El viernes 19 se cumplió una década de la tragedia de Pasta de Conchos, el sitio donde murieron 65 mineros, de los cuales 63 siguen ahí, enterrados en el socavón. Todas las fuerzas estatales y empresariales se unieron para aplastar las demandas de las viudas y los huérfanos que deseaban recuperar los cuerpos… y aún no lo logran. Lo que sí han logrado los familiares organizados es vigilar la actividad minera en Coahuila –manejada en gran parte por empresas ligadas al Grupo México y ahora también por Los Zetas–, donde las deplorables condiciones siguen produciendo muertes y más muertes.
En la villa minera de Cloete, en Sabinas, Coahuila, un grupo de vecinos se apostó en el acceso a un tajo carbonero, la mañana del miércoles 17, para impedir la operación que remueve la tierra entre el caserío de la comunidad. Poco después, el aparato clientelar del PRI azuzó a numerosas mujeres que, haciéndose pasar por esposas de trabajadores, apedrearon a los manifestantes. Éstos no respondieron a la agresión, pero se mantuvieron en el lugar.
El tajo es propiedad de Antonio Nerio, exalcalde de San Juan de Sabinas, Coahuila, padre del diputado y también exalcalde homónimo.
En la últimas cuatro décadas Nerio amplió sus inversiones de la extracción de carbón al transporte de mineral, la ganadería, la agricultura y ahora es el principal accionista y presidente de los Saraperos de Saltillo, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, en cuya página oficial se exhibe un currículum que lo describe como un filántropo “a veces demasiado generoso”, mientras que los diarios locales lo califican de ambientalista por el desarrollo de una reserva cinegética en la región.
Pero el tajo ubicado en la colonia Altamira, en Cloete, escenario del conflicto del miércoles 17, no tenía manifiesto de impacto ambiental, carecía de autorización de uso de suelo –por encontrarse dentro de una zona habitacional– y estaba clausurado. Así que, después de varias horas de tensión, intimidaciones y una intervención de la policía estatal, llegaron servidores públicos para volver a cancelar la explotación; eso sí, sin sancionar la violación de sellos.
En los últimos 13 meses en la región carbonífera de Coahuila dejó de haber muertes de mineros, debido a las intervenciones que la organización Familia de Pasta de Conchos suele realizar en minas que operan irregularmente o son inseguras. En la última década esas minas mataron a más de 160 trabajadores por causas imputables a las operaciones de los barones del carbón, como Nerio.
Desde el 19 de febrero de 2006 –cuando la mina 8, Unidad Pasta de Conchos tuvo un accidente que cobró la vida de 65 mineros y dejó lesionados a 13 más–, la organización de deudos y sobrevivientes de esa y otras tragedias carboneras se convirtió en un observatorio permanente de las minas propiedad de un puñado de familias que, con influencia política, extraen carbón en decenas de miles de hectáreas concesionadas por el gobierno federal.
El destino de ese mineral es la proveeduría a las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio coahuilense de Nava, muy cerca de la frontera.
Las intervenciones de la Familia de Pasta de Conchos, acompañadas por la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides, consisten en apostarse afuera de las minas hasta forzar la llegada de inspectores federales del trabajo o autoridades relacionadas con la minería que, dadas las malas condiciones de las empresas, no tienen más remedio que actuar.
Sin interés jurídico
A los deudos de Pasta de Conchos les quedó claro que para el gobierno, ellos no tienen interés jurídico. Esa fue la conclusión a la que llegaron en 2007 la Secretaría de Economía y luego el Poder Judicial de la Federación, cuando Elvira Martínez Espinosa, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, exigió que la concesión minera se le cancelara a Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México.
La cancelación fue un compromiso asumido en los días posteriores al accidente de Pasta de Conchos en 2006, pero el gobierno de Vicente Fox, lejos de cumplirlo le otorgó a la empresa que preside el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, cuatro concesiones mineras más en la región, entre junio y septiembre del mismo año, concediéndole la explotación de más de mil hectáreas de subsuelo.
No sólo eso. Para recuperar los cuerpos de los trabajadores sepultados en la mina, dejó que la empresa maniobrara a su antojo y repusiera el filón para realizar un peritaje. Sin embargo, en abril de 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, la empresa presentó el llamado Informe Wooton, que entre sus conclusiones planteaba cerrar, porque de continuar los trabajos en el lugar se detonaría un contagio regional de salmonelosis, VIH, tuberculosis y hepatitis C.
No importó que la afirmación careciera de soporte científico. La Secretaría del Trabajo, encabezada entonces por Javier Lozano Alarcón, admitió el dictamen, y así se mantuvo suspendida la recuperación de los 63 cuerpos, que siguen en el lugar.
Hasta la cancelación del “rescate” de los cuerpos, sólo se habían logrado recuperar dos: los de Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo. Las necropsias revelaron que ambos murieron por asfixia y no por la supuesta elevación de temperatura que habría calcinado como en un horno crematorio a todos –versión idéntica la “verdad histórica” ofrecida respecto de los estudiantes de Ayotzinapa–, como dijeron oficialmente empresa y gobierno.
