Perú va a las urnas, y la hija de un exdictador es la candidata más fuerte rumbo a la presidencia. Pero detrás de ese hecho se encuentra un país en ebullición: el tribunal electoral expulsó de la contienda a dos aspirantes fuertes, y este fallo evidenció la debilidad de la ley y de las instituciones en beneficio de los grandes partidos y el establishment. Paradójicamente, la decisión parece haber afectado a Keiko Fujimori, quien encabeza las encuestas, y ayudado a la izquierda, que se unió y experimenta un repunte.
LIMA.- Desde hace años Perú se enorgullece de la transición democrática que emprendió después el régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) y la limpieza de los procesos electorales desde entonces.
Este año se celebran los cuartos comicios democráticos consecutivos. La primera vuelta se realizará este domingo 10. Si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos (una posibilidad que nadie prevé y que no ha sucedido en la historia de la democracia peruana), la segunda vuelta –entre los dos más votados– será el 5 de junio.
Sin embargo, este proceso se ha visto ensombrecido por una serie de decisiones de las autoridades electorales que provocaron polémica, mancharon su legitimidad y dividieron a la sociedad entre quienes piensan que simplemente se ha aplicado la ley y quienes consideran que los dados están cargados a favor de algunos aspirantes.
Dos candidatos fueron excluidos de la elección un mes antes de la votación, en un momento en que ambos sumaban alrededor de 20% de la intención de voto en las encuestas. Uno, Julio Guzmán, porque su partido (Todos por el Perú) no cumplió al pie de la letra sus estatutos en la elección de su aspirante a la presidencia, y el otro, César Acuña, de Alianza para el Progreso, por la entrega de dádivas por unos 4 mil 500 dólares en dos actos proselitistas.
En contraparte, la justicia electoral fue menos rigurosa a la hora de juzgar casos similares de otros aspirantes, particularmente de la favorita para esta primera vuelta, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.
Esto puso en entredicho la equidad del proceso.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó las elecciones de “semidemocráticas”, y Guzmán, el candidato excluido por cuestiones administrativas, habló de fraude. Ahora bien, pocos actores políticos y sociales consideran que se ha roto la legitimidad de los comicios.
En el país ha reinado la cautela. La inmensa mayoría considera que la democracia prevalece y echa la culpa por la exclusión de los dos candidatos a una legislación electoral defectuosa y a un exceso de legalismo inicial por parte de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes, sin embargo, se amedrentaron cuando se dieron cuenta de que esa actitud podía dejar el proceso electoral casi sin candidatos de peso.
Exclusiones
La decisión del JNE de excluir a Guzmán –joven economista que trabajó 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo– y a Acuña –exgobernador y empresario– se produjo el 8 de marzo. Ambos procedimientos fueron diferentes.
A Guzmán la justicia electoral le negó la inscripción como candidato (pese a que, como el resto de aspirantes a la presidencia, llevaba varios meses haciendo campaña) debido a que en el proceso interno de su partido no cumplió fielmente con lo establecido en sus estatutos.
Todos por el Perú modificó en octubre pasado sus reglamentos. Para ello convocó a una asamblea en la que no hubo quórum y muchos de sus participantes no estaban registrados ante las autoridades. Con base en esos estatutos el partido eligió, en una asamblea posterior, a los nuevos integrantes de su Comité Ejecutivo, y éste designó luego a los miembros del tribunal electoral para la elección interna de sus candidatos. Pero el JNE consideró que esos nuevos estatutos no eran válidos, por lo que todo el proceso de elección estuvo viciado. Y fue con ese argumento que no aceptó la candidatura de Guzmán.
Esta decisión alteró completamente la contienda.
Guzmán se había convertido en la sorpresa de las elecciones pese a que hace apenas unos meses era un desconocido en el panorama político peruano y a que Todos por el Perú es un partido diminuto que desde su formación (en 2001) no ha logrado colocar a ninguno de sus abanderados en el Congreso. El candidato de 45 años se comenzó a dar a conocer a través de las redes sociales y de ahí saltó al electorado general.
Aunque no proponía ningún cambio sustancial al modelo económico y social vigente en Perú, representaba una cara nueva y consiguió aglutinar a buena parte de los peruanos que buscan simplemente algo distinto al establishment político.
