Señor director:
En el más reciente número de Proceso, 2050, en el texto titulado “Justicia laboral ‘cosmética’, por presiones de EU”, se menciona a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), atribuyéndole declaraciones y una participación en el gobierno federal, faltando en ambas a la verdad. Desde el 1 de septiembre de 1991 la ANAD se ha caracterizado por su independencia de gobiernos, partidos y empresarios. Sus miembros pueden militar a título personal, pero no en nombre de la ANAD.
Como a ustedes les consta, la ANAD se ha manifestado en foros y medios públicos en contra de las reformas regresivas y contrarias a los derechos del trabajo, ya que la legislación laboral basada en el Artículo 123 constitucional reconoce que las partes –capital y trabajo– son desiguales: una, dueña del capital; y otro, dueño de su fuerza de trabajo, por lo cual es protectora y tutelar de los derechos obreros. Pero desde el 1 de noviembre de 2012, con la reforma laboral del PAN y el PRI, se ha retrocedido al gusto patronal. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte retrocede aún más, ya que no reconoce que en el despido injustificado de un trabajador, al reducirle el pago de los salarios caídos premia a los patrones; así los ministros van en contra del Artículo 1 constitucional y los derechos humanos, del imperativo de su progresividad y de la prohibición de regresividad en los niveles de protección de los derechos.
Atentamente, por la ANAD, Raúl Jiménez y Oscar Alzaga.
Respuesta de la Redacción
En efecto, por un error de edición se le atribuyeron a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) algunas propuestas que en realidad fueron hechas por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade).
Por la confusión, pedimos disculpas a nuestros lectores y a la ANAD.
