Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la impunidad, la falta de garantías de los tres niveles de gobierno para el ejercicio de la libertad de expresión y las “inercias” de áreas gubernamentales como reacción a la crítica, son algunos de los elementos que han convertido a México en el país más riesgoso para ejercer el periodismo.
En un contexto de violencia generalizada en el país, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez dio a conocer la Recomendación General 24 Sobre el Ejercicio de la Libertad de Expresión en México, en la cual advierte del incremento preocupante de agresiones a periodistas y la incapacidad de los órganos de procuración de justicia y seguridad para detener esa tendencia.
El informe fue concluido días antes del secuestro y muerte de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar, entre el lunes 8 y el martes 9, quien, de acuerdo con la relación de la CNDH, es la vigesimoséptima comunicadora asesinada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
De Veracruz la CNDH refiere que “se cometieron en 2014 más de tres homicidios cada día, y es el estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios (Anabel es la número 17) contabilizados desde 2005. Es también la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015”.
Ante ese escenario, para la CNDH no cabe duda que “los altos índices de delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito propiciaron la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación”.
Cifras contra el oficio
Divulgada el jueves 11, la Recomendación 24 está dirigida a autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y jefes delegacionales, tras hacer un balance detallado de quejas y recomendaciones del organismo de 2000 a la fecha, así como de información de dependencias encargadas de atender a periodistas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros.
El documento de 80 páginas muestra gráficas del incremento progresivo de las agresiones a los periodistas, directamente proporcional al aumento de la violencia en México a partir de la guerra contra el narcotráfico y, con ella, el despliegue de fuerzas armadas en el país.
De acuerdo con los datos recabados por la CNDH, 109 periodistas han sido asesinados de 2000 al 31 de enero de 2016; 20 están desaparecidos desde 2005; en los últimos 10 años, 48 medios han sido atacados. De enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015 el organismo recibió mil 49 quejas por agravios a periodistas, 515 de ellas en el último lustro.
Sobre el tratamiento judicial que se ha dado a esas agresiones graves, el organismo detalla que 90% están en la impunidad, pues sólo en 17 casos hubo sentencia, y hay 106 que siguen en proceso de integración, “desde hace cinco años o más, alcanzando hasta 15 años en uno de los casos”.
En cuanto a los 109 homicidios, la CNDH resalta un nivel de impunidad de 82%, ya que sólo en 17 casos se alcanzó una sentencia.
Respecto a las desapariciones de esos periodistas, la tendencia es la impunidad total, pues de los 20 casos abiertos desde 2005, 19 continúan en la fase de integración de la averiguación previa, en tanto que en el restante la averiguación fue consignada a un juez, pero sin sentencia.
En la Recomendación General, la CNDH incluye un balance de los resultados obtenidos hasta ahora por la FEADLE desde su creación, del 5 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2015.
En ese periodo el organismo –hoy encabezado por Ricardo Nájera Herrera, exdirector de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal– integró 762 expedientes, de los cuales “en 93 casos las indagatorias fueron consignadas, sin especificar ante qué tribunal; 397 se remitieron por incompetencia a otras autoridades; 56 fueron acumuladas a otras ya existentes; en 53 se determinó el no ejercicio de la acción penal y en 6 la reserva de la averiguación previa”. Además, la FEADLE ejerció su facultad de atracción de casos del fuero común en 43 ocasiones.
Para el organismo estas cifras reflejan que “las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación”.
El crecimiento de agresiones, señala la CNDH, es también resultado de “la ineficaz actuación de las autoridades procuradoras de justicia, las cuales no han logrado esclarecer los diversos hechos delictivos de los que resultan víctimas los integrantes del gremio periodístico”.
En suma, “ya sea por acción u omisión, tanto las autoridades encargadas de prevenir el delito como las responsables de investigarlo han fallado en su cometido”.
22 recomendaciones
En cuanto a las autoridades procuradoras de justicia, la CNDH logró identificar que gran parte de su responsabilidad radica en “la falta de diligencias necesarias para esclarecer los hechos, o bien el prolongar el tiempo de integración de las indagatorias sin lograr en la mayoría su determinación”.
Por ello, para el organismo “resulta preocupante la participación, como agresores u obstaculizando una eficaz procuración de justicia, de servidores públicos que por acción u omisión contribuyen a generar en el país un contexto de violencia generalizada en perjuicio del gremio periodístico”.
Para la comisión no cabe duda que “la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles la sanción que corresponda de conformidad con las leyes, genera un clima de impunidad creciente”, siendo una de las causas “que propicia el clima de agresión en contra de los periodistas, ya que se traduce en una patente para que se hostigue a los comunicadores, buscando silenciar la libertad de expresión”.
El organismo identifica que en los casos de periodistas que no son investigados ni mucho menos sancionados se evidencia “la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian cómo se ha arraigado la impunidad”.
En su Recomendación General, la CNDH critica que en muchos casos las procuradurías descartan la actividad periodística como móvil de los atentados que sufre el gremio, “considerando que muchas veces las pistas de los crímenes están en las propias informaciones que los periodistas publican”, y cuestiona “por qué no se agotan todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes”.
Sobre el instrumento creado por el Estado para dar seguridad a comunicadores agredidos o amenazados, la CNDH admite que ha recibido al menos tres quejas contra la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Como integrante de la Junta de Gobierno de dicho Mecanismo, el organismo observa “dilación” en la implementación de medidas urgentes de protección así como incumplimiento de las “obligaciones impuestas por la normatividad que rige al Mecanismo”; falta de apego a plazos legales, así como de “notificación formal sobre el otorgamiento de medidas urgentes”; omisión en comunicar a los beneficiarios “los elemento considerados para fijar medidas cautelares”, y en la operación del órgano, “frecuente rotación de personal”.
El organismo hace un reconocimiento de la labor del Mecanismo, pero advierte que “la problemática que viven en el país los periodistas deriva de diversas circunstancias multifactoriales que ponen en riesgo su ejercicio (…), por lo que la exigencia a un Estado democrático como el nuestro es la de crear las condiciones para el desarrollo de su labor, a lo cual deben contribuir todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones”. l