En las últimas encuestas antes de su exclusión había logrado situarse en segundo lugar, con alrededor de 17% de las preferencias y en una tendencia ascendente, aunque todavía muy lejos de Keiko Fujimori, quien se ha mantenido estable durante toda la campaña, con algo más de 30%.
Por eso, su exclusión provocó suspicacias en muchos, que sospecharon que hubo mano negra detrás de la decisión del jurado.
“Nunca se ha visto en democracia que excluyan a un candidato por cuestiones administrativas”, critica Fernando Tuesta, analista político y quien fuera el primer jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras el régimen fujimorista.
Para Tuesta, como para muchos otros politólogos y juristas, el JNE debió privilegiar el derecho constitucional.
En los últimos años se han aprobado leyes que buscan la democracia interna de los partidos políticos, muy débiles y casi siempre supeditados a la voluntad de un líder caudillista. Entre las medidas aprobadas se incluyen la de respetar los estatutos internos y elegir a sus candidatos de forma democrática, ya sea con elecciones primarias de forma directa o mediante delegados. Pero en la práctica, la mayoría de estos procesos cuenta con un único candidato designado por el líder o una cúpula.
Por ello, muchos expertos consideran que es inútil la meticulosidad de la ley en los requisitos que se exige a los partidos, cuando en realidad prima la formalidad burocrática sobre la democracia interna real y en el fondo casi ninguna formación cumple realmente la ley.
“El resultado es que el caudillo contrata abogados que arman toda la formalidad del proceso y cumple. En cambio, los nuevos partidos que no tienen experiencia, se equivocan”, comenta el politólogo Eduardo Dargent.
Dilema electoral
El otro candidato excluido, César Acuña, también había tenido buenas opciones de pasar a la segunda vuelta junto con Keiko Fujimori.
Apoyado en la fortuna que ha amasado con dos universidades privadas de dudosa calidad (pero que dieron la posibilidad de estudiar a muchos jóvenes de bajos recursos) y en su perfil de hombre sencillo que supo salir adelante, Acuña había subido hasta la segunda posición en las encuestas. Pero una serie de revelaciones de plagios en sus tesis universitarias y hasta de un libro completo habrían acabado con sus opciones.
Cuando fue expulsado estaba en plena caída en los sondeos y muchos de sus colaboradores lo estaban abandonando, por lo que no protestó mucho. Sin embargo, el motivo de su exclusión tuvo repercusiones.
Acuña se había comprometido abiertamente en dos actos proselitistas a entregar unos mil 500 dólares a un joven discapacitado y alrededor de 3 mil dólares a una organización de comerciantes para construir un muro de contención que protegiera el mercado en el que trabajaban.
Esto contravenía una nueva norma –promulgada en enero pasado, con la campaña ya comenzada– que sanciona con una multa y la exclusión del proceso al candidato que entregue o prometa dinero o artículos por valor superior a cerca de seis dólares. Pese a las críticas contra esta ley, por no establecer una graduación en las sanciones, el JNE decidió aplicarla a rajatabla.
La entrega de dádivas durante la campaña en Perú, como en el resto de América Latina, es una práctica habitual. Por lo tanto, esta decisión del tribunal electoral abrió la caja de Pandora y no tardaron en llover las denuncias por entrega de regalos o dinero contra otros partidos y candidatos, principalmente de la derecha.
Las acusaciones más espinosas fueron contra Keiko Fujimori. El clientelismo es una de las principales características del fujimorismo, así que no tardó en aparecer un video en el que la candidata presidencial aparecía en un acto de una de las organizaciones de jóvenes que la apoyan en el que se entregan –en su presencia y las de otros candidatos fujimoristas al Congreso– tres premios de unos 30 dólares cada uno a los ganadores de un concurso de hip hop y break dance.
El JNE se vio en un callejón sin salida. Si no excluía a Keiko, como había hecho antes con Guzmán y Acuña, iba a quedar como un órgano parcial e inequitativo. Y si expulsaba a la candidata favorita, preferida por casi una tercera parte del electorado, se cargaba el proceso electoral.
Finalmente el JNE decidió mantener en la carrera a Keiko, alegando que en el acto había varios candidatos y no se puede establecer cuál de ellos dio la orden de entregar los premios, un argumento que dejó insatisfechos a muchos.
