Los municipios implicados en la Alerta de Género emitida en febrero pasado ya tenían macabros antecedentes como “tiraderos” de cadáveres. Hace años se trataba de delincuentes cazados por sus rivales y abandonados como advertencia, pero ahora se trata de mujeres asesinadas y mutiladas. Además, abundan los crímenes contra mujeres a manos de sus parejas, casi todos impunes.
En el primer trimestre de este año se ha recrudecido la violencia contra las mujeres en el estado; en dicho periodo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha recibido 15 cuerpos de mujeres, pero el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) registra el doble de casos.
El director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, señala que algunas son violadas y descuartizadas, acribilladas o acuchilladas, y “las tiran en bolsas de basura o avientan sus cuerpos en las orillas de la ciudad o a los costados de una carretera”.
Como ejemplo, menciona que el año pasado se hallaron los cuerpos de dos muchachas de entre 18 y 21 años en la orilla de la Barranca de Huentitán, cerca del poblado de Coyula. Sus restos estaban repartidos en ocho bolsas de plástico.
En los últimos 18 años se han registrado oficialmente mil 194 asesinatos de mujeres.
La coordinadora de Cladem, María Guadalupe Ramos Ponce, también académica en la Universidad de Guadalajara (UdeG), asegura en su estudio Feminicidio en Jalisco que la entidad ocupa el primer lugar en homicidios de mujeres a manos de sus parejas.
Documenta que de 1997 a 2006 se reportaron 34 de esos crímenes por año, pero en los siguientes la cifra subió: 81 en 2010, 117 en 2011, 152 en 2012, 133 en 2013 y 130 en 2014.
“En lo que va de 2016 ya hay 30 casos de feminicidio, mientras que el año pasado superó los 150”, indica Ramos Ponce.
A pesar de que el pasado 8 de febrero el gobierno de Aristóteles Sandoval decretó la Alerta de Género, que involucra a ocho municipios (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, Tlajomulco y Ameca), y no obstante el incremento de penalidades contra los feminicidas, esos crímenes siguen aumentando al grado de llamar la atención de medios internacionales, dice Ramos Ponce.
Muestra de ello es que el 15 de marzo la edición digital del periódico español El País destacó en su portal el reportaje Jalisco no puede contra los feminicidios, firmado por Paola Chouza.
En ese reportaje se menciona que según datos del IJCF, desde 2012 –año en que se tipificó el delito de feminicidio en la entidad– se han registrado 560 casos, de los cuales sólo 111 fueron investigados como feminicidios y no se dictaron más de siete condenas por ellos. También se expone que de enero de 2012 a febrero de 2016 hay un registro oficial de 4 mil 313 desapariciones de mujeres.
“El diario El País y un medio colombiano nos buscaron para tener información sobre el caso de Jalisco. Hoy me llamaron de Vértice, de Puebla, para entrevistarme sobre lo mismo; hay una preocupación nacional e internacional”, comenta la especialista.
El tiradero
El 13 de febrero Katia Gardea Martínez, de 22 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares. Dijeron que la joven salió esa noche de su casa en la colonia Hogares de Nuevo México, en Zapopan, y no volvieron a saber de ella. Una semana después su cadáver fue localizado en el pueblo de San Antonio, delegación de San Salvador, municipio de Tala. Entre los múltiples golpes que presentaba el cuerpo destacaba un traumatismo de tercer grado en el cráneo.
El pasado 27 de marzo, a un costado de la carretera San Isidro Mazatepec-Tala, a la altura del kilómetro 2, en Tlajomulco de Zúñiga, se encontró el cuerpo de una mujer que aparentaba 35 años y cuya identidad se desconoce. Las autoridades dijeron que fue atacada con arma blanca en el tórax, el cuello y el abdomen antes de ser arrojada a la vía pública.
Desde hace aproximadamente una década Tlajomulco ha sido utilizado por bandas criminales para deshacerse de los cuerpos de sujetos de bandas rivales. A esta acción la llaman “tirar la basura”.
Sin embargo, desde el año pasado han aparecido en el municipio los restos de mujeres asesinadas en otros lugares, comenta un expolicía local que pidió reservar su identidad por temor a represalias.
Distinto es el caso que cita la coordinadora de Cladem. El 9 de septiembre del año pasado Betsabé García Hernández, madre de cinco hijos de entre 10 y tres años, fue asesinada por su pareja y padre de los niños, Alberto Servín Álvarez, en su propia casa, ubicada en San Sebastián El Grande, Tlajomulco.
Llevaban varias semanas separados por los constantes conflictos. Esa noche el sujeto llegó a la vivienda y cuando Betsabé abrió la golpeó, la tumbó y la pateó. Después sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho varias veces. Según el testimonio de familiares, el hombre también amenazó de muerte a uno de sus hijos cuando trató de salir de la casa a pedir auxilio. Después huyó del lugar y está prófugo.
Antes de cometer el crimen, Servín Álvarez intentó ahorcarse después de que sus vecinos le exigieron que dejara de maltratar a Betsabé, quien a su vez le reclamaba por agredir a los niños. Los hermanos del agresor lo salvaron cuando estaba a punto de perder los signos vitales.
El 18 de diciembre de 2015, en la confluencia de la avenida Patria, La Barca y Arandas, en la colonia El Molino, cerca del parque Solidaridad, en Tonalá; vecinos descubrieron dos bolsas de basura negras con los restos de dos mujeres asesinadas con arma de fuego, acuchilladas y una de ellas descuartizada.
