Durante los últimos 10 años, reporteros y colaboradores de este semanario han sido objeto de asesinatos, secuestros, amenazas y campañas difamatorias, sólo por hacer su trabajo: divulgar lo que muchos quieren mantener oculto. Todos esos ataques e intimidaciones –ocurridos en entidades gobernadas tanto por el PRI como por el PAN y el PRD– tienen algo en común: siguen impunes.
Hace 10 años comenzaron las agresiones y las amenazas contra reporteros y corresponsales de Proceso. Una década de impunidad frente a los asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones físicas, intimidación y difamación contra sus periodistas y colaboradores. Han sido casi 20 hechos de violencia.
Veracruz y Guerrero son los estados donde se ha registrado el mayor número de agresiones. Justo cuando se intensificó la acción armada del gobierno federal contra la delincuencia, comenzaron las intimidaciones a los reporteros, corresponsales, fotógrafos y colaboradores.
Además de Veracruz y Guerrero, el hostigamiento también ha ocurrido en Michoacán, Coahuila, Oaxaca, Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Guanajuato. Lo mismo con gobiernos del PRI que del PAN o del PRD.
La espiral no cesa. La más reciente fue la amenaza de muerte contra el reportero Álvaro Delgado Gómez, quien el martes 9 recibió en su cuenta de Twitter mensajes intimidatorios, después de que en esa red social cuestionara el silencio del presidente Enrique Peña Nieto ante un asesinato más de una periodista de Veracruz.
Anabel Flores Salazar, reportera de asuntos policiales, fue secuestrada y asesinada entre el lunes 8 y el martes 9. Era colaboradora del periódico El Sol de Orizaba y exreportera del periódico orizabeño El Buen Tono, que en noviembre de 2011 fue incendiado por hombres armados.
Flores Salazar fue sacada de su casa por un grupo armado la madrugada del lunes 8, y encontrada asfixiada y semidesnuda al día siguiente en un paraje del municipio de Tehuacán, Puebla, a media hora de donde vivía. Con ese crimen son ya 17 los periodistas asesinados en la administración de Javier Duarte de Ochoa, incluido el de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, en abril de 2012.
Delgado, Turati, Flores
“En Los Pinos no hay duelo por el asesinato de la periodista Anabel Flores. Hay fiesta por el estreno del avión de 7 mil 500 millones”, escribió el reportero en su cuenta @alvaro_delgado. Eran las 17:26 horas. Entre las 18:54 y las 19:42 recibió los siguientes mensajes, que se reproducen textualmente:
De @Tercomonoxidos: “YA ESTÁS SENTENCIADO, HIJO DE TU PUTA MADRE, EL PATRÓN YA DIO LA ORDEN. @alvaro_delgado”.
De @BakenecoRaga: “@alvaro_delgado te estamos vigilando”.
De @ChivoIdiota: “@NoruegoNuevo andate con cuidado puto @alvaro_delgado ya tenemos ordenes”.
De @NotFolloweres: “@alvaro_delgado cuidado con lo que publicas. Tu puedes ser el próximo. Hay ordenes estrictas de eliminar gente como tu”.
De @skeletorNew: “@alvaro_delgado te va a cargar la verga pendejo por hocicón”.
De @IslamicSida: “Último aviso para que te dejes de mamadas o te carga la verga el patrón ya me dio tus datos @alvaro_delgado”.
Los mensajes fueron acompañados de imágenes de armas de grueso calibre y jóvenes posando con armas largas. Al día siguiente continuaron las amenazas contra el reportero, pero ahora incluyeron a la periodista Marcela Turati, colaboradora de Proceso e integrante de la organización Periodistas de a Pie.
Turati ya había sido intimidada en febrero de 2014, luego de regresar de una misión de tres días a Veracruz, en la que varias organizaciones de periodistas revisaron el expediente y realizaron sus propias indagatorias sobre el secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez, periodista de Notisur, de Coatzacoalcos.
A través de un tercero, Turati fue advertida de que ella también sería “levantada”.
