Luis Carlos Vega Pámanes, quien este año culmina su segundo periodo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, adelanta que en junio próximo hará cambios sustantivos en el Consejo de la Judicatura, un órgano que está en poder de gente cercana al Grupo Universidad, como Alfonso Partida Caballero y el legislador panista que maneja a más de una docena de jueces penales.
Luis Carlos Vega Pámanes, titular del Consejo de la Judicatura (CJ) y presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), anuncia cambios en el Poder Judicial para evitar que grupos ajenos se apoderen de él.
Desde el punto de vista operativo, las modificaciones a la ley orgánica del CJ en las últimas dos décadas lo convirtieron en una “cochinada”, dice; y fueron personajes ligados al Partido Acción Nacional los que llevaron la descomposición a niveles de escándalo.
“Tú sabes cómo está la política en el Consejo de la Judicatura; tú sabes quién maneja a los consejeros”, dice al reportero. Y habla de “un quiste, un tumor que hacía mucho daño al Poder Judicial, al CJ, comandado por un senador de la República”. Vega Pámanes se refiere a José María Martínez, aunque omite su nombre.
“Ese legislador –insiste– manejaba a un consejero juez; y ese consejero juez manejaba a más de una docena de jueces en materia penal.”
Vega Pámanes, quien cumple su último año como presidente del STJ habla de otro personaje que, dice, “ha entorpecido el sano desarrollo de las actividades jurisdiccionales”: Alfonso Partida Caballero.
Integrante del CJ y presidente de la Comisión de Administración y Actualización de Órganos, Partida Caballero forma parte del Grupo Universidad, encabezado por Raúl Padilla López, líder moral de la Universidad de Guadalajara.
–¿Cómo es su relación con Partida Caballero? –se le pregunta.
–Defendemos diferentes puntos de vista.
–¿A usted lo tiene marcado el Grupo Universidad?
–Sí. Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante. Siempre hay que saber trabajar en los espacios que tenemos, en lo que representamos y en lo que somos. Creo que no se entendió el papel que él (Partida Caballero) venía a desempeñar, como consejero de la Judicatura.
“Y dado que la ley le da más atribuciones a un consejero ciudadano que al presidente, él las utilizó. Eso le funcionó. Recordemos que ese grupo universitario ha manejado la administración del Consejo de la Judicatura, desde tiempos de Enrique Villanueva, quien encabezó ese órgano hace dos administraciones.”
El diagnóstico
El entrevistado adelanta que cuando Partida Caballero y Carmela Chávez Galindo, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, dejen sus cargos, se efectuará una auditoría para detectar las irregularidades cometidas en la presente gestión.
–¿Eso será en junio?
–Así es. Yo considero que es muy sano que tras la salida o el cambio de consejeros y del consejero ciudadano se haga una auditoría al CJ, pues su titular no preside ninguna comisión. Para lo único que sirve es para moderar debates y plenos.
“Eso se debe corregir. El presidente debe ser quien lleve la administración contable del Consejo de la Judicatura, el representante legal de los recursos que se manejen. Eso no sucede en la actualidad. Él no maneja ni un solo centavo, tampoco firma un solo cheque ni depende de él la administración”.
–¿No dice que es una cochinada lo que han hecho los legisladores con esa ley?
–Esa ley inició bien. Antes había un consejero presidente, un consejero magistrado, un consejero juez y un consejero secretario, pero comenzaron a quitarlos, aunque no armonizaron la ley con el número de consejeros que había: siete, de los cuales cuatro eran jurisdiccionales y tres ciudadanos. Al final quedaron dos jurisdiccionales y tres ciudadanos.
–A su juicio, señor presidente, ¿está fuera de orden el Consejo de la Judicatura?
–Así es. Y no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente. Si se hace el comparativo del Consejo de la Judicatura federal con el local, te das cuenta que estamos en el pasado. Es como si a tu casa llegaran tres invitados a decirte lo que tú y tu señora van a hacer. Hoy, son esos tres ciudadanos quienes se hacen cargo de los recursos, la capacitación y la contraloría.
“Yo, en mi carácter de presidente del Consejo de la Judicatura, estoy amarrado. No puedo hacer nada porque (en términos prácticos) no represento nada. Yo no manejo ningún recurso, ninguna comisión; soy sólo un moderador.”
En el STJ es diferente, dice Vega Pámanes. “Ahí manejo la administración, si bien es colegiada. Ahí estamos al corriente en Pensiones, Seguro Social y en el impuesto sobre la renta; gracias a ello regresamos al Estado más de 150 millones de pesos al año”.
–Usted intentó hacer una reforma a inicio de 2015, ¿qué paso con eso?
–Por acuerdo plenario del Supremo Tribunal hemos enviado tres paquetes de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el apartado del STJ del CJ estamos muy preocupados porque en la Legislatura pasada se pudieron armonizar más de 18 leyes con la intervención de nosotros; trabajamos hombro con hombro con los diputados, en especial con el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano.
Con la actual, dice, “no hemos podido ni siquiera concretar una reunión con el presidente de la Comisión de Justicia, Raúl Galindo, para hacerle llegar nuestras inquietudes. Sabemos que todos los estados están avanzando a pasos agigantados, mientras nosotros nos vamos rezagando”.
Urgen los cambios
Una de las reformas que requiere el sistema es que las notificaciones a los abogados y a los patrones –con excepción de las de emplazamiento y sentencia– sean por medios electrónicos y se tenga un solo domicilio procesal “para que todos tengan la misma información, Así, el ciudadano que contrata un abogado sepa si éste trabaja bien o mal”, sostiene el entrevistado.
Por otro lado, pese a que se recortaron 100 millones de pesos en el presupuesto 2016 –quedó en mil 200 millones de pesos–, se cuenta con 24 millones de pesos para homologación salarial entre empleados del STJ y del CJ.
Con relación a los cuestionamientos en su contra por percibir un sueldo superior al del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz –251 mil pesos al mes contra 166 mil– (Proceso Jalisco 590), Vega Pámanes aclara que desde hace varios meses se comprometió a donar sus percepciones como presidente del CJ para la homologación de sueldo a los trabajadores.
Dice que a partir de la próxima quincena una parte de sus ingresos como presidente del STJ será para el desarrollo de las salas destinadas a los juicios orales. Asegura que acaba de solicitar una nueva rebaja a su sueldo que, según él, quedará en 163 mil 700 pesos mensuales por ambos cargos.
Respecto con lo que informó Proceso Jalisco el mes pasado, de que ganaba 251 mil pesos al mes, aclaró: “Desde mayo de 2015 renuncié a los 50 mil pesos de gastos de representación en el CJ. Asimismo, solicité al personal de administración que mi sueldo como presidente del STJ y la parte diferencial entre magistrado y presidente se destine al mantenimiento de las salas de juicios orales en materia penal y capacitación”.
Aunque Vega Pámanes asegura que él tomó la iniciativa de reducirse el sueldo, omitió decir que cuando inició su gestión él fue quien hizo esa promesa. l