Al especular que fue una explosión que calcinó a todos, se posibilitó la aprobación de una reforma constitucional que autorizaba a los magnates carboneros el aprovechamiento del gas metano asociado al carbón, aprobada el 23 de febrero de 2006 por la Cámara de Diputados, apenas cuatro días después del accidente.
Con la clase política inmersa en la facilitación de los negocios a partir de la tragedia, las familias invocaban derechos fundamentales como la libertad de culto para recuperar los cuerpos y darles sepultura. Pero sobre todo, se trataba de recuperar la estructura para deslindar responsabilidades mediante un peritaje.
Luego de un prolongado campamento frente a la Secretaría del Trabajo, en la Ciudad de México, las familias consiguieron que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico hiciera un estudio. La conclusión se entregó el 5 de octubre de 2007, y si bien no recomendaba los trabajos de recuperación, también planteaba reponer las condiciones de seguridad para continuar. Lozano Alarcón sólo repetía la primera parte.
La conducta de Lozano era notable en la defensa de los intereses de la empresa, pues inclusive cuando el 17 de marzo de 2009 se emitió el dictamen GB 304/14/8 de la Organización Internacional del Trabajo, que reprobaba al Estado mexicano en su tratamiento de la minería del carbón, el hoy senador panista salió a desmentir que fuera así, acusando a las familias de deudos de “querer lucrar con la tragedia” y tergiversando el dictamen. La descalificación fue constante para las viudas, desde el funcionario más bajo hasta el secretario de Estado.
También las agresiones, en especial contra defensores de derechos humanos que acompañaban a las víctimas. En 2007 hubo incursiones armadas en las oficinas del Centro Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera en Saltillo; en el despacho del abogado Manuel Fuentes, de la Ciudad de México, y Cristina Auerbach fue agredida físicamente dos veces en su domicilio. En todos los episodios los agresores robaron nada más archivos y computadoras.
Después de decenas de procesos jurídicos locales, federales e internacionales, el siniestro de Pasta de Conchos se mantiene impune. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón le dieron carpetazo a todo. Con Peña Nieto se abrió una averiguación previa a instancias del hoy exsubprocurador Ricardo García Cervantes, pero el año pasado se sobreseyó. Jamás se realizó un peritaje y 63 cuerpos siguen sepultados en el filón.
Esclavitud, trabajo infantil, muerte
El 11 de septiembre de 2009 se colapsó el pocito Ferber. Los trabajadores vivían ahí hacinados, incomunicados, sin regaderas ni comedores, pero con tienda de raya. Como no había medidas de seguridad, un trabajador logró salir pero se le trasladó a la carretera en la caja de una pick-up para que pidiera auxilio. Tenía fractura de cráneo y horas después murió.
Mientras la impunidad se confirmaba una y otra vez en Pasta de Conchos, los accidentes se acumulaban con pocos muertos en cada episodio, que no alcanzaban la dimensión mediática de 2006.
El 3 de mayo de 2011, el pozo 3 de Binsa, en Sabinas, mató a 14 trabajadores y un niño que trabajaba perdió el brazo derecho. El secretario Lozano Alarcón llegó al lugar, desde donde alimentaba su cuenta de Twitter con lo que veía en el lugar, y se decía sorprendido por el trabajo infantil. Frente a él varios niños mineros esperaban noticias de las labores de rescate.
Binsa era propiedad de la familia González Garza, operada por el vástago del clan, Melchor González, al amparo de una concesión que su familia compartía con Jesús María Montemayor Seguy, cuyo hijo era alcalde de Sabinas y es hermano de Rogelio, el exgobernador de Coahuila y director de Pemex en la recta final del sexenio de Ernesto Zedillo.
Exonerado del llamado Pemexgate, aquel asunto de malversación millonaria de la paraestatal que no pudo acreditar el gobierno foxista, Rogelio Montemayor retomó los negocios familiares, entre otras cosas, asociado con Grupo México. En junio de 2009 encabezó con la Policía Estatal y decenas de guardias privados, el desalojo de las familias que mantenían un plantón en Pasta de Conchos desde 2006, a fin de cercar el perímetro y reactivar la lavadora de carbón que a la fecha sigue operando.
Y es que los intereses que convergen con el carbón no sólo corresponden a cacicazgos locales. Han tenido ocasión de demostrarlo, cuando en la reforma laboral de 2012 tuvieron la influencia para modificar el dictamen que prohibía los pocitos y explotaciones inseguras en su paso del pleno a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, un procedimiento que se repetiría en la reforma energética de 2013.
En tanto, durante los nueve años que siguieron a Pasta de Conchos, más de un centenar de trabajadores murieron en las minas, dejando en evidencia las condiciones cada vez peores en las operaciones carboneras.
Los Zetas, patrones
A Wilhen Ernesto López García lo mataron Los Zetas. No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgando de un puente. Usaron un tambo para bajarlo a sacar carbón de un socavón que se derrumbó, sepultándolo bajo toneladas de escombro el 3 de agosto de 2011.