El mismo martes de las intimidaciones a Delgado, el corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, recibió otra amenaza de muerte, la tercera en menos de un año. Esta vez fue por parte del exdiputado local perredista Roger Arellano Sotelo. El exlegislador se acercó en su vehículo hasta donde Flores y otros colegas de la entidad protestaban frente a la sede del Congreso estatal, en Chilpancingo, por el asesinato de la periodista veracruzana.
“¡Hey, Cheque! Cuídate cabrón porque te va a llevar la verga. ¿Ya no te acuerdas de mí? Ya te dije culero: te va a cargar la verga”, le dijo frente a los reporteros el también exalcalde de Acapetlahuaya.
El jueves 11, en entrevista en la radiodifusora local Capital Máxima, Arellano negó haber amenazado al corresponsal de ese semanario. Es más, dijo, el martes ni siquiera estuvo en Chilpancingo.
En octubre del año pasado Flores recibió dos llamadas de amenaza después de publicar reportajes sobre la inseguridad y violencia en diferentes regiones de la entidad. Tuvo que salir del estado y regresar con resguardo de la Policía Federal, autorizado por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
En agosto de 2015 vivió otra acción intimidatoria. Militares vestidos de civil llegaron a la calle donde vive y preguntaron por su casa. Le querían entregar un citatorio para que compareciera ante la Procuraduría de Justicia Militar. Veinte días después su departamento fue saqueado por desconocidos.
Respecto a la búsqueda por parte del Ejército, el entonces comandante de la IX Región Militar, general Martín Cordero Luqueño, le dijo que las indagatorias castrenses habían encontrado que la persona buscada era “un homónimo” del periodista.
El exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez también lo hostigó. Lo denostó públicamente el 22 de agosto pasado y amenazó con demandarlo, refiriéndose además con sorna al hermano fallecido del corresponsal.
Días antes, el 31 de julio, había sido asesinado en la Ciudad de México el fotorreportero colaborador de Proceso, Rubén Espinosa. Era un desplazado más de Veracruz, por la violencia contra la prensa. Especializado en la cobertura de protestas sociales y fuerte demandante del esclarecimiento del homicidio de Regina Martínez, fue asesinado en un departamento de la colonia Narvarte, junto con cuatro mujeres.
El calderonato
El mayor número de agresiones contra Proceso ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón. Nueve en total. En dos ocasiones no hubo ni siquiera amenazas. Fueron acciones directas, sin aviso. Una de ellas, contra la entonces corresponsal de la revista en Tamaulipas, Gabriela Hernández.
La tarde del domingo 2 de enero de 2011, hombres encapuchados que portaban fusiles AK-47 tumbaron a patadas la puerta de la casa de Gabriela Hernández, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Alrededor de 20 sicarios ingresaron a la vivienda y encañonaron a la periodista, a sus dos hijas adolescentes y a su madre, que tenía entonces 75 años, mientras que otros tantos montaron un operativo para cerrar el paso en las calles convergentes a ese domicilio.
Las cuatro mujeres fueron obligadas a mantenerse arrodilladas en un rincón de la casa, vigiladas a punta de fusil, mientras los demás integrantes del comando recorrían todos los espacios para llevarse cámaras, celulares y computadoras.
Minutos después la corresponsal, sus dos hijas y su madre fueron sustraídas de la casa en cuatro vehículos diferentes. La madre de Hernández fue liberada pocas horas después, pero la periodista y sus hijas fueron retenidas alrededor de 52 horas.
Durante todo ese tiempo los sicarios tuvieron a nuestra corresponsal vendada de los ojos y maniatada, a bordo de una camioneta doble cabina que mantenían en movimiento y en la que la trasladaban a distintos parajes, donde la amenazaban con que torturarían a sus hijas delante de ella y que la ejecutarían junto con otros cuatro hombres a los que “tableaban” en su presencia.
Antes de que las tres fueran liberadas, uno de los pistoleros les hizo una aclaración: “Las vamos a soltar porque amigos del gobierno estatal han insistido mucho en intervenir por ustedes”.
