajante editorial. “Lo que aparece es una revelación desoladora para nuestra democracia, tal vez la más grave de todas las revelaciones”. Añadieron: “SQM redactó un documento en su propio beneficio y logró convertirlo en ley, gracias a los servicios de un senador a cuyo entorno pagó 730 millones de pesos. Literalmente es una ‘ley a la carta’ y eso se llama corrupción”.