Lo mismo pasó con otros candidatos acusados de dar dádivas, como el dos veces presidente Alan García y el exprimer ministro Pedro Pablo Kuczynski.
Para Tuesta, que considera que ningún candidato debe ser excluido del proceso, “Keiko Fujimori había cometido una infracción según la ley, sin lugar a dudas”. No obstante, rechaza la teoría de que hubo un plan para favorecer a algunas candidaturas excluyendo a otras. “No se puede hablar de fraude. Para eso tiene que haber grupos claramente identificados y generalmente se hace desde el poder”, y a Guzmán se le había acusado precisamente de ser el candidato oculto del gobierno ante el reducido apoyo de su aspirante oficial, el exministro Daniel Urresti, finalmente retirado del proceso por decisión de su partido.
Lo que hubo “es una suma de mala acción del Congreso, malas leyes, mala respuesta a las leyes… Algo que ha terminado por voltear todo y poner la propia elección en cuestión”.
El periodista y analista Gustavo Gorriti, una de las voces más críticas con el JNE, considera que, desde el principio, todo ha sido un fraude. Para él, el crecimiento de Guzmán en las encuestas “alteró todos los planes y la idea que había sobre cómo debía ser una sucesión de poder cómoda”, tanto para los partidos más representativos del actual modelo –como el APRA, de García; Peruanos por el Kambio, de Kuczynski, y el fujimorismo–, como para “los grupos de poder que normalmente tienen controlado el país (los oligopolios).
“Como era un candidato con una base partidaria que no tenía raíces profundas, vieron la posibilidad de aplicarle cualquier formalidad para sacarlo del proceso”, arguye.
Pero esos grupos de poder no previeron que la jugada acabaría volviéndose contra otros candidatos, por lo que para salvarlos tuvieron que recurrir a lo que califica de “contorsiones patéticas de razonamiento”.
“Mano negra”
Entre los distintos culpables que ven los partidarios de la teoría de la mano negra, destaca Keiko Fujimori, cuya candidatura ya despertaba de por sí muchos recelos por el carácter autoritario del gobierno de su padre, en el que ella ejerció durante un tiempo la función de primera dama y donde ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos, se generalizó la corrupción en el gobierno y hubo campañas sucias para demoler a los adversarios políticos.
Todos esperaban que, tras la primera vuelta, se reactivara el sentimiento antifujimorista, como pasó en las elecciones de 2011, cuando Keiko perdió por un estrecho margen frente al actual presidente, Ollanta Humala.
Pero tras la decisión de excluir a Guzmán, el antifujimorismo se adelantó, y en las últimas semanas ha protagonizado varias marchas y actos de protesta en todo el país, muchos de cuyos participantes han acusado a Keiko de orquestar un fraude.
Para Gorriti, la exclusión de Guzmán “les reventó en la cara” a los supuestos responsables en la sombra, porque en lugar de éste, “que finalmente tenía puntos de vista de centro”, surgieron candidatos como la izquierdista Verónika Mendoza, a la que las últimas encuestas ponían en una cerrada disputa con Kuczynski por el segundo puesto.
Así, en un giro inesperado, la izquierda, que empezó la campaña desmoralizada y dividida en cuatro candidaturas, comenzó a subir con fuerza tras la polémica electoral. Además, el fujimorismo ha perdido en el camino al menos a seis candidatos parlamentarios por entrega de dádivas, incluido uno a la vicepresidencia.
Dargent opina que “en otro país hubiera sido demoledor sacar a alguien con 17% o 20%, pero en Perú, dada la debilidad partidaria, lo que tienes es que mucha gente decidió buscar a otro candidato”.
Sin embargo, añade, “ha sido un golpe al proceso que va a afectar el resultado”.
Guzmán y Acuña denunciarán sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuesta advierte que “tienen todos los elementos para ganarlos, y si lo logran, estará demostrado que se violaron sus derechos fundamentales”, lo cual podría afectar la legitimidad del próximo gobierno.
“No sería una buena noticia, particularmente si gana Keiko Fujimori, pues sería visto como un triunfo porque Guzmán no se postuló”, apunta. l
