Por negarse a registrar su entrada en el checador digital, el profesor Tomás Corrales Bravo, asignado al cuarto grado de la escuela primaria foránea Ignacio Allende del turno matutino, fue suspendido un mes sin goce de sueldo por instrucciones del titular de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), Francisco Ayón López.
La dependencia argumentó que la sanción se aplicó porque el profesor desobedeció “sin justificación” la orden de su superior, Miguel Ángel Villanueva Lizárraga, director del plantel.
El 11 de diciembre de 2015, según el oficio 01-1958/2015, las direcciones de Asuntos Jurídicos y la de lo Administrativo, Laboral e Infracciones Administrativas notificaron a Corrales “la suspensión de 30 días sin goce de sueldo” impuesta por Ayón López.
En el mismo oficio, firmado por Juan Paulo Dávalos Navarro, director general de Asuntos Jurídicos de la SEJ, se le advirtió al afectado que si reincide en una conducta similar se “hará acreedor a una sanción mayor a la impuesta”.
Asimismo, se le abrió el procedimiento administrativo de Responsabilidad Laboral 129/2015-F por desacatar la disposición de la dirección de la escuela para que a partir del 1 de octubre registrara su asistencia, “mediante un lector de huella digital que se instaló para ese fin”.
Corrales tuvo que acatar la sanción, pues semanas antes, cuando comenzó a funcionar ese dispositivo, Villanueva Lizárraga intentó cesarlo por presunto desacato.
El profesor, quien ha dedicado 31 años a la docencia, se encuentra molesto contra el directivo pues no comprende por qué, dice, se invirtió en la compra del checador –que en el mercado se cotiza entre 3 mil y 8 mil 500 pesos–, cuando el plantel, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Saltillo, tiene otras necesidades.
“Me parece que (Villanueva Lizárraga) gastó dinero en algo innecesario que no beneficia a los niños ni a la educación. Un día le dije: “Mira la escuela… Jamás me has comprado un borrador ni un plumón; el mobiliario está deteriorado, el techo del salón desprende salitre y nos cae el polvo, los baños de los maestros están en malas condiciones, en los lavabos ni siquiera sale agua y hay fuga de aguas negras”, cuenta Corrales.
“Desde que se inició el actual ciclo escolar (en agosto), una de las cuatro lámparas del salón de cuarto grado está fundida. ¿Cuánto puede costar?”, le dijo al director. No obtuvo respuesta.
Corrales, secretario general de la delegación sindical D1 290 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la zona escolar 194, dice que varios compañeros de la escuela primaria Benito Juárez, de la que también es director Villanueva Lizárraga en el turno vespertino, también están inconformes con esa medida de control laboral.
Algunos le comentaron a Corrales que el pasado 29 de septiembre, cuando llegaron a clase ya estaba colocado el nuevo dispositivo junto a la dirección del plantel. Nadie vio cuándo fue colocado.
“Los compañeros me empezaron a decir que no estaban de acuerdo con el checador. Al día siguiente, cuando llegué a donde laboro vi que también ahí había uno. Le pregunté a Miguel Ángel (Villanueva) por qué no avisó. Me dijo que no era necesario, que todos ya habían registrado su huella digital”, relata.
Pero él insistió, Le preguntó a su director si la medida obedecía a una disposición de la Secretaría de Educación. “No. Es un asunto mío”, le dijo Villanueva.
Una sanción exagerada
Corrales considera exagerada la sanción, sobre todo porque, dice, él no ha dejado de asistir al plantel a impartir sus clases. “Suspenderme por un mes sin goce de sueldo se me hace cruel, más cuando uno tiene calculados sus gastos”, insiste.
Se queja también porque, dice, el propio director y su esposa, Arlette del Monserrat Silva Maciel, tampoco checan su entrada. Peor aún, ella no acude a impartir su clase, puesto que en el mismo horario trabaja en la escuela estatal urbana 259 Isabel Fernández de Molina, ubicada en Huentitán.
Proceso Jalisco corroboró que Silva Maciel imparte clase en el turno matutino en la escuela urbana 259. Según la nómina de transparencia de la SEP, ella percibe 13 mil 868 pesos en el plantel de Huentitán, mientras que en la Ignacio Allende cobra 11 mil 198 pesos mensuales, aunque no se presenta a laborar.
Corrales también cuestiona a Villanueva porque nunca rinde cuentas sobre las aportaciones de las cuotas que pagan los padres de familia, que para este ciclo fueron de 250 pesos por alumno –el plantel tiene 200 alumnos–, ni de la cooperativa de la escuela.
Según el documento del 30 de septiembre, el profesor Tomás Corrales manifestó que “por cuestiones de ideología, no se sometería a dicho registro, ya que para él es símbolo de esclavitud, por lo que se negó a configurar sus huellas digitales y por lo tanto a registrar su asistencia en el único medio de registro oficial de este centro de trabajo”.
Villanueva envió un acta administrativa que firmaron la profesora Aideé Fabiola Yáñez Delgadillo y Hugo Suárez Murillo, como testigos de cargo. El documento llegó a la dirección de Asuntos Jurídicos el 9 de octubre.
Yáñez declaró que la mañana del 30 de septiembre escuchó cuando el profesor Corrales Bravo le decía al director que la medida no le parecía adecuada. También le pidió una reunión con los otros cinco maestros del plantel para analizar el asunto. Villanueva le contestó que la decisión ya estaba tomada.
Suárez Delgadillo dijo que Corrales sabía que debía checar con su huella digital, puesto que él personalmente lo llevó a firmar la circular número 3 ese mismo 30 de septiembre.
Once días después, Dávalos Navarro inició el procedimiento administrativo. El 5 de noviembre se desahogó la audiencia, en la cual Villanueva ratificó la acusación, mientras que el profesor formuló su defensa. Sin embargo, días después vino la sanción. l
