En opinión del abogado Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, que aumenta el margen de maniobra del presidente para restringir las garantías constitucionales, es contraria a las libertades que protege la propia Carta Magna. Pero añade que el caso es aún más grave en el contexto de la indefensión de los jaliscienses por las políticas omisas que ha seguido el ómbudsman estatal Felipe Álvarez Cibrián.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) se pronuncia contra la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 29, que faculta al Ejecutivo a solicitar al Congreso restringir o suprimir garantías constitucionales en situaciones de emergencia por amenaza excepcional a la paz pública o en una condición de peligro social, pues la considera contraria a las libertades consagradas en la Carta Magna.
La aprobación de la reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto implicaría suspender o restringir el ejercicio de derechos humanos, entre estos a la manifestación, asociación, circulación, y libertad de expresión, patrimoniales y derecho de autor.
“Estamos en contra de ese proyecto que pretende imponer el presidente Peña Nieto. Es aberrante que en estos momentos se venga a discutir un tema de esa naturaleza, en una situación de plena crisis social en torno al respeto a los derechos humanos en México”, expresa el representante de la RJDH, Óscar González Garí.
Afirma que le parece ilógico que el presidente venga a proponer una serie de medidas represivas en el país, cuando urge rectificar el camino y tomar una serie de medidas paliativas o correctivas para una política equivocada.
A decir de González Garí, de aprobarse ese proyecto quedará vulnerado el respeto y se acrecentará aún más la crisis a las garantías individuales en el estado. Recuerda que el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, no responde al interés de la sociedad y desde hace varios años es señalado frente a organismos internacionales –entre ellos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)– por violar leyes para conservar su puesto.
Se refiere al proceso de reelección que culminó el 24 de enero de 2012, cuando 10 organizaciones civiles cuestionaron de manera pública la continuidad de Álvarez Cibrián al frente de la CEDHJ.
Posterior a ese hecho sólo actuaron de manera legal el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), el Congreso Ciudadano, la Coordinadora 28 de Mayo, la RJDH y dos particulares, quienes presentaron un total de cinco amparos para que se repusiera el proceso de designación que realizó hace cuatro años la LX Legislatura, cuando Álvarez Cibrián obtuvo 34 votos de los 39 diputados.
Los inconformes consideraron que no se había respetado la norma legal en lo concerniente a la consulta ciudadana para la designación del ómbudsman.
“Como los amparos fueron sobreseídos y el nuestro (número 290/2012) fue el que llegó más lejos, decidimos acudir a la CIDH para combatir la indefensión de los defensores de derechos humanos del estado de Jalisco respecto a la Defensoría Pública. La denuncia es la única viva en el Sistema Interamericano, a resultas de la negativa de amparo”, recuerda González Garí.
“Somos la única ONG que llevó el caso hasta esas instancias internacionales, porque no es poca cosa que un organismo defensor público como la CEDHJ no funcione, es algo que nos deja en la indefensión a millones de jaliscienses”, indica.
El amparo 290/2012 se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Estado, luego de ser impugnado se trasladó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Toca R.P. 18/2013), pero se declaró incapaz de resolver, por lo que mediante el expediente 293/13 lo remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Segunda Sala de la SCJN analizó el amparo (expediente 601/2013) desestimándolo en la sesión del 14 de mayo de 2014, más de dos años después de que el Congreso de Jalisco había designado a Álvarez Cibrián para un nuevo periodo.
Recuerda González Garí que antes de la mencionada resolución de la SCJN, el exsecretario general de gobierno jalisciense y actual senador, el priista Arturo Zamora Jiménez, “visitó a la ministra Margarita Luna Ramos” para interceder a favor de Álvarez Cibrián, quien vivía días de angustia por la posibilidad de que tuviera que dejar el cargo al ordenarse la reposición del procedimiento legislativo. Pero la juridicidad vino a menos y la politización prevaleció”, lamenta.
Asevera que “a nosotros ya nos habían dicho que teníamos ganado el amparo en la (SCJN), pero resulta que a raíz de esa visita de Zamora Jiménez a México para apoyar a su alumno mal portado (Álvarez Cibrián), Zamora cabildeó la resolución que ya estaba anotada a favor de nosotros y se dio a conocer una resolución contraria”.
González Garí destaca que otro organismo crítico hacia el retroceso que vive la entidad en cultura de los derechos humanos es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el cual incluso aportó un libro denominado Reforma constitucional de derechos humanos. Aportes de las comisiones públicas, que data de octubre de 2014.
No debió ser ómbudsman
Sobre la demanda que prepara la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) en contra del ómbusdman por usurpación de funciones, desvío de recursos públicos y falsedad de declaraciones (Proceso Jalisco 595), González Garí comenta que es “un trámite diferente al seguido por la RJDH y las otras organizaciones sociales; ellos se dan cuenta en forma posterior de toda la problemática de la que nosotros dimos razón desde hace tiempo y advertimos de que Álvarez no era la persona adecuada para el cargo desde que llegó al puesto, en agosto de 2007”.
Sostiene que se oponían a que Álvarez Cibrián asumiera por primera vez la presidencia de la CEDHJ porque era perito inmobiliario del Consejo de la Judicatura y tenía un puesto público que lo inhabilitaba totalmente para desempeñar el cargo.
En relación con el apoyo que ofrece el ómbudsman jalisciense para que las fuerzas armadas patrullen la zona metropolitana y algunos municipios, suplantando las funciones de la Policía Municipal y estatal, González Garí recuerda el caso de los dos jóvenes detenidos por militares en Tepatitlán, quienes aparecieron muertos en un sembradío a finales de enero pasado.
“La postura de Álvarez Cibrián es aberrante. Dijo que no le competía (atender ese caso), que no tenía competencia porque era un asunto federal y que además no le había llegado la queja. Pero en esos casos (cuando debe intervenir un ómbudsman), cuando está en riesgo la vida de seres humanos. La vida es el derecho fundamental a defender por parte de un ómbudsman. En este caso, la vida de esos dos muchachos le importó un bledo.”
Indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vino desde la Ciudad de México a indagar esas muertes. “El señor Álvarez no manda a nadie a investigar el caso a pesar de que tiene cerca la ciudad de Lagos de Moreno, y ahí existe un visitador adjunto que pudo ir a ver lo de los cadáveres de esos dos jóvenes, y no mandó a nadie, como si fueran gatos los que se murieron”, reprocha.
También cuestiona la complacencia de Álvarez Cibrián ante el patrullaje que realizan militares en San Pedro Tlaquepaque y en Guadalajara, así como en municipios de Los Altos.
“Eso denota la incapacidad total, intelectual y moral, que tiene Álvarez Cibrián para desempeñar el cargo de presidente de la CEDHJ. Un ómbudsman como verdadero defensor del pueblo jamás va a estar de acuerdo con que el Ejército patrulle las calles, las montañas o las carreteras: eso le toca a la policía, se debe garantizar a la población circular libremente, sin ningún riesgo de que lo vayan a detener o a molestar”, indica.
Finalmente, Álvarez Garí destaca que el patrullaje militar viola las garantías resguardadas en el artículo 11 de la Constitución, que establece la libertad de tránsito en todo el territorio nacional. l