Eran los primeros días del sexenio de Egidio Torre Cantú. Las otras cuatro personas que tableaban frente a la periodista aparecieron decapitadas al día siguiente. Desde entonces Proceso no tiene corresponsal en Tamaulipas.
La otra acción sin amenazas fue el asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez, en su casa en Xalapa, Veracruz, la madrugada del sábado 28 de abril de 2012. La periodista murió por asfixia.
El gobierno estatal dio por resuelto el homicidio de Regina Martínez con la detención de un casi vagabundo, Jorge Hernández Silva, al que culpó de ser cómplice del principal acusado, un hombre dedicado a la prostitución quien se encuentra prófugo. Según la versión del gobierno de Duarte, el principal acusado, José Adrián Domínguez Hernández, era novio de la periodista, y el motivo del homicidio fue el robo. Además, dijo, la periodista fue una víctima propicia: era mujer, menuda, con poca vida social y vivía sola.
Al tanto de las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del estado estuvo el reportero Jorge Carrasco Araizaga. Después de un año de informar sobre las inconsistencias de las investigaciones, las filtraciones y la reticencia de las autoridades estatales de colaborar con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el reportero también fue objeto de intimidaciones.
El domingo 14 de abril, cuando publicó un texto en Proceso sobre la manera en que se llevó el caso, recibió mensajes advirtiéndole que funcionarios y exfuncionarios del estado habían acordado ir por él a la Ciudad de México, porque no entendía que el caso de Regina Martínez ya estaba resuelto. “Están investigando en distintas bases de datos para dar con su domicilio. Si se resiste, le van a dar piso”, decía uno de los mensajes que se prolongaron casi una semana. Duarte negó ante los directivos de Proceso y de la FEADLE –de la Procuraduría General de la República (PGR)– cualquier participación de colaboradores suyos en este hostigamiento.
En enero de 2006, desatada ya la violencia de la delincuencia organizada al final del gobierno de Vicente Fox, nuestro corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, fue detenido por un grupo de hombres armados que le advirtieron que lo estaban vigilando.
Pero fue en el inicio del gobierno de Calderón cuando se intensificaron las agresiones contra Proceso. El 24 de mayo de 2007, a los pocos meses de decretada “la guerra al narcotráfico”, la dirección de la revista fue informada por Ramón Eduardo Pequeño García, entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, que esa corporación había interceptado una llamada en la que supuestamente miembros de la delincuencia organizada en Michoacán habían sentenciado a muerte al reportero Alejandro Gutiérrez por su cobertura en ese estado. Desde entonces el periodista radica en el extranjero.
El intimidatorio aviso oficial ocurrió al mismo tiempo que Gutiérrez publicaba el libro Narcotráfico. El gran desafío de Calderón. El emisario, Pequeño García, uno de los hombres más cercanos al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, continuó en labores de seguridad hasta julio del año pasado. Salió de la División de Inteligencia de la Policía Federal a consecuencia de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano.
Las agresiones contra la revista apenas empezaban.
El 27 de mayo de 2007, su entonces corresponsal en Coahuila, Arturo Rodríguez García, recibió amenazas de muerte por parte del narcotráfico, a consecuencia de su cobertura periodística. Además fue demandado por el entonces senador y compadre de Calderón, José Guillermo Anaya.
En octubre siguiente, Ricardo Ravelo, entonces reportero del semanario, recibió por correo electrónico una amenaza para que no acudiera a la Feria del Libro de Monterrey, donde iba a presentar una de sus investigaciones sobre el narcotráfico en México.
Un año después, el 25 de octubre de 2008, el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, fue secuestrado y torturado por dos hombres que lo mantuvieron encerrado, desnudo, durante toda la noche en la cajuela de un carro. Matías se refugió un año fuera del país.
El mismo Ravelo fue objeto de una nota difamatoria en el noticiario estelar de Televisa el 1 de diciembre de 2010. El conductor Joaquín López Dóriga dedicó un amplio espacio a la declaración de un testigo protegido que acusó al reportero de haberle pedido dinero y recibir pagos mensuales del narcotráfico.