Los peritos del IJCF determinaron que la edad de las víctimas oscilaba entre 23 y 25 años. La cabeza y las piernas de una de ellas fueron encontradas junto a las bolsas de plástico, entre la maleza.
Posteriormente fueron identificadas. Una de las víctimas era Paulina Velasco Macías, de 27 años, quien había grabado algunos comerciales en la televisión local. La otra era Nicole Córdoba, de 23 años. Medios locales publicaron que ambas trabajaban como edecanes.
El pasado 27 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez sentenció a 50 años de prisión por el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio a José de Jesús Martín Flores Vega, de 50 años, quien el 17 de enero de 2014 asesinó a balazos a su sobrina Norma Mayreth Aceves Flores, de 27 años, y después intentó matar a su propia madre, Luz Vega, cuando trató de defender a su nieta Norma.
El crimen ocurrió en la calle Las Flores, colonia Tololotlán, en Tonalá. Flores Vega ya había amenazado de muerte en otras ocasiones a su sobrina por ser madre soltera de cuatro hijos. Al sujeto también le molestaba que Luz Vega apoyara económicamente a Norma. El sentenciado también deberá pagar 340 mil pesos por reparación de daño.
De igual forma, fue detenido Alejandro Hernández Pajarito, El Botas, de 44 años, quien el 17 de febrero mató a María Guadalupe González García, de 51 años, en el número 84 B de la calle 18 de Marzo, colonia San Martín de las Flores, Tlaquepaque.
Escenarios de violencia
El videoclip de la canción Fuiste mía, del cantante grupero de origen estadunidense Gerardo Ortiz Medina, muestra imágenes ficticias de un asesinato y un feminicidio en Zapopan. Lo grave es que, en efecto, el municipio ha sido escenario de varios levantones, secuestros y asesinatos de mujeres.
El video trata sobre un hombre que descubre la traición de su pareja y mata al otro hombre. La mujer llama a la policía, pero es encajuelada en un auto que después se incendia.
En una escena se observa la parte superior de dos patrullas que tienen el logotipo y la leyenda de Policía Municipal de Zapopan. En el minuto 2:04 aparecen tres presuntos agentes de esa corporación, quienes acuden a una lujosa residencia, donde encuentran el cuerpo de un hombre con un balazo en la frente.
“Nosotros mandamos una carta al ayuntamiento para que se aclarara cuál había sido su participación en ese video, dado que se observan patrullas y elementos de la corporación. Queremos saber si se trata de agentes de la Policía de Zapopan y de patrullas municipales. Nos responden que se inició una investigación al respecto y que, en efecto, Gerardo Ortiz pidió apoyo para ese video”, señala Ramos Ponce.
La especialista comenta que “en ese video la violencia se naturaliza. A mí me impacta mucho cómo termina: no solamente a ella la somete (su expareja), la encajuela como ocurre en la realidad de estas mujeres que son asesinadas, y luego él avienta un cigarro y lo enciende para quemar (viva a la mujer). Al final el rostro del victimario es de satisfacción, de alegría”.
Gerardo Ortiz se hizo conocido en 2003, cuando obtuvo el segundo lugar en el concurso Código Fama, producido por Televisa, cuando tenía 13 años. En 2011 fue nominado a los premios Grammy. La representante de Cladem exige que se deslinden responsabilidades del ayuntamiento de Zapopan por la distracción de recursos públicos y de personal de seguridad para un video que persigue fines de lucro y denigra la imagen de las mujeres, además de incitar a la violencia contra ellas.
El 29 de marzo, en rueda de prensa, el síndico José Luis Tostado advirtió que presentarán una demanda penal contra la empresa Andaluz Music, casa productora del video “Fuiste mía” por apología del delito y por uso ilegal de insignias y sellos de la policía zapopana.
El mismo día, el senador priista Jesús Casillas presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Gobernación que “analice la posibilidad legal de retirar” el video por su contenido “misógino y violento”.
El 30 de marzo, el diario Mural publicó una entrevista con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, donde éste confirmó que en el video grabado en dicho municipio el pasado 10 de diciembre sí se utilizaron vehículos oficiales y participaron al menos dos policías municipales, quienes desobedecieron la orden del comisario general, Roberto Alarcón, de no actuar en él.
Lemus añadió que a la casa productora del video se le exigió retirar de manera inmediata la imagen de la corporación policiaca, pues no cuentan con autorización para hacer uso de ella, y si se niegan se les demandará.
El jueves 31, Lemus informó del despido de los tres agentes que participaron en el video y que ya presentó una denuncia penal en la FGE contra quien resulte responsable del uso de las patrullas.
De la misma forma, miles de ciudadanos a través de la plataforma Change.org solicitaron a YouTube, al canal Vevo y a la Secretaría de Gobernación retirar el video por considerar que incita al feminicidio. Sin embargo, la dependencia federal sólo expresó su rechazo, mas no prohibió su difusión.
Coincidentemente, el 4 de noviembre de 2014, en la finca de Zapopan donde se filmó el video de Gerardo Ortiz se enfrentaron a balazos agentes de la Fuerza Única Metropolitana y presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hubo 14 detenidos, de los cuales cinco fueron liberados por falta de elementos, cuatro consignados y el resto salieron bajo fianza.
La lujosa vivienda se ubica en la calle Colima 105, al cruce con Felipe Ángeles, colonia El Mante. l