Un año después, el 20 de agosto de 2012, murió ahí mismo otro trabajador. El patrón fue identificado como Reynol Bermea Castilla, presunto operador de Los Zetas que, para entonces, se decía habían trasladado su residencia a la región, lo que se apuntaló con la muerte –sin cuerpo– de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de la organización criminal el 7 de octubre siguiente, en Progreso, donde tenía tajos carboneros.
A Bermea Castilla lo asesinaron en noviembre de 2014, semanas después de quedar libre tras dos años de estancia en el penal del Altiplano por su vinculación con Los Zetas. Pero sus asociados, Álvaro Jaime (hoy, primer regidor de Sabinas) y Servando Guerra continuaron en el carbón, principalmente en Cloete, donde han intentado extraer mineral en medio del caserío centenario. “El carbón estaba ahí antes que la gente”, ha justificado Álvaro Jaime, en cuyos yacimientos han muerto 15 mineros en las últimas cuatro décadas y a quien se acusa de levantar y tablear a vecinos que se oponen a sus intereses extractivos.
Durante el gobierno de Humberto Moreira, su tesorero, Javier Villarreal tomó el control de la Promotora para del Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal intermediaria entre productores de carbón y la CFE. Con cobro de moches y otras acciones, acrecentó la proliferación del coyotaje entre empresarios sin concesiones, concesionarios sin minas y fue entonces cuando aparecieron Los Zetas en las investigaciones.
En el descontento por los abusos de Villarreal, productores carboneros, hasta entonces representados por el hoy expanista Jesús Ramírez Rangel, dieron los primeros visos de que no sólo la tradición priista se interesaba en el botín carbonero. En 2012, la competencia de la Prodemi se creó en el panista estado de Sonora, en el gobierno de Guillermo Padrés, con el nombre de Proderm; la CFE le otorgó contratos, uno de ellos por siete millones de pesos que jamás se reflejaron en las arcas estatales; su investigación sigue pendiente.
Si la CFE bajo administración panista notó lo ventajoso que era signar sin mediación los contratos de carbón con los productores, ya con Peña Nieto el asunto se continuó y recientemente se formalizó. En el primer trimestre de 2015 tres empresas de la elite panista local consiguieron contratos con la CFE: Agromex, de Antonio de Hoyos, por 30 mil toneladas; Migarest, de Óscar García Estrada, Eduardo Albores y Gerardo Nájera, por 171 mil toneladas; y Arcilla de México, de Jesús Antonio Ramos Jiménez y Anselmo Elizondo, por 150 mil toneladas.
Extraoficialmente trascendió que en la negociación estuvieron implicados el senador panista Luis Fernando Salazar, el priista David Penchyna y el subdirector de Energéticos de la CFE, Francisco de la Parra.
Esas empresas no tienen capacidad de producir el tonelaje comprometido y compran la producción de poceros ilegales, según las asociaciones de productores carboneros de Coahuila.
Para sus licitaciones, la CFE no previó seguridad ni capacidad de producción, haciendo prevalecer la cultura patronal letal de la región. Entre otros casos destacan los ganadores de la licitación de la CFE, del 13 de diciembre pasado: los mencionados González Garza y Régulo Zapata Jaime, exalcalde surgido de Movimiento Ciudadano de Sabinas, tío del regidor carbonero Álvaro Jaime, y esposo de la exalcalde Carolina Morales, quien preside las comisiones sobre el carbón en el Congreso local.
Fue por las amenazas y ampliación de la explotación de Álvaro Jaime, que los vecinos de Cloete se aproximaron a la Familia Pasta de Conchos e iniciaron las primeras intervenciones. Auerbach diría que, en el empeoramiento de las condiciones “todos los caminos conducen a Grupo México”.
En una concesión de Grupo México, operada por la empresa Armand, de Sabinas, murió un trabajador y otro quedó mutilado, el 16 de marzo de 2013. El representante de Armand dijo que se había metido a operar ahí un grupo criminal, dejando testimonio de que una concesión de la empresa de Larrea era operada por Los Zetas.
El 13 de marzo de 2015 una de las intervenciones de la Familia de Pasta de Conchos ocurrió en unas cuevas de dos pisos que resultaron ser de Antonio Nerio, escarbadas en las paredes de un tajo abandonado sobre la concesión Unificación 57 (título 235767) de Grupo México.
El lugar era deplorable. Ni ademes ni vigas. Una cartulina escrita a mano recomendaba no encender cerillos ni fuego, junto a un extintor y una camilla armada con palos y un retazo de tela negra. Fue esa la primera intervención de las que ahora acompañan con una patrulla de la Policía Federal, para que atestigüe que no roban, pues los empresarios han acusado a los deudos.
Si no tienen interés jurídico, dice Auerbach, las familias víctimas del carbón están forzando a que, quienes están obligados a cumplir la ley, lo hagan. l