El 2 de enero siguiente vino la agresión contra la corresponsal en Tamaulipas. Y ese mismo año, en Chiapas, el gobierno del entonces titular del Ejecutivo local, Juan Sabines, le inició un proceso legal al corresponsal de Proceso, Isaín Mandujano. La Procuraduría General de Justicia del estado lo involucró en la averiguación previa AP 223/CAJ4A/2011 por homicidio, grado de tentativa, lesiones y amenazas por agresión a un periodista colaborador del gobierno estatal. El caso fue denunciado ante la CNDH y la OEA.
En ese contexto se produjo el asesinato de Regina Martínez en abril de ese año y en septiembre siguiente el corresponsal de Proceso en Michoacán volvió a sufrir presiones para someterse a la línea editorial de la delincuencia organizada. Castellanos tuvo que ausentarse del país bajo protección de organizaciones internacionales defensoras de periodistas.
Y este sexenio
Las intimidaciones han continuado durante el gobierno de Peña Nieto, quien ha guardado silencio ante los ataques a la prensa en el país. El 27 de enero de 2013, repartidores de la revista Proceso fueron retenidos por hombres armados para enviar mensajes amenazantes a la reportera Gloria Leticia Díaz, quien firmó un reporte especial sobre el escenario de violencia en la región de la Costa Grande de Guerrero, limítrofe con Michoacán, los desplazamientos forzosos, así como violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes del 19 Batallón de Infantería, localizado en Petatlán, Guerrero. (Proceso 1889).
De acuerdo a la versión de los trabajadores –sostenida ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)–, los hombres armados les dijeron que la reportera había “dañado su imagen” por la nota en la que se señala a miembros del citado batallón en la ejecución sumaria de seis personas, entre ellas un minusválido, caso documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, fue agredida por el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro Rea, durante un acto en León, el 4 de mayo de 2015. La periodista había publicado denuncias en su contra por irregularidades y manejo dudoso de recursos.
Castro no sólo se negó a ser entrevistado por la corresponsal, sino que ordenó a una asistente que la echara del complejo deportivo. La amenazó con llamar a la policía, le gritó y le arrebató de un manotazo el teléfono celular con el que le había tomado un par de fotografías, las que eliminó del dispositivo por su propia mano.
Espinosa acudió a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, pero con el argumento de que la Federación recibe recursos federales, la turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El director general de la CNDH, Rodrigo Santiago Juárez, le respondió que no intervendría porque no se comprobó la participación de ningún funcionario público, y que la Comisión Nacional del Deporte le había asegurado que no había recursos públicos comprometidos.
Le sugirió interponer su denuncia ante la FEADLE, pero también le dio vista a la PGR, que abrió un expediente en la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Siete meses después la Fevimtra le dijo que el caso correspondía a la FEADLE. Hasta ahora la periodista no ha sido notificada por la PGR sobre su queja.
Sin llegar a la amenaza, el hostigamiento alcanzó a la corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana Sánchez. Con la llegada al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, comenzaron las presiones por su trabajo periodístico.
Cuando el semanario publicó el 24 de octubre del año pasado el texto “El gobernador Moreno incendia su propio estado” (Proceso 2034), se desató una andanada de descalificaciones contra la periodista en redes sociales y en el propio portal de la revista. Paró de súbito, con la intención de impedir que la información siguiera trascendiendo. Esa misma semana el gobernador ofreció una comilona en la Ciudad de México en el Club de Periodistas tratando de desvirtuar el contenido del reportaje.
Desde ese momento, los colegas locales, que se saben espiados, se alejaron y aislaron a la corresponsal. Más aún, comenzaron a publicarse libelos en su contra. Las presiones crecieron cuando Santana publicó en noviembre pasado las diferencias entre Moreno y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, exprocurador del estado. Cuando la periodista salió de vacaciones, en los medios se rumoró que el gobierno había pedido su cabeza a la revista. “Estoy en condición de paria”, dice la periodista.
Excepto un solo sentenciado por el homicidio de Regina Martínez y los detenidos por el asesinato de Espinosa, en todos los otros casos no se sabe quiénes han sido los responsables. (Con información de los corresponsales de Proceso.)
